Bianca Janet Hernández Carmona

Expediente 426/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
426/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
08/02/2021

Partes del expediente

  • Bianca Janet Hernández Carmona

Actuaciones

  1. Principal

    Certificación secretarial de cuenta. Vista la certificación que antecede, de la que se observa que se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto por la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; por tanto, se hace constar que el doce de enero actual, se reanudaron las labores presenciales de este juzgado federal, para los efectos legales pertinentes. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa Bianca Janet Hernández Carmona, interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el cuatro de enero de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de las autoridades responsables, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó el amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Sin que haya lugar a emitir determinación alguna con relación a los cuadernos incidentales, dado que no se solicitó dicha medida cautelar. Digitalización del expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN...VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo V-426/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, turnada al día siguiente a este juzgado, Bianca Janet Hernández Carmona solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, la cual consiste en lo siguiente: La omisión de impartir justicia en los plazos y términos legales, de manera concreta, la omisión de proveer lo conducente a fin de que se ejecute el laudo emitido el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 189/2016. Actos que estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección contenidas en los artículos 1, 5, 8, 14, 16, 17, 123 apartado B y 133 de la citada ley fundamental. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que se ordenó registrar con el número 426/2020, y mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, por un lado, se desechó la petición de amparo por lo que hace a los actos reclamados a la Secretaría de Educación Pública del Estado, con sede en esta ciudad y, por otro, se admitió a trámite respecto al reclamo formulado al tribunal responsable; de igual modo, en tal proveído se solicitó el informe de la responsable, se dio la intervención a la representación social adscrita -quien formuló pedimento-, emitiéndose las restantes providencias del caso. Así, se reconoció el carácter de tercera interesada a la Secretaría de Educación en el Estado Pública en el Michoacán, con residencia en esta ciudad, a quien se llamó al juicio en términos de la constancia de notificación correspondiente; por ende, una vez concluidos los trámites de ley, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, en la que se dejaron los autos para dictar sentencia definitiva, lo que en este acto se realiza; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 13/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que la omisión se atribuye a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. Es pertinente acotar que de conformidad con lo dispuesto en la parte final del segundo párrafo del punto 1, de la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para emitir la presente sentencia, ya que el expediente se encuentra listo para su dictado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elem1entos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa indica que comparece a esta instancia constitucional a impugnar: La omisión de impartir justicia en los plazos y términos legales, de manera concreta, la omisión de proveer lo conducente a fin de que se ejecute el laudo emitido el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 189/2016. Así, de la lectura de la demanda de amparo se observa que la peticionaria de amparo señala que una vez emitido el laudo del expediente laboral en cita, mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil veinte, instó la ejecución del esa determinación solicitando, por un lado, se iniciara la liquidación de los conceptos autorizados y que no constaban en monto concreto; y, por otro, la ejecución forzosa de las obligaciones de hacer fincadas a la moral accionada y el pago de las cantidades determinadas de manera líquida en el laudo de referencia. De igual modo, la quejosa indicó en su demanda de amparo que, para acreditar que instó el cumplimiento del laudo emitido por la responsable, adjuntaba -al escrito que dio origen al expediente- el acuse de recibo de dicha petición presentada a la responsable. En ese sentido, es factible acotar los actos reclamados, como se indica a continuación. La omisión de proveer lo conducente a fin de que se ejecute el laudo emitido el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 189/2016, en atención a que: a).1. No proveyó sobre la ampliación de liquidación de los conceptos autorizados en el fallo que no constaban en monto específico; y, a).2. No decretó la ejecución forzosa del laudo respecto a las obligaciones de hacer -reinstalación de la quejosa-, y al pago de la cantidad concreta autorizada