Bitzania Elizabeth Anguiano Soto
Expediente 900/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 900/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán
- Bitzania Elizabeth Anguiano Soto
- Albacea Definitivo de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Juan Anguiano Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase a la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, acusando recibo del oficio 2414 con el que se le notificó la ejecutoria de la sentencia que negó el presente amparo; se ordenó el archivo y se le devolvieron las constancias que allegó al sumario en que se actúa, en virtud de ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del doce de enero de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 900/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental que anexó a su informe la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, consistentes en el toca civil I-1/2021. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los hicieron valer. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia, Bitzania Elizabeth Anguiano Soto, por propio derecho y en cuanto albacea definitiva de la sucesión radicada a bienes de Juan Anguiano Pérez, compareció a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite. Por razón de turno, de dicha demanda correspondió conocer a este juzgado, quien la registró en su índice con el número 900/2021 y mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno (foja 37) la admitió a trámite, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y le dio al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Asimismo, en el mismo proveído (foja 38, reverso) se solicitó al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, designara a un asesor jurídico que pudiera fungir dentro del presente juicio, como representante especial de los menores Ximena Lizbeth y Diego Alejandro, ambos apellidos Anguiano Reyes. Por lo anterior, en proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno (foja 48) se tuvo a Alejandro León Cortés, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública adscrito a la Delegación Michoacán, aceptando y protestando el cargo precisado en el párrafo que antecede. Posteriormente, en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercera interesada a Elizabeth Reyes Padilla, por ser la parte que tiene intereses contrarios a los de la parte peticionaria del amparo, Finalmente, en esta fecha se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad judicial con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y además, porque la resolución reclamada carece de ejecución, al tratarse de un acto declarativo. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por la parte quejosa a la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, consiste en: La resolución de catorce de septiembre de dos mil veintiuno dictada dentro del toca de apelación I-1/2021, que modificó la interlocutoria pronunciada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno decisoria de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 213/2020, para en lo sucesivo, declarar también como heredera universal de la sucesión radicada a bienes de Juan Anguiano Pérez, a Elizabeth Reyes Padilla, a quien se le reconoció la calidad de concubina del finado. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la responsable al rendir su informe justificado (foja 50). Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe consistente en consistentes en el toca civil I-1/2021, que obra por separado en un tomo de pruebas. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, este juzgador no advierte -de manera oficiosa- la existencia de alguna causal ni las partes hicieron valer; por lo que se procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. La promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en su concepto de violación la accionante del amparo aduce en esencia que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, así como que no está razonada lógica y jurídicamente porque no se realizó una adecuada interpretación conforme, ya que el artículo 800 del Código Civil para el Estado de Michoacán dispone lo relativo a la sucesión de la concubina, esto es, los supuestos jurídicos bajo los cuales puede y debe heredar. Por ello, dice, como entre esos requisitos se encuentra comprendido, precisamente el relativo a que tales concubinos se encuentren libres de matrimonio y sin impedimento legal para contraerlo; entonces, alega, al no haber sido analizado ese numeral en la sentencia reclamada por la magistrada responsable, dicho precepto permanece incólume en su descripción normativa y por ello, debe ser aplicado a la letra. Concepto de violación que es infundado, como enseguida se demostrará. Para hacerlo, en primer