Beverlin Daniela Cruz Meza
Expediente 178/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 178/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Beverlin Daniela Cruz Meza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Puebla, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que las partes no recurrieron la sentencia emitida en audiencia constitucional de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, donde se resolvió el sobreseimiento del presente juicio. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la ley de amparo, se declara que la referida sentencia alcanzó el rango de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acaecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo, ya que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos combatidos, pero se otorgó la suspensión de plano. Resguardo del expediente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye a la oficial judicial "A" para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme la sentencia de sobreseimiento. Lo mismo ocurre respecto de las autoridades responsables, de ahí que no se genere oficio para notificarles este proveído. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. Se deja establecido que no se formó el incidente de suspensión en este juicio, porque los actos fueron materia de la suspensión de plano. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, dos de marzo de dos mil veintitrés. Se recibe oficio para conocimiento. Se agrega al expediente, para que obre como corresponda, el oficio del Subdirector de la Estancia Nacional Migratoria, por el cual comunica el contenido de la determinación dictada el veintisiete de febrero del año en curso, dentro del procedimiento administrativo migratorio E.A./Is.9/ORP/EM/954/2023. Sin embargo, resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, pues el veintiocho de febrero del año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se sobreseyó por la inexistencia de los actos reclamados; motivo por el cual sólo quedará agregado para constancia de su presentación. Homologo federal acusa recibo. Por otra parte, se glosa el oficio de la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por el cual acusa recibo de las copias certificadas del presente expediente, las cuales le fueron remitidas con motivo de la incompetencia parcial decretada en proveído de veintidós de febrero del año en curso. De lo cual se toma el debido conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
RESUELVE: PRIMERO. Se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto promovido por XXXXXXXX a favor de XXXXXXXXXXX, debido a la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, conforme a lo establecido en los puntos considerativos segundo y tercero. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese y cúmplase
- Principal
Puebla, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Diligencia de notificación y ratificación de demanda. Se agrega la diligencia localización y notificación realizada de manera personal a la directa quejosa xxxxxx (de nacionalidad Hondureña), donde refirió que su nombre correcto es xxxxxx y no xxxxxxx, como se precisó en la demanda de amparo promovida a su favor por xxxxxx. En dicha diligencia, practicada el veinte de febrero de dos mil veintitrés, le fue notificado del auto de esa misma fecha y, además, ratificó la demanda de amparo recibida en esa data a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, la fedataria adscrita refiere que la directa quejosa, no presenta lesión alguna y le fue manifestado que se encuentra en correcto estado de salud. De lo anterior, se toma conocimiento y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se proveerá al respecto en apartados subsecuentes. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Estado procesal. Ahora, del estado procesal de las actuaciones, se advierte que en proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés y en atención al criterio VI.1o.A.3 K (11a.) emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, undécima época, libro 12, abril de 2022, tomo IV, página 2853 (registro digital 2024397), se reservó proveer respecto de la admisión de la demanda de amparo hasta en tanto se lograra la comparecencia de la agraviada (directa quejosa); y, en su caso, la ratificación de la demanda de amparo. En consecuencia, debido a que ya obra en autos la diligencia realizada por la actuaria judicial adscrita, por la cual se notificó a la directa quejosa el auto en cuestión y al haber ratificado la demanda de amparo, se procede a acordar la demanda de amparo en los siguientes términos: Actos reclamados por la defensora particular En principio, cabe precisar que la promovente señaló como actos reclamados en el escrito de demanda los siguientes: 1.- El aseguramiento/alojamiento/detención o cualquiera que sea la forma de denominar a la privación de libertad de la quejosa. 2.- La incomunicación de la directa quejosa. 3.- La omisión de garantizar el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales a la hoy quejosa. 4.- La orden de deportación al país original de la quejosa. 5.- La determinación y prolongación de alojamiento temporal de la quejosa, de la cual se desconoce el número de expediente administrativo, así como la omisión de liberar a la quejosa después de treinta y seis horas. 6.- La orden de traslado a otra estación migratoria. Incompetencia legal De la lectura integral que se efectuó a la demanda de amparo, obliga a declarar la incompetencia legal por materia respecto a de los siguientes actos: 1.- El aseguramiento/alojamiento/detención o cualquiera que sea la forma de denominar a la privación de libertad de la quejosa. [.] 3.- La omisión de garantizar el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales a la hoy quejosa. [.] 5.- La determinación y prolongación de alojamiento temporal de la quejosa, de la cual se desconoce el número de expediente administrativo, así como la omisión de liberar a la quejosa después de treinta y seis horas. 6.