en dicha sentencia. En efecto, atendiendo la causa de pedir contenida en la demanda de amparo, es evidente que la quejosa reclama la conducta omisiva que atribuye al tribunal responsable con motivo de la falta de atención a las peticiones de referencia. TERCERO. Inexistencia de la omisión reclamada. En este apartado se determinará si, como lo indica el peticionario de amparo, el tribunal responsable incumplió con su obligación de hacer al omitir llevar a cabo la ejecución del laudo emitido en el expediente laboral 189/2016, para lo cual se analizarán las constancias que las partes allegaron al sumario. Así, se tiene que la autoridad responsable en su informe justificado, manifestó que lo siguiente: ". ES PARCIALMENTE CIERTO el acto que reclama, toda vez que después de haber realizado una minuciosa revisión dentro del expediente ordinario laboral número 189/2016, se desprende que si bien es cierto que a la fecha este Tribunal Laboral no ha materializado lo ordenado mediante LAUDO de fecha 17 DE JUNIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, MÁS CIERTO ES QUE, después de haber realizado una minuciosa revisión a nuestro sistema virtual de expedientes, así como al libro de registro de promociones que se lleva en este Tribunal Laboral, se desprende que no obra algún registro que arroje que la parte actora haya presentado promoción alguna mediante la cual solicite la ejecución. Por lo que este Tribunal se encuentra a la espera de la misma, comparezca a este Tribunal a solicitar de acuerdo a la agenda actuarial, se fije día y hora, para que, en comunión del C. Actuario de esta adscripción, se constituyan en legal y debida forma en el domicilio de la parte DEMANDADA H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN y le requieran del pronto y efectivo pago de la cantidad señalada en el laudo, a la que resultó condenada la parte DEMANDADA, tal como lo precisa el artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios. Del contenido del informe de cuenta, se advierte que si bien la responsable indica que son parcialmente ciertos los actos que se le atribuyen; lo cierto es que más adelante señala de forma concreta qué actuaciones son las que admite, pues al efecto indica que tal certeza se constriñe únicamente a que en dicho tribunal se encuentra registrado el juicio laboral 189/2016, en el que se dictó laudo condenatorio a favor de la ahora peticionaria de amparo, mismo que no ha sido materializado; luego, son tales hechos los únicos que se aceptaron por la autoridad responsable, es decir, la existencia del juicio laboral que refiere la quejosa, que en él se dictó laudo condenatorio y que tal determinación aún no se materializa. Ello es así, porque en el propio informe la responsable indica que la falta de ejecución del laudo emitido, se debe a una conducta atribuible a la propia quejosa -actora en el controvertido natural-, dado que no ha solicitado ante su potestad la ejecución forzosa de la referida condena, pues con relación a ello, precisó no haber recibido el ocurso referido por la trabajadora actora aquí quejosa, a fin de solicitarle los conceptos que indica en su demanda de amparo. Lo anterior, se traduce en que, a pesar de un señalamiento de aceptación parcial de los actos reclamados; lo cierto es que en el cuerpo del propio informe niega haber incurrido en la conducta omisiva que constituye propiamente el acto que se impugna en este juicio. Es decir, de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que el reclamo de la parte quejosa consiste en atribuir a la autoridad responsable la conducta omisiva de llevar a cabo la ejecución del laudo condenatorio -por lo que hace a la petición de liquidación, así como a la ejecución forzosa de los conceptos autorizados en cantidad líquida en el laudo y a la obligación de hacer impuesta a la accionada en el mismo-, pues en su demanda argumentó que, mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil veinte, solicitó la liquidación de la sentencia y la ejecución forzosa de los conceptos autorizados en el laudo en cantidad fija y de la obligación de hacer impuesta a la accionada, sin que la responsable haya emitido determinación alguna con relación a dicha petición. Luego, es evidente que tal conducta omisiva no es aceptada por el tribunal responsable, dado que expresamente señala que la falta de materialización de la condena dictada en el contencioso de origen -ya por liquidación, ya por cumplimiento forzoso de lo que sí fue decretado en monto fijo y de la obligación de hacer impuesta-, se debe a la falta de petición en ese sentido por parte de la ahora quejosa, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios. En esas condiciones, no obstante el señalamiento inicial realizado en el informe justificado de la autoridad responsable, del contenido de tal constancia permite advertir que el tribunal oficiante niega la existencia de la actitud omisa que se le imputa, en atención a los motivos expuestos líneas atrás. Aunado a lo anterior, y para justificar lo dicho en su informe, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias que obran en el juicio laboral de origen a partir del laudo