Betzabe Ruiz López
Expediente 607/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 35 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Betzabe Ruiz López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, ocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, interpusiera recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO y pasados noventa días de la citada fecha. En relación a los cuadernos incidentales, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse por una parte negado y por otra concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá depurarse con posterioridad al OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO y pasados noventa días de la citada fecha. Por otro lado, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), y su penúltimo párrafo, del citado Acuerdo General, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá a la destrucción del mismo; por tanto, agréguese copia autorizada de este proveído a los cuadernos incidentales. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Finalmente, por cuanto al tomo de pruebas que envió la autoridad responsable, consistente en copia certificada del juicio ordinario civil 1064/2016/V, de su índice, lo que fue acordado por auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, toda vez que por lo expuesto en párrafos anteriores resulta innecesaria la conservación de lo antes descrito, devuélvase a su lugar de origen, sin que haya lugar a requerir el acuse respectivo, toda vez que se contará con la constancia de notificación. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las responsables.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de veinte días hábiles a que se refiere el artículo 27 fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin que la parte quejosa compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos, entregarlos para su publicación y acreditar dicha circunstancia, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado Daniel Adrián González Limón, sin que lo hubiera hecho. En tales condiciones, la suscrita considera que, opera el sobreseimiento del juicio, en razón a lo establecido en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;." Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." De los preceptos legales transcritos se desprende que la autoridad que conozca del juicio de amparo se encuentra obligada a realizar de forma personal el emplazamiento a la parte tercera interesada y en caso de no obrar en autos su domicilio, se dictarán las medidas necesarias a fin de que se investigue su domicilio y si dicha investigación no arroja ninguna información, dicho emplazamiento se hará mediante edictos a costa de la parte quejosa, quien debe recogerlos y realizar el trámite necesario para su debida publicación, precisándose que si el impetrante de amparo no recoge los aludidos edictos en un plazo de veinte días siguientes en el que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. En este contexto, una vez agotadas las medidas empleadas por este órgano, a fin de lograr el emplazamiento del tercero interesado Daniel Adrián González Limón, este juzgado por acuerdo de veintiocho de enero de la anualidad que cursa, requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se encontrara legalmente notificada de dicho acuerdo, compareciera a este juzgado, con el objeto de que le fueran entregados los edictos y oficios correspondientes para su oportuna publicación, apercibiéndola que de no cumplir con lo requerido en el plazo indicado, podría conducir al sobreseimiento del presente juicio. Ahora bien, el aludido proveído se notificó por lista de acuerdos el ocho de febrero del año que cursa, por lo que dicha notificación surtió sus efectos el nueve del mismo mes y año; por tanto, el término transcurrió del diez de febrero y feneció el nueve de marzo del año en curso; sin que recogiera los edictos citados y; por ende, no acreditó la publicación de los mismos; además que tampoco se realizó alguna manifestación de imposibilidad para cumplir con tal carga procesal, situación que impide a la suscrita pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por lo consiguiente, se torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a la persona cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En esta tesitura, debe decirse que la parte quejosa ha puesto de manifiesto su desinterés en la prosecución del presente juicio de amparo; de ahí, que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa sin que hubiera acreditado la publicación de los edictos ordenados, no obstante de estar legalmente notificado de ello, provocando con su silencio que se paralice a su voluntad el juicio de amparo en que se actúa, además, también provoca que se retarde la administración de justicia. Así las cosas, conforme a los preceptos legales transcritos, se estima que cuando la parte quejosa en un juicio de amparo no acredita la publicación de los edictos que en su caso se ordenen para el emplazamiento de la parte tercera interesada, ni demuestre su pago o contratación, incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento, circunstancia que provoca que el órgano jurisdiccional no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por lo que, se actualiza la causa de sobreseimiento en cita, pues sin la publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la quejosa, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, sin que ello sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio promovente de amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Asimismo, es necesario precisar que en el presente juicio, tampoco quedó acreditado que la quejosa Betzabé Ruiz López sea persona de escasos recursos económicos como lo refiere el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, pues ni siquiera se hizo manifestación alguna al respecto; por tanto, no es procedente establecer que no cuenta con la capacidad suficiente para sufragar el pago de la publicación de los edictos con efectos de emplazamiento al tercero interesado, como enseguida se expone. