Bibiana Coyalchauqui Chumacero Vazquez

Expediente 39/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
39/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/01/2023

Partes del expediente

  • Bibiana Coyalchauqui Chumacero Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por *********. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; once de enero de dos mil veintitrés. Se desecha demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa, el auto dictado el once de enero de dos mil veintitrés. Cuernavaca, Morelos; once de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo con anexo con evidencia criptográfica que certifica la firma electrónica de *******, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Anotaciones en el libro de gobierno. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 39/2023, y fórmese expediente. Desechamiento de demanda Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte inequívocamente que el sobreseimiento será el resultado del fallo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para cumplir con lo anterior, se habrán de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. ??????????????? Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/61 , de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la 1 pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta. administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el en relación con diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, determina: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos legales antes transcritos se desprende que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, siempre y cuando los actos en el ??????????????? juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En el caso se reclama la denegación de justicia por parte de la autoridad señalada como responsable la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 878/2019, del índice de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no obstante que declaró cerrada la instrucción el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós; esto es, se duele exclusivamente de una afectación que dice se cometió dentro de un procedimiento jurisdiccional, pues deriva de un juicio laboral; y aun cuando tal afectación la invoque como una violación al artículo 17 constitucional, no es un acto de ejecución irreparable, sino una omisión de carácter adjetivo, por darse dentro del procedimiento respectivo y si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos de irreparable, es que producen una afectación a derechos sustantivos, como puede ser la violación al citado artículo, lo cierto es que la omisión aquí reclamada no se produce de forma independiente al procedimiento de que deriva, sino justamente dentro del mismo, y el estado de inactividad reclamado puede cesar, esto es, la prosecución del juicio continúa al momento de proveerse lo correspondiente. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en marzo de dos mil diecinueve, Libro 64, Tomo II, visible en la página 1643, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019400, del rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese tenor, a fin de establecer si en la especie la omisión reclamada por la quejosa, es violatoria del derecho fundamental de justicia pronta, es necesario precisar el plazo con el que cuenta la autoridad responsable para emitir laudo. ??? En efecto, los artículos 17, párrafo segundo, constitucional y 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, en lo que interesa, establecen: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley (.)". "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad (.)". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta (.)". De la transcripción precedente se advierte que el numeral de máxima jerarquía prevé como derecho fundamental la administración de justicia expedita en los plazos y términos que fijan las leyes. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo dispone el procedimiento y los plazos para emitir el proyecto de resolución, así como para que se lleve a cabo su votación y discusión, y para que el mismo se eleve a la categoría de laudo, de los cuales es dable concluir que la autoridad responsable debe dictar laudo dentro del plazo de veinticinco días hábiles siguientes a aquel en que cerró la instrucción. En este caso, refiere la parte quejosa que fue el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, cuando la Junta responsable declaró cerrada la instrucción, de manera que el plazo genérico de veinticinco días hábiles previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo para el dictado del laudo transcurrió del veinticinco de octubre de dos mil veintidós al dos de diciembre pasado. Ahora bien, una vez fenecido el término genérico de veinticinco días hábiles a que se refieren los numerales antes citados, de conformidad con el criterio anotado de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable cuenta adicionalmente con cuarenta y cinco ??????????????? días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse, el cual en el presente asunto inició el tres de diciembre de dos mil veintidós y concluye el dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Entonces, si la demanda de amparo fue presentada el diez de enero del año en curso, pone de relieve que la Junta responsable está dentro del plazo para el dictado de laudo, lo que conlleva a que el juicio de amparo sea improcedente, pues no se advierte dilación alguna. En ese contexto, no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total y que, por tanto, el juicio de amparo es improcedente. Por las mismas razones, tampoco se actualiza la paralización total del procedimiento, atendiendo a las circunstancias extraordinarias que impactaron en la suspensión de las labores de la responsable. Ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el artículo 172, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS...

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