Bibiana Perez Narvaez
Expediente 596/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Bibiana Perez Narvaez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la quejosa (con supresión de datos personales) y a la parte tercero interesada; y, mediante oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercero interesada, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 596/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ***; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, remitido en la misma data -mediante archivo digital-, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de Partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC", ***, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como tal: Al ciudadano Juez Primero de lo Penal de los de Puebla, Puebla, con domicilio bien conocido en la ciudad de Puebla, Puebla. IV. ACTOS RECLAMADOS.- Lo es la omisión de resolver por parte del ciudadano Juez Primero de lo Penal de los de Puebla, Puebla, el recurso de revocación promovido por mi defensor particular nombrado dentro de los autos del proceso penal número 370/2015 de los del índice de dicho juzgado, en contra del auto de fecha dos de septiembre de dos mil veinte, y por ende su negativa a declarar cerrada la instrucción y continuar con la tramitación del proceso antes citado hasta el dictado la sentencia definitiva correspondiente, RETRASANDO ASÍ EL ACCESO A LA JUSTICIA A LA SUSCRITA". La quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda y trámite del asunto. Por auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno (fojas 5 a 11), se registró la demanda de amparo bajo el número de juicio de amparo indirecto 596/2021; se admitió; sin tramitarse el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; y, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 17). Tercero. Parte tercera interesada. En cumplimiento al citado proveído admisorio -y, en términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la ley de la materia- se emplazaron con el carácter de terceros interesados a los siguientes sujetos: a) Libia Guadalupe Salvatori Stefanon y María Esperanza Salvatori Stefanon, en su carácter de mandatarias generales para pleitos y cobranzas actos de administración actos de dominio y clausulas especiales de José Ángel Salvatori Zago (fojas 18 y 19); y, b) Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla (foja 16). Cuarto. Cita para audiencia. Por auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, cuyas dos primeras etapas -pruebas y alegatos- se desarrollaron al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclama una omisión atribuida a una autoridad penal judicial que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado, se advierte que la quejosa ***, reclama los siguientes actos: La omisión de resolver el recurso de revocación, interpuesto por su defensor particular, en contra del auto de dos de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del proceso 370/2015, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del distrito judicial de Puebla; y, La omisión de declarar cerrada la etapa de instrucción, a efecto de continuar con el trámite del proceso antes citado. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, la quejosa atribuye los actos reclamados-que quedaron precisados en el considerando que antecede - a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Foja 1 Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla. Niega 20 De la tabla que antecede, se advierte que la responsable negó la existencia de los actos reclamados que le atribuyó la parte quejosa; sin embargo, de las documentales remitidas por la responsable en apoyo a su informe de ley (fojas 21 a 28), a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veinticuatro de junio de dos mil veintiuno- no se había resuelto el recurso de revocación, interpuesto por el defensor particular de la quejosa, en contra del auto de dos de septiembre de dos mil veinte, dictado en la causa penal de origen; ni se había declarado cerrada la etapa de instrucción; por tanto, al momento de instar esta vía constitucional, las omisiones reclamadas aún existían. En atención a lo anterior, son ciertos los actos reclamados a la mencionada autoridad responsable. Cobra aplicación, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido que se transcriben: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual forma, sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas -algunas de ellas- con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, y con el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno. II. Normas aplicables. El proceso penal del que derivan los actos reclamados, se tramita conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de los actos reclamados se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por tener la quejosa el carácter de procesada en la causa penal 370/2015-I, del índice del juzgado responsable. Quinto. Oportunidad de la presentación de la demanda. Toda vez que los actos que se analizan, son de naturaleza omisiva, se traducen en la abstención de actuar por parte de la autoridad, lo que produce el perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa; de ahí que no se consuman en un solo evento, sino que se prorrogan en el tiempo de momento a momento, pues sus efectos son de tracto sucesivo por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cesen las omisiones de que se trata; razón por la cual en esta clase de actos no corre el plazo genérico de quince días para promover el sumario constitucional, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, al tratarse de actos omisivos que crean una situación permanente mientras se subsana, pueden reclamarse en cualquier tiempo. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." En esas condiciones, la demanda de amparo se considera presentada oportunamente. Sexto. Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que el suscrito pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad de los actos reclamados. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, esta autoridad federal advierte, de oficio, que respecto de los actos reclamados en estudio [omisión de resolver el recurso de revocación, promovido por el defensor particular de la quejosa, en contra del auto de dos de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del proceso 370/2015, del índice del juez responsable; y, la omisión de declarar cerrada la etapa de instrucción, en dicha causa], se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Al respecto, de las constancias que remitió el juez responsable, ya valoradas en términos de ley, se advierte -en lo que interesa- lo siguiente: 1. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se desahogó la audiencia incidental del recurso de revocación dentro del proceso 370/2015-I (foja 23 y 23 vuelta), en la cual, medularmente, el defensor particular de *** -aquí quejosa-, ratificó el recurso de revocación interpuesto contra el auto dictado el dos de septiembre de dos mil veinte, en dicha causa; y, la fiscal solicitó diferir la audiencia, a efecto de requerir nuevamente al Director de Catastro del Municipio de Teziutlán, Puebla, para que rindiera el informe solicitado por el juez responsable; lo que se acordó favorable en auto de treinta y uno de mayo siguiente (foja 24). 2. El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el juez responsable dictó la resolución relativa al recurso de revocación de mérito (fojas 25 y 26), en los términos siguientes: "(.) PRIMERO.- Es procedente la tramitación del RECURSO DE RECOCACIÓN, interpuesto el Abogado RIGOBERTO TIMAL CUATECO en carácter de defensor Particular. SEGUNDO.- No se REVOCA el auto de fecha 02 Dos de Septiembre del año 2020 dos mil veinte. (.)". 3. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno (foja 27), se declaró cerrada la etapa de instrucción; y, se ordenó poner los autos a la vista del agente del Ministerio Público de la adscripción del juez responsable, para el efecto de que formule sus conclusiones en el término de ley. 4. Tanto la resolución como el acuerdo indicados, fueron notificados a la quejosa y a su defensor particular, el siete de julio de dos mil veintiuno (foja 27 vuelta). Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados consistentes en la omisión de resolver el recurso de revocación, interpuesto contra del auto de dos de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del proceso 370/2015 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; y, la omisión de declarar cerrada la etapa de instrucción; al haberse resuelto dicho recurso, y al haberse declarado cerrada la etapa de instrucción, y notificados a la peticionaria de amparo y a su defensor particular. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos de los actos reclamados, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de las omisiones reclamadas, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos trasgredidos. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, respecto de las omisiones reclamadas. En consecuencia, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación en relación con los actos en estudio, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***, respecto de las omisiones reclamadas al Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en su considerando último. Notifíquese por lista a la quejosa (con supresión de datos personales) y a la parte tercera interesada; y, mediante oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vistos los autos del presente juicio de garantías y la certificación que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno; sin embargo, para esa data se encontrará transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.". En consecuencia, a efecto de respetar el plazo de ley, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno, SE DIFIERE ANTICIPADAMENTE y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES...
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San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintiuno. I. INFORME. Intégrese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. II. PRUEBAS. En ese orden, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental de la citada autoridad responsable ordenadora, la copia certificada de diversas constancias que obran en la causa penal 370/2015-1, de su índice, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
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