Betsi Donaji Godoy Gonzalez

Expediente 150/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 30 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
150/2019
Año
2019
Actuaciones
30
Última actuación
15/07/2019

Partes del expediente

  • Betsi Donaji Godoy Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 150/2019-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el catorce de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el primer resolutivo sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca Morelos veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de catorce de junio y el acuerdo de diecinueve de junio, ambos del presente año, a la parte quejosa BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia y acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. Sentencia que en lo conducente dice: V I S T O S los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio de amparo indirecto 150/2019, auxiliar 284/2019, promovido por BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ, por su propio derecho; y R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado de Morelos, BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ, demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA, me permito señalar a las siguientes: 1).- LA SALA AUXILIAR DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; con domicilio bien conocido en esta Ciudad. B).- EN SU CARÁCTER DE EJECUTORA, me permito señalar a las siguientes: 1).- EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, con domicilio bien conocido en esta ciudad. 2).- EL CIUDADANO DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, con domicilio bien conocido en el Poblado de Atlacholoaya, Morelos. IV.- ACTOS RECLAMADOS. A). DE LA ORDENADORA. LA SALA AUXILIAR DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL de fecha veintitrés de enero del año dos mil diecinueve, dictada en el toca penal número 163/18-16-OP, MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DICTADA CON FECHA MARZO 09 DEL AÑO 2018, dictada en la causa penal número JC/192/2018. B).- DE LA EJECUTORA. LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL RESOLUTIVO JUDICIAL de fecha veintitrés de enero del año dos mil diecinueve, MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DICTADA CON FECHA MARZO 09 DEL AÑO 2018." En la propia demanda de amparo la quejosa señaló violadas en su perjuicio las garantías que preservan los artículos 1°, 14, 16, 20, apartado B, fracción III y 23, de la Constitución federal, y expresó conceptos de violación. SEGUNDO.- Por razón de turno, la demanda se recibió el siete de febrero de dos mil diecinueve, en el Juzgado segundo de distrito en el Estado de Morelos, y se admitió a trámite por auto del día siguiente, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención al agente del Ministerio público de la federación adscrito, se ordenó el emplazamiento al tercero interesado, y se fijaron día y hora para la audiencia constitucional, celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo general 55/2009, del pleno del Consejo de la judicatura federal, relativo al inicio de funciones de los juzgados primero y segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con jurisdicción en toda la república, publicado en el Diario oficial de la federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve. SEGUNDO.- En principio, y con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado: La resolución de recurso de apelación, contra auto de vinculación a proceso que reclasifica el hecho delictivo de secuestro agravado al diverso de privación ilegal de la libertad; dentro del toca penal número 163/18-16-OP, dictada el veintitrés de enero de dos mil diecinueve (fojas 660 a 702, anexo). TERCERO.- No son ciertos los actos que se reclaman del Fiscal general del Estado de Morelos (foja 41), y del Director del centro estatal de readaptación social (fojas 112 y 113), pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, y esa negativa no fue desvirtuada por el quejoso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto de dichas autoridades y actos. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, del Apéndice 1917-2000, al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO.- Es cierto el acto reclamado de la Sala auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pues así lo manifestó en su informe justificado (foja 103), y se corrobora con las constancias que se anexaron al mismo; documentos públicos de valor probatorio pleno, según los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. QUINTO.- Son infundados los conceptos de violación, en razón de las siguientes consideraciones. Previo al estudio del presente asunto, conviene destacar que el acto reclamado consiste en la resolución del recurso de apelación de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, interpuesto por la representación social, en contra del auto de vinculación a proceso de nueve de marzo de dos mil dieciocho, por el delito de privación ilegal de la libertad, presuntamente cometido por Betsi Donaji Godoy González y Erick Esquivel González. Tal determinación fue emitida igualmente, en cumplimiento a las ejecutorias de los juicios de amparo 1458/2018, y 1692/2018, del Juzgado segundo de distrito en el Estado de Morelos; en dichas resoluciones, se concedió el amparo a los quejosos, que tienen el carácter de inculpados en el juicio de origen, para que la autoridad responsable dejara sin efectos la diversa determinación de quince de agosto de dos mil dieciocho, y emitiera otra, con libertad de jurisdicción, en audiencia y de forma oral, pues a criterio del juez de distrito, la formalidad en comento fue omitida por el tribunal responsable. En consecuencia, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dictó la resolución al recurso de apelación, en el que en esencia, se consideró lo siguiente: ".En ese marco, este Tribunal de Alzada procede a pronunciarse sobre los agravios de la fiscalía: Se precisa que el artículo 19 Constitucional, es requisito constitucional que la resolución del plazo constitucional exige que para justificar la detención de una persona por más de setenta y dos horas, requiere de una resolución denominada VINCULACIÓN A PROCESO, en la que establezca el delito que se impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En la especie, el juzgador acreditó los hechos delictivos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD apartándose de la calificación jurídica hecha por el fiscal en la imputación consistente en SECUESTRO AGRAVADO, bajo la distinción que hace la juzgadora en el sentido que, una cosa es causarle un daño y otra, privarlo de la vida. Se justifica además diciendo que, si el objetivo del activo al privar de la libertad al pasivo es causar un daño, es posiblemente causarle un daño o perjuicio que no tenga que ver con la vida. (.) La formulación de imputación hecha por la fiscalía es con fundamento en el artículo 9 fracción I inciso c) en relación con el 11 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro. Esta alzada establece como elementos de la descripción típica, los siguientes: a) La privación ilegal de una persona. b) Que tenga como propósito causarle un daño. La causa agravante prevista por el artículo 11, consiste en: La privación de la vida de la persona privada ilegalmente de la libertad. Ahora bien, previo a dar respuesta a los agravios, es prudente destacar de manera sintetizada la audiencia de vinculación a proceso en que se emitió la resolución materia del recurso, en efecto: La defensa posterior a exponer los antecedentes de prueba, concluye que, de la testimonial por parte de Víctor Manuel Serrano Arroyo, tiene conocimiento que el ingeniero ALBERTO HERNÁNDEZ JAIMES, mantenía una relación sentimental con BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ, que la última vez que tuvo contacto con la víctima fue el 18 de febrero y que precisamente se vería con esta persona que le refirió que al otro día (diecinueve de febrero) lo fuera a buscar al hotel Los Rosales para que él se llevara su camioneta, por lo tanto, desde el 19 de febrero fue privado de su libertad, tan es así que el testigo ve salir del hotel la camioneta del ingeniero y que en ella iba a bordo la persona que conoce con el nombre de Betsy y que ella manejaba dicha camioneta y en la parte de atrás viajaba el otro imputado sometiendo a una persona. Con lo que se acredita la privación ilegal de la libertad de la víctima, bajo el elemento del primer elemento del delito del hecho delictivo de secuestro. Lo que se concatena con el protocolo de necropsia de ley, donde se establece que el 28 de febrero se encontró sin vida a la víctima, corroborándose que se trata de la persona que desaparece aquí en el estado de Morelos, estableciéndose como cronotanato diagnóstico conforme al perito de cinco días al momento de la intervención, estando en cautiverio la víctima del 19 diecinueve de febrero hasta el día 23 veintitrés de febrero de 2018 dos mil dieciocho, estableciendo como causa de muerte el sofocamiento. Del mismo modo con los informes de investigación criminal y testigos de la víctima, del cual