- La orden de traslado a otra estación migratoria. La declinación de competencia por materia respecto de los actos mencionados, obedece al criterio que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) 353/2021. Ese criterio se encuentra en la tesis jurisprudencial 1a./J. 119/2022 (11a.), de la mencionada sala, correspondiente a la Undécima Época, que se encuentra con registro digital 2025448, y el texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O ALOJAMIENTO TEMPORAL MIGRATORIO. SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los órganos jurisdiccionales contendientes llegaron a conclusiones divergentes al establecer la competencia de un Juez de Distrito, por razón de materia, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la orden de presentación y/o alojamiento temporal de un extranjero en una estación migratoria. Por un lado, un bloque determinó que cuando se reclama ese acto, al ser restrictivo de la libertad personal, la competencia se surte en favor de los Jueces de Distrito en Materia Penal; mientras que el otro estimó que tal acto es materialmente administrativo, no de carácter penal y, por tanto, corresponde conocer del mismo a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la orden de presentación y/o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, es un acto de naturaleza administrativa, al tratarse de una medida provisional para que la persona permanezca en las estaciones migratorias o en los lugares destinados para tal efecto, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria; por lo que no es un acto restrictivo de la libertad personal, toda vez que no es una sanción de carácter punitivo. Por lo que, acorde con los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada y 57 de la vigente, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra dicho acto a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Justificación: La orden de presentación mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal, dictada en el procedimiento administrativo migratorio con la finalidad de que el extranjero permanezca alojado en una estación migratoria hasta que se resuelva su situación, a que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley de Migración, es emitida por la autoridad correspondiente del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Éste tiene por objeto la ejecución, el control y la supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia. Por tanto, si la orden de presentación es la medida dictada por dicho Instituto en la que se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia en el país, su naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter penal, pues no obstante que puede restringir la libertad personal de la persona migrante, se trata de una medida que persigue una finalidad legítima conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que el propósito o la finalidad perseguida es el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional. De ahí, que de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Migración, en ninguna circunstancia se podrán establecer como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no tenga las medidas adecuadas, pues dicha medida no se trata de una sanción de carácter punitivo". El criterio anterior orienta a la declinación de competencia respecto de los actos aludidos, porque constituyen actos de naturaleza administrativa que realiza la autoridad responsable, para que la quejosa permanezca en una estación migratoria hasta que se resuelva su situación migratoria. De modo que el juez competente por materia, para conocer sobre la impugnación de los actos mencionados, será un juez de distrito en materia administrativa en términos del artículo 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, no un juzgado federal que conozca de la materia penal. Así, resulta obligatorio en este expediente declinar el presupuesto procesal de competencia, en atención al criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la mencionada contradicción de criterios. Sobre todo porque la competencia legal para conocer de un juicio de amparo, constituye una formalidad esencial del procedimiento, de orden público, que armoniza con la tutela judicial efectiva. Entonces, si el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 353/2021, estableció que los casos en que se reclamen actos realizados en el transcurso de un procedimiento migratorio, como los delimitados por la promovente en los números 1, 3, 5 y 6, es válido afirmar que estos constituyen actos de naturaleza administrativa y por ende, la competencia legal por materia asiste al juez de amparo en esa materia. Máxime que la referida Primera Sala consideró que los enunciados actos, como los mencionados en líneas previas, no constituyen actos restrictivos de la libertad personal de naturaleza penal, por el contrario, son medidas que procuran el control, la regulación, ingreso y permanencia de personas extranjeras en territorio nacional, como parecen las medidas adoptadas por la responsable contra la directa quejosa. Lo anterior se corrobora en los antecedentes de la demanda, porque estos revelan que la quejosa es migrante y fue sujeta a sendos procedimientos administrativos en el Instituto Nacional de Migración, el cual la mantiene alojada en una estación migratoria de Puebla. Por tanto, esta juzgadora de tutela declara carecer de competencia en razón de la materia, para tramitar y resolver sobre los actos reclamados siguientes: 1.- El aseguramiento/alojamiento/detención o cualquiera que sea la forma de denominar a la privación de libertad de la quejosa. [.] 3.- La omisión de garantizar el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales a la hoy quejosa. [.] 5.- La determinación y prolongación de alojamiento temporal de la quejosa, de la cual se desconoce el número de expediente administrativo, así como la omisión de liberar a la quejosa después de treinta y seis horas. 6.- La orden de traslado a otra estación migratoria. Así que en términos del artículo 48, de la Ley de Amparo, y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se considera que el órgano con competencia legal es un Juez de Distrito que conozca en razón de su especialización, de la materia administrativa, como en este caso lo sería un Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Tiene aplicación al respecto, la tesis jurisprudencial P/J. 21/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 5, que se transcribe a continuación: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas." En consecuencia, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, relacionado con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, entre otros temas, se declina la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por xxxxx, en representación de xxxxxxxxxx. Competencia que se declina al Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, porque este es el facultado para tramitar y resolver el presente asunto -por los actos transcritos en este apartado-, debido a que entre las materias de su especialidad, se ubica la materia administrativa, que es acorde con el reclamo propuesto por la citada promovente. Por ello, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, copias del juicio de amparo en que se actúa, para que las turne como demanda nueva al Juzgado de Distrito correspondiente. Se solicita al Juez de Distrito que reciba copias del presente asunto, informe si aceptó la competencia legal declinada, y remita el acuse de recibo. Ello, respecto de los actos transcritos en líneas previas. Anotaciones internas. Se ordena a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a la declinación de competencia legal, que abarcó determinados actos de la demanda (los transcritos con antelación). Admisión parcial. Los restantes actos precisados con antelación con los números 2 y 4, se ajustan a los requisitos legales establecidos, motivo por el cual se admite a trámite la demanda en forma parcial, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 8, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Así, los actos reclamados materia de este juicio comprenden: ?La incomunicación de la directa quejosa; y La orden de deportación al país original de la quejosa. Sin incidente de suspensión. No se tramita el incidente de suspensión relativo a este juicio porque los actos reclamados -que fueron admitidos- convergen a los supuestos de urgencia, previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, motivo por el cual ya fueron materia de la suspensión de plano como se desprende del auto de radicación. Por consiguiente, este juicio de amparo habrá de tramitarse sin cuadernos incidentales. Notificación de la fiscal adscrita. Notifíquese en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, para que intervenga en términos del artículo 5; fracción IV, de la Ley de Amparo. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena a la actuaria correspondiente deje constancia legal en el expediente y se deja establecido que se prescinde de remitirle copia de la demanda, pues esto ya se ordenó en acuerdo de veinte de febrero del año en curso. Informes justificados, solicitud de antecedentes y solicitud de terceros interesados. Sin que haya lugar a requerir a las autoridades responsables: el respectivo informe justificado, antecedentes de haberse tramitado diverso juicio de amparo y datos de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en el presente juicio, dado que se hará precisión de ello más adelante. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General antes citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general-, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Pruebas Del escrito de tutela constitucional, la promovente del quejoso ofreció como pruebas dentro del incidente de suspensión las siguientes: a) La inspección judicial, consistente en las inspecciones en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla, así como de los libros de registro de personas detenidas y alojadas que lleve en la mencionada estación migratoria, con la finalidad de acreditar que en la estación migratoria se encuentra alojada la quejosa. b) La instrumental actuaciones, consistente en el expediente administrativo migratorio que se formó en relación al alojamiento temporal de la quejosa y se encuentra detenida y alojada en la estación migratoria. c) La presunción en su doble aspecto legal y humana, consistente en las deducciones lógico jurídicas y humanas que de lo actuado se desprendan y en cuanto favorezcan a los intereses de la parte quejosa. Sin que haya lugar a tenerlas por anunciadas por cuanto hace a los actos reclamados materia de este juicio de amparo, dado que en el presente caso se concedió la suspensión de oficio y de plano de los mismos, como se desprende del auto de radicación, motivo por el cual no se ordenó la formación del cuaderno incidental correspondiente. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la ley de la materia; y acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición para las autoridades de una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Autoridad responsable da cumplimiento. Por otra parte, se agregan al expediente los oficios y anexos del Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria Oficina de Representación Puebla del Instituto Nacional de Migración, por los que da cumplimiento a lo requerido en los oficios 3716/2023, 3717/2023, 3718/2023 y 3720/2023, de este órgano jurisdiccional. Se rinde informe con motivo de la suspensión de plano En el primero de los mencionados, la oficiante rinde informe respecto de la suspensión de oficio y de plano otorgada en este juicio a la directa quejosa xxxxxxxxx. En ese contexto, queda rendido el informe de cumplimiento a la suspensión de plano requerido a las autoridades responsables a las que van dirigidos los oficios mencionados, motivo por el cual se deja insubsistente el apercibimiento de multa que le fue realizado en el proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés. Informe justificado. Ahora, debe indicarse que del oficio de cuenta, se desprenden diversas manifestaciones relativas a los actos que se le reclaman: ".I.- Se NIEGA el acto referente a la deportación. II.- Por cuanto hace a la INCOMUNICACION, se NIEGA el acto reclamado toda vez que la quejosa se ha tenido acceso a llamadas telefónicas. III.- Se NIEGAN todos los actos referentes a los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. IV.- Respecto de la libertad de la quejosa, en cumplimiento a la suspensión dictada en el diverso juicio de amparo 328/2023, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, esta autoridad determinó autorizar salida bajo la figura de custodia." Por tal motivo, queda rendido el informe justificado de las autoridades responsables que representa, con la postura siguiente: niega haber realizado actos reclamados a la quejosa xxxxxxx. En ese contexto, se da a conocer a las partes la llegada de ese informe justificado, para que en el plazo de ocho días contados a partir del siguiente a cuando les surta efectos la notificación de este acuerdo, se manifiesten como a su derecho e interés convenga; y se relacionará con el valor que la ley le concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se informa situación jurídica de la quejosa En el segundo de los oficios de mérito, la oficiante refiere que, al no acreditar la directa quejosa su situación migratoria, el diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, se emitió acuerdo de presentación dentro del procedimiento administrativo migratorio E.A./Is.9/ORP/EM/954/2023. De igual forma, refiere que derivado del juicio de amparo 328/2023, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se emitió acuerdo de autorización de salida bajo la figura de custodia a favor de la quejosa xxxxxxxxxx, (el cual le fue notificado el veinte de los corrientes, tal y como se aprecia de las constancias que anexa al mismo). Empero, la oficiante refiere que no se ha logrado notificar a la representante legal de la quejosa, pues no se cuenta con algún medio de comunicación de xxxxxxxxx, por lo que se le mantiene en resguardo de las instalaciones del Instituto de Migración. Notifíquese y cúmplase.
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