término, debe decirse que en la resolución apelada, la magistrada responsable modificó la interlocutoria pronunciada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno decisoria de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 213/2020, en la cual inicialmente y respecto de la declaratoria del derecho a heredar de Elizabeth Reyes Padilla, se resolvió que no se acreditaba el concubinato entre ésta y el de cujus, porque en la fecha del deceso del autor de la sucesión, esto es al nueve de mayo de dos mil veinte, habían transcurrido solo cuatrocientos cincuenta y un días, equivalentes a un año, dos meses y veinticinco días. Razón la anterior por la que el juez natural consideró que no se actualizaba el requisito previsto en el artículo 307 del Código Familiar aplicable, que en su fracción I, dispone la obligación relativa a que los concubinos hayan vivido en común, en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años; además, estableció que si bien era cierto que Elizabeth Reyes Padilla y el de cujus, concibieron dos hijos, los mismos nacieron cuando el anterior matrimonio del autor de la sucesión con Elizabeth Soto Rangel aún se encontraba vigente, razón por la que determinó que los menores no nacieron dentro de un concubinato, sino fuera de un matrimonio legalmente establecido. Pese a ello, a los menores si los declaró con el carácter de herederos, porque fueron reconocidos por el autor de la sucesión, como sus hijos, en términos del artículo 58 del Código Familiar del Estado. Inconforme con esa determinación, Elizabeth Reyes Padilla, interpuso recurso de apelación, en el cual la magistrada responsable al emitir la resolución que en esta instancia de amparo se reclama, realizó lo siguiente: Realizó un control de constitucionalidad del artículo 307 del Código Familiar del Estado de Michoacán, al considerar en esencia que dicha norma contenía un criterio discriminatorio; Determinó que la parte en la que dicho artículo establece que: concubinato es la unión de dos personas, siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio, se genera cuando hayan vivido en forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años o hayan concebido un hijo en común, contiene una discriminación indirecta que afecta los derechos de Elizabeth Reyes Padilla, al exigirle en su literalidad, que para acreditar el concubinato, ambos concubinos tuvieran el estado civil de solteros; Indicó que, aunque la norma parecía neutra, en realidad contenía ese requisito (que ambos concubinos no se encontraran unidos en matrimonio con diversa persona) con efecto nocivo para la apelante, al condicionar la validez del tiempo que duró su concubinato a la soltería del autor de la sucesión, lo cual dijo, le obstaculizaba la generación de derechos y obligaciones; Señaló que la exigencia del juez natural, relativa a que el autor de la sucesión estuviera libre de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, para tomar en consideración el tiempo que la apelante señaló, duró su unión con el autor de cujus, era un verdadero acto de discriminación para la apelante, en la medida que le impedía el reconocimiento de un estatus jurídico de vínculo, con perjuicio a objetivos que son constitucionalmente importantes, ya que la protección a la familia dijo, no podía considerarse alcanzado solo a miras de proteger la familia creada por el matrimonio y no incluir, la derivada del concubinato; Además, argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que no es posible sostener que el goce de los derechos más elementales establecidos para la protección de la familia, entre el que destaca el derecho a heredar, corresponde en exclusiva a aquellas familias formadas en un contexto de matrimonio o concubinato en término de ley; y, Como conclusión del ejercicio de control de constitucionalidad del referido numeral, determinó inaplicarlo y en el considerando cuarto, al determinar que no procedía el reenvío del asunto, reasumió jurisdicción y declaró también como heredera universal a Elizabeth Reyes Padilla, a quien se le reconoció la calidad de concubina del finado. Establecido el anterior contexto, a juicio de quien resuelve, no asiste razón a la promovente del amparo al aducir que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, porque en ella la magistrada responsable no analizó el artículo 800 del Código Civil para el Estado de Michoacán, que dispone lo relativo a la sucesión de la concubina, esto es, los supuestos jurídicos bajo los cuales puede y debe heredar, y que por ello, al no haber sido analizado ese numeral en la sentencia reclamada, dicho precepto permanece incólume en su descripción normativa y por ello, debe ser aplicado a la letra. Lo anterior, porque no es cierto como lo afirma la promovente del amparo, que