se establece que tenían conocimiento de esta relación, que ellos sabían que se había quedado de ver con la imputada, acreditándose la privación ilegal de la libertad y el propósito del daño, el cual está acreditado con la privación de la vida de la víctima. Por cuanto hace a la probable responsabilidad la fiscalía sostiene que es con todas y cada una de las testimoniales que ya fueron vertidas se establece hasta este momento de manera indiciaria que es ella (la imputada) la última persona que tuvo contacto con la víctima, además de encontrarse en poder del imputado la camioneta que era propiedad de la víctima, corroborándose con el dicho del testigo Víctor Manuel Serrano Arroyo, quien refiere que lo vio ese día diecinueve de febrero aproximadamente a las dieciocho horas salir al imputado junto con Betsy en el vehículo de la víctima. Por su parte, la defensa solicita se emita un auto de no vinculación a proceso por considerar que no debe tomarse en cuenta el dicho del testigo Víctor Manuel Serrano Arroyo, por no ser verosímil y no estar concatenada con otro medio de prueba. Cabe destacar que los imputados se abstienen de declarar. En ese sentido, la juez de control, sostiene entre otras cosas que, se toman en consideración los antecedentes siguientes: La comparecencia de Jorge Hernández Jaimes, de fecha veinte de febrero, el acta entrevista de veintiuno, veinticuatro, veinticinco de febrero, la comparecencia de veintiséis de febrero. La comparecencia del oficial Valois Ramírez García de veintiséis de febrero, veintisiete de febrero, de primero de marzo. El acta entrevista de fecha tres de marzo efectuada a Víctor Manuel Serrano Arroyo. Copias certificadas de la carpeta de investigación por la fiscalía del estado de México respecto del levantamiento del cuerpo de la víctima. Las entrevistas recabadas por María Guadalupe Rodríguez González al señor Jorge Hernández Jaimes y también a Michel Hernández Gutiérrez. La ampliación de entrevista a Marcos Manuel Ríos Velázquez. La pericial de necropsia de ley. El acta médica. Informe de criminalística de campo. La comparecencia de Héctor Agustín Orellán. Respecto a los antecedentes consistentes en: Diligencia de Confrontación por fotografía de fecha tres de marzo de dos mil dieciocho, sostiene la juzgado que no se toma en consideración por no reunir los requisitos mínimos indispensables para realizar dicha diligencia (la legislación aplicable establece las reglas de identificación por fotografía conforme al 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales), si bien es legal la obtención de las fotografías, pero no se siguieron las reglas del artículo en mención porque no se incorporó la razón por la cual se utilizaron esas fotografías, es decir, en que consistían las características semejantes. De la entrevista de Iván de Jesús Gómez Pichardo, no le queda claro quien entrevistó a quien, quien fue el encargado de recabar los datos, no se supo quién realizó la entrevista, de ahí que no pueda tomarse en cuenta por no cumplirse esta formalidad. De las copias certificadas de la carpeta FRV/FRV/107/043916/18/02, son actuaciones DE UN REPORTE DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, es un hecho ajeno al que nos ocupa, porque todo se refiere a la posesión o robo de vehículo y será aquella autoridad la que deberá encargarse de la investigación, no obstante que se haya detenido al ahora imputado quien su presencia en esta audiencia es por la orden de aprehensión. De ahí que no pueda tomarse en cuenta. El dictamen de identificación tampoco se toma en cuenta, porque va en el mismo sentido que el anterior. La víctima se le restringe en su libertad de tránsito, pero exige que sea causarle un daño. El daño fue matarlo, esto no es así, por eso el artículo 11 prevé una cuestión exógena o calificativa. En el tiempo de reproducción 17:33 a 17:34, del expediente digital DVD, la juez determina que una cosa es causarle daño y otra cosa es matarlo. Justificando su dicho en que, el objetivo de privar a la víctima de la privación de la libertad sea causarle un daño, pero que este no tiene que ver con la vida. Concluye en el tiempo de reproducción 17:35, que esta es la incongruencia que no puede ser pasada por alto. Sostiene en el minuto 17:36 a 17:37, que pasó entre los días 19 diecinueve y 23 veintitrés y 24 veinticuatro de febrero del presente año -se pregunta-, "hubo llamadas pidiendo rescate, hubo llamadas o mensajes hacia la víctima o sus familiares, hubo alguna advertencia que implicara un daño o un perjuicio a la víctima por cuanto a su persona a su trabajo a sus bienes, a sus familiares, no se aportó absolutamente nada al respecto, de ahí que no opere este delito. Por lo anterior, es que procede a emitir el auto de vinculación a proceso, apartándose de la calificación jurídica hecha por la fiscalía por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, para actualizar el hecho que la ley señala como delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. Con la información vertida, esta alzada considera que, los agravios formulados por la fiscalía particularmente el segundo, dirigido a la consideración técnica de la actualización del hecho delictivo, mientras que el primero a los datos de prueba o antecedentes que dejó de tomar en consideración la juzgadora. Resulta el segundo esencialmente y suficiente FUNDADO para MODIFICAR la resolución materia de la alzada, por las siguientes consideraciones: En efecto, el agravio consiste en que la juzgadora vierte argumentos de los cuales es evidente que atenta en todo momento contra los derechos fundamentales de las personas, incluso violenta el derecho más preciado que tiene todo individuo como es la vida, al desestimar que al ser privado de la vida NO ES CAUSAR UN DAÑO, cuando de los antecedentes se tiene que a la víctima se le privó de la vida, encontrándosele maniatado con cinta industrial de color gris, la causa de la muerte fue por asfixia generada por sofocación, todo esto atendiendo a las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, es evidente que fue derivado de esa privación de la libertad, de ahí que la juzgadora no sólo no tomo a en cuenta ciertos datos de prueba que proporciona la fiscalía, sino que además desacredita lo establecido por el numeral 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos materia del Secuestro, resultando incomprensible que la juzgadora refiere que no tendría caso establece este artículo, porque no tendría caso un doble enjuiciamiento, si la víctima es privado de su vida, de lo cual nada tiene que ver su argumento, en virtud de que la propia legislación se advierte primeramente dicha hipótesis como agravante, por lo cual, no implica un doble enjuiciamiento, como erróneamente lo estableció la juzgadora. En ese sentido, esta alzada determina que se trata de una apreciación y determinación técnica por parte de la juzgadora en torno a la descripción típica del delito de secuestro y su causa agravante, es decir, la juzgadora asume un criterio mediante el cual sostiene que la privación ilegal de la libertad con propósito de causar un daño o perjuicio a la víctima que se traduce en el delito de SECUESTRO, solamente será actualizado si y sólo si ese daño no es la privación de la vida, de otro modo no se actualiza, razón por la cual determinó la reclasificación al hecho que la ley señala como el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. A juicio de esta alzada, el criterio es erróneo, esto es así porque el mayor daño que se puede causar a una persona es la privación de su vida, luego, es inaudito que se distinga en un tópico que la norma no distingue, es decir, el inciso c) del artículo 9 de la referida Ley, es enunciativo en el sentido de la modalidad y cualidad del daño o perjuicio que se ocasione a la persona privada de la libertad, por ello, es que de una correcta apreciación e interpretación de la norma, se obtiene que, aquellos daños que se infrinjan a la víctima que no representen supresión de su vida, serán subsumidos a la figura delictiva principal por contener una mayor amplitud valorativa, es decir secuestro, subsistiendo ésta a través del principio de consunción o absorción sobre aquel delito que emerja del daño ocasionado a la víctima. Entonces, cuando el daño recaiga en un bien jurídico supremo como lo es la vida; es decir, que la víctima sea privada de la vida por los autores o partícipes del delito, se impondrá a éstos una pena de cuarenta a setenta años de prisión y de seis mil a doce mil días multa; lo que bajo ninguna óptica implica una recalificación de la conducta o doble enjuiciamiento, en virtud que la privación de la vida de la víctima es consecuencia de la privación ilegal de la libertad realizada con dicho propósito, estableciéndose en el nexo causal entre la causa y la consecuencia permitiendo establecer que la privación de la libertad no fue con un propósito diverso al de causar un daño, es decir, no se solicitó un rescate, no se impuso la obligación a sus familiares o a un particular a que realizaran o dejaran de realizar un acto cualquiera, reduciéndonos entonces por la naturaleza de los acontecimientos a que la finalidad de dicha privación fue la privar de la vida a la víctima, ocasionando así el mayor daño posible. (.) Ahora bien, es válido resaltar que en el caso concreto es evidente que la privación ilegal de la libertad fue con el propósito de causar un daño (privar de la vida), en razón que transcurrió un lapso de tiempo suficiente para considerar que estuvo privado de la libertad (de 4 a 5 días) para posteriormente suprimir la vida de la víctima, lo que permite hacer la absoluta distinción con la figura de homicidio de manera autónoma porque en esta, simplemente se priva de la vida a una persona sin mediar privación ilegal de la libertad. En consecuencia, esta alzada no comparte el criterio asumido por la natural en el sentido de distinguir entre la especie de daño que deba infringirse a la víctima en el delito de secuestro conforme al inciso c) y con ello establecer como un enunciado legal autónomo la hipótesis del artículo 11 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro, permitiendo así calificar de FUNDADO el agravio hecho valer por la fiscalía. Por lo anterior, es incorrecta la reclasificación jurídica de la figura delictiva hecha por la juzgadora conforme al hecho vertido en la formulación de imputación, puesto que de manera correcta los hechos materia de la imputación justifican la calificación jurídica de SECUESTRO AGRAVADO, de ahí que el estudio que debió hacer la juzgadora en el auto de vinculación a proceso debió obedecer a esta calificación jurídica y no a la de privación ilegal de la libertad. Siguiendo con el estudio del agravio en mención, en la porción que versa sobre la incongruencia entre la formulación de imputación y los antecedentes, haciéndolas consistir en el deposado del testigo principal en el sentido que: ".refiere en su entrevista que venía caminando de la parada del Conalep hacia el hotel y que a dos metros de la entrada de los vehículos es ahí donde visualizó el vehículo de su conocido; esto, sostiene la fiscalía, queda salvado porque la fiscalía hizo la aclaración; pero lo que ya no coincide es la segunda precisión, porque la representación social dijo que la víctima le pidió que fuera para recoger su vehículo y aquí quedó evidenciado que no fue eso lo que al víctima le pidió, lo que le pidió es que le fuera a apoyar para al hotel los rosales y que le apoyara con esa situación porque iba a consumir alcohol y lo fuera a recoger, esto viene a romper el motivo de porqué el testigo fue al lugar, argumentando la juzgadora que es importante resaltar esas circunstancias para dar credibilidad y hacer verosímil la información proporcionada por el testigo." Resulta ser FUNDADO pero INOPERANTE, esto es así en virtud que efectivamente la juzgadora establece que resulta incongruente la formulación de imputación con los hechos base de esta; sin embargo, esta determinación es insostenible, toda vez que lo que realmente califica es la apreciación y valoración del dato de prueba consistente en el testimonio de Víctor Manuel Serrano Arroyo, lo que bajo ninguna óptica nos lleva a la consideración de incongruencia entre el hecho y la formulación de imputación, sino que la labor de apreciación y valoración de la prueba como función exclusiva del juzgador podrá conceder o no valor probatorio a tal o cual elemento o antecedente de prueba, que es lo que efectivamente realizó la juzgadora, tan es así que concluye diciendo que eso lo destaca con la finalidad de dar credibilidad y verosimilitud al testigo, mismo que finalmente valora de manera favorable para acreditar el hecho de la privación ilegal de la libertad, de ahí que ningún perjuicio le irroga a la fiscalía la mención de incongruencia, porque de cualquier modo la juzgadora apreció y valoró el dato de prueba a cargo del ateste Víctor Manuel Serrano Arroyo. Respecto del agravio primero en que la fiscalía se duele que la juzgadora no toma en cuenta diversos antecedentes de prueba como son: 1.- Las diligencias de identificación, confrontación por fotografía, de fecha tres de marzo de dos mil dieciocho, en la cual el testigo presencial VICTOR MANUEL SERRANO ARROYO realiza el señalamiento de los ciudadanos BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ Y ERICK ESQUIVEL GONZALEZ, como los probables en la comisión o participación del hecho delictivo que se les atribuye, argumentando la juzgadora que no se toman en consideración en virtud de que no reúnen los requisitos del numeral 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que no se aportaron las características fisonómicas de las personas proporcionadas en las fotografías que les fueron puestas al testigo para efecto de que el mismo hiciera el señalamiento correspondiente de las personas investigadas. 2.- La entrevista realizada a IVAN DE JESÚS GOMEZ PICHARDO, Policía de Investigación adscrito a la fiscalía especializada para la investigación de personas extraviadas y no localizadas del Estado de México, toda vez que la juzgadora refiere que como no se mencionó ante quien o quienes le realizó la entrevista a esta testigo, no se toma en cuenta. 3.- Las copias certificadas de la carpeta FRV/FRV/107/043916/18/02 de las cuales se desprende que son actuaciones respecto de un reporte de vehículo automotor, generado con motivo de la desaparición de ALBERTO HERNÁNDEZ JAIMES, ya que es de su propiedad y lo traía al momento de los hechos. 4.- El DICTAMEN PERICIAL DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FORD TIPO RANGER, MODELO 2005, COLOR BLANCO. vehículo propiedad de la víctima, bajo los mismos argumentos que el dato de prueba anterior; lo que irroga agravio porque con dicho dictamen se logra acreditar principalmente la existencia del vehículo. El agravio resulta parcialmente FUNDADO, en virtud que contrario a los argumentos vertidos por la juzgadora para desestimar dichos antecedentes de prueba, estos colman los requisitos legales para su emisión, además de la íntima relación con los hechos materia de la presente investigación, debiendo considerarlos de manera integral con los hechos y no aislada o ajenos a los mismos, ya que derivan del mismo origen delictivo, por tal razón, dichos antecedentes de prueba se consideran idóneos y viables para corroborar los hechos de la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, como es que, con las copias certificadas de FRV/FRV/107/043916/18/02 que se refieren a actuaciones de un reporte de vehículo automotor generado con motivo de la desaparición de ALBERTO HERNÁNDEZ JAIMES, con las que se acredita la existencia y titularidad de dicho bien automotor, que dicho sea de paso, no habría de estar fuera del rango de acción de su propietario, es decir la víctima, de no haberlo privado de la libertad y de la vida. Lo que se corrobora con el dictamen en materia de identificación del VEHÍCULO MARCA FORD. Lo mismo acontece con la prueba de identificación por fotografía sobre el que la juzgadora considera no tomar en cuenta porque no se siguieron las reglas del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no se incorporó la razón por la cual se utilizaron esas fotografías, es decir, en que consistían las características semejantes. Este argumento es insostenible e infundado, porque conforme al artículo en mención establece: (.) Partiendo del enunciado legal, esta alzada determina que la práctica de la identificación fue legal puesto que efectivamente se cumplieron los requisitos que establece el artículo al mostrar al testigo la fotografía de la persona o personas a reconocer junto con otras de características semejantes, esto quedó establecido en la diligencia de reconocimiento y es suficiente en esta etapa procedimental para conceder valor probatorio, pues en todo caso será en diversa etapa e incluso en el contradictorio de la prueba en que se dispondrá del registro de las fotografías exhibidas, por tanto, el hecho que no se haya incorporado la razón por la cual se utilizaron tales o cuales fotografías que hiciera las veces de saber en qué consistían las características semejantes, no es motivo suficiente para dejar de apreciar el antecedente o dato de prueba de la diligencia de confrontación cuya finalidad probatoria es relevante por tratarse de la identidad de los imputados. (.) En consecuencia, este Tribunal de Alzada califica de esencialmente FUNDADOS los agravios de la fiscalía y suficientes para MODIFICAR la resolución de fecha 9 nueve de marzo de 2018, concretamente en lo que respecta a la calificación jurídica del hecho que la ley señala como delito, puesto que, como se ha dejado claro, es incorrecto el criterio de interpretación asumido por la juzgadora en el sentido de reclasificar al delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, para tener acreditado el hecho que la ley señala como el delito de SECUESTRO AGRAVADO, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I inciso c) de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, con relación al artículo 11 de la misma ley, que establecen: (.) Esta alzada establece como elementos de la descripción típica, lo siguientes: a) La privación ilegal de una persona. b) Que tenga como propósito causarle un daño. La causa agravante prevista por el artículo 11, consiste