Bialy Aguilar Aguilar
Expediente 1108/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1108/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Bialy Aguilar Aguilar
Actuaciones
- Principal
"...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Como en el presente asunto obran documentos presentados por la parte quejosa, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la quejosos para que dentro del término de noventa días, comparezcan a recoger los documentos con los cuales acompañaron a su demanda de amparo; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. ANOTACIONES Vista la demanda con la que se da cuenta, promovida por..., regístrese bajo el número 1108/2018-IV-A. ACTO RECLAMADO La parte quejosa señala como acto reclamado el auto de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente..., en el que la Sala responsable omite aplicar las medidas provisionales con el fin de ejecutar el laudo dictado el veintinueve de agosto de dos mil catorce. DESECHAMIENTO Al respecto este juzgador estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, segundo párrafo de la fracción IV y fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de origen, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." *Lo subrayado es propio. En efecto, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, en específico en ejecución de sentencia, de acuerdo con el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o en la que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Es decir, la procedencia del juicio de amparo indirecto en ejecución de sentencia se encuentra limitada, en razón de que se pretende evitar que con motivo de la promoción del juicio de amparo se entorpezca o retarde la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. De ahí que, aunque la parte que promueva el juicio de amparo sea el vencedor en la contienda de origen, constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la citada regla de procedencia, en virtud de que, independientemente de la parte que promueva el juicio (actor o demandado), en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que, como fue precisado, es lo que se pretende evitar mediante la regla de procedencia citada en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al efecto, se invoca por analogía la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, julio de 2004, página 75, con número de registro 181144, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL....". Por otro lado, es necesario mencionar que si bien, por regla general tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, existen casos de excepción a dicha regla, pues aunque la fracción IV es autónoma, lo cierto es que no existe impedimento para leerla de manera relacionada con la fracción V, ya que ésta contiene un supuesto de procedencia más amplio, por tanto, existen ciertos actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que excepcionalmente admiten en su contra el juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos como violaciones procesales en la demanda de amparo contra la última resolución de dicho procedimiento, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, o bien cuando los actos reclamados pretendan impedir, obstaculizar o interrumpir la ejecución de la sentencia. Es ejemplificativo de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163152, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE..." Así, el acto reclamado consiste en el auto veintiséis de junio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente SAE/735/2009, en el que la Sala responsable omite aplicar las medidas provisionales con el fin de ejecutar el laudo dictado el veintinueve de agosto de dos mil catorce, se estima no satisface los requisitos para la procedencia del juicio de amparo previsto en la fracción IV del precepto 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que no es la última resolución dictada en la etapa de ejecución en el juicio de origen, sino únicamente se trata de un acto tendente a cumplir con la sentencia condenatoria emitida. En ese sentido, se advierte que no es la última resolución dictada en la etapa correspondiente, pues en su caso, ésta será la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo condenado en la sentencia emitida, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que en el caso, como vimos, no sucede. Por tanto, una vez que se cumpla la sentencia dictada en el juicio de origen, la autoridad responsable emitirá la resolución correspondiente en la que determinará si ésta se encuentra o no cumplida o declarará su imposibilidad para cumplirlo y, en su caso, ordenará el archivo del asunto; y es esa determinación la que la parte quejosa podrá combatir mediante el juicio de amparo, en el que podrá hacer valer todas las violaciones que considere se hayan cometido en su perjuicio durante el trámite de la ejecución. Además, el acto reclamado no encuadra en algún supuesto de excepción a la regla general prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues no afecta de manera directa derechos sustantivos de la parte quejosa ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen, ya que el acto reclamado es uno tendente a cumplir con la sentencia condenatoria emitida en su contra. Luego, al ser un auto dictado durante el trámite de la ejecución de sentencia, se reitera, lo deberá combatir junto con las demás violaciones acaecidas durante dicho procedimiento, mediante el juicio de amparo indirecto que en su caso promueva en contra de la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia; o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, ésta última interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones, las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, por así señalarlo para eso efectos. Asimismo, se tienen como autorizados a las personas que indican en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las demás partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.
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