Blanca Aime Sánchez Hernández
Expediente 265/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Blanca Aime Sánchez Hernández
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA DETERMINACIÓN EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ EL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. SE DETERMINA: NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. SE ORDENA DESTRUIR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA. DEVUÉLVASE EL LEGAJO DE PRUEBAS Y UN SOBRE CON DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 02 DE ABRIL DE 2018, EN EL QUE SE ACORDO; Se acepta competencia declinada. Téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, remite el escrito original de la demanda de amparo promovida por Blanca Aime Sánchez Hernández, así como las constancias de emplazamiento de la parte tercera interesada, el informe justificado que rindió la autoridad responsable, el original del juicio especial civil 96/2010 que obra en un tomo y un sobre cerrado que contiene documentos. Acúsese recibo. Atento al contenido del oficio relacionado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada y, por ende se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, pues tal como lo precisa la superioridad, el acto que tilda de inconstitucional la parte quejosa, por su naturaleza no es una sentencia definitiva de modo que atendiendo al contenido armónico del artículo 170 de la Ley de Amparo, no es un Tribunal Colegiado de Circuito el legalmente competente para conocer de una demanda de amparo como la que en la especie nos ocupa, sino un Juzgado de Distrito; en consecuencia, con fundamento en los artículo 1º, 35, 37 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se asume la competencia declinada; por lo que se provee: Parte Quejosa. Blanca Aime Sánchez Hernández. Autoridad responsable. Juez Décimo Tercero Civil de Partido, con sede en esta ciudad. Registro en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 265/2018-II. Acto reclamado. La resolución incidental de treinta de enero de dos mil dieciocho que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones judiciales, declarando válidas todas las actuaciones practicadas en el juicio hipotecario mercantil 96/2010, del índice del juzgado responsable, procedimiento que se encuentra en etapa de ejecución tal y como se desprende de los autos del juicio de origen. Se desecha demanda de amparo. Se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el particular, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el presente juicio de amparo es improcedente. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Luego, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso de harán valer las violaciones comeditas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." [Lo destacado es de este Juzgado] En efecto, de conformidad con la fracción IV del artículo que antecede, y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Así, la pretensión final del legislador fue precisamente la de evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, precisamente porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general. Esto es, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro del procedimiento de remate. En el caso que ocupa la atención, el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, sino que sólo se trata de determinación intermedia dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio hipotecario civil 96/2010, es decir, no constituye la última determinación en dicho periodo, menos aún se ha determinado sobre el cumplimiento total de lo sentenciado o se ha declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Se asevera lo anterior porque el inconforme reclama la resolución incidental de treinta de enero de dos mil dieciocho que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones judiciales, declarando válidas todas las actuaciones practicadas en el juicio hipotecario mercantil 96/2010, del índice del juzgado responsable, por lo que si tal acto aconteció dentro de la etapa de ejecución de sentencia no puede considerarse como un proveído o resolución judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia. Con base en lo anterior, el acto reclamado, no es acto impugnable en amparo indirecto, al tratarse de una resolución que no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, ni está directamente encaminada a impedir su cumplimiento, sino al contrario tiende a ejecutar la sentencia que en la especie es el auto de veintitrés de febrero de dos mil diez en el que se aprobó el convenio equiparándose a una sentencia ejecutoria, ya que en la determinación impugnada se declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la impetrante, por lo que la citada resolución no impide la ejecución de la sentencia. Cierto, se entiende que la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, tal y como lo ha determinado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia P./J. 32/2001, de observancia obligatoria para este Juzgado Federal, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, publicada en la página 31 del Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De lo anterior se deduce que la determinación reclamada no constituye "la última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia que en la especie es el auto de veintitrés de febrero de dos mil diez en el que se aprobó el convenio equiparándose a una sentencia ejecutoria, dictada en el juicio hipotecario civil, pues si bien fue emitida después de concluido el juicio civil dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, de su texto no se desprende que se aprobara o reconociera el cumplimiento total de la indicada sentencia, ni tampoco con dicha determinación se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, máxime que dicho incidente de nulidad no se promovió en contra de la notificación practicada a las partes para hacerles de su conocimiento del auto de veintitrés de febrero de dos mil diez en el que se aprobó el convenio equiparándose a una sentencia ejecutoria en la litis natural (f. 76 del tomo de prueba); como consecuencia, sólo se trata de una resolución intermedia dictada dentro del periodo de ejecución de sentencia que no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Apoya lo anterior la tesis aislada 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y tenor siguientes: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." De ahí que no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia cuando proceda el amparo, en el cual la ahora quejosa podrá impugnar en su caso la determinación interlocutoria de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, dictada en el juicio hipotecario civil 96/2010 de mérito. Por lo que se concluye que el acto combatido en el presente juicio de amparo no se trata de "la última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, por no ser ésta la determinación que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que se trata de una resolución que forma parte de la ejecución de sentencia, que en la especie es el auto de veintitrés de febrero de dos mil diez en el que se aprobó el convenio equiparándose a una sentencia ejecutoria, contra la cual sólo procede el amparo indirecto una vez que se dicte "la última resolución", pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas en dicho procedimiento. Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo XVII, junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." También la jurisprudencia 177 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 145, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Asimismo, por lo que establece la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que con el número VII.2o.C.23 K, a fojas 1947, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia." Y, por analogía la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, consultable a página 917, Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES CUANDO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES SE DECLARA INFUNDADO Y SE TRAMITÓ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIN QUE LA INTERLOCUTORIA QUE LE PONE FIN SEA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. El juicio de amparo es improcedente contra la interlocutoria que declara infundado el incidente de nulidad de notificaciones que se ventiló en el periodo de ejecución de sentencia; ello, en virtud de que el resultado del incidente trae como consecuencia que siga el trámite de la ejecución, y la voluntad del legislador al crear la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que el quejoso fue oído y vencido con las formalidades que prevé el artículo 14 constitucional. En consecuencia, el amparo procede hasta que se dicte la última resolución en el periodo ejecutivo, y en los conceptos de violación se podrán alegar las violaciones que considere se cometieron en el trámite del citado incidente de nulidad de notificaciones, o bien, en la resolución que recayó al mismo." Por otro lado, el acto reclamado no se ubica en alguno de los casos de excepción a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso, o el incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado. Encuentra aplicación la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Asimismo, tampoco se encuentra ubicada en los casos de excepción, establecido para aquellos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos de los promoventes de la acción constitucional, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, toda vez que, como ya se dijo, el inconforme reclama la resolución incidental de treinta de enero de dos mil dieciocho que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones judiciales, declarando válidas todas las actuaciones practicadas en el juicio hipotecario civil 96/2010 acontecidas dentro de la etapa de ejecución de incumplimiento de convenio, es decir, que este acto deriva de la cosa juzgada y constituye uno de los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la sentencia condenatoria, además de ser consecuencia directa y necesaria de ésta; por consiguiente el amparo es improcedente. Encuentra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Por tanto, como en la especie la determinación reclamada sólo es un acto en el trámite del periodo de ejecución de incumplimiento al convenido elevado a cosa juzgada, esto es, no constituye un acto emitido en dicha fase que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se trata de la determinación en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la cual como última, en todo caso sí podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizar supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, como los que en el caso se alegan, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracciones IV de la Ley de Amparo; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Albania número 107, esquina Londres, colonia Andrade, de esta ciudad, y como autorizado en términos términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos de la Cruz Bernal y Josué Flavio Chávez Rojas, y en términos restringidos del citado numeral y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la ley en comento a Oscar Zavala Ángel, en virtud de que el mismo no cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Por otra parte, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).
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