respectivo, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de las que se observa que con posterioridad a la emisión del laudo en el juicio laboral 189/2016, constan las notificaciones de tal fallo, así como una comunicación enviada por este juzgado federal, con motivo del diverso juicio de amparo 406/2018; sin embargo, no se observa la existencia del escrito de catorce de julio de dos mil veinte, que indica la ahora peticionaria de amparo en su demanda. Tiene aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 588, tomo V, segunda parte-2, enero a junio de 1990, Octava época, materia común, Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". Ahora, ya se dejó establecido que la responsable niega la actitud omisiva que se le atribuye; por ende, corresponde ahora determinar si, como lo alega el tribunal laboral, correspondía a la parte vencedora gestionar lo pertinente a la ejecución forzosa; o, bien, si tales actos deben ser llevados a cabo por la propia responsable, incluso, sin petición expresa en ese sentido. Para ello es necesario acudir al contenido del artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que invoca la autoridad responsable, que dispone: ".ARTICULO 121. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado en la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá a realizar la diligencia de embargo correspondiente, sujetándose ésta y el procedimiento de remate de los bienes a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente." (Énfasis añadido). El precepto legal transcrito pone en evidencia que corresponde a la parte vencedora en el juicio laboral burocrático, el instar la ejecución de la condena, lo que resulta lógico al considerar que es precisamente a favor de quien se fincó un derecho en la sentencia definitiva, quien tiene la facultad de decir si peticiona o no su pago; puesto que al ser la titular de tal derecho, sólo ella puede decir si procede a su reclama o, bien, si en ejercicio de dicha titularidad se abstiene de hacer. De ese modo, este órgano jurisdiccional considera que, tal como lo aduce la responsable, corresponde a la parte vencedora del procedimiento burocrático estatal, en este caso la ahora peticionaria de amparo, solicitar en el juicio de origen el cumplimiento forzoso del laudo condenatorio. Con relación a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, que establece la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo a dicho cuerpo normativo, es pertinente traer a colación, en vía de orientación, los criterios que se insertan a continuación. Jurisprudencia 2a./J.16/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro III, diciembre de 2011, tomo 4, página 2772, registro 2000025, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". Jurisprudencia 2ª/J.15/2011 de la Segunda Sala, consultable en la página 2771, tomo 4, diciembre de 2011, Décima época, materia común, Semanario Judicial de la Federación de contenido siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Ya se dijo que corresponde a la parte vencedora en el juicio burocrático estatal solicitar el cumplimiento de la condena; y que, en el caso particular, la autoridad responsable señala que la ahora peticionaria de amparo fue omisa en presentar el ocurso que refiere la quejosa de catorce de julio de dos mil veinte, a fin de solicitar el cumplimiento del laudo condenatorio en el juicio de origen, incluso, remitió copia certificada de las constancias de dicho procedimiento a partir del fallo en cita. En atención a ello, es inconcuso que en el caso concreto, corresponde a la peticionaria de amparo desvirtuar la negativa expuesta por la responsable en su informe de ley. Con relación a ello, la quejosa señaló en su escrito de demanda de amparo, lo siguiente: ".4.- Con fecha 14 catorce de Julio del año 2020 dos mil veinte, por conducto de mi apoderada jurídica se presentó promoción al H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán a efecto de solicitarle a dicha autoridad se tuviera ampliando y actualizando la planilla de liquidación motivo del laudo que ocupa el juicio registrado bajo el número 189/2016, así como por requiriendo a la Secretaría demandada al cumplimiento a la brevedad del pago de la cantidad de $369,257.01 trescientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y siete pesos con un centavo condenada en dicha resolución, así como al requerimiento a la patronal demandada a que realizara los trámites administrativos correspondientes a efectos de que se me reinstalara en mi empleo en los mismos términos y condiciones que venía realizando la aquí quejosa hasta antes del despido injustificado del cual fui objeto, solicitándole al H. Tribunal local tomara las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes a efecto de dar cumplimiento con lo ordenado en dicha resolución. (Se anexa copia simple de la promoción).". Sin embargo, contrario a lo que indica la quejosa en su demanda de amparo, no aportó el medio de convicción que indica en su escrito inicial, con el que precisamente podría generar controversia respecto a la negativa expuesta por la responsable. En efecto, la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada