BIO ADDIS SANNA y Otros.

Expediente 51/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
51/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • BIO ADDIS SANNA y Otros.
  • Bio Addis Sanna

Actuaciones

  1. Principal

    [...] Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente de amparo, hubiese recurrido el auto de ocho de marzo del año en curso, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se tuvo por desechada la demanda, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente...

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito firmado por ***, en su carácter de representante común de los quejosos, mediante el cual, cumple con la prevención formulada en proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno; en consecuencia, se provee: Desechamiento De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. En efecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indudables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: De la lectura de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 de la Ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad Covid-19 en el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", vigente a partir del veintiocho de noviembre de dos mil veinte. En el caso concreto se tiene que la parte quejosa reclama de forma autoaplicativa: La publicación de la Ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad Covid-19 en el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en su totalidad, por su sola entrada en vigor, es decir, de manera autoaplicativa. Causa de improcedencia. Por tanto, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, que se adminicula con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, preceptos legales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". De la transcripción anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Desde esta perspectiva, cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 69/2002-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en lo que interesa, precisó que la doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado; en otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlos, son: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe de existir un afectación a la esfera jurídica del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad, que en su caso resulte, produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación de la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico; esto es, el interés legítimo es aquél que tienen aquellas personas que, por su situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el orden jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Al respecto sirve de sustento, en lo conducente, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1736, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." De igual manera s aplicable al caso, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, Septiembre de 2013, página 1854, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". Por su parte, la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, señala que: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.).". Así el interés legítimo es el que reconoce el carácter de agraviado en el juicio de amparo a aquella persona que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, de acuerdo con la normativa constitucional y la Ley de Amparo que se adecua a las exigencias internacionales en materia de derechos humanos, se abre la oportunidad para que los gobernados acudan al juicio de amparo no sólo cuando tengan un interés jurídico, sino en aquellos casos en que les asista un interés legítimo individual o colectivo. En este punto destaca el hecho de que en el texto de la Ley de Amparo, incluso tratándose del interés legítimo, subsiste la condición de que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa o bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, a través del juicio de amparo, el denominado interés legítimo representa una extensión a las posibilidades de impugnación a efecto de lograr que el medio de control constitucional cumpla con una verdadera protección de los derechos fundamentales. En la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, entre otras cosas, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, para efectos de acudir al juicio de amparo a buscar la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto de autoridad, pero tampoco se trata de un interés genérico como ocurre con el interés simple. Bajo esa línea de pensamiento, determinó que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico; de ahí que el interés del que se habla debe ser cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futura, pero cierta, lo que se traduce en que una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En consecuencia, tratándose de supuestos de interés legítimo sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, a partir de una situación calificada, actual, real y jurídicamente relevante a sus intereses, que esté tutelada por el derecho objetivo para que, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para la parte quejosa (entendido en lo individual o colectivo). Al respecto es orientadora la tesis aislada 1a. CLXXXII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA.". Luego, se considera que la parte promovente de amparo carece de interés legítimo e incluso jurídico frente al acto reclamado, ya que su sola existencia -en caso de acreditarse- no implica que necesaria y forzosamente exista una violación a un derecho humano. Ello es así, en razón de que los quejosos no demuestran cómo la concesión del amparo los restituiría en el goce de algún derecho humano violado, pues la sola entrada en vigor de la ley combatida, no puede