en: La privación de la vida de la persona privada ilegalmente de la libertad. Lo anterior con los mismos datos o antecedentes de prueba que sirvieron para emitir el citado auto de vinculación a proceso, y que fueron tomados en cuenta por la juzgadora natural como son: El testimonio de los ciudadanos Marcos Manuel Ríos Velázquez, Alejandro Díaz Cruceño y Armando Salgado Salgado. Con los que se acredita la relación o trato de familiaridad entre la víctima y la imputada BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ. La testimonial a cargo de Víctor Manuel Serrano Arroyo, del que se extrae información congruente y consistente para acreditar que existía esa relación o trato entre víctima y la hora imputada, ateste que la describe en sus características físicas, que se tuvo noticias de la víctima hasta el día dieciocho de febrero de dos mil dieciocho, a partir del día diecinueve ya no se supo nada de la víctima, salvo que el ateste refiere que le solicitó que acudiera al Hotel Rosales a apoyarlo, quien estando a dos metros de la salida de los vehículos de dicho hotel, se percató de la camioneta de la víctima que era conducida por la imputada BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ y que en la parte de atrás venía un masculino describiéndolo meridianamente y que al parecer iba sometiendo a una persona, sino que se percatara que fuera la víctima. Sin embargo, esto pone de manifiesto las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de la privación ilegal de la libertad que transcurrió de los días 19 al 23 o 24 de febrero, temporalidad en que la víctima estuvo con vida. Lo que se concatena con el dictamen de necropsia de ley, del que se conoce la causa de la muerte, así como el cronotanato diagnóstico, que va de cuatro a cinco días a partir de la intervención del médico legista. Probanzas a las que se concede valor probatorio conforme a los artículos 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suficientes para acreditar que se privó de la libertad de manera ilegal a la víctima y que posteriormente fue privada de la vida, lo que pone de manifiesto que el propósito de dicha privación de la libertad fue el causarle un daño, pues como se ha dejado claro y contrario a lo argumentado por la juzgadora en su resolución, es inaudito considerar de manera aislada la privación de la vida respecto la privación de la libertad, dado que debe de apreciarse el hecho de manera integral y conforme a la consecución lógica y natural del desarrollo del evento, apreciándose conforme a las reglas de la lógica, sana crítica y máximas de la experiencia, lo que nos lleva a determinar que la consecuencia de suprimirle la vida al pasivo, indica que esto aconteció como fin inmediato o propósito de los activos al privarlo de la libertad, puesto que no demostraron otro propósito como lo es el pedir un rescate o imponer una obligación a los familiares de la víctima, sino que simplemente afectaron el bien jurídico supremo, la vida; y por tanto, se actualiza el delito de SECUESTRO AGRAVADO previsto por el artículo 10 fracción I inciso c) y la causa agravante del artículo 11 ambos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro. POSIBLE PARTICIPACIÓN Ahora bien, con respecto a la posible participación de los imputados BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ y ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ en la comisión del hecho delictivo de SECUESTRO AGRAVADO, esta se tiene acreditada con los medios de prueba que sirvieron a la juzgadora para acreditar la probable intervención de dichos imputados. El testigo Víctor Manuel Serrano Arroyo, quien estando a dos metros de la salida de los vehículos del hotel rosales, vio la camioneta que era conducida por BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ y en la parte trasera al imputado ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ. Lo que se corrobora con las actuaciones que en copia certificada obran agregadas a la investigación por parte de la fiscalía del estado de México de las que se desprende que ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ dispuso del vehículo automotor propiedad de la víctima al encontrarlo y detenerlo en posesión de este. A lo que debe sumarse la prueba de confrontación por fotografía que conforme al artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue llevada a cabo y de la que se desprende el señalamiento directo en contra de los imputados BETSI DONAJI GODOY y ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ, como las personas que el día diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, privaron de la libertad de manera ilegal a la víctima al sacarlo del hotel Los Rosales a bordo de su propia camioneta Ford Ranger que era tripulada por la imputada BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ y en la parte trasera el imputado ERICK ESQUIVEL CONZÁLEZ con una persona más la cual llevaba sometida. Antecedentes de prueba que también sirvieron a la juzgadora natural para determinar la probable intervención de los imputados BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ y ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ, en el hecho delictivo, solo que esta alzada precisa que se ha encontrado acreditado el hecho que la ley señala como delito de SECUESTRO AGRAVADO, sin que opere en favor de los imputados causa excluyente de incriminación o prescripción." Por su parte, la quejosa aduce que no se le dio la oportunidad de conocer personalmente los hechos cuya comisión se le imputaban; empero, de la constancia de la audiencia llevada a cabo el nueve de marzo de dos mil dieciocho (foja 5, anexo), se asentó: ".EL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, y estando presentes en la sala de audiencia número 2 de este Tribunal, a fin de llevar audiencia de término legal respecto de la carpeta técnica que se identifica con las siglas JC/192/2018, la Agente del Ministerio Público Licenciada LAURA MACEDO CORREA y Licenciado ROMEL SALGADO GODINEZ, la defensa pública Licenciada MIRNA LÓPEZ SANDOVAL, así como los imputados BETSY DONAJI GODOY GONZÁLEZ Y ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ bajo las medidas de seguridad por parte de los elementos de seguridad y custodia del Centro Estatal de Reinserción Social, toda vez que se encuentran sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. En uso de la palabra el Agente del Ministerio Público vertió antecedentes con los que considera debe vincularse a proceso a los imputados de mérito. Por su parte la defensa pública realizó sus manifestaciones por las cuales considera no se debe vincular a proceso a sus representados. Una vez otorgado el uso de la palabra en igualdad de oportunidades, la suscrita procede a resolver." Como se advierte, en la audiencia correspondiente, en la que estuvieron presentes los imputados, entre ellos la quejosa, se dio a conocer el motivo y las circunstancias por las cuales se encontraban detenidos, lo que quedó asentado en la diligencia en comento, por lo que sus argumentos resultan infundados, en virtud de que la quejosa estuvo presente en dicha audiencia, por lo que pudo conocer la acusación y los datos de la representación social en su contra. En otro orden de ideas, la quejosa señala en su escrito de demanda, que la autoridad responsable omitió observar el principio de presunción de inocencia; que para el dictado de un auto de vinculación a proceso es necesario que existan datos que demuestren la existencia de un hecho considerado como ilícito, lo que en el caso no ocurre, ya que no se demuestra la existencia de un secuestro, pues no existen pruebas de lo que aconteció los días diecinueve al veinticuatro de febrero, ni evidencia de que se hayan llevado a cabo llamadas o mensajes para obtener algún rescate. Así, como lo establece la quejosa, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es necesario que se cumplan ciertos requisitos, tal como se indica en el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Como se observa, para que el auto de vinculación a proceso sea apegado a derecho, es necesario que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley considera como delito; sin embargo, en el presente caso, se advierte que los argumentos esgrimidos en relación a este tema, son infundados. En efecto, dentro de la resolución reclamada se determinó que de las pruebas reseñadas se observa la existencia del hecho ilícito de secuestro, ya que de la testimonial a cargo de Víctor Manuel Serrano Arroyo, se advierte que el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, éste observó cómo se llevaban sometida a la víctima, así mismo, de los demás medios de prueba se destacó que a partir de ese día no se tuvo conocimiento del paradero de la víctima. Igualmente, el Tribunal responsable destacó que en el informe del médico legista se informó que la víctima había fallecido alrededor de cinco días antes de que fuera encontrada, lo que supone que el día del deceso fue entre el veintitrés y veinticuatro de febrero, ya que la víctima fue localizada hasta el veintiocho siguiente, aunado a que ésta se encontraba maniatada con cinta industrial gris. Por lo