Bianey Reyes Carmona

Expediente 216/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
216/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/08/2021

Partes del expediente

  • Bianey Reyes Carmona

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte, que mediante proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo origen del presente asunto, sin que la parte promovente haya interpuesto recurso de queja, dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, tomando en consideración que no existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, toda vez que el documento exhibido por la parte promovente encuadra en la hipótesis de documento original, prevista por el punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente a la notificación de este proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional, a efecto de que se le haga la devolución del documento exhibido, previa copia simple que del mismo se deje en autos; bajo apercibimiento que de no hacerlo, será destruido junto con este expediente. Al respecto, hágasele del conocimiento de la parte quejosa, que en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", este órgano jurisdiccional cuenta con la limitante para que el público en general, ingrese al edificio para la práctica de diligencias como a la que se hace referencia; por lo que deberá realizar la cita correspondiente a través del sistema de agendas "OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se advierte que el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, contra el proveído de once de marzo pasado, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, no ha transcurrido para la parte promovente, pues de las constancias que integran el expediente físico y electrónico del presente sumario se advierte, no obra constancia de notificación respectiva. Así mismo, que mediante proveído de siete de mayo pasado, se instruyó a los actuarios adscritos correspondientes, para que entregaran de inmediato la constancia de referencia o, en caso de no haber realizado ya la citada notificación a la parte promovente, la realizaran de manera inmediata y entregaran de igual manera la constancia respectiva a esta secretaría, además de integrarlo debidamente al expediente electrónico. En consecuencia, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, en su carácter de fedatarios, realicen de manera inmediata y entreguen de igual manera la constancia respectiva a esta secretaría, además de integrarlo debidamente al expediente electrónico. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el escrito signado por la parte quejosa Bianey Reyes Carmona, por medio del cual solicita la devolución de la documental que anexó a su escrito inicial de demanda; al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en auto de siete de mayo pasado; esto es, que una vez que cause estado lo determinado en auto de once de marzo de dos mil veintiuno, se acordará lo relativo a la devolución que solicita. Finalmente, se exhorta a la Actuaria Judicial y al personal encargado de este expediente, a fin que en lo sucesivo sean cuidadosos y diligentes en la integración de los asuntos que tienen a cargo, a efecto de evitar el retraso de los asuntos tramitados ante este Juzgado Federal. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Cecilia Vázquez Martínez, Secretaria Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se advierte que el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, contra el proveído de once de marzo pasado, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, no ha transcurrido para la parte promovente, pues de las constancias que integran el expediente físico y electrónico del presente sumario se advierte, no obra constancia de notificación respectiva. En consecuencia, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se instruye a los actuarios judiciales adscritos correspondientes, en su carácter de fedatario, para que entreguen de inmediato las constancias o, en caso de no haber realizado ya notificación referida a la parte promovente, la realicen de manera inmediata y entreguen de igual manera la constancia respectiva a esta secretaría, además de integrarlo debidamente al expediente electrónico. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el escrito signado por la parte quejosa Bianey Reyes Carmona, por medio del cual solicita la devolución de la documental que anexó a su escrito inicial de demanda; al respecto, dígase que una vez que cause estado lo determinado en auto de once de marzo de dos mil veintiuno, se acordará lo relativo a la devolución que solicita. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Aurora Reyes Méndez, Secretaria Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Bianey Reyes Carmona, contra actos del Presidente Municipal del Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya y otras. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 216/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso. Precisión del acto reclamado. Del análisis del escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa, esencialmente se hacen consistir en: a) La negativa por parte de las responsables de acceso al servicio de agua potable en un domicilio particular. b) La omisión de dar respuesta a su escrito de fecha cuatro de marzo del dos mil veintiuno y presentado en la misma fecha, ante la responsable Presidente Municipal, en el que solicite el servicio de agua potable a su domicilio particular. Esto es así, ya que del escrito de demanda se aprecia que la parte promovente en su demanda de amparo realiza conceptos de violación en relación a la falta de contestación a su escrito presentado ante la potestad el pasado cuatro de marzo de esta anualidad, en el sentido de que esta debe ser respondida en breve término, dolencia que encuadra en el artículo 8 Constitucional, ya que incluso refiere la negativa a acordar su petición dentro del término que señala la Ley, es una violación directa al precepto legal antes invocado; de ahí que su dolencia se trate como la omisión de acordar su petición en razón de que así dirige sus conceptos de violación. Asimismo, se estima que la parte quejosa se duele de la supuesta negativa de proporcionarle el acceso al derecho de agua, ya que de los antecedentes precisados en la demanda bajo protesta de decir verdad, la parte promovente manifestó que acudió ante una de las potestades para solicitar el servicio de agua potable para un domicilio particular, siendo informada que se le negaría el servicio de agua por no haber alineado el terreno, incluso refiere que al negársele el acceso al derecho humano de acceder y disponer el servicio de agua potable se le priva