Blanca Alejandra Mejia Ramirez
Expediente 1286/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1286/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Blanca Alejandra Mejia Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial de cuenta se aprecia que la Actuaria del Segundo del Tribunal Colegiado en Materia Civil en este Circuito, remite los autos originales del juicio de amparo número III-1286/2022-1, e informa que en proveído ocho de marzo del año en curso, declaró firme la resolución dictada el veintiuno de febrero del dos mil veintitrés, en la que determinó desechar el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, agréguense las constancias originales del cuaderno de antecedentes. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, el presente asunto se valora como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, mediante el cual acusa de recibo del informe, agravios y expediente III-1286/2022-1, e informa que en proveído de veintiuno de febrero del año en curso, desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por los quejosos -. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos copia del escrito signado por los quejosos, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra del auto de veinte de enero del año en curso, en el presente asunto; por tanto, SE TIENE POR INTERPUESTO dicho medio de impugnación, una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente en que se actúa, remítase dentro de inmediato al Tribunal de Alzada con el original del escrito de agravios y una copia para el Representante Social de la Federación de su adscripción. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondientes y fórmese cuaderno de antecedentes con las copias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de noviembre del dos mil veintidós, en el que por una parte se desechó la demanda de garantías, y por otra se previno, transcurrió del diecinueve al veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa en cita, mediante el cual cumplen con la prevención decretada en autos. Luego, como del análisis realizado al libelo constitucional, se deprende que los actos reclamados en esta instancia se hace consistir en:? "El auto que ordena realizar la cancelación de la adjudicación realizada y protocolizada a nombre de - respecto del bien inmueble que contiene la casa habitación marcada con el número -, así como dejar sin efectos las actuaciones de la segunda, tercera y cuarta sección del Juicio Sucesorio Intestamentario -." Ahora bien, el artículo 113 de la ley de amparo, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano." El numeral trascrito autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la tesis de jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Al respecto, se estima actualizada la causal de improcedencia, prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues, el acto reclamado fue emitido en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, lo que lo hace improcedente, como se demostrará a continuación. En efecto, la hipótesis invocada prevé que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando se reclamen resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Para mayor ilustración se transcribe el numeral invocado, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De lo anterior se obtiene que contra las determinaciones emitidas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, el juicio constitucional es improcedente; tales resoluciones son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite o resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el juicio de amparo es improcedente, contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas; entendiéndose por dicho medio extraordinario de defensa, la vía para impugnar en sede constitucional cualquier acto de autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. Criterio que se contiene en la tesis publicada en la página 195, Tomo XIV, Diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital 188312, del rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, APLICADO POR PRIMERA VEZ EN PERJUICIO DEL GOBERNADO EN UNA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVER UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; resulta inconcuso que si se reclama la inconstitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo, aplicado por primera vez en perjuicio del gobernado en una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, no procede el juicio de amparo contra leyes. Ello es así, porque por disposición expresa del legislador, se halla vedada la posibilidad jurídica de promover amparo contra las resoluciones pronunciadas en otro juicio de la misma naturaleza, sin que exista excepción alguna, siendo que la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo, tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de otro del mismo orden jurídico. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el quejoso argumente que lo que impugna no es la determinación tomada en otro juicio de amparo, sino sólo la ley, ya que en caso de que pudiera combatirse ésta, se requeriría de un acto de autoridad que individualice la afectación en la esfera jurídica del peticionario del amparo, pues el análisis de la procedencia del juicio debe efectuarse de acuerdo a la existencia de dicho acto, en perjuicio del quejoso, es decir, no es dable analizar la norma que se combate de manera independiente, ya que sólo mediante el acto de aplicación puede existir el perjuicio o violación de garantías, pues de otra manera no habría interés jurídico en el juicio de amparo." En ese tenor, el auto emitido por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a través del cual ordena realizar la cancelación de la adjudicación y protocolización efectuadas a nombre del promovente de amparo, respecto del inmueble ubicado en el lote -, y de la autoridad ejecutora Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dejar sin efectos las actuaciones de la segunda, tercera y cuarta sección del juicio sucesorio intestamentario-, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, no puede ser materia de análisis en un juicio constitucional, por así proscribirlo expresamente la ley de la materia; de otro modo, se propiciaría una cadena interminable de juicios, que solamente obstaculizarían la impartición de justicia. Sin que ello implique, desde luego, que las actuaciones de los Jueces federales y Magistrados de circuito, como garantes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los instrumentos internacionales, en ejercicio de su función jurisdiccional, estén exentas de escrutinio legal; lo anterior es así, pues el legislador previó la necesidad de que existiera un medio ordinario de defensa, que pudiera oponerse ante el propio juzgador constitucional o bien, ante un tribunal revisor, que con mayor acuciosidad examinara la decisión procesal asumida por el inferior, o por diverso integrante del Tribunal. De manera que los justiciables tienen a su alcance los mecanismos establecidos en la propia Ley de Amparo, contra las determinaciones que estimen ilegales, a fin de que no queden en estado de indefensión. En esas circunstancias, toda vez que el aludido acto reclamado fue emitido en un juicio de amparo en ejercicio de la función de control constitucional que ejerció un Juez de Distrito, es incuestionable que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 83, XVIII, Diciembre de 2003, Novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital 182624, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." En tales circunstancias, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de dicha legislación, motivo por el que debe desecharse de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo en análisis. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Rosa María Cortés Guzmán, Secretaria que autoriza y da fe.
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