anterior, el Tribunal responsable concluyó correctamente que entre el momento en que el testigo observó cuando se llevaron a la víctima, hasta el momento en que presuntamente falleció, se encontraba privado de la libertad, por lo que se actualizaba la hipótesis de la norma, señalando además que el motivo de su privación fue causarle daño, lo que se concretó en su muerte. Bajo esa línea de pensamiento, se evidencia que de los datos de prueba que estuvieron a la vista del Tribunal responsable, sí se advierte la existencia de un hecho ilícito; sin que sea óbice que no exista petición de un rescate, pues el artículo 9°, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, establece lo siguiente: "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera; c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten." Del contenido del precepto en cita, se desprende que el delito de privación ilegal de la libertad considera diversos supuestos para su actualización, siendo sólo uno de ellos, la obtención de un rescate o beneficio; motivo por el cual se concluye que, el hecho de que no existan pruebas que demuestren que los probables responsables llevaron a cabo llamadas para pedir una cantidad de dinero, es insuficiente para determinar que el delito de secuestro no se actualizó, ya que la autoridad estableció que la hipótesis aplicable al caso concreto, es la que se encuentra en el inciso c), en el que se advierte que el propósito de la privación ilegal de la libertad, es causar un daño o perjuicio a la víctima, lo que ocurrió en el presente asunto, al privarlo de la vida. Relacionado con lo anterior, la quejosa argumenta que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado ni motivado, lo que es violatorio de sus derechos y garantías. Lo anterior es infundado. Tal como se advierte de la transcripción hecha en párrafos anteriores, el Tribunal responsable indicó que la figura aplicable era la de los artículos 9°, y II, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; así mismo, señaló los motivos por los cuales consideró que el hecho ilícito actualizaba dicha hipótesis y no la privación ilegal de la libertad, como lo había decretado la juez de primera instancia; sobre el tema precisó, que sí existía un daño causado a la víctima, que era la privación de la vida, y que al no hacer distinción el inciso c) del artículo 9° del ordenamiento referido, no debía hacerlo el juzgador, pues dicha porción normativa establece que se actualiza la hipótesis si se causa daño a la víctima, lo que en efecto aconteció en el caso concreto, al matarlo. De igual forma, destacó la declaración del testigo Víctor Manuel Serrano Arroyo, quien observó cómo se llevaban sometido a la víctima, en la camioneta de su propiedad, y que la iba manejando la quejosa; lo que representa un señalamiento directo en el sentido de que la quejosa se encontraba en el lugar de los hechos, participando en la privación de libertad de Alberto Hernández Jaimes; lo que hasta este momento procesal, resulta suficiente para dictar un auto de vinculación a proceso, pues será en etapas posteriores, que la inculpada tendrá la oportunidad de presentar elementos de prueba y rebatir los de la fiscalía. Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, y al no encontrar deficiencia de la queja, según lo establece el inciso a), fracción III, del artículo 79, de la Ley de Amparo, debe negarse el amparo a la quejosa. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 76, y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE el presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ, por los actos y autoridades precisados en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la quejosa. Así lo resolvió y firma el licenciado Alfredo Rivera Anaya, Juez segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, hoy catorce de junio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el licenciado Rodrigo Rodríguez Tepezano, Secretario que autoriza y da fe. Acuerdo que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, a través del cual remite el diverso signado por el Juez Segundo de Distrito del aludido Centro Auxiliar, mediante el cual remite el juicio de amparo 150/2019-II, promovido por BETSI DONAJI GODOY GONZALEZ, constante de 275 fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada de catorce de junio de dos mil diecinueve, en la que determinó sobreseer en el juicio y negar el amparo y protección de la justicia federal; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida y un anexo. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, a través del cual remite el diverso signado por el Juez Segundo de Distrito del aludido Centro Auxiliar, mediante el cual remite el juicio de amparo 150/2019-II, promovido por BETSI DONAJI GODOY GONZALEZ, constante de 275 fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada de catorce de junio de dos mil diecinueve, en la que determinó sobreseer en el juicio y negar el amparo y protección de la justicia federal; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida y un anexo. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:...V I S T O S los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio de amparo indirecto 150/2019, auxiliar 284/2019, promovido por BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ, por su propio derecho; y R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado de Morelos, BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ, demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA, me permito señalar a las siguientes: 1).- LA SALA AUXILIAR DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; con domicilio bien conocido en esta Ciudad. B).- EN SU CARÁCTER DE EJECUTORA, me permito señalar a las siguientes: 1).- EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, con domicilio bien conocido en esta ciudad. 2).- EL CIUDADANO DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, con domicilio bien conocido en el Poblado de Atlacholoaya, Morelos. IV.- ACTOS RECLAMADOS. A). DE LA ORDENADORA. LA SALA AUXILIAR DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL de fecha veintitrés de enero del año dos mil diecinueve, dictada en el toca penal número 163/18-16-OP, MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DICTADA CON FECHA MARZO 09 DEL AÑO 2018, dictada en la causa penal número JC/192/2018. B).- DE LA EJECUTORA. LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL RESOLUTIVO JUDICIAL de fecha veintitrés de enero del año dos mil diecinueve, MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DICTADA CON FECHA MARZO 09 DEL AÑO 2018." En la propia demanda de amparo la quejosa señaló violadas en su perjuicio las garantías que preservan los artículos 1°, 14, 16, 20, apartado B, fracción III y 23, de la Constitución federal, y expresó conceptos de violación. SEGUNDO.- Por razón de turno, la demanda se recibió el siete de febrero de dos mil diecinueve, en el Juzgado segundo de distrito en el Estado de Morelos, y se admitió a trámite por auto del día siguiente, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención al agente del Ministerio público de la federación adscrito, se ordenó el emplazamiento al tercero interesado, y se fijaron día y hora para la audiencia constitucional, celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo general 55/2009, del pleno del Consejo de la judicatura federal, relativo al inicio de funciones de los juzgados primero y segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con jurisdicción en toda la república, publicado en el Diario oficial de la federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve. SEGUNDO.- En principio, y con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado:  La resolución de recurso de apelación, contra auto de vinculación a proceso que reclasifica el hecho delictivo de secuestro agravado al diverso de privación ilegal de la libertad; dentro del toca penal número 163/18-16-OP, dictada el veintitrés de enero de dos mil diecinueve (fojas 660 a 702, anexo). TERCERO.- No son ciertos los actos que se reclaman del Fiscal general del Estado de Morelos (foja 41), y del Director del centro estatal de readaptación social (fojas 112 y 113), pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, y esa negativa no fue desvirtuada por el quejoso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto de dichas autoridades y actos. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, del Apéndice 1917-2000, al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO.- Es cierto el acto reclamado de la Sala auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pues así lo manifestó en su informe justificado (foja 103), y se corrobora con las constancias que se anexaron al mismo; documentos públicos de valor probatorio pleno, según los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. QUINTO.