Bladimir Hernández Álvarez
Expediente 1338/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 38 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1338/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 28/11/2018
Partes del expediente
- Bladimir Hernández Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto, el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación del citado proveído, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Dicho acuerdo se notificó a las partes, sin que hicieran manifestación alguna dentro del plazo concedido; en consecuencia, este tribunal procede a resolver si la ejecutoria dictada en este juicio, fue o no totalmente cumplida. Del examen de las documentales exhibidas por el Juez de Control Región Dos, de los Distritos Judiciales de Comitán, Carranza y Motozintla, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, tienen pleno valor probatorio; en contraposición con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio (fojas 504 a 528), se obtiene: Efectos de la ejecutoria de amparo Actos emitidos en cumplimiento "la autoridad responsable Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Dos, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, realice lo siguiente: Deje sin efectos la orden de aprehensión de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, librada en la causa penal 199/2017, únicamente por cuanto hace a los quejosos Caralampio Jiménez García, Bernal Morales Jiménez, Antonio Hernández Cruz, Bladimir Hernández Álvarez y Pablo Gómez Jiménez; y, En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte otra, que podrá ser en el mismo sentido que la anterior u otro diverso, pero si decide lo primero, una vez reiterados los aspectos que no fueron motivo de la concesión del amparo, deberá fundamentar y motivar correctamente mediante razonamientos lógicos-jurídicos, los indicios que obtuvo de los datos de prueba relacionados por el Fiscal consignador, que le permitieron arribar a la conclusión de que se encuentra demostrada la probable responsabilidad y autoría o participación de los aquí quejosos, en el hecho que la ley clasifica como el delito de secuestro agravado, así como la necesidad de la cautela para la emisión de la orden de aprehensión como forma de conducción al proceso. El Juez de Control Región Dos, de los Distritos Judiciales de Comitán, Carranza y Motozintla, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, remitió copia certificada de la resolución de doce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 714 a 732), librada en la causa penal 199/2017 en la que realizó lo siguiente: a)Dejó insubsistente la orden de aprehensión de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, únicamente por cuanto hace a los quejosos Caralampio Jiménez García, Bernal Morales Jiménez, Bladimir Hernández Álvarez y Pablo Gómez Jiménez; y, b)Emitió una nueva orden de búsqueda y aprehensión contra Caralampio Jiménez García, Bernal Morales Jiménez, Bladimir Hernández Álvarez y Pablo Gómez Jiménez, por el delito de el delito de secuestro agravado atribuido a los aquí quejosos está previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a); agravado por el artículo 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, relacionado con los artículos 7, párrafos primero y segundo fracción II (delito permanente), 9° párrafo primero, (hipótesis de acción dolosa) y 13 fracción III (que se realicen conjuntamente) del Código Penal Federal, cometido en agravio de las personas de identidad reservada con las siglas G.H.M., N.G.G.G., R.F.M.H. y L.E.L.M.. En dicha orden se advierte que se reiteraron los aspectos que no fueron materia de la concesión (cuerpo del delito y agravante); asimismo, se relacionaron los datos de prueba que se estimaron conducentes, entre éstos el señalamiento de Inés Guadalupe Pérez Hernández, la entrevista al testigo Genaro Hernández Gómez y el oficio PGJ/DGPE/CRZI/2425/2017, vertiéndose los razonamientos jurídicos de los indicios que se obtuvieron de los mismos, para tener por demostrada la probable responsabilidad de los quejosos. Asimismo, se expusieron los razonamientos por los cuales se arribó a la conclusión que la acción delictiva se actualizó en forma permanente, con dolo y de forma conjunta, en términos de las hipótesis de los artículos 7, párrafos primero y segundo fracción II (delito permanente), 9° párrafo primero, (hipótesis de acción dolosa) y 13 fracción III (que se realicen conjuntamente) del Código Penal Federal. De igual forma, se plasmaron las razones por las cuales se actualizaba la necesidad de cautela, prevista en el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre éstas, que se trata del delito de secuestro que merece pena privativa oficiosa, que la pena contemplada para el ilícito es de cincuenta a noventa años, que al tener conocimiento de la orden de captura los quejosos obstaculizarían las investigaciones, que quienes deponen en su contra son servidores públicos, que los testigos podrían ser amedrentados para cambiar sus versiones, además que la testigo Inés Guadalupe Pérez Hernández, el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, un grupo de aproximadamente sesenta persona llegaron a las oficinas del ministerio público y se dirigieron a su cubículo, quienes de manera agresiva la amenazaron con regresar para llevársela retenida, por lo que estimó conducente la emisión de la orden para garantizar la seguridad de los testigos y evitar que los imputados puedan sustraerse de la acción de la justicia. Finalmente, dejó de hacer pronunciamiento respecto del quejoso Antonio Hernández Cruz, en virtud que desde el ocho de mayo de dos mil dieciocho, fue ejecutada la orden de aprehensión de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete y puesto a disposición del juzgado interno en el Cereso 14, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, para lo cual se ordenó girar exhorto 13/2018-E, al Juez de Control en Turno, Región Uno, con sede en aquélla ciudad. De lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que la responsable respecto de los quejosos Caralampio Jiménez García, Bernal Morales Jiménez, Bladimir Hernández Álvarez y Pablo Gómez Jiménez, atendió los lineamientos de la ejecutoria de amparo decretada en autos, en virtud que dejó sin efectos la orden reclamada y dictó una nueva purgando los vicios que fueron destacados, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso, es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos. No es óbice a lo anterior, el hecho de que no se haya dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo respecto del impetrante Antonio Hernández Cruz, toda vez que se materializó la orden de aprehensión que constituyó el aquí acto reclamado, desde el ocho de mayo de dos mil dieciocho; esto es, antes de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, confirmara el fallo protector pronunciado por este Juzgado (dieciocho de octubre del presente año), por lo que el mismo se encontraba subjudice cuando fue ejecutado el mandamiento de captura y, por ende, la responsable no se encontraba en aptitud legal de darle cumplimiento; de ahí, que no haga variar el sentido de lo aquí determinado. Por las razones que informa, lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." En las relatadas condiciones, se tiene como resultado jurídico que los motivos por los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se encuentren subsanados, aunado a lo anterior, está la circunstancia de que las partes puedan hacer valer sus derechos en la vía y forma que consideren pertinente, de no estar conforme con la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia ejecutoria. ARCHIVO Con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el Punto Décimo Primero, segundo párrafo, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, fracción III, Vigésimo Primero fracciones III, segundo párrafo, IV, y último párrafo de dicho punto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se provee lo siguiente: a) Es susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión, lo que deberá llevarse a cabo dentro de los términos de seis meses, contado a partir de la emisión de este proveído. b) Transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído, deberán conservarse del expediente principal, la demanda de amparo y la sentencia que recayó a dicho expediente; en tanto que el resto de las constancias deberán depurarse; C) Transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este acuerdo, deberá conservarse del original del incidente de suspensión el auto y resolución que concedieron la suspensión provisional y definitiva; en tanto que el resto de las constancias deberán depurarse; d) Este asunto no se considera de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto que se invoca; y, e) Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que se cumpla el plazo establecido en los incisos inciso b) y c), el Centro de Documentación y Análisis proceda en los términos que ahí se indican. Asimismo, se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente principal e incidentes de suspensión, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, en lo concerniente a la depuración, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Se ordena devolver un tomo de prueba que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe, por resultar innecesaria su conservación. Finalmente, con fundamento en el Punto Décimo Primero, párrafo último, del Acuerdo que se cita, dígasele al quejoso Bladimir Hernández Álvarez, que quedan a su disposición los documentos que allegó al presente juicio (foja 91). Los que deberá recoger dentro de un término de noventa días contado a partir de que se le notifique este proveído. Apercibido que de no hacerlo así, correrá la misma suerte del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE;
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto, el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación del citado proveído, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Dicho acuerdo se notificó a las partes, sin que hicieran manifestación alguna dentro del plazo concedido; en consecuencia, este tribunal procede a resolver si la ejecutoria dictada en este juicio, fue o no totalmente cumplida. Del examen de las documentales exhibidas por el Juez de Control Región Dos, de los Distritos Judiciales de Comitán, Carranza y Motozintla, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, tienen pleno valor probatorio; en contraposición con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio (fojas 504 a 528), se obtiene: Efectos de la ejecutoria de amparo Actos emitidos en cumplimiento "la autoridad responsable Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Dos, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, realice lo siguiente: Deje sin efectos la orden de aprehensión de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, librada en la causa penal 199/2017, únicamente por cuanto hace a los quejosos Caralampio Jiménez García, Bernal Morales Jiménez, Antonio Hernández Cruz, Bladimir Hernández Álvarez y Pablo Gómez Jiménez; y, En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte otra, que podrá ser en el mismo sentido que la anterior u otro diverso, pero si decide lo primero, una vez reiterados los aspectos que no fueron motivo de la concesión del amparo, deberá fundamentar y motivar correctamente mediante razonamientos lógicos-jurídicos, los indicios que obtuvo de los datos de prueba relacionados por el Fiscal consignador, que le permitieron arribar a la conclusión de que se encuentra demostrada la probable responsabilidad y autoría o participación de los aquí quejosos, en el hecho que la ley clasifica como el delito de secuestro agravado, así como la necesidad de la cautela para la emisión de la orden de aprehensión como forma de conducción al proceso. El Juez de Control Región Dos, de los Distritos Judiciales de Comitán, Carranza y Motozintla, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, remitió copia certificada de la resolución de doce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 714 a 732), librada en la causa penal 199/2017 en la que realizó lo siguiente: a)Dejó insubsistente la orden de aprehensión de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, únicamente por cuanto hace a los quejosos Caralampio Jiménez García, Bernal Morales Jiménez, Bladimir Hernández Álvarez y Pablo Gómez Jiménez; y, b)Emitió una nueva orden de búsqueda y aprehensión contra Caralampio Jiménez García, Bernal Morales Jiménez, Bladimir Hernández Álvarez y Pablo Gómez Jiménez, por el delito de el delito de secuestro agravado atribuido a los aquí quejosos está previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a); agravado por el artículo 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, relacionado con los artículos 7, párrafos primero y segundo fracción II (delito permanente), 9° párrafo primero, (hipótesis de acción dolosa) y 13 fracción III (que se realicen conjuntamente) del Código Penal Federal, cometido en agravio de las personas de identidad reservada con las siglas G.H.M., N.G.G.G., R.F.M.H. y L.E.L.M.. En dicha orden se advierte que se reiteraron los aspectos que no fueron materia de la concesión (cuerpo del delito y agravante); asimismo, se relacionaron los datos de prueba que se estimaron conducentes, entre éstos el señalamiento de Inés Guadalupe Pérez Hernández, la entrevista al testigo Genaro Hernández Gómez y el oficio PGJ/DGPE/CRZI/2425/2017, vertiéndose los razonamientos jurídicos de los indicios que se obtuvieron de los mismos, para tener por demostrada la probable responsabilidad de los quejosos. Asimismo, se expusieron los razonamientos por los cuales se arribó a la conclusión que la acción delictiva se actualizó en forma permanente, con dolo y de forma conjunta, en términos de las hipótesis de los artículos 7, párrafos primero y segundo fracción II (delito permanente), 9° párrafo primero, (hipótesis de acción dolosa) y 13 fracción III (que se realicen conjuntamente) del Código Penal Federal. De igual forma, se plasmaron las razones por las cuales se actualizaba la necesidad de cautela, prevista en el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre éstas, que se trata del delito de secuestro que merece pena privativa oficiosa, que la pena contemplada para el ilícito es de cincuenta a noventa años, que al tener conocimiento de la orden de captura los quejosos obstaculizarían las investigaciones, que quienes deponen en su contra son servidores públicos, que los testigos podrían ser amedrentados para cambiar sus versiones, además que la testigo Inés Guadalupe Pérez Hernández, el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, un grupo de aproximadamente sesenta persona llegaron a las oficinas del ministerio público y se dirigieron a su cubículo, quienes de manera agresiva la amenazaron con regresar para llevársela retenida, por lo que estimó conducente la emisión de la orden para garantizar la seguridad de los testigos y evitar que los imputados puedan sustraerse de la acción de la justicia. Finalmente, dejó de hacer pronunciamiento respecto del quejoso Antonio Hernández Cruz, en virtud que desde el ocho de mayo de dos mil dieciocho, fue ejecutada la orden de aprehensión de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete y puesto a disposición del juzgado interno en el Cereso 14, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, para lo cual se ordenó girar exhorto 13/2018-E, al Juez de Control en Turno, Región Uno, con sede en aquélla ciudad. De lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que la responsable respecto de los quejosos Caralampio Jiménez García, Bernal Morales Jiménez, Bladimir Hernández Álvarez y Pablo Gómez Jiménez, atendió los lineamientos de la ejecutoria de amparo decretada en autos, en virtud que dejó sin efectos la orden reclamada y dictó una nueva purgando los vicios que fueron destacados, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso, es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos. No