la magistrada responsable al realizar el ejercicio de control de constitucionalidad del artículo 307 del Código Familiar del Estado de Michoacán, que establece los supuestos jurídicos requeridos para la configuración del concubinato, se encontrara obligada a analizar también el diverso numeral 800 del Código Civil de esta entidad federativa. Se realiza esa afirmación, porque el referido artículo 800, solo establece una regla aplicable para que los concubinos hereden recíprocamente, como se observa: "Artículo 800. La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que reúnan los requisitos a que refiere el Libro Primero, Título Quinto del Código Familiar para el Estado de Michoacán." Sin embargo, para el tema de la configuración del concubinato, la porción normativa antes inserta, hace remisión expresa a los requisitos establecidos en el Código Familiar del Estado de Michoacán, esto es, a los establecidos en el artículo 307 del Código Familiar aplicable, los cuales precisamente fueron los comprendidos en el estudio de control de constitucionalidad realizado por la magistrada responsable. Bajo ese orden lógico, es evidente que como lo hizo la resolutora de segunda instancia, antes de declarar un derecho a heredar entre "concubinos", tenía por principio que analizar la configuración del "concubinato", a la luz de los requisitos establecidos en el numeral 307, el cual dicho sea de paso, consideró inaplicar al estimar que contenía un criterio de discriminación indirecta que menoscababa los derechos de la apelante Elizabeth Reyes Padilla. Además, precisamente por esa dependencia de ambos numerales, esto es, del 800 del Código Civil, que remite implícitamente a los requisitos establecidos en el numeral 307 del Código Familiar, al señalar que: La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que reúnan los requisitos a que refiere el Libro Primero, Título Quinto del Código Familiar para el Estado de Michoacán; debe entenderse que el control de constitucionalidad realizado por la magistrada responsable respecto del artículo 307 del Código Familiar y su consecuente inaplicación, se extendió al numeral 800, por la sencilla razón de que ambas son normas con el mismo criterio material y misma jerarquía horizontal, en el que la norma inaplicada afecta a otra de su misma jerarquía debido a que ésta regula alguna cuestión prevista en aquélla, de suerte que la segunda ya no tiene razón de ser y que en el caso lo es el artículo 800. Bajo ese contexto, es evidente que al haberse declarado la inaplicación del artículo 307, debe extenderse los efectos de ese control constitucional, al diverso numeral 800, ya que éste último numeral depende de la norma que fue inaplicada, y además, porque ambas normas se relacionan directamente con el tema del "derecho a heredar entre concubinos"; ello, con independencia que, como lo afirma la promovente del amparo, la magistrada responsable no haya analizado expresamente en el control constitucional que realizó, el contenido del artículo 800, pues el vínculo de dependencia que existe entre ellas determina, por el mismo vicio que la inaplicada, su contraposición con el orden constitucional que debe prevalecer. Dicha técnica normativa de "invalidación directa" ha sido aplicada reiteradamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, y en el caso concreto de estudio, se atiende al criterio sistemático en sentido estricto o de la "remisión expresa", el cual consiste en que el texto de la norma invalidada o como en el caso, "inaplicada", remite a otras normas, ya sea del mismo ordenamiento o de otro distinto; y por ello, cuando remite expresamente, su aplicador debe obtener su contenido a partir de la integración de los diversos enunciados normativos que resulten implicados en la relación sistemática; de este modo, la invalidez de la norma se expande sistemáticamente por vía de la integración del enunciado normativo. Por ello, contrario a lo argumentado por la promovente del amparo, no existía la obligación de analizar la porción normativa a la que hace alusión, en la medida que, el propio artículo 800 del Código Civil de la entidad, hace remisión expresa a los requisitos establecidos en el artículo 307 del Código Familiar aplicable y por ende, como ya se explicó, opera la técnica de la invalidez indirecta de las normas; de ahí, lo infundado del concepto de violación que se estudia. Se cita como sustento de lo resuelto, por analogía jurídica en la aplicación de la técnica procesal constitucional, la jurisprudencia P./J. 53/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164820, Novena Época, Materias(s): Constitucional, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Abril de 2010, página 1564, que dice: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INVALIDEZ INDIRECTA DE LAS NORMAS. Para declarar la invalidez de una norma jurídica puede acudirse al modelo de "invalidación directa", en el cual el órgano constitucional decreta, mediante una resolución, que cierta norma o normas resultan inválidas por transgredir frontalmente el contenido de una norma constitucional o legal. Sin embargo, no es el único modelo, pues existe el de "invalidación indirecta", en el cual la invalidez de una norma o de un grupo de ellas se origina a partir de la extensión de los efectos de la invalidez de otra. Este modelo está previsto en el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La condición necesaria para que se extiendan los efectos de invalidez de una norma declarada invalida es la relación de dependencia de validez entre esta norma y otra u otras del sistema, acorde con los siguientes criterios: a) jerárquico o vertical, según el cual la validez de una norma de rango inferior depende de la validez de otra de rango superior; b) material u horizontal, en el que una norma invalidada afecta a otra de su misma jerarquía debido a que ésta regula alguna cuestión prevista en aquélla, de suerte que la segunda ya no tiene razón de ser; c) sistemático en sentido estricto o de la "remisión expresa", el cual consiste en que el texto de la norma invalidada remite a otras normas, ya sea del mismo ordenamiento o de otro distinto; cuando remite expresamente, su aplicador debe obtener su contenido a partir de la integración de los diversos enunciados normativos que resulten implicados en la relación sistemática; de este modo, la invalidez de la norma se expande sistemáticamente por vía de la integración del enunciado normativo; d) temporal, en el que una norma declarada inválida en su actual vigencia afecta la validez de otra norma creada con anterioridad, pero con efectos hacia el futuro; y, e) de generalidad, en el que una norma general declarada inválida afecta la validez de la norma o normas especiales que de ella se deriven." Así como la diversa jurisprudencia P./J. 32/2006, también por analogía jurídica, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 176056, Novena Época, Materias(s): Constitucional, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1169, que dice: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA. Conforme al artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar la invalidez de una norma general, deberá extender sus efectos a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, sean de igual o menor jerarquía que la de la combatida, si regulan o se relacionan directamente con algún aspecto previsto en ésta, aun cuando no hayan sido impugnadas, pues el vínculo de dependencia que existe entre ellas determina, por el mismo vicio que la invalidada, su contraposición con el orden constitucional que debe prevalecer. Sin embargo, lo anterior no implica que este Alto Tribunal esté obligado a analizar exhaustivamente todos los ordenamientos legales relacionados con la norma declarada inválida y desentrañar el sentido de sus disposiciones, a fin de determinar las normas a las que puedan hacerse extensivos los efectos de tal declaración de invalidez, sino que la relación de dependencia entre las normas combatidas y sus relacionadas debe ser clara y se advierta del estudio de la problemática planteada." En las condiciones apuntadas, ante lo infundado del concepto de violación propuesto y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse a favor de Bitzania Elizabeth Anguiano Soto, por propio derecho y en cuanto albacea definitiva de la sucesión radicada a bienes de Juan Anguiano Pérez, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sexta. Publicación. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege Bitzania Elizabeth Anguiano Soto, por propio derecho y en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes de Juan Anguiano Pérez, contra los actos reclamados al Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, descritos en el considerando quinto de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguense sin mayor pronunciamiento el oficio signado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán; lo anterior, dado que el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se proveyó sobre el contenido del mismo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Betzabeth Quintana Huerta219/2018
- Betzabeth Quintana Huerta265/2018
- BetzyTeresita Hernández Rodríguez169/2018
- Bianca Miridiam Vargas Rodríguez240/2018
- Bianey Itze Silva Hernández728/2018
- Bianey Reyes Cortés121/2016
- Bladimir Humberto Sotelo Soto1058/2017
- Blanca Angelica Vargas Ceja841/2017
- Blanca Edith Arriaga Rosales406/2020
- Blanca Estela Contreras Cipres141/2022
- Blanca Estela Gomez Santoyo70/2019
- Blanca Estela Montes de Oca Mora677/2019