Bladimir Gómez Zamudio

Expediente 1114/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1114/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
30/07/2018

Partes del expediente

  • Bladimir Gómez Zamudio

Actuaciones

  1. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; treinta de julio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por medio del cual el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el original de juicio de amparo 1114/2018-VI, asimismo, informa que aceptó la competencia declinada y se avocó el conocimiento del asunto, el cual registró con el número de amparo 933/2018-IV. Por tanto, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se resolvió mediante un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes en el punto segundo de las disposiciones generales, inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se tiene por recibido el oficio suscrito por la Jefa de Departamento, en ausencia de a Subdirectora de Área, en ausencia de la Directora de Area, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Organo Administrativo Desconcetrado Prevencion y Readaptacion Social, a través del cual rinde informe de cumplimiento a la suspensión de plano concedida al impetrante en auto de veinte de julio de este año. Atento a lo anterior, toda vez que de párrafos precedentes se advierte que el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, aceptó la competencia planteada, previa copia certificada del oficio en mención que obre en el presente asunto, remítase el original a fin de que el referido Juzgador provea lo conducente. Notifíquese.

  2. Principal

    vi )Toluca, Estado de México; veinte de julio de dos mil dieciocho. Radicación. Por recibida la demanda promovida por Bladimir Gómez Zamudio, contra actos del Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales en el Estado de México, con residencia en Toluca y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1114/2018-VI. Suspensión de oficio y de plano. Del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la orden de traslado a otro Centro Federal de Readaptación Social en la República Mexicana, atribuido a diversas autoridades administrativas con el carácter de ordenadoras y ejecutoras, así como a una autoridad judicial. Por tanto, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo se suspende de plano y oficio el acto reclamado por lo que a las autoridades administrativas ordenadoras y ejecutoras se refiere; ello, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades administrativas señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" La suspensión aquí otorgada no surte efectos si previo a la presente determinación está acreditado, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que el traslado tiene origen en: Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte de la quejosa; Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale, o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso; Riesgo objetivo de la salud o la integridad de la quejosa; Peligro para los internos; Seguridad del propio quejoso; Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; y, Tratándose de Delincuencia Organizada y por medidas especiales de seguridad. La suspensión concedida no surtirá efectos respecto de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridades diversas a las señaladas como responsables o si el acto reclamado es materia de otro juicio de amparo en el que se haya concedido la suspensión de los actos que ahora impugna; o bien, si dicha medida obedece a cuestiones de seguridad del centro penitenciario en que se encuentra recluido el quejoso, o son tendentes a salvaguardar su integridad o, la de la demás población penitenciaria. Comisión al actuario. Se comisiona al actuario de este órgano jurisdiccional para que en forma inmediata entregue los oficios respecto a la concesión de la suspensión de plano y oficio, a las autoridades administrativas señaladas como responsables, ya sea vía estafeta, fax o telegráfica, debiendo levantar la razón correspondiente de confirmación por su entrega. Incompetencia. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: ....En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, ya que dentro de su jurisdicción tendrá principios de ejecución el acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente vía fax. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio. No obstante que el quejoso se encuentra interno en un centro de reclusión fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; de su escrito de demanda se advierte que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado y autoriza a diversos profesionistas para tal efecto; en consecuencia, realícese la notificación de esta determinación por ese medio informativo.

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