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la modificación de jurisprudencia 16/2010, emitió el criterio de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". Cabe hacer mención que la jurisprudencia en cita, si bien se rige con la Ley de Amparo abrogada, puede ser aplicada al caso concreto, al no oponerse a lo previsto en la Ley de Amparo vigente, en términos del artículo sexto transitorio de la misma. Conforme al citado criterio jurisprudencial, el Máximo Tribunal de la Nación ha considerado casos excepcionales por virtud de los cuales se hace menester que corra a cargo del Consejo de la Judicatura Federal la publicación de edictos para integrar la Litis de amparo, pues de lo contrario se impediría ejercitar el derecho de acceso a la justicia que tutela el artículo 17 constitucional, ya que la consecuencia de la omisión de publicar edictos conlleva en gran medida al sobreseimiento del juicio de amparo. Así, de la reproducción previa se pueden apreciar dos elementos básicos para que el juzgador pueda, en determinado momento, estimar que la parte quejosa no puede solventar el gasto para publicar los edictos y emplazar a la tercera interesada, de tal suerte que sea el Consejo de la Judicatura Federal quien se encargue de cubrirlo. Dichos elementos son los siguientes: I. La manifestación de la parte quejosa de estar imposibilitado para correr con un gasto de esa naturaleza, y; II. Que en los autos de juicio existan elementos suficientes que corroboren su dicho, es decir, demuestren que no cuenta con capacidad económica para solventar el consumo. Ello, invariablemente se traduce en que la parte quejosa no tenga posibilidad económica suficiente para hacer frente al gasto de la publicación de los edictos en cuestión, por cualquiera de las circunstancias siguientes: Lo precario de sus ingresos. Las particularidades de su condición y capacidad económica, como serían estar desempleado o tener alguna discapacidad que le impida laborar o condicione sus percepciones. El grado de extrema pobreza en que se viva. Así, es indispensable que dentro de los autos del juicio, primeramente, la quejosa manifestara la imposibilidad económica que tenga para sufragar los gastos que pueda ocasionarle la publicación de los edictos, y luego, que de autos se revele en forma contundente la imposibilidad de la promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto; de tal manera que al no haber externado manifestación alguna respecto a sus posibilidades de correr o no con el pago de los edictos ordenados, no existe motivo que amerite y justifique el estudio del restante requisito, de lo que se sigue que en el presente caso, no existe obligación de realizar los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirma que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza." En las relatadas condiciones, como se adelantó, la aquí quejosa ni siquiera manifestó carecer de recursos económicos para que se ordenara la publicación de los aludidos edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal, ni su autorizado legal compareció a este juzgado a recoger los mismos para realizar su publicación; en consecuencia, al actualizarse los presupuestos previstos en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional, fijada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las autoridades responsables.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de veinte días hábiles a que se refiere el artículo 27 fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin que la parte quejosa compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos, entregarlos para su publicación y acreditar dicha circunstancia, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado Daniel Adrián González Limón, sin que lo hubiera hecho. En tales condiciones, la suscrita considera que, opera el sobreseimiento del juicio, en razón a lo establecido en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;." Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." De los preceptos legales transcritos se desprende que la autoridad que conozca del juicio de amparo se encuentra obligada a realizar de forma personal el emplazamiento a la parte tercera interesada y en caso de no obrar en autos su domicilio, se dictarán las medidas necesarias a fin de que se investigue su domicilio y si dicha investigación no arroja ninguna información, dicho emplazamiento se hará mediante edictos a costa de la parte quejosa, quien debe recogerlos y realizar el trámite necesario para su debida publicación, precisándose que si el impetrante de amparo no recoge los aludidos edictos en un plazo de veinte días siguientes en el que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. En este contexto, una vez agotadas las medidas empleadas por este órgano, a fin de lograr el emplazamiento del tercero interesado Daniel Adrián González Limón, este juzgado por acuerdo de veintiocho de enero de la anualidad que cursa, requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se encontrara legalmente notificada de dicho acuerdo, compareciera a este juzgado, con el objeto de que le fueran entregados los edictos y oficios correspondientes para su oportuna publicación, apercibiéndola que de no cumplir con lo requerido en el plazo indicado, podría conducir al sobreseimiento del presente juicio. Ahora bien, el aludido proveído se notificó por lista de acuerdos el ocho de febrero del año que cursa, por lo que dicha notificación surtió sus efectos el nueve del mismo mes y año; por tanto, el término transcurrió del diez de febrero y feneció el nueve de marzo del año en curso; sin que recogiera los edictos citados y; por ende, no acreditó la publicación de los mismos; además que tampoco se realizó alguna manifestación de imposibilidad