sin anexos, tal como lo revelan la boleta de turno correspondiente y las anotaciones realizadas por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, según se observa de la digitalización de la boleta de turno y primer foja de la demanda de amparo, que se observan a continuación: De lo anterior se observa que la peticionaria no exhibió con su demanda de amparo la probanza en la que apoya su planteamiento de haber presentado al tribunal responsable su planilla de liquidación y solicitado la ejecución del laudo condenatorio, como tampoco presentó ocurso diverso con ese fin, como se observa del expediente electrónico que corresponde al juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, es inconcuso que la quejosa no cumplió con su carga probatoria de desvirtuar la negativa expuesta por la responsable en su informe de ley, dado que no exhibió la probanza alguna a ese respecto. Ahora, se ha indicado que la responsable negó la omisión que se le atribuye; asimismo, que la peticionaria de amparo fue omisa en exhibir la documental en la que apoya haber instado la presentación de su planilla de liquidación y solicitado la ejecución forzosa de la obligación de hacer impuesta en el laudo, así como del monto líquido aprobado en el mismo; sin embargo, a fin de establecer que la peticionaria de amparo, en su calidad de parte obrera en el juicio de origen, en efecto incurrió en la falta de ejercicio del derecho que le fue otorgado en dicha sentencia laboral, es pertinente indicar si las constancias revelan alguna petición en ese sentido, aun cuando fuere diversa al escrito de catorce de julio de dos mil veinte, que la quejosa señala en su demanda de amparo. Con relación a lo anterior, es pertinente recordar que la responsable en su informe manifestó lo siguiente: ".si bien es cierto que a la fecha este Tribunal Laboral no ha materializado lo ordenado mediante LAUDO de fecha 17 DE JUNIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, MÁS CIERTO ES QUE, después de haber realizado una minuciosa revisión a nuestro sistema virtual de expedientes, así como al libro de registro de promociones que se lleva en este Tribunal Laboral, se desprende que no obra algún registro que arroje que la parte actora haya presentado promoción alguna mediante la cual solicite la ejecución.". De lo anterior se observa que la responsable no sólo niega la presentación del escrito de catorce de julio de dos mil veinte, que menciona la quejosa en su demanda de amparo, sino además de cualquiera otra tendente a materializar la condena contenida en el laudo emitido en el juicio de origen y, para acreditar su dicho, remite las constancias que -indica- constituyen las actuaciones que obran en el sumario a partir del laudo en comento. Constancias que son las siguientes: Laudo dictado el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en el cual se condenó a la aquí tercera interesada a la reinstalación en el empleo de la parte quejosa así como al pago de $369,257.01 (trescientos sesenta y nueve mil pesos, doscientos cincuenta y siete pesos 01/100 m.n.) en favor de Bianca Janet Hernández Carmona, entre otros. Constancia de notificación de dicha sentencia, practicada a la parte actora el uno de julio de dos mil diecinueve. Constancia de notificación del fallo en comento practicada a la parte demandada aquí tercera interesada, el doce de julio de dos mil diecinueve; y, Oficio diverso remitido a la responsable con motivo del diverso juicio de amparo 406/2018 del índice de este juzgado federal. Como se observa de las constancias remitidas por la responsable -valoradas párrafos atrás-, tal como lo indica la responsable en su informe justificado, no se advierte la existencia de petición alguna por parte de la ahora quejosa, encaminada a que el tribunal responsable emita las determinaciones conducentes a liquidar los conceptos que no obren en monto específico o, bien, a ejecutar las diversas condenas impuestas a la moral demandada; de tal suerte que no puede atribuirse al tribunal responsable la conducta omisiva que le reclama la quejosa en su demanda. En tales condiciones, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 22, septiembre de 2015, tomo II, página 844, con registro 2010025, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante". CUARTO. Notificaciones y reanudación de plazos. Tomando en consideración el esquema de trabajo decretado en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", y tomando en consideración que el presente asunto no es de aquellos a que se refiere el artículo 4, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que aun cuando esta sentencia vaya a ser listada al día siguiente de su emisión; lo cierto es que los términos tanto para su impugnación o, bien, para que se declare ejecutoriada, correrán una vez que se levante la suspensión de plazos para juicios como el que ahora nos ocupa, para los efectos legales pertinentes. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 79, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Bianca Janet Hernández Carmona, contra el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los razonamientos expuestos en el tercer considerando de este fallo. SEGUNDO. Se hace saber a las partes que los plazos para la impugnación y, en su caso, causar ejecutoria esta sentencia, se reanudarán una vez que así lo determine el Consejo de la Judicatura Federal, para aquellos asuntos que, como el presente, no se encuentran dentro de las hipótesis de excepción que prevé el numeral 4 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las trece horas con veinte minutos del primero de diciembre de dos mil veinte, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra en audiencia pública el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la licenciada Claudia Paulina García Ortiz, secretaria que da fe, se declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo 426/2020, promovido por BIANCA JANET HERNÁNDEZ CARMONA, por su propio derecho, sin la presencia de las partes, en términos de la circular SECNO/12/2020 -respuesta a pregunta catorce-, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, consistentes en: Demanda de amparo; Auto de diez de agosto de dos mil veinte, en el que por un lado, se desechó la demanda de amparo respecto al señalamiento de la Secretaría de Educación Pública del Estado como autoridad responsable; y, por otro, se admitió con relación al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; Auto de diecinueve de septiembre de dos mil veinte, en el que se reconoció el carácter de tercera interesada a la Secretaría de Educación Pública del Estado, a quien se ordenó llamar al presente juicio con la referida calidad, mediante oficio 1118/8/2020 expedido para tal efecto; Constancia de notificación del oficio 11188/2020, mediante la cual se hace constar que se llevó a cabo el emplazamiento de la moral tercera interesada, sin que ésta hubiese comparecido a hacer uso de sus derechos; Pedimento número 264/2020 presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual formula alegatos a esta instancia de amparo. En cuanto al informe justificado de la autoridad responsable, la secretaria hace relación de los mismos mediante la tabla siguiente: No. Autoridad Sentido 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Parcialmente cierto, en atención a que aun cuando no se ha materializado el laudo dictado en el juicio laboral de origen, la responsable indica que ello se debe a la falta de petición en ese sentido por parte de la ahora quejosa. A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que anteceden para los efectos legales conducentes; asimismo, se tiene por levantada la certificación secretarial con relación al lapso transcurrido entre la notificación el auto de veintitrés de septiembre del año actual, y la presente data, para los efectos legales pertinentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable ilustrada en la tabla que antecede. Se declara abierto el período probatorio: La Secretaria hace constar que obran las documentales presentadas por la responsable con su informe de ley. A lo que el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable por remitiendo las documentales que exhibió con su informe de justificado, mismas que por su especial naturaleza se tienen por desahogadas, a fin de que sean tomadas en consideración al resolver. Abierto el período de alegatos: La Secretaria hace constar que únicamente se cuenta con los vertidos por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en el pedimento que se relacionó al inicio de esta audiencia, sin que las demás partes hayan hecho uso de tal derecho. Al efecto el juez acuerda: Ténganse por hechos los alegatos de la representación social adscrita, en los términos del documento que se relaciona; y a las demás partes por perdido el derecho para formularlos, cerrándose así este período. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia, dejándose los autos en estado para dictar sentencia, lo que se realizará una vez que las labores de este juzgado lo permitan. Doy fe. LIC. REYNALDO PIÑÓN RANGEL. JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON SEDE EN MORELIA. LIC. CLAUDIA PAULINA GARCÍA ORTIZ. SECRETARIA DEL JUZGADO.

  4. Principal

    Diferimiento Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable por rindiendo su informe justificado y ofreciendo pruebas, por lo que derivado de ello, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Secretaría de Educación Pública en el Estado; de igual modo, en auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, se tuvo al actuario de la adscripción por informando la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 11188/2020 dirigido a la tercera interesada Secretaría de Educación en el Estado, con residencia en esta ciudad, toda vez que las oficinas de esa dependencia se encuentran cerradas con motivo de la crisis sanitaria derivada de la enfermedad Covid-19, situación que persiste a la fecha, como se observa de la copia certificada de la razón actuarial de cuenta; por tanto, este juzgado federal no se encuentra en condiciones de llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional fijada para esta fecha. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE para su celebración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano