Blanca Alejandra Lugo Mata

Expediente 310/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
310/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/03/2018

Partes del expediente

  • Blanca Alejandra Lugo Mata

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto por el que se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese...

  2. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por********************, por propio derecho, contra actos Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 310/2018; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En la especie, este juzgado advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, acatando que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad; para ello conviene traer a la vista el contenido de dicho dispositivo legal: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De la interpretación de la porción normativa del precepto legal transcrito, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, conforme a las leyes que lo rijan. Así pues, se infiere que son tres las condiciones necesarias para que se actualice la causal de improcedencia en análisis: Que se trate de un acto emitido por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; Que el quejoso no sea persona extraña a juicio. De lo anterior, se evidencia que el primero de los requisitos se surte en la especie, dado que del escrito inicial de demanda se advierte que el acto reclamado es: "El acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio laboral ********************, por el Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, en el que se ordena el archivo del expediente, sin que se haya dado cumplimiento total al laudo dictado en dicho procedimiento social." Determinación, emitida por el Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, autoridad que, evidentemente, tiene el carácter de órgano jurisdiccional del trabajo. Por otra parte, en relación con el segundo de los requisitos, también se actualiza, debido a que en contra del acto reclamado es procedente el recurso de revisión. Para demostrar lo anterior, es necesario reproducir el texto del artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo: Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. De ahí que sea inconcuso que el impetrante del amparo, previo a acudir a esta vía extraordinaria, se encontraba obligado a agotar el referido medio ordinario de defensa que la legislación en consulta contempla y con el cual es dable lograr la modificación, revocación o anulación del acto reclamado, máxime que al ser parte formal en el procedimiento de donde deriva la materia de reclamo, estaba en la aptitud legal de hacerlo. De ello se deriva una cuestión lógica, como lo es, que si el acto reclamado lo hace consistir en el auto que con motivo de un pago parcial a la actora de la cantidad condenada en el laudo, declara como concluido el asunto y ordena su remisión al archivo, es evidente que dicha parte antes de entablar la acción constitucional, debe agotar el recurso de revisión previsto en el aludido numeral, ya que al haberse emitido el acto reclamado en etapa de ejecución, es claro que a través de ese medio de impugnación, podía revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Robustece lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, visible a página 2637, tomo XIX.2º.P.T.10 L, septiembre de 2007, Novena Época, con número de registro 171311, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RESOLUCIÓN QUE DECLARA CUMPLIDO EL LAUDO. AL NO CONSTITUIR LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DENTRO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEBE AGOTARSE, PREVIO A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO INDIRECTO, EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La resolución del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplido el laudo es dictada dentro de la etapa de ejecución; y, por ende, es reclamable a través del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Además, para que la declaración sobre el cumplimiento de un laudo adquiera la calidad jurídica de "última resolución", como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el citado medio ordinario de defensa para cumplir con el principio de definitividad; por lo que la resolución dictada al resolver el aludido recurso tendrá dicho carácter. Lo anterior no se opone con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", sino que lo complementa, en virtud de que en el procedimiento laboral procede el recurso de revisión contra cualquier acto dictado en la etapa de ejecución de laudo, y la determinación que le recaiga una vez agotado aquél tendrá el carácter de "última resolución". De igual forma cobra aplicación la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible a página 2804, tomo XXXI, abril de 2010, Novena Época, con número de registro 164691, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE LO DECLARA CUMPLIDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 374, de rubro: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.", que en contra del auto dictado por el presidente de la Junta dentro de la etapa de ejecución del laudo, en el cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, previamente a la promoción del juicio de garantías; esto considerando que la intención del legislador al establecer el medio de impugnación previsto en el referido precepto legal, no fue limitar su procedencia a las determinaciones que tienden a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el presidente de la Junta en o durante el procedimiento de su ejecución. Entonces, de una interpretación analógica y extensiva de dicho criterio, este órgano colegiado concluye que en contra del auto dictado por el presidente de la responsable en la fase de ejecución del laudo, en el que determina que se dio cumplimiento total del mismo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, también procede el referido recurso de revisión, antes de acudir al juicio de amparo, ya que, al igual que el auto que resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutar un laudo, fue emitido por el presidente de la Junta en dicha etapa y, consecuentemente, es revisable por ésta como órgano colegiado." Asimismo, resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible a página 374, tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, con número de registro 186133, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sin que sea relevante para informar el sentido de la presente resolución, ponderar si el acto reclamado es o no de imposible reparación, dado que aun en el supuesto de que lo fuera, ello no relevaría al impetrante de la carga de agotar, previo a la interposición del juicio de amparo, los medios ordinarios de defensa procedentes. Es aplicable al caso, la tesis aislada emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a página 3217, tomo IV, Enero de 2014, Décima Época, con número de registro 2005397, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, SÓLO DEBE AGOTARSE CUANDO HAYA DADO INICIO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO CON UN ACTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos y convenios. Ahora bien, la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. En tal virtud, resulta innecesario agotar el medio de impugnación ordinario mientras no se haya dado inicio a esa etapa de ejecución." Así como la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercero Circuito, visible a página 2185, tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, con número de registro 172397, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DICTADA EN LA DILIGENCIA DE REMATE POR LA QUE APRUEBA Y ADJUDICA UN BIEN AL POSTOR. En atención a las razones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 374, de rubro: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.", se concluye que el valor salvaguardado en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, es el de otorgar a las partes en el juicio laboral la posibilidad de solicitar la revisión, entre otros actos, de los realizados por los presidentes de las Juntas en ejecución de laudos, ya sea con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo; en tal virtud, la determinación del presidente de una Junta dictada en la diligencia de remate, aprobando y adjudicando un bien a un postor, así como las consecuencias de ello, es una resolución emitida en el periodo de ejecución del laudo, que persigue en forma directa e inmediata su cumplimiento, y que conforme a la teleología del aludido precepto es recurrible. En esas condiciones, para que una de las partes esté en aptitud de reclamar en amparo la inconstitucionalidad de un acto de este tipo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, debe agotar previamente el recurso de revisión a que se refiere el mencionado artículo 849, pues de no hacerlo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Máxime, que en atención al tercero de los requisitos que se han destacado, es evidente que el aquí quejoso no es persona extraña al juicio, en virtud de asistirle el carácter de actor en procedimiento laboral del que deriva el acto reclamado; por tanto, se encuentra obligado a interponer el recurso ya analizado, ya que con ello se evitaría el abuso del juicio de amparo mediante la previa tramitación de aquéllos medios de impugnación que tiendan a modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En esa medida, de conformidad con la citada fracción XVIII del citado numeral 61 de la Ley que rige el juicio constitucional, al no haberse interpuesto por la quejosa, el referido medio de defensa legal en lo que atañe al acto reclamado es indudable que en la especie se surte la causal de improcedencia citada. En el caso, tampoco se actualiza la excepción que prevé el artículo 61, fracción XVIII, inciso a) de la Ley de Amparo, relativa a que no existe la carga procesal de agotar los medios ordinarios de defensa cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; lo anterior, pues la resolución combatida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la Constitución Federal. Es así, en virtud de que el acto reclamado sólo consiste en el auto que declara cumplido el laudo y concluido el juicio, ordenando el archivo del expediente, dictado dentro del procedimiento laboral ********************, sin que dicho acto incida en la libertad personal de la parte quejosa ni importa alguno de los actos expresamente prohibidos por el precepto 22 Constitucional mencionado. Lo anterior, en consonancia además con lo estipulado por el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso". Así, la convención internacional en cita da libertad a los Estados parte, de fijar en su derecho interno, recursos sencillos y rápidos, o cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, a fin de que se salvaguarden los derechos del gobernado; en cumplimiento a lo cual el sistema mexicano, establece la posibilidad de que la parte demandada promueva el recurso idóneo en contra del acto aquí reclamado, el cual se trata de un medio con las cualidades estipuladas por el pacto internacional en comento, es decir, se promueve ante tribunal competente, de una manera sencilla, y es efectivo para modificar o revocar el acto de que se trata (cuyo objetivo es analizar temas de legalidad). Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 22/2014 Décima Época, de rubro siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUIDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. Así las cosas, por los motivos y fundamentos expuestos, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos y fundamentos explicados anteriormente. Por lo expuesto y fundado, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda de amparo promovida por********************, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, toda vez que la promovente señala los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones, los cuales no pueden tenerse como tal; de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29, de la Ley de Amparo, hágase de su conocimiento que las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista que se fija en un lugar visible y de fácil acceso de este Juzgado. Apoya la anterior determinación por identidad de criterios, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página 1067, del Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ESTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su líbelo constitucional por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, en donde la quejosa tiene la calidad de trabajador-actor en el juicio de origen. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,679 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano