Betty Heidi Fink Flores

Expediente 1025/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1025/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Betty Heidi Fink Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el escrito signado por *******, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por la quejosa *******, por medio del cual señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y en consecuencia, revoca cualquier designación que haya hecho al respecto con antelación. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene por revocado el domicilio señalado con anterioridad para oír y recibir notificaciones por parte de la quejosa y se tiene como nuevo el ubicado en avenida ******, en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y tercera interesada en auto de tres de noviembre del año pasado, para que hicieran manifestación de lo que a su derecho conviene en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en este sumario constitucional, respecto de lo cual no hicieron valer dicha prerrogativa; consecuentemente, se procede a decidir sobre el acatamiento de la sentencia protectora, pues ello es de orden público y el tribunal de amparo tiene la facultad de resolver con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la legislación de la materia. Bien, en la sentencia autorizada el veintiuno de febrero de dos mil veinte, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa -en apoyo a este órgano jurisdiccional-determinó que para restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, debía realizar lo siguiente: "[- - -] En esas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ***************, para que la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, deje insubsistente la resolución de apelación de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del toca 1493/2019 y en su lugar, con libertad de jurisdicción dicte otra, en la que atienda lo manifestado en la presente resolución, de manera fundada y motivada en cuanto al análisis de si opera o no la renuncia de la prescripción en términos de los artículos 1141 y 1142 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). Sin que en el caso, dicha violación, pueda ser reparada por este órgano de control constitucional, pues de hacerlo se substituiría a la responsable al suplir la deficiencia legal del acto reclamado, lo cual no puede ser corregido por potestad del amparo, porque en todo caso debe ser anulado por éste mediante sentencia que conceda la protección constitucional, ya que en ese sentido lo ha definido la jurisprudencia IX.2o.J/14, del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Octubre de 1994, publicada en la página 59 del Apéndice 82 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: 'JUEZ DE DISTRITO, EN SU RESOLUCIÓN NO PUEDE SUPLIR LAS DEFICIENCIAS EN EL FUNDAMENTO Y MOTIVACION DEL ACTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. [- - -]' Concesión que se hace extensiva al Juzgado Noveno de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ya que deberán estarse a lo que disponga la Sexta Sala en mención. [- - -]" En la ejecutoria de amparo se determinó -en forma medular- lo siguiente: La sala responsable, al emitir el acto reclamado señaló que en la resolución recurrida se determinó la procedencia de la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva, sin embargo, de las constancias de autos, se apreciaba que en acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el juez de origen ordenó se girara oficio al Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, con el fin de que se cancelara la inscripción reclamada por la actora, orden que se confirmó mediante acuerdos del veintiséis de abril y veintiséis de junio de la anualidad en cita, por lo que resultaba improcedente que posterior a la orden de ejecución, el resolutor de origen revocara sus propias determinaciones, no obstante estar impedido para ello, puesto que, con la declaración de procedencia de la prescripción, deja sin efectos su propia determinación consistente en girar oficio a la institución registral con el fin de cumplir con la sentencia definitiva. Empero, la resolución reclamada no cumple con los extremos previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues el tribunal de apelación adujo que el juzgador de origen, al emitir la resolución apelada, revocó sus propias determinaciones, empero dicho tribunal no analizó si opera o no la renuncia de la prescripción por parte de la impetrante, en términos de los artículos 1141 y 1142 del Código Civil para esta capital, preceptos de los que se advierte que las personas con capacidad de ejercicio pueden renunciar a las prerrogativas que derivan de la prescripción ganada y que tal renuncia puede ser expresa o tácita. Por ende, la responsable debió pronunciarse con respecto a si operaba o no la renuncia de la prescripción por parte de la quejosa en términos de los numerales referidos. La sentencia de amparo causó ejecutoria en proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte. Así, en oficio con número de registro 8852, la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejó insubsistente la determinación de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación 1493/2019. Posteriormente, por comunicación registrada con el arábigo 9937, la sala responsable remitió copia certificada de la resolución de veinte de octubre de dos mil veinte, a través de la cual -en acatamiento a la sentencia protectora- confirmó la interlocutoria de quince de agosto de dos mil diecinueve, pronunciada por la Juez Noveno de lo Civil de esta entidad federativa, en el "incidente de prescripción de ejecución de sentencia", deducido del juicio -ordinario civil- seguido por ************* en contra del **************, ambos de esta ciudad y *************, expediente 623/1998 de su registro. Lo anterior, con base en las consideraciones siguientes: De las constancias del sumario natural, se aprecia que mediante auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el juez natural ordenó la cancelación de la inscripción reclamada por la accionante, mientras que en la interlocutoria apelada, declaró procedente la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva; lo que implicaría la revocación de sus propias determinaciones; empero, de actuaciones se aprecia que la demandada no ha renunciado a la prescripción ganada, puesto que, a través del ocurso exhibido el veintinueve de enero subsecuente, interpuso recurso de apelación en contra del proveído referido, en el cual señaló como motivo de disenso, la prescripción de la ejecución de la determinación conclusiva. Los artículos 1141 y 1142 del Código Civil capitalino, establecen que las personas con capacidad para enajenar bienes pueden renunciar a la prescripción ganada, pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo; asimismo, dicha renuncia es expresa o tácita, ésta última resulta de un hecho que importa el abandono de la prerrogativa adquirida. De autos se observa que la enjuiciada ejecutó actos que denotan que no pretendió abandonar la prescripción ganada, pues si bien no presentó el incidente de prescripción con antelación al diverso que promovió el veintiocho de junio de dos mil diecinueve; existen actos que permiten suponer que no abandonó la prescripción, pues se opuso a la ejecución de la sentencia. Luego, si bien el juez revocaría sus propias determinaciones pues antes había ordenado girar un oficio para ejecutar la sentencia, también lo es que la prescripción había operado con antelación y la demandada así lo hizo saber, por lo que, con plenitud de jurisdicción, se considera que la prescripción ganada por la demandada no ha sido abandonada, lo que hace procedente el "incidente de prescripción" que hizo valer en su oportunidad la enjuiciada. Invocó la tesis de rubro: "PRESCRIPCIÓN GANADA O CONSUMADA. PARA TENER POR ACREDITADA SU RENUNCIA EXPRESA O TÁCITA, NO ES SUFICIENTE EL SOLO RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN O EL DERECHO A OBTENER SU CUMPLIMIENTO.". Por su parte, a través del oficio con número de registro 9122, la Juez Noveno de lo Civil de esta ciudad -en acatamiento a la ejecutoria de amparo- manifestó que se adhería al cumplimiento realizado por el tribunal superior. Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; se entiende por lo primero, cuando la autoridad responsable se extralimita en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria; esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme con lo ordenado por el órgano de amparo. Conviene destacar que la protección de la Justicia Federal se concedió en los términos establecidos en párrafos que anteceden y que las autoridades responsables acataron la sentencia de mérito, tal como se precisó en líneas anteriores; por lo que es dable determinar que las mismas no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su dispositivo 2°, se aprecia que la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México -en acatamiento a la sentencia protectora- dejó insubsistente la determinación de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación 1493/2019 y dictó otra en la que confirmó la interlocutoria de quince de agosto de dos mil diecinueve, pronunciada por la Juez Noveno de lo Civil de esta entidad federativa, en el "incidente de prescripción de ejecución de sentencia", deducido del juicio -ordinario civil- seguido por ************* en contra del *******************, ambos de esta ciudad y ***************, expediente 623/1998 de su registro. De igual manera, la Juez Noveno de lo Civil de esta ciudad -en acatamiento a la ejecutoria de amparo- manifestó que se adhería al cumplimiento realizado por el tribunal de apelación. Por lo tanto, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, con los oficios citados, acreditaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, con lo cual se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho violado. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada." En consecuencia, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las autoridades responsables incurrieran en exceso o defecto. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, es susceptible de depuración, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto, se concedió la protección constitucional; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General citado, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, la demanda; las resoluciones recurridas; la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el presente proveído y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Así, una vez cumplido el plazo de tres años de conservación, se procederá a la depuración del expediente y una vez acontecido lo anterior, se transferirá el mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, en términos del numeral 21, inciso c) del Acuerdo General en cita, toda vez que la medida cautelar se negó respecto de todos los actos reclamados. Por lo que una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a la destrucción del cuaderno original del incidente de suspensión, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del Acuerdo General mencionado. En relación con el duplicado del cuaderno incidental, el mismo es destruible en términos del arábigo 20, fracción II, inciso a) del mutireferido Acuerdo General; por lo que una vez cumplido el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de este acuerdo, se procederá de inmediato a su destrucción, ello en términos de lo dispuesto en el numeral en cita. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, AUTO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE MÉRITO, AUTO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020.

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