para cumplir con tal carga procesal, situación que impide a la suscrita pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por lo consiguiente, se torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a la persona cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En esta tesitura, debe decirse que la parte quejosa ha puesto de manifiesto su desinterés en la prosecución del presente juicio de amparo; de ahí, que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa sin que hubiera acreditado la publicación de los edictos ordenados, no obstante de estar legalmente notificado de ello, provocando con su silencio que se paralice a su voluntad el juicio de amparo en que se actúa, además, también provoca que se retarde la administración de justicia. Así las cosas, conforme a los preceptos legales transcritos, se estima que cuando la parte quejosa en un juicio de amparo no acredita la publicación de los edictos que en su caso se ordenen para el emplazamiento de la parte tercera interesada, ni demuestre su pago o contratación, incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento, circunstancia que provoca que el órgano jurisdiccional no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por lo que, se actualiza la causa de sobreseimiento en cita, pues sin la publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la quejosa, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, sin que ello sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio promovente de amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Asimismo, es necesario precisar que en el presente juicio, tampoco quedó acreditado que la quejosa Betzabé Ruiz López sea persona de escasos recursos económicos como lo refiere el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, pues ni siquiera se hizo manifestación alguna al respecto; por tanto, no es procedente establecer que no cuenta con la capacidad suficiente para sufragar el pago de la publicación de los edictos con efectos de emplazamiento al tercero interesado, como enseguida se expone. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la modificación de jurisprudencia 16/2010, emitió el criterio de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". Cabe hacer mención que la jurisprudencia en cita, si bien se rige con la Ley de Amparo abrogada, puede ser aplicada al caso concreto, al no oponerse a lo previsto en la Ley de Amparo vigente, en términos del artículo sexto transitorio de la misma. Conforme al citado criterio jurisprudencial, el Máximo Tribunal de la Nación ha considerado casos excepcionales por virtud de los cuales se hace menester que corra a cargo del Consejo de la Judicatura Federal la publicación de edictos para integrar la Litis de amparo, pues de lo contrario se impediría ejercitar el derecho de acceso a la justicia que tutela el artículo 17 constitucional, ya que la consecuencia de la omisión de publicar edictos conlleva en gran medida al sobreseimiento del juicio de amparo. Así, de la reproducción previa se pueden apreciar dos elementos básicos para que el juzgador pueda, en determinado momento, estimar que la parte quejosa no puede solventar el gasto para publicar los edictos y emplazar a la tercera interesada, de tal suerte que sea el Consejo de la Judicatura Federal quien se encargue de cubrirlo. Dichos elementos son los siguientes: I. La manifestación de la parte quejosa de estar imposibilitado para correr con un gasto de esa naturaleza, y; II. Que en los autos de juicio existan elementos suficientes que corroboren su dicho, es decir, demuestren que no cuenta con capacidad económica para solventar el consumo. Ello, invariablemente se traduce en que la parte quejosa no tenga posibilidad económica suficiente para hacer frente al gasto de la publicación de los edictos en cuestión, por cualquiera de las circunstancias siguientes: Lo precario de sus ingresos. Las particularidades de su condición y capacidad económica, como serían estar desempleado o tener alguna discapacidad que le impida laborar o condicione sus percepciones. El grado de extrema pobreza en que se viva. Así, es indispensable que dentro de los autos del juicio, primeramente, la quejosa manifestara la imposibilidad económica que tenga para sufragar los gastos que pueda ocasionarle la publicación de los edictos, y luego, que de autos se revele en forma contundente la imposibilidad de la promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto; de tal manera que al no haber externado manifestación alguna respecto a sus posibilidades de correr o no con el pago de los edictos ordenados, no existe motivo que amerite y justifique el estudio del restante requisito, de lo que se sigue que en el presente caso, no existe obligación de realizar los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirma que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza." En las relatadas condiciones, como se adelantó, la aquí quejosa ni siquiera manifestó carecer de recursos económicos para que se ordenara la publicación de los aludidos edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal, ni su autorizado legal compareció a este juzgado a recoger los mismos para realizar su publicación; en consecuencia, al actualizarse los presupuestos previstos en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional, fijada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las autoridades responsables.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de veinte días, concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de enero de la presente anualidad, con la finalidad de que comparezca a recoger y entregar los edictos para su publicación, a efecto de emplazar al tercero interesado Daniel Adrián González Limón. En consecuencia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y, en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe. Ildefonso
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