Bianco René Lezama Lomelí
Expediente 774/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2022
Partes del expediente
- Bianco René Lezama Lomelí
Actuaciones
- Principal
...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUDO...
- Principal
...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...
- Principal
*CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 24/06/2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Vista la demanda de garantías promovida vía electrónica por. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Así, de la demanda de garantías, se aprecia que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: a) De la Fiscal de Acusación Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, adscrita a la Unidad 4 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. 1) La violación al derecho humano de defensa adecuada, debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, lealtad y buena fe, al principio de contradicción y al derecho de igualdad en razón de los actos de investigación contenidos en la carpeta de investigación NUC: CI/QRO/3901/2021 que recae en la causa judicial C.J. 458/2022, pues a pesar de existir inconsistencias en la carpeta de investigación (se proporcionó información incompleta y no se realizó inspección sobre USB y DVD que contiene video), se procedió a judicializar la carpeta. b) Del Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en funciones de Juez de Control de la Unidad I del distrito Judicial de Querétaro. 1) La orden de citación del investigado a audiencia inicial para las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, emitida en los autos de la carpeta judicial 458/2022, con NUC CI/QRO/3901/2021 que se sigue en contra del quejoso. Actos de investigación emanados en la carpeta judicial no afectan derechos sustantivos. De lo anterior este Juzgado de distrito, advierte que por cuanto a los actos reclamados al Fiscal de Acusación Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, adscrita a la Unidad 4 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, consistentes en la violación al derecho humano de defensa adecuada, debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, lealtad y buena fe, al principio de contradicción y al derecho de igualdad en razón de la integración de la carpeta de investigación NUC: CI/QRO/3901/2021 que recae en la causa judicial C.J. 458/2022, y que se materializan con la judicialización de la misma, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo. El precepto constitucional transcrito con antelación en la parte que interesa, hace referencia a las facultades que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público (Fiscal), en la investigación de los delitos; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución dicha institución pública. Dicho precepto, consagra el principio acusatorio, en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada averiguación previa -en el sistema tradicional- o etapa de investigación inicial -en el sistema acusatorio y adversarial-, los elementos integrantes del delito y la probable intervención del imputado. Así pues, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de la averiguación previa y/o investigación inicial, el Representante Social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del cuerpo del delito que se imputan al indiciado que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y su probable intervención en el hecho señalado por la ley como delito. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar las pruebas (sistema tradicional penal o los datos de prueba en el sistema acusatorio penal) que acrediten la responsabilidad de los indiciados o la intervención o participación en tales hechos delictuosos". Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional; de ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, le impone la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas o datos de prueba aportadas por el Representante Social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. En vista de ello, este órgano jurisdiccional estima que la revisibilidad a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa y/o investigación inicial debe ser determinada, en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, ciertamente aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado (esto es, azotes, tortura, etcétera) son susceptibles de ser combatidos a través del juicio de garantías; pero, en el caso a estudio, el que se haya integrado en forma deficiente la carpeta de investigación NUC: CI/QRO/3901/2021 que recae en la causa judicial C.J. 458/2022, por su judicialización, sin que se hayan analizado a plenitud los datos de prueba presentados por el inculpado y su defensa (videos, peritaje en psicología), además de entregar copias de la carpeta de investigación reseñada de manera incompleta, además de no haberse desahogado inspección sobre USB y DVD que contienen videos, y por ende se haya solicitado al Juez de Control fecha para el verificativo de la audiencia inicial en la carpeta de investigación número CI/QRO/3901/2021; es en cambio, susceptible de ser contrarrestada mediante la determinación del juez de dictar o no auto de vinculación a proceso que eventualmente le fuere dictado al imputado (quejoso). Con base en lo citado con prelación, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración desformalizada, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no infringen perjuicio alguno a la parte quejosa, en algún derecho sustantivo y en forma material, ya que éste en todo caso dicho perjuicio se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal u causa judicial, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, o en su caso emitir auto de vinculación a proceso, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confiere al Ministerio Público. En el mismo orden de ideas, por cuanto al diverso acto reclamado al Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en funciones de Juez de Control de la Unidad I del distrito Judicial de Querétaro, consistente en la orden de citación del investigado (quejoso), a audiencia inicial para las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, emitida en los autos de la carpeta judicial 458/2022, con NUC CI/QRO/3901/2021 que se sigue en contra del quejoso, el suscrito Juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. En principio conviene preciar que la Carta Fundamental consagra en el primer párrafo de su dispositivo 20, que el proceso penal será acusatorio y oral, rigiéndose por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, lo que a su vez se recogió en el numeral 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En principio conviene preciar que la Carta Fundamental consagra en el primer párrafo de su dispositivo 20, que el proceso penal será acusatorio y oral, rigiéndose por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, lo que a su vez se recogió en el numeral 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí, que tanto la judicialización de la carpeta de investigación número NUC: CI/QRO/3901/2021 que recae en la causa judicial C.J. 458/2022, como la orden de citación para audiencia inicial fijada para las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, no inciden en la libertad personal del quejoso, ni quebrantan sus derechos sustantivos, ni sus garantías individuales. Por lo tanto, si conforme a los artículos 107 fracciones IV y V de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede: contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, que sean imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta evidente que los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en la judicialización de la carpeta de investigación reseñada así como la fijación y citación de audiencia inicial para las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, atribuidos al Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en funciones del Juez de Control, dentro de la carpeta judicial C.J. 458/2022, no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la potestad que el juez de garantía (Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en funciones del Juez de Control) ejerce en este caso particular, no involucra el análisis del hecho ilícito ni su probable participación, simplemente representa un aviso de que el quejoso debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia porque el Fiscal ha solicitado se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En la inteligencia de que en todo caso, el planteamiento del quejoso relativo a que no debió ejercitarse acción penal, ni judicializarse la carpeta de investigación, por virtud de que los datos de prueba han sido indebidamente analizados, así como que se le entregaron incompletas las copias de la citada carpeta a la defensa del quejoso, lo que imposibilita una adecuada defensa, es un tema que en todo caso podrá trascender cuando el Juez natural se pronuncie sobre la vinculación a proceso, ya que es en esa fase del procedimiento cuando el juez natural analizará si el cumulo probatorio es suficiente para vincular o no a proceso al inculpado, y en caso de que no obtenga resultado favorable, podrá impugnarse el auto de vinculación en una nueva demandad de amparo. De ahí, que contra las determinaciones reclamadas que judicializan la carpeta de investigación número NUC: CI/QRO/3901/2021 que recae en la causa judicial C.J. 458/2022, y fija las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, para el verificativo de la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de actos judiciales que no afectan la libertad personal del quejoso, ni afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, conforme al artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. En tal virtud, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6 y 107, fracciones IV y V, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos ocupa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo..."
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