- Son infundados los conceptos de violación, en razón de las siguientes consideraciones. Previo al estudio del presente asunto, conviene destacar que el acto reclamado consiste en la resolución del recurso de apelación de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, interpuesto por la representación social, en contra del auto de vinculación a proceso de nueve de marzo de dos mil dieciocho, por el delito de privación ilegal de la libertad, presuntamente cometido por Betsi Donaji Godoy González y Erick Esquivel González. Tal determinación fue emitida igualmente, en cumplimiento a las ejecutorias de los juicios de amparo 1458/2018, y 1692/2018, del Juzgado segundo de distrito en el Estado de Morelos; en dichas resoluciones, se concedió el amparo a los quejosos, que tienen el carácter de inculpados en el juicio de origen, para que la autoridad responsable dejara sin efectos la diversa determinación de quince de agosto de dos mil dieciocho, y emitiera otra, con libertad de jurisdicción, en audiencia y de forma oral, pues a criterio del juez de distrito, la formalidad en comento fue omitida por el tribunal responsable. En consecuencia, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dictó la resolución al recurso de apelación, en el que en esencia, se consideró lo siguiente: ".En ese marco, este Tribunal de Alzada procede a pronunciarse sobre los agravios de la fiscalía: Se precisa que el artículo 19 Constitucional, es requisito constitucional que la resolución del plazo constitucional exige que para justificar la detención de una persona por más de setenta y dos horas, requiere de una resolución denominada VINCULACIÓN A PROCESO, en la que establezca el delito que se impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En la especie, el juzgador acreditó los hechos delictivos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD apartándose de la calificación jurídica hecha por el fiscal en la imputación consistente en SECUESTRO AGRAVADO, bajo la distinción que hace la juzgadora en el sentido que, una cosa es causarle un daño y otra, privarlo de la vida. Se justifica además diciendo que, si el objetivo del activo al privar de la libertad al pasivo es causar un daño, es posiblemente causarle un daño o perjuicio que no tenga que ver con la vida. (.) La formulación de imputación hecha por la fiscalía es con fundamento en el artículo 9 fracción I inciso c) en relación con el 11 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro. Esta alzada establece como elementos de la descripción típica, los siguientes: a) La privación ilegal de una persona. b) Que tenga como propósito causarle un daño. La causa agravante prevista por el artículo 11, consiste en: La privación de la vida de la persona privada ilegalmente de la libertad. Ahora bien, previo a dar respuesta a los agravios, es prudente destacar de manera sintetizada la audiencia de vinculación a proceso en que se emitió la resolución materia del recurso, en efecto: La defensa posterior a exponer los antecedentes de prueba, concluye que, de la testimonial por parte de Víctor Manuel Serrano Arroyo, tiene conocimiento que el ingeniero ALBERTO HERNÁNDEZ JAIMES, mantenía una relación sentimental con BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ, que la última vez que tuvo contacto con la víctima fue el 18 de febrero y que precisamente se vería con esta persona que le refirió que al otro día (diecinueve de febrero) lo fuera a buscar al hotel Los Rosales para que él se llevara su camioneta, por lo tanto, desde el 19 de febrero fue privado de su libertad, tan es así que el testigo ve salir del hotel la camioneta del ingeniero y que en ella iba a bordo la persona que conoce con el nombre de Betsy y que ella manejaba dicha camioneta y en la parte de atrás viajaba el otro imputado sometiendo a una persona. Con lo que se acredita la privación ilegal de la libertad de la víctima, bajo el elemento del primer elemento del delito del hecho delictivo de secuestro. Lo que se concatena con el protocolo de necropsia de ley, donde se establece que el 28 de febrero se encontró sin vida a la víctima, corroborándose que se trata de la persona que desaparece aquí en el estado de Morelos, estableciéndose como cronotanato diagnóstico conforme al perito de cinco días al momento de la intervención, estando en cautiverio la víctima del 19 diecinueve de febrero hasta el día 23 veintitrés de febrero de 2018 dos mil dieciocho, estableciendo como causa de muerte el sofocamiento. Del mismo modo con los informes de investigación criminal y testigos de la víctima, del cual se establece que tenían conocimiento de esta relación, que ellos sabían que se había quedado de ver con la imputada, acreditándose la privación ilegal de la libertad y el propósito del daño, el cual está acreditado con la privación de la vida de la víctima. Por cuanto hace a la probable responsabilidad la fiscalía sostiene que es con todas y cada una de las testimoniales que ya fueron vertidas se establece hasta este momento de manera indiciaria que es ella (la imputada) la última persona que tuvo contacto con la víctima, además de encontrarse en poder del imputado la camioneta que era propiedad de la víctima, corroborándose con el dicho del testigo Víctor Manuel Serrano Arroyo, quien refiere que lo vio ese día diecinueve de febrero aproximadamente a las dieciocho horas salir al imputado junto con Betsy en el vehículo de la víctima. Por su parte, la defensa solicita se emita un auto de no vinculación a proceso por considerar que no debe tomarse en cuenta el dicho del testigo Víctor Manuel Serrano Arroyo, por no ser verosímil y no estar concatenada con otro medio de prueba. Cabe destacar que los imputados se abstienen de declarar. En ese sentido, la juez de control, sostiene entre otras cosas que, se toman en consideración los antecedentes siguientes: La comparecencia de Jorge Hernández Jaimes, de fecha veinte de febrero, el acta entrevista de veintiuno, veinticuatro, veinticinco de febrero, la comparecencia de veintiséis de febrero. La comparecencia del oficial Valois Ramírez García de veintiséis de febrero, veintisiete de febrero, de primero de marzo. El acta entrevista de fecha tres de marzo efectuada a Víctor Manuel Serrano Arroyo. Copias certificadas de la carpeta de investigación por la fiscalía del estado de México respecto del levantamiento del cuerpo de la víctima. Las entrevistas recabadas por María Guadalupe Rodríguez González al señor Jorge Hernández Jaimes y también a Michel Hernández Gutiérrez. La ampliación de entrevista a Marcos Manuel Ríos Velázquez. La pericial de necropsia de ley. El acta médica. Informe de criminalística de campo. La comparecencia de Héctor Agustín Orellán. Respecto a los antecedentes consistentes en: Diligencia de Confrontación por fotografía de fecha tres de marzo de dos mil dieciocho, sostiene la juzgado que no se toma en consideración por no reunir los requisitos mínimos indispensables para realizar dicha diligencia (la legislación aplicable establece las reglas de identificación por fotografía conforme al 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales), si bien es legal la obtención de las fotografías, pero no se siguieron las reglas del artículo en mención porque no se incorporó la razón por la cual se utilizaron esas fotografías, es decir, en que consistían las características semejantes. De la entrevista de Iván de Jesús Gómez Pichardo, no le queda claro quien entrevistó a quien, quien fue el encargado de recabar los datos, no se supo quién realizó la entrevista, de ahí que no pueda tomarse en cuenta por no cumplirse esta formalidad. De las copias certificadas de la carpeta FRV/FRV/107/043916/18/02, son actuaciones DE UN REPORTE DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, es un hecho ajeno al que nos ocupa, porque todo se refiere a la posesión o robo de vehículo y será aquella autoridad la que deberá encargarse de la investigación, no obstante que se haya detenido al ahora imputado quien su presencia en esta audiencia es por la orden de aprehensión. De ahí que no pueda tomarse en cuenta. El dictamen de identificación tampoco se toma en cuenta, porque va en el mismo sentido que el anterior. La víctima se le restringe en su libertad de tránsito, pero exige que sea causarle un daño. El daño fue matarlo, esto no es así, por eso el artículo 11 prevé una cuestión exógena o calificativa. En el tiempo de reproducción 17:33 a 17:34, del expediente digital DVD, la juez determina que una cosa es causarle daño y otra cosa es matarlo. Justificando su dicho en que, el objetivo de privar a la víctima de la privación de la libertad sea causarle un daño, pero que este no tiene que ver con la vida. Concluye en el tiempo de reproducción 17:35, que esta es la incongruencia que no puede ser pasada por alto. Sostiene en el minuto 17:36 a 17:37, que pasó entre los días 19 diecinueve y 23 veintitrés y 24 veinticuatro de febrero del presente año -se pregunta-, "hubo llamadas pidiendo rescate, hubo llamadas o mensajes hacia la víctima o sus familiares, hubo alguna advertencia que implicara un daño o un perjuicio a la víctima por cuanto a su persona a su trabajo a sus bienes, a sus familiares, no se aportó absolutamente nada al respecto, de ahí que no opere este delito. Por lo anterior, es que procede a emitir el auto de vinculación a proceso, apartándose de la calificación jurídica hecha por la fiscalía por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, para