considerarse como una afectación real y actual en su esfera de derechos, en razón de que de los hechos y las razones expuestas se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que su situación frente al acto que reclama de las autoridades responsables implica un mero interés simple, pues su reclamo no demuestra un daño actual y real, dado que combaten la publicación y entrada en vigor de Ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad Covid-19 en el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Pues como se observa, si bien combaten una norma que prevé medidas de prevención y cuidado de la salud pública, como el uso obligatorio de cubrebocas en las personas, así como otras medidas para prevenir la transmisión y riesgos de contagio de la enfermedad Covid-19 en el Estado de Morelos, hasta que la autoridad sanitaria estatal declare oficialmente la conclusión de la pandemia; de ahí no se sigue que de no otorgar el amparo pudieran obtener un beneficio actual, real ni jurídicamente relevante a sus intereses al no existir identidad alguna relativa al derecho que aducen trasgredido. En el caso, la norma combatida Ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad Covid-19, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", impone a una colectividad, esto es, a todas las personas que se encuentren en el territorio del Estado de Morelos (ya sea que habiten o transiten en dicho territorio) las siguientes medidas: El uso de cubrebocas obligatorio para todas las personas que se encuentren en el territorio del Estado de Morelos, en vías y espacios públicos o de uso común, en el interior de establecimientos ya sea de comercio, industria o servicios, centros de trabajo de cualquier ramo, lugares de culto religioso, centros comerciales y todos aquéllos en donde no se puedan aplicar medidas de contención como el distanciamiento físico, así como para usuarios, operadores y conductores de los servicios de transporte de pasajeros y de carga. Además, el uso de cubrebocas es complementario a las medidas adicionales dictadas por la autoridad sanitaria, las cuales son las siguientes: I.- Mantener sana distancia de otras personas, de cuando menos 1.5 metros de separación; II. Lavado frecuente y correcto de manos con agua y jabón; III. Estornudo de etiqueta, cubriendo boca y nariz con una pañuelo desechable o con el antebrazo; IV. Evitar saludo de beso, de mano o brazo; V. Evitar tocar cubrebocas, ojos, nariz y boca; VI. Uso constante de productos desinfectantes a base de alcohol mínimo al 70%, y VII. Las demás que sean emitidas por las autoridades competentes. De igual modo, la Ley reclamada contempla como sanciones, a la persona física o moral que incumpla con las medidas sanitarias previstas en la misma, las siguientes: I. Amonestación con apercibimiento; II. Trabajo comunitario; III. Multa de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización; IV. Clausura temporal del espacio, que podrá ser parcial o total. Asimismo, dispone que para imponer una sanción se tomará en cuenta lo siguiente: I. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas; II. La gravedad de la infracción; III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; IV. La calidad de reincidente del infractor; V. Grado de intencionalidad o negligencia; VI. El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción; y, Entre otras agravantes o atenuantes. Sin embargo, la parte quejosa no señala en específico qué acto de autoridad les afecta, ni el derecho que ve menoscabado por éstos; sosteniendo su agravio por el sólo hecho de que consideran que el Congreso y el Gobernador del Estado de Morelos vulneran el principio de legalidad al imponer a los ciudadanos restricciones a su libertad, limitándose a señalar que se les ha privado indirectamente de otras garantías individuales como el libre tránsito, el derecho al trabajo, al deporte, a ejercer su religión, a disfrutar los bienes de uso común del Estado, manifestando que se les ha privado parcialmente de todas esas garantías individuales porque ya no les permiten llevar la vida feliz a que tenían, implementando medidas sanitarias que a su juicio son una dictadura sanitaria o covidiana, sin especificar de qué forma se trasgreden; sin reclamar actos en específico. Ello es así, puesto que para la impugnación de las normas a través del juicio de amparo debe quedar acreditado que se produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicita la Protección Federal, porque con la sola entrada en vigor de las mismas los produzca de inmediato. Lo anterior implica que para que surja el derecho de un particular para solicitar amparo en contra de una ley, es necesario que se individualice el efecto de la misma, en aquél que lo promueve, afectando o lesionando de forma actual su esfera jurídica, lo que en el particular no acontece. Resulta aplicable la Jurisprudencia P./J. 55/97, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, que se adminicula con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo y en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de la Materia, procede desechar de plano la demanda promovida conjuntamente por Bio Addis Sanna, en su carácter de representante común de los quejosos. Sirve de sustento lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), de la Segunda Sala, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2007, Tomo II, página 1078, de la Décima Época, del rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE PREVIENE AL PROMOVENTE PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS DE CUMPLIMIENTO A LO AQUÍ REQUERIDO, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO... NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

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