Blanca Adriana Orantes Molina

Expediente 523/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
523/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Blanca Adriana Orantes Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES En atención que la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por oficio TAPJE/SGAP-601/2023, de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, rindió su informe justificado; y adjuntó original del juicio contencioso administrativo ********************, constante de mil ciento doce fojas en dos tomos; el recurso de revisión ********************, en cuatrocientas fojas en un tomo; dos sobres color amarillo con diversos documentos; cuatro cajas con diversas recopiladores descritos en los incisos h), i), j) y K del oficio de mérito, un tomo de pruebas exhibido por la autoridad demandada constante de ciento cincuenta y ocho fojas, de los cual resulta innecesario su retención, por lo cual, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes; solicitándose el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto, el estado de autos, en donde se advierte que mediante oficio número 1139 de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitió diversas constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio, de las que se advierte que fijó diversas fechas para el desahogo de las pruebas que se encuentran pendientes. Al efecto se acuerda: Toda vez que del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que señaló entre otras, el veintisiete de abril del año en curso para la audiencia testimonial para hechos propios a cargo de Clariza Maza Coutiño, se le REQUIERE para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente en que cuente con las constancias que acrediten el desahogo de dicha testimonial, informe a este órgano jurisdiccional la determinación tomada al respecto. En el entendido que también deberá informar a este órgano jurisdiccional cuales son los medios probatorios que faltan por desahogar y que fueron admitidos en el juicio burocrático J/O/774/2016 y sus acumulados, así como las gestiones que se encuentra realizando para lograr que las mismas se lleven a cabo, o bien si todas ya han sido desahogadas, debiendo remitir la certificación correspondiente, lo anterior para estar en condiciones de analizar el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se hará efectivo lo decretado en auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, esto es, que de no cumplir con el requerimiento anterior dentro del plazo concedido, o de no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito legalmente competente, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los presentes autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable; lo anterior, sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto; el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, y anexos que acompañó, mediante el cual se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, promovida por ********************en su carácter de Sindica Municipal y Representante Legal del********************, asimismo, remite el oficio TAPJE/SGAP-601/2023, signado por la Magistrada Presidenta y Secretaria General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; y adjunta original y copia del escrito de demanda, original del juicio contencioso administrativo ********************, constante de mil ciento doce fojas en dos tomos; el recurso de revisión ********************, en cuatrocientas fojas en un tomo; dos sobres color amarillo con diversos documentos; cuatro cajas con diversos recopiladores descritos en los incisos h), i), j) y K del oficio de mérito, un tomo de pruebas exhibido por la autoridad demandada constante de ciento cincuenta y ocho fojas, así como las constancias de notificación realizada a las partes. Acúsese recibo de estilo. Al efecto se acuerda. I. REGISTRO Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37, 38, 107, 108, de la Ley de Amparo, se acepta la legal competencia declinada; anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 505/2023-IX. II. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el contexto anterior, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: La resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro del recurso de revisión ********************, interpuesto por la aquí quejosa, por el cual modificó el auto de dos de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Juzgado Especializado en Responsabilidad Administrativa del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en autos del Juicio Contencioso Administrativo ********************, únicamente en lo que respecta a la objeción de pruebas formulado por la recurrente en su escrito de contestación de demanda, consistiendo dicha modificativa en que por el momento no se tuvo por objetadas la pruebas periciales en virtud de que se encuentran en vías de preparación a fin de que las partes acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten y protesten el cargo conferido y dejó firme respecto de las admisiones y desechamientos de las demás pruebas. Expuesto lo anterior, esta juzgadora considera que la determinación reclamada, no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio del quejoso algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que en su orden, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". La interpretación sistemática de la legislación constitucional y secundaria rectora de la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar de forma inmediata alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte mediante las garantías individuales, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, verbigracia, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen de manera fáctica con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al momento que se resuelva la controversia, en la medida en como influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la quejosa. El prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: - DERECHOS SUSTANTIVOS. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. - DERECHOS ADJETIVOS. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido las jurisprudencias 189 y 175, visibles en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establecen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), "CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 , fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ... El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en el amparo directo.". En relación con lo anterior, tenemos que la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que aquellos actos de autoridad, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetos al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzca una afectación material en la esfera jurídica del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Apoya a lo anterior, la tesis IV.2o.C.5 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada el veintiocho de febrero de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con número de registro IUS 2005729, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Por otro lado, los artículos 171 y 172, fracción III, de la ley de la materia, en lo conducente establecen: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. "Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)". Sobre la base expuesta, se estima que la resolución reclamada no quebranta en perjuicio de la parte quejosa, de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución, ya que se trata de un acto procesal, el cual no tiene una consecuencia de imposible reparación. Además, como acto intraprocesal tampoco causa daño predominante o exorbitante que no tenga reparación alguna, de manera tal que haga procedente el juicio de amparo biinstancial. En efecto, ese pronunciamiento ningún perjuicio irreparable le irroga, en virtud de que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, pues, existe la posibilidad de que obtenga sentencia favorable, evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. En última instancia, esa determinación puede ser combatida como violación procesal mediante el amparo directo que en su caso y oportunidad promueva contra la resolución con que culmine el procedimiento administrativo, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a) y V, inciso b), de la Constitución Federal, así como 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, pues, en esa hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Además, como acto dentro del proceso tampoco participa de una afectación superior, que deba ser analizada mediante el juicio constitucional sin necesidad de esperar al dictado de la sentencia, ni con tal acontecimiento se le deja en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa, porque en todo caso podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en amparo directo, en el que será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado del fallo y, en su caso, obtener de esta manera, la reparación de la garantía violada. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la tesis P./J. 6/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación con número de registro205484, del rubro y texto siguientes: PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto. IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En consecuencia, al surgir a la vida jurídica de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido contrario; con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda en estudio. En ese sentido, tienen aplicación al caso, las tesis de la Segunda Sala y de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 293 y 666-667 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, cuyo respectivo rubro y tenor son: IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193, Bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193 de la Ley Reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la Jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente a una tesis Jurisprudencial, puesto que la indicada tesis Jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 Bis, de la Ley en cita, constituye la disposición legal que alude a dicha fracción. V. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, lo anterior toda vez que no proporcinó usuario para que las mismas se realizaran de manera electrónica. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios que refiere el numeral 12, de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tienen registrada su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, que los acredita como licenciados en derecho. Tocante al correo electrónico y números telefónicos que pone a disposición, tómese nota del mismo, al no ser un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes. VI. UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES. Como lo solicita el quejoso, se autoriza la reproducción que solicita a través de medios electrónicos en el expediente en que se actúa. Resulta aplicable al respecto la tesis I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, con número de registro 2008986, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia Común, página 1830, de rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." VII. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

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