el derecho humano de abastecerse de agua potable. Además, refiere que es notorio que las Autoridades Responsables ante su actitud negativa, viola en su perjuicio y agravio el derecho humano al agua, ya que, no solo implica que las personas tengamos acceso al agua potable, sino además deben reunirse una serie de requisitos; reiterando que ante su actitud negativa se le priva del acceso y el derecho al acceso al servicio de agua potable por no alinear el inmueble, aduce que "las Autoridades Responsables han omitido que el agua y las instalaciones y servicios de agua potable debe ser accesible a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Municipio, y en la especie, me han privado el derecho al acceso al servicio de agua potable, a pesar de que lo he solicitado por escrito, sin embargo, hasta el momento, no me han contestado a la brevedad posible, a sabiendas de que el servicio de agua potable es un derecho humano que debe ser accesible y disponible de manera urgente para mi uso personal y doméstico". De ahí que se estima el acto reclamado consiste en la negativa de proporcionarle el servicio de agua potable por parte de las potestades que señala como responsable Sin que se inadvierta que, la parte manifieste reclamar la omisión de las responsables de promover, garantizar, proteger y respetar el derecho humano al agua, así como la privación del derecho al acceso y suministro de agua de manera suficiente, aceptable, accesible para el uso personal y doméstico en su domicilio; sin embargo, reitérese de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que dicho acto lo precisan de esa manera, ante su sentir de que las autoridades señaladas responsables le negaron verbalmente el acceso al agua potable y ante la omisión de contestar su solicitud para otorgarle dicho servicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159, Tomo 18 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro número 239,099, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.". II. Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la ley de amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura a la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, Mayo de 1998, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En ese sentido, de la lectura e interpretación de la demanda de amparo y de sus anexos, análisis que se formula atendiendo a la naturaleza propia de los actos reclamados y no a los calificativos que en su enunciación formula la parte promovente, se advierte que la parte promovente reclama de la autoridad responsable, como ya se dijo, los actos siguientes: a) La negativa por parte de las responsables de acceso al servicio de agua potable en un domicilio particular. b) La omisión de dar respuesta a su escrito de fecha cuatro de marzo del dos mil veintiuno y presentado en la misma fecha, ante la responsable Presidente Municipal, en el que solicite el servicio de agua potable a su domicilio particular. En el caso, se considera que respecto de los actos reclamados se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; motivo de improcedencia que desde luego es notorio y manifiesto. Al efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:(...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte los numerales 1º, párrafo último y 5°, fracción II, de la ley de la materia, dice: "Artículo 1º. (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". De conformidad con los preceptos citados se entiende por autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que se le reclama; en ese sentido, interpretados los citados preceptos a contrario sensu, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se promueva contra actos emitidos por quienes no cuenten con tales características. La acción de amparo procede única y exclusivamente contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, no es suficiente que se reclame una violación a los derechos humanos y a dichas garantías, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es menester que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad, o de los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de los numerales referidos. En relación con el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enumeró las notas distintivas de una autoridad para efectos del juicio de amparo: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. c) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, consultable en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de 2011, con el registro, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Aunado a lo antes expuesto, ese Alto Tribunal también se ha pronunciado en el sentido de que por autoridad responsable debe considerarse a los funcionarios de organismos públicos descentralizados que con fundamento en una norma legal emitan actos de manera unilateral a través de los cuales crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; es decir, siempre que se sitúen en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados. Tiene aplicación al respecto la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, cuyos rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De conformidad con lo expuesto, en el caso, se considera que el Presidente Municipal y Síndico Municipal de San Jerónimo Tlacochahuaya, así como el Presidente del Comité de Agua Potable del Ayuntamiento del Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, no reúnen las aludidas características, al tratarse el acto reclamado relacionado en la negativa de dotarle a la parte quejosa un servicio, el cual se encuentra supeditado a cumplir ciertos requisitos y al poder existir entre ellos una contrato administrativo, esto es, en una relación de coordinación y no de supra a subordinación. Esto es así, porque para determinar la naturaleza de un contrato administrativo frente a uno civil o mercantil, debe atenderse a ciertos factores, a saber, en resumen para que se den los caracteres distintivos de un contrato administrativo deben concurrir los siguientes elementos: 1) El interés social y el servicio público; 2) La desigualdad de las partes, donde una necesariamente debe ser el Estado; 3) La existencia de cláusulas exorbitantes; y, 4) La jurisdicción especial. En ese sentido, toda vez que el referido reclamo deriva de un conflicto de naturaleza administrativa por la prestación de un servicio, en el que las partes se encuentran en un plano de coordinación e igualdad procesal, puesto que ambos -parte quejosa y potestades,- figuran como beneficiario y prestador de servicios, respectivamente, la que se establecerá en un contrato administrativo de adhesión, en caso de aceptarse, o en donde el prestador de servicios fijara las bases para dotarlo y de no cumplirlo no otorgar dicho servicio; de ahí que no sea procedente reclamarla en esta vía de amparo. Esa decisión encuentra justificación con base en lo resuelto por el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la acción de constitucionalidad 9/2000, en la que expuso en su parte considerativa relativa a los contratos administrativos de adhesión lo siguiente: "El artículo 14 de la Constitución Federal, establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.-Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ..." Ahora bien, la prestación del servicio de agua potable, se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de suministro y de adhesión, por lo que la relación jurídica existente entre aquél y el usuario del servicio, no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el dispositivo constitucional de que se trata, esto es, la existente entre una autoridad y un gobernado, sino la colaboración voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de agua y el particular. Además, se estima que si la prestadora del servicio para dotarlo establece ciertos requisitos para que el beneficiario goce del mismo, y éste último no los cumple, puede encontrarse en aptitud de condicionar ese servició una vez cumplidos los requisitos, y a partir de ahí las partes se encontraran a merced de lo que se estipule en el contrato de prestación de servicios; lo cual, no significa ni representa de alguna manera que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, ya que en realidad lo que sucede es una consecuencia lógica y jurídica de cumplir los requisitos para la celebración de contrato de prestación de servicios. Por todo lo anterior, no es posible que se viole el artículo 14 de la Constitución General de la República, toda vez que no se trata de un acto de privación por parte de la autoridad, sino en su caso el incumplimiento de los requisitos para poder contratar el servicio de agua potable, o incluso, para la factibilidad de darle el acceso al mismo, pues este servicio también se encuentra supeditado a un dictamen de factibilidad para la conexión a la red general de agua potable, para posteriormente mediante un contrato administrativo de suministro se fijen las reglas de cómo se dotara de ese servicio. Esto es así, ya que el suministro de agua se trata de un servicio público, que el Estado proporciona como medio para la realización de un fin, que es el interés general, recurriendo esta acción administrativa a las formas contractuales. En la especie, es el contrato administrativo de suministro y de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 92/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 693 , Tomo XIV, Julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR". Por tanto, si quien acude al presente juicio de amparo, pretende que se le dote o contratar el servicio de agua potable, de las autoridades que señala como responsable, es por lo que se estima dichas potestades no tienen ese carácter para los efectos del amparo, ya que la relación que puede existir entre éste y aquella, es de coordinación voluntaria y no de supra a subordinación, ya que los citados entes públicos actúan como prestadores de un servicios en relación con la parte quejosa, de quien les reclama la negativa del servicio de agua potable. Por tanto, dentro de esa relación no cabe el carácter de autoridad que la quejosa le atribuye al Presidente Municipal y Síndico Municipal de San Jerónimo Tlacochahuaya, así como el Presidente del Comité de Agua Potable del Ayuntamiento del Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, y al estimarse que existe una relación entre la promovente y las autoridades, de coordinación, no se aprecia que la quejosa pueda ejercer la acción constitucional contra aquellos, en razón que en esa medida no existe una relación de supra a subordinación, que caracteriza a las autoridades responsables frente a los gobernados; ya que la relación que existe entre la parte quejosa, es bilateral, de coordinación y no de supra a subordinación, toda vez que éstos actúan como prestadores de servicios en relación con el justiciable, lo que permite ver de los propios actos reclamados que la relación jurídica se entabla precisamente por su relación comercial de prestación de un servicio. En esas circunstancias, las autoridades señaladas como responsables, de acuerdo con sus características y atribuciones mencionadas, en el caso específico que nos ocupa, no se ubican en alguno de los supuestos previstos para tal efecto en el artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, pues los actos que llegara a dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar no crean, modifican o extinguen por sí y ante sí, situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria en perjuicio de a quienes puede prestar el servicio, sumado a que la parte incluso refiere que la negativa puede derivar al no deslindar el terreno, es decir deriva posiblemente ante el incumplimiento de alguno de los requisitos para dotar del permiso y para poder celebrar el contrato. Lo anterior es así, ya que no actúa jurídicamente de manera coercitiva frente al promovente, sino en un plano de igualdad y, por tanto, no pueden decidir en forma terminal sobre alguna situación tocante a los servicios que presta, por lo que cualquier determinación que adopte sobre dichos tópicos tampoco obliga o vincula coactivamente a la afectada, ya que son susceptibles de dirimirse en la vía ordinaria; pues si la autoridad da respuesta a su petición en sentido negativo, podrá comparecer ante los Tribunales Administrativos a recurrir dicha determinación. Por ese motivo, no puede considerarse que las citadas autoridades que señala como responsables, realicen actos equivalentes a los de autoridad, puesto que no derivan de actos unilaterales (sino bilaterales) en el que se ejerza una facultad de imperio. En tal orden de ideas, el juicio de amparo que se intenta resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, pues existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; en consecuencia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente, respecto del acto consistente en la negativa de dar acceso al derecho de agua potable. Por su parte, no se soslaya que en julio de dos mil doce se publicó la jurisprudencia 2a./J. 54/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; sin embargo, ese criterio fue aclarado en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis del expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, para quedar con el rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." De modo que sólo resulta aplicable para los casos