actualizar el hecho que la ley señala como delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. Con la información vertida, esta alzada considera que, los agravios formulados por la fiscalía particularmente el segundo, dirigido a la consideración técnica de la actualización del hecho delictivo, mientras que el primero a los datos de prueba o antecedentes que dejó de tomar en consideración la juzgadora. Resulta el segundo esencialmente y suficiente FUNDADO para MODIFICAR la resolución materia de la alzada, por las siguientes consideraciones: En efecto, el agravio consiste en que la juzgadora vierte argumentos de los cuales es evidente que atenta en todo momento contra los derechos fundamentales de las personas, incluso violenta el derecho más preciado que tiene todo individuo como es la vida, al desestimar que al ser privado de la vida NO ES CAUSAR UN DAÑO, cuando de los antecedentes se tiene que a la víctima se le privó de la vida, encontrándosele maniatado con cinta industrial de color gris, la causa de la muerte fue por asfixia generada por sofocación, todo esto atendiendo a las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, es evidente que fue derivado de esa privación de la libertad, de ahí que la juzgadora no sólo no tomo a en cuenta ciertos datos de prueba que proporciona la fiscalía, sino que además desacredita lo establecido por el numeral 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos materia del Secuestro, resultando incomprensible que la juzgadora refiere que no tendría caso establece este artículo, porque no tendría caso un doble enjuiciamiento, si la víctima es privado de su vida, de lo cual nada tiene que ver su argumento, en virtud de que la propia legislación se advierte primeramente dicha hipótesis como agravante, por lo cual, no implica un doble enjuiciamiento, como erróneamente lo estableció la juzgadora. En ese sentido, esta alzada determina que se trata de una apreciación y determinación técnica por parte de la juzgadora en torno a la descripción típica del delito de secuestro y su causa agravante, es decir, la juzgadora asume un criterio mediante el cual sostiene que la privación ilegal de la libertad con propósito de causar un daño o perjuicio a la víctima que se traduce en el delito de SECUESTRO, solamente será actualizado si y sólo si ese daño no es la privación de la vida, de otro modo no se actualiza, razón por la cual determinó la reclasificación al hecho que la ley señala como el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. A juicio de esta alzada, el criterio es erróneo, esto es así porque el mayor daño que se puede causar a una persona es la privación de su vida, luego, es inaudito que se distinga en un tópico que la norma no distingue, es decir, el inciso c) del artículo 9 de la referida Ley, es enunciativo en el sentido de la modalidad y cualidad del daño o perjuicio que se ocasione a la persona privada de la libertad, por ello, es que de una correcta apreciación e interpretación de la norma, se obtiene que, aquellos daños que se infrinjan a la víctima que no representen supresión de su vida, serán subsumidos a la figura delictiva principal por contener una mayor amplitud valorativa, es decir secuestro, subsistiendo ésta a través del principio de consunción o absorción sobre aquel delito que emerja del daño ocasionado a la víctima. Entonces, cuando el daño recaiga en un bien jurídico supremo como lo es la vida; es decir, que la víctima sea privada de la vida por los autores o partícipes del delito, se impondrá a éstos una pena de cuarenta a setenta años de prisión y de seis mil a doce mil días multa; lo que bajo ninguna óptica implica una recalificación de la conducta o doble enjuiciamiento, en virtud que la privación de la vida de la víctima es consecuencia de la privación ilegal de la libertad realizada con dicho propósito, estableciéndose en el nexo causal entre la causa y la consecuencia permitiendo establecer que la privación de la libertad no fue con un propósito diverso al de causar un daño, es decir, no se solicitó un rescate, no se impuso la obligación a sus familiares o a un particular a que realizaran o dejaran de realizar un acto cualquiera, reduciéndonos entonces por la naturaleza de los acontecimientos a que la finalidad de dicha privación fue la privar de la vida a la víctima, ocasionando así el mayor daño posible. (.) Ahora bien, es válido resaltar que en el caso concreto es evidente que la privación ilegal de la libertad fue con el propósito de causar un daño (privar de la vida), en razón que transcurrió un lapso de tiempo suficiente para considerar que estuvo privado de la libertad (de 4 a 5 días) para posteriormente suprimir la vida de la víctima, lo que permite hacer la absoluta distinción con la figura de homicidio de manera autónoma porque en esta, simplemente se priva de la vida a una persona sin mediar privación ilegal de la libertad. En consecuencia, esta alzada no comparte el criterio asumido por la natural en el sentido de distinguir entre la especie de daño que deba infringirse a la víctima en el delito de secuestro conforme al inciso c) y con ello establecer como un enunciado legal autónomo la hipótesis del artículo 11 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro, permitiendo así calificar de FUNDADO el agravio hecho valer por la fiscalía. Por lo anterior, es incorrecta la reclasificación jurídica de la figura delictiva hecha por la juzgadora conforme al hecho vertido en la formulación de imputación, puesto que de manera correcta los hechos materia de la imputación justifican la calificación jurídica de SECUESTRO AGRAVADO, de ahí que el estudio que debió hacer la juzgadora en el auto de vinculación a proceso debió obedecer a esta calificación jurídica y no a la de privación ilegal de la libertad. Siguiendo con el estudio del agravio en mención, en la porción que versa sobre la incongruencia entre la formulación de imputación y los antecedentes, haciéndolas consistir en el deposado del testigo principal en el sentido que: ".refiere en su entrevista que venía caminando de la parada del Conalep hacia el hotel y que a dos metros de la entrada de los vehículos es ahí donde visualizó el vehículo de su conocido; esto, sostiene la fiscalía, queda salvado porque la fiscalía hizo la aclaración; pero lo que ya no coincide es la segunda precisión, porque la representación social dijo que la víctima le pidió que fuera para recoger su vehículo y aquí quedó evidenciado que no fue eso lo que al víctima le pidió, lo que le pidió es que le fuera a apoyar para al hotel los rosales y que le apoyara con esa situación porque iba a consumir alcohol y lo fuera a recoger, esto viene a romper el motivo de porqué el testigo fue al lugar, argumentando la juzgadora que es importante resaltar esas circunstancias para dar credibilidad y hacer verosímil la información proporcionada por el testigo." Resulta ser FUNDADO pero INOPERANTE, esto es así en virtud que efectivamente la juzgadora establece que resulta incongruente la formulación de imputación con los hechos base de esta; sin embargo, esta determinación es insostenible, toda vez que lo que realmente califica es la apreciación y valoración del dato de prueba consistente en el testimonio de Víctor Manuel Serrano Arroyo, lo que bajo ninguna óptica nos lleva a la consideración de incongruencia entre el hecho y la formulación de imputación, sino que la labor de apreciación y valoración de la prueba como función exclusiva del juzgador podrá conceder o no valor probatorio a tal o cual elemento o antecedente de prueba, que es lo que efectivamente realizó la juzgadora, tan es así que concluye diciendo que eso lo destaca con la finalidad de dar credibilidad y verosimilitud al testigo, mismo que finalmente valora de manera favorable para acreditar el hecho de la privación ilegal de la libertad, de ahí que ningún perjuicio le irroga a la fiscalía la mención de incongruencia, porque de cualquier modo la juzgadora apreció y valoró el dato de prueba a cargo del ateste Víctor Manuel Serrano Arroyo. Respecto del agravio primero en que la fiscalía se duele que la juzgadora no toma en cuenta diversos antecedentes de prueba como son: 1.- Las diligencias de identificación, confrontación por fotografía, de fecha tres de marzo de dos mil dieciocho, en la cual el testigo presencial VICTOR MANUEL SERRANO ARROYO realiza el señalamiento de los ciudadanos BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ Y ERICK ESQUIVEL GONZALEZ, como los probables en la comisión o participación del hecho delictivo que se les atribuye, argumentando la juzgadora que no se toman en consideración en virtud de que no reúnen los requisitos del numeral 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que no se aportaron las características fisonómicas de las personas proporcionadas en las fotografías que les fueron puestas al testigo para efecto de que el mismo hiciera el señalamiento correspondiente de las personas investigadas. 2.- La entrevista realizada a IVAN DE JESÚS GOMEZ PICHARDO, Policía de Investigación adscrito a la fiscalía especializada para la investigación de personas extraviadas y no localizadas del Estado de México, toda vez que la juzgadora refiere que como no se mencionó ante quien o quienes le realizó la entrevista a esta testigo, no se toma en cuenta. 