Blaco Uriel Vega García
Expediente 1400/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1400/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Blaco Uriel Vega García
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón asentada por el actuario judicial adscrito, de la cual se advierte que, no le fue posible notificar el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, por los motivos que ahí expone. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la referida parte, el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. De lo anterior, el funcionario judicial deberá levantar la constancia correspondiente en la que se especificará que lo es, con fundamento en el mencionado artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley de la materia. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos el oficio remitido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. En efecto, las pruebas aportadas por la responsable cuentan con plena validez probatoria en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, y del contenido de las mismas, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.", Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester precisar los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales, de acuerdo al contenido íntegro de la demanda y demás constancias existentes en autos, se advierte que se hacen consistir en: La fecha fijada en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el juicio laboral de origen 1809/2021, para la celebración de la audiencia; y, la omisión de emplazamiento de la parte demandada. Lo anterior, dado que la parte quejosa argumenta que la Junta responsable y el actuario de su adscripción han incurrido en violaciones de derechos humanos, al señalar fecha para la audiencia al margen de lo que establece la Ley Federal del Trabajo, dado que el once de noviembre pasado, señaló para la celebración de la audiencia de ley, las doce horas con treinta minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós. Al respecto, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y el actuario adscrito, ambos con residencia en esta ciudad, admitieron la existencia del acto que le reclaman. Lo que además se corrobora con las copias certificadas de las constancias relativas al reclamo constitucional, que las responsables remitieron adjuntas a sus informes, a las que con antelación se les otorgó pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. No obstante la certeza del reclamo, de acuerdo con lo manifestado por las responsable y las constancias remitidas, se advierte que durante el trámite de este biinstancial, el seis de diciembre de este año, la Junta responsable emitió un auto en el que dejó sin efecto la fecha (doce horas con treinta minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós) señalada para la audiencia y procedió en consecuencia a fijar las diez horas del catorce de enero de dos mil veintidós, para la celebración de dicha audiencia de ley, auto que le fue notificado a la parte quejosa el quince de diciembre señalado. Asimismo, en relación con la omisión de emplazamiento de la parte demanda en el juicio natural, en esta data se agregaron en autos las constancias actuariales por medio de las cuales se acredita el llamamiento a juicio de las demandadas el siete y ocho del presente mes y año. Lo anterior, hace patente la actualización de la causal de improcedencia en estudio, pues se evidencia que con el actuar de las autoridades responsables, se restituyó a la parte agraviada en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, ya que si bien, en el particular el perjuicio que el acto reclamado le ocasionaba a la impetrante fue en específico el señalamiento de la fecha distante para la celebración de la audiencia laboral (doce horas con treinta minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós), así como la omisión de emplazar a las partes demandadas; sin embargo, como se vio, la junta responsable emitió el seis de diciembre de la presente anualidad, un auto en el que señaló como fecha para la citada audiencia, el catorce de enero de dos mil veintidós, que le fue notificado a la parte impetrante el quince de diciembre en mención, así como las constancias que acreditan el emplazamiento de las demandadas el siete y ocho del presente mes y año; por tanto, tales actuaciones tornan improcedente el estudio del reclamo opuesto en esta vía constitucional. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante la secretaria María Guadalupe Noriega Vega con quien actúa y da fe. Doy fe. lo anterior con fundamento en el mencionado artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley de Amparo.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Se agrega oficio. Glósese el escrito de cuenta, que firma la parte quejosa Hilario Castillo Cruz, mediante el cual refiere ponerse a disposición para trasladar al funcionario adscrito a este tribunal, a los poblados de la Mesa del Seri, el Ejido San Bartolo y Santa Emilia del municipio de Hermosillo, Sonora; a fin de realizar los emplazamientos a los terceros interesados. Al respecto, teniendo en consideración que conforme a las actuaciones del órgano ejecutor de este Juzgado, no fue posible que se localizara materialmente los domicilios de los terceros interesados proporcionados por la parte quejosa, los cuales el promovente asegura que existen y se pone a disposición para trasladar al actuario; por tanto, con apoyo en el artículo 17 Constitucional, que tutela el principio de pronta aplicación de justicia, dígase al promovente que de manera extraordinaria y dado la situacion relativa a la falta de nomenclatura de las calles y números de domicilios en los lugares indicados para emplazar a los terceros interesados, este órgano autoriza que el promovente le indique al fedatario de manera personal, la ubicación de los domicilios de que se trata. En el entendido que lo anterior, deberá realizarse de acuerdo a la agenda laboral del actuario que efectuará las diligencias de llamamiento, por lo cual la parte solicitante deberá previamente establecer el contacto respectivo, a fin de acordar la hora y fecha en la que ambas partes puedan coincidir para que el funcionario lleve a cabo dichas actuaciones, en las que deberá cerciorarse debidamente de que los terceros interesados a emplazar viven o habitan en los domicilios correspondientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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