específicos que en ella se mencionan, referentes a la fijación de tarifas de suministro y venta de energía eléctrica. Y contrario al caso resuelto en la citada jurisprudencia, en el presente asunto sí hay claridad en el tipo de relación que existe entre la parte quejosa y las citadas autoridades señaladas como responsables; aunado a que dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de celebrarse la audiencia Constitucional y, emitirse la sentencia correspondiente, no cambiarían el hecho de que en el caso la autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo. Por otra parte, del análisis de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de la Materia, se aprecia que la parte promovente se duele de la omisión de dar contestación a su escrito fechado y presentado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por medio del cual solicitó el servicio de agua potable en un domicilio. Ahora, en principio, este órgano jurisdiccional considera que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XXIII, en relación con el numeral 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y 8° Constitucional; que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Lo anterior es así, toda vez que, como se viene diciendo, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación al escrito de petición presentado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, de la quejosa. Y, el artículo 8° Constitucional, establece de manera clara y precisa la frase "breve término", para dar a conocer al quejoso la respuesta sobre su petición, tal concepto debe interpretarse en relación directa a su naturaleza o características, lo que hace necesario que al abordar el problema a través de un juicio de amparo, el análisis debe ser en función al estudio o trámite que la contestación requiera, para adecuar el lapso prudente para que la autoridad cumpla con esa garantía. Sobre el tema en particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido a través de la Segunda Sala, en las tesis que más adelante se citan, que la expresión "breve término" a que se refiere el invocado precepto constitucional, es aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse, es decir, se refiere a que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva en un periodo razonable para estudiar y analizar las solicitudes de los gobernados. Lo anterior aparece así en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Así como en la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PETICIÓN, DERECHO DE. El "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, es el en que racionalmente pueda conocerse una petición y acordarse, y no puede decirse que existe, si han pasado años sin que una petición haya sido acordada". Conforme a lo expuesto, y tomando en consideración que la parte quejosa elevó su petición ante la autoridad responsable el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, y la demanda de amparo fue presentada el diez de marzo de dos mil veintiuno, esto es, apenas cuatro días hábiles posteriores a dicha petición (descontando sábados y domingos, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo); por ende, es inconcuso que no ha transcurrido un breve término, a afecto de que la autoridad responsable de contestación a su escrito de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra en tiempo para dar respuesta al petitorio de la quejosa. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del caso, este órgano jurisdiccional considera que sin prejuzgar en específico, sino sólo para precisar lo anterior, se estima dable apreciar que la solicitud de mérito, versa esencialmente en la pretensión de que se le dé contestación al escrito por el que solicitó se le dé, el servicio de agua potable a un domicilio propiedad de la quejosa; lo cual, entraña cierta complejidad, dado el planteamiento que se elevó, pues la potestad debe realizar los estudios que considere pertinente para determinar si es factible o no darle el acceso -como es el de factibilidad para la conexión a la red general de agua potable-, o incluso para solicitarle ciertas adecuaciones del inmueble para otorgar el mismo; por lo cual, no se evidencia una abierta dilación. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° primer párrafo de la Ley de Amparo y 8° Constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de darle respuesta a su escrito de petición formulado y presentado el cuatro de marzo del presente año. Además, cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". Así, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, registrada con el número 2002537, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". De igual manera, a efecto de entender el sentido del presente acuerdo, debe considerarse el juicio de amparo como un medio de acceso a la justicia y como tal, como un derecho limitado, puesto que, para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica, tal y como se desprende de la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699, registro 2004823 que establece: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda en estudio, al considerarse notoriamente improcedente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Ahora, como lo solicita se tiene como domicilio de la parte quejosa para efecto de oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda, asimismo, se tiene por autorizadas únicamente en los términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, esto es, solo para oír notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que así lo solicito la parte promovente. Asimismo, toda vez que como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentra registrado el usuario jacortega90 en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 3° y 30, fracción II, de la ley de la Ley de Amparo, y como lo solicita la parte promovente, se autoriza su consultado por dicho medio; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al analista jurídico de dicho sistema adscrito a este Juzgado de Distrito. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". De la transparencia de las resoluciones judiciales. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. De la gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado Roberto Carlos Ramos Aguilar, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/267/2021, de quince de febrero del dos mil veintiuno; quien actúa ante Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.Razón. En la misma fecha se hace constar que esta hoja corresponde a la última parte del acuerdo de once de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 216/2021. Conste.

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