es óbice a lo anterior, el hecho de que no se haya dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo respecto del impetrante Antonio Hernández Cruz, toda vez que se materializó la orden de aprehensión que constituyó el aquí acto reclamado, desde el ocho de mayo de dos mil dieciocho; esto es, antes de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, confirmara el fallo protector pronunciado por este Juzgado (dieciocho de octubre del presente año), por lo que el mismo se encontraba subjudice cuando fue ejecutado el mandamiento de captura y, por ende, la responsable no se encontraba en aptitud legal de darle cumplimiento; de ahí, que no haga variar el sentido de lo aquí determinado. Por las razones que informa, lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." En las relatadas condiciones, se tiene como resultado jurídico que los motivos por los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se encuentren subsanados, aunado a lo anterior, está la circunstancia de que las partes puedan hacer valer sus derechos en la vía y forma que consideren pertinente, de no estar conforme con la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia ejecutoria. ARCHIVO Con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el Punto Décimo Primero, segundo párrafo, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, fracción III, Vigésimo Primero fracciones III, segundo párrafo, IV, y último párrafo de dicho punto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se provee lo siguiente: a) Es susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión, lo que deberá llevarse a cabo dentro de los términos de seis meses, contado a partir de la emisión de este proveído. b) Transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído, deberán conservarse del expediente principal, la demanda de amparo y la sentencia que recayó a dicho expediente; en tanto que el resto de las constancias deberán depurarse; C) Transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este acuerdo, deberá conservarse del original del incidente de suspensión el auto y resolución que concedieron la suspensión provisional y definitiva; en tanto que el resto de las constancias deberán depurarse; d) Este asunto no se considera de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto que se invoca; y, e) Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que se cumpla el plazo establecido en los incisos inciso b) y c), el Centro de Documentación y Análisis proceda en los términos que ahí se indican. Asimismo, se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente principal e incidentes de suspensión, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, en lo concerniente a la depuración, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Se ordena devolver un tomo de prueba que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe, por resultar innecesaria su conservación. Finalmente, con fundamento en el Punto Décimo Primero, párrafo último, del Acuerdo que se cita, dígasele al quejoso Bladimir Hernández Álvarez, que quedan a su disposición los documentos que allegó al presente juicio (foja 91). Los que deberá recoger dentro de un término de noventa días contado a partir de que se le notifique este proveído. Apercibido que de no hacerlo así, correrá la misma suerte del expediente en que se actúa.
- Principal
DESE VISTA A LAS PARTES POR EL TERMINO DE TRES DIAS PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERES LEGAL CONVENGA
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese el oficio con anexos signado por el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Dos, Distrito Judicial Comitán, Carranza y Motozintla, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas; mediante el cual informa tocante a la ejecutoria de Amparo Respecto al quejoso, Antonio Hernández Cruz. Por otro lado, envié copia certificada de las constancias relativas a la orden de aprehensión ejecutada en contra de Caralampio Jiménez García, Bernal Morales Jiménez, Bladimir Hernández Álvarez y Pablo Gómez Jiménez Al efecto, se acuerda. En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo decretada en autos. En consecuencia, requiérase a Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Dos, Distrito Judicial Comitán, Carranza y Motozintla, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; esto es, deberá: Con el apercibimiento que de no hacerlo o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en los artículos 192 y 193, relacionados con el diverso 258 de la ley de la materia, se le impondrá multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin perjuicio de que en términos del numeral 193 de la Ley de Amparo, el presente juicio será enviado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad correspondiente por su responsabilidad penal en la comisión del delito contenido en el diverso artículo 267 de la ley de la materia. Igualmente, acorde también a lo establecido en el citado precepto 192, se requerirá el cumplimiento por conducto de su superior jerárquico para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. En el entendido, que en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA, Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
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