3.- Las copias certificadas de la carpeta FRV/FRV/107/043916/18/02 de las cuales se desprende que son actuaciones respecto de un reporte de vehículo automotor, generado con motivo de la desaparición de ALBERTO HERNÁNDEZ JAIMES, ya que es de su propiedad y lo traía al momento de los hechos. 4.- El DICTAMEN PERICIAL DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FORD TIPO RANGER, MODELO 2005, COLOR BLANCO. vehículo propiedad de la víctima, bajo los mismos argumentos que el dato de prueba anterior; lo que irroga agravio porque con dicho dictamen se logra acreditar principalmente la existencia del vehículo. El agravio resulta parcialmente FUNDADO, en virtud que contrario a los argumentos vertidos por la juzgadora para desestimar dichos antecedentes de prueba, estos colman los requisitos legales para su emisión, además de la íntima relación con los hechos materia de la presente investigación, debiendo considerarlos de manera integral con los hechos y no aislada o ajenos a los mismos, ya que derivan del mismo origen delictivo, por tal razón, dichos antecedentes de prueba se consideran idóneos y viables para corroborar los hechos de la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, como es que, con las copias certificadas de FRV/FRV/107/043916/18/02 que se refieren a actuaciones de un reporte de vehículo automotor generado con motivo de la desaparición de ALBERTO HERNÁNDEZ JAIMES, con las que se acredita la existencia y titularidad de dicho bien automotor, que dicho sea de paso, no habría de estar fuera del rango de acción de su propietario, es decir la víctima, de no haberlo privado de la libertad y de la vida. Lo que se corrobora con el dictamen en materia de identificación del VEHÍCULO MARCA FORD. Lo mismo acontece con la prueba de identificación por fotografía sobre el que la juzgadora considera no tomar en cuenta porque no se siguieron las reglas del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no se incorporó la razón por la cual se utilizaron esas fotografías, es decir, en que consistían las características semejantes. Este argumento es insostenible e infundado, porque conforme al artículo en mención establece: (.) Partiendo del enunciado legal, esta alzada determina que la práctica de la identificación fue legal puesto que efectivamente se cumplieron los requisitos que establece el artículo al mostrar al testigo la fotografía de la persona o personas a reconocer junto con otras de características semejantes, esto quedó establecido en la diligencia de reconocimiento y es suficiente en esta etapa procedimental para conceder valor probatorio, pues en todo caso será en diversa etapa e incluso en el contradictorio de la prueba en que se dispondrá del registro de las fotografías exhibidas, por tanto, el hecho que no se haya incorporado la razón por la cual se utilizaron tales o cuales fotografías que hiciera las veces de saber en qué consistían las características semejantes, no es motivo suficiente para dejar de apreciar el antecedente o dato de prueba de la diligencia de confrontación cuya finalidad probatoria es relevante por tratarse de la identidad de los imputados. (.) En consecuencia, este Tribunal de Alzada califica de esencialmente FUNDADOS los agravios de la fiscalía y suficientes para MODIFICAR la resolución de fecha 9 nueve de marzo de 2018, concretamente en lo que respecta a la calificación jurídica del hecho que la ley señala como delito, puesto que, como se ha dejado claro, es incorrecto el criterio de interpretación asumido por la juzgadora en el sentido de reclasificar al delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, para tener acreditado el hecho que la ley señala como el delito de SECUESTRO AGRAVADO, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I inciso c) de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, con relación al artículo 11 de la misma ley, que establecen: (.) Esta alzada establece como elementos de la descripción típica, lo siguientes: a) La privación ilegal de una persona. b) Que tenga como propósito causarle un daño. La causa agravante prevista por el artículo 11, consiste en: La privación de la vida de la persona privada ilegalmente de la libertad. Lo anterior con los mismos datos o antecedentes de prueba que sirvieron para emitir el citado auto de vinculación a proceso, y que fueron tomados en cuenta por la juzgadora natural como son: El testimonio de los ciudadanos Marcos Manuel Ríos Velázquez, Alejandro Díaz Cruceño y Armando Salgado Salgado. Con los que se acredita la relación o trato de familiaridad entre la víctima y la imputada BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ. La testimonial a cargo de Víctor Manuel Serrano Arroyo, del que se extrae información congruente y consistente para acreditar que existía esa relación o trato entre víctima y la hora imputada, ateste que la describe en sus características físicas, que se tuvo noticias de la víctima hasta el día dieciocho de febrero de dos mil dieciocho, a partir del día diecinueve ya no se supo nada de la víctima, salvo que el ateste refiere que le solicitó que acudiera al Hotel Rosales a apoyarlo, quien estando a dos metros de la salida de los vehículos de dicho hotel, se percató de la camioneta de la víctima que era conducida por la imputada BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ y que en la parte de atrás venía un masculino describiéndolo meridianamente y que al parecer iba sometiendo a una persona, sino que se percatara que fuera la víctima. Sin embargo, esto pone de manifiesto las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de la privación ilegal de la libertad que transcurrió de los días 19 al 23 o 24 de febrero, temporalidad en que la víctima estuvo con vida. Lo que se concatena con el dictamen de necropsia de ley, del que se conoce la causa de la muerte, así como el cronotanato diagnóstico, que va de cuatro a cinco días a partir de la intervención del médico legista. Probanzas a las que se concede valor probatorio conforme a los artículos 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suficientes para acreditar que se privó de la libertad de manera ilegal a la víctima y que posteriormente fue privada de la vida, lo que pone de manifiesto que el propósito de dicha privación de la libertad fue el causarle un daño, pues como se ha dejado claro y contrario a lo argumentado por la juzgadora en su resolución, es inaudito considerar de manera aislada la privación de la vida respecto la privación de la libertad, dado que debe de apreciarse el hecho de manera integral y conforme a la consecución lógica y natural del desarrollo del evento, apreciándose conforme a las reglas de la lógica, sana crítica y máximas de la experiencia, lo que nos lleva a determinar que la consecuencia de suprimirle la vida al pasivo, indica que esto aconteció como fin inmediato o propósito de los activos al privarlo de la libertad, puesto que no demostraron otro propósito como lo es el pedir un rescate o imponer una obligación a los familiares de la víctima, sino que simplemente afectaron el bien jurídico supremo, la vida; y por tanto, se actualiza el delito de SECUESTRO AGRAVADO previsto por el artículo 10 fracción I inciso c) y la causa agravante del artículo 11 ambos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro. POSIBLE PARTICIPACIÓN Ahora bien, con respecto a la posible participación de los imputados BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ y ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ en la comisión del hecho delictivo de SECUESTRO AGRAVADO, esta se tiene acreditada con los medios de prueba que sirvieron a la juzgadora para acreditar la probable intervención de dichos imputados. El testigo Víctor Manuel Serrano Arroyo, quien estando a dos metros de la salida de los vehículos del hotel rosales, vio la camioneta que era conducida por BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ y en la parte trasera al imputado ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ. Lo que se corrobora con las actuaciones que en copia certificada obran agregadas a la investigación por parte de la fiscalía del estado de México de las que se desprende que ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ dispuso del vehículo automotor propiedad de la víctima al encontrarlo y detenerlo en posesión de este. A lo que debe sumarse la prueba de confrontación por fotografía que conforme al artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue llevada a cabo y de la que se desprende el señalamiento directo en contra de los imputados BETSI DONAJI GODOY y ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ, como las personas que el día diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, privaron de la libertad de manera ilegal a la víctima al sacarlo del hotel Los Rosales a bordo de su propia camioneta Ford Ranger que era tripulada por la imputada BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ y en la parte trasera el imputado ERICK ESQUIVEL CONZÁLEZ