Bicicletas Veloci, S.A. de V.

Expediente 131/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
131/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/03/2019

Partes del expediente

  • Bicicletas Veloci, S.A. de V.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto del veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Desechamiento de demanda. Visto el estado de autos se advierte que la presente demanda de amparo fue presentada por **************, quien se ostentó como apoderado legal de *************** en contra de actos del juez Tercero Civil de Partido; Registro Público de la Propiedad y de Comercio y notario público número cincuenta y cinco, todos con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, la cual quedó registrada con el número 131/2019-I. En tal virtud, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente es materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución firme, el cual fue promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado; por tanto, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que estas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En tales condiciones, esta potestad estima que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo. El precepto legal invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, si este se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado. Es decir, la disposición anterior señala que son necesarios los siguientes elementos para que la causa de improcedencia de la acción constitucional que ocupa la atención quede debidamente demostrada: 1. La existencia de un acto reclamado que haya sido materia de un juicio de amparo pendiente de resolución en definitiva; 2. Que exista identidad entre el promovente del amparo, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De los datos que constan en el libro de gobierno de registro de juicios de amparo, se desprende que ante este mismo órgano de control constitucional, el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ***********, apoderado legal de ************, la cual fue registrada con el número 109/2019-V, en contra de las mismas autoridades responsables y por los mismos actos que señala en la demanda del presente juicio de amparo, lo que al constituir un hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establece la facultad del suscrito para invocar de oficio dicha circunstancia, se ordena anexar como medio probatorio al expediente en que se actúa copia certificada de la demanda y auto de admisión de la demanda, que obran en el aludido juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón jurídica la Jurisprudencia XXII. J/12, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, con el rubro siguiente: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN En efecto, de los datos precisados en el juicio de amparo 109/2019-V del índice de este juzgado, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados: "(.) Se reclama de la autoridad señalada como responsable ejecutora, la ilegalidad del juicio y todo el procedimiento de ejecución y de adjudicación en favor de una tercera persona llevado a cabo ante el C. Juez Tercero de Partido Civil, no obstante existir una inscripción de hipoteca y demanda de inicio de juicio hipotecario e inmovilización (cédula hipotecaria) de propiedad, realizada por mi representada. Juicio de donde emanan los actos reclamados de lo cual mi representada nunca fue notificada, por lo cual, se violentaron en perjuicio de ella sus garantías constitucionales y las convenciones en tratados internacionales en que el estado Mexicano es parte, en clara violación a los derechos humanos de posesión, registrales, de crédito y de preferencia en virtud de que nunca se notificó a mi representada de algún juicio en el que se pudiera rematar, adjudicar, vender, etc., el inmueble sobre el cual tiene hipoteca preferente para que saliera en defensa de sus derechos de crédito y preferencia, ni mucho menos de la existencia de algún juicio y sobre todo de algún remate y/o adjudicación en favor de una tercera persona. De la totalidad de las autoridades responsables les reclamo la ejecución del acto reclamado, es decir, del C. Registrador del Público (sic) de la Propiedad y de Comercio de Celaya, Guanajuato reclamo la inscripción y cambio de propietario del bien inmueble previamente hipotecado por mi representada sin antes notificarle sus derechos de crédito y preferencia no obstante estar inscrita ante su autoridad la demanda promovida por mi representada y habérsele solicitado la inmovilización del inmueble hipotecado; así como de la C. Lic. Ma. Porfiria Irma Gutiérrez Galván, Notario Público No. 55 de Celaya, Guanajuato la escrituración que realizó del inmueble en favor del tercer interesado Por otra parte, de la demanda de amparo en estudio, se desprende que los actos reclamados y la autoridad ordenadora señalada como responsable (expediente 131/2019-I), son los mismos, pues se refiere como tal a la ilegalidad del juicio y todo el procedimiento de ejecución y de adjudicación en favor de una tercera persona llevado a cabo ante el juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, de un inmueble que tenía registrada una hipoteca a favor de la parte quejosa. De ahí que, este tribunal no pueda realizar estudio alguno respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos aquí reclamados, ya que tal cuestión podrá ser motivo de análisis en el diverso asunto 109/2019-V a que se ha hecho alusión, lo que imposibilita abordar aquel tema, pues de hacerlo así, implicaría que la parte quejosa pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la impartición de justicia, ya que implicaría emplear más recursos materiales y humanos en analizar algo que será resuelto por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio establecido en la tesis III.2º.P.41 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 2791, Tomo XXVII, Enero de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, de rubro: LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN Lo que hace evidente la actualización de la causa de improcedencia de la acción constitucional que se estudia, en virtud de que la constitucionalidad de los actos que reclama ************, es materia de análisis en el diverso juicio constitucional 109/2019-V del índice de este Juzgado y, por ende, en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio, lo que se traduce en litispendencia. Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Apoya lo anterior la tesis I.11o.C.31 K(10a.), sustentada por el Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019187, que dispone: LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. Asimismo, por mayoría de razón, la tesis VII.P.83K, visible en la página 260, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio No obsta a lo anterior, que esté transcurriendo el término otorgado a la peticionaria de amparo en el presente juicio de amparo, por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en virtud de que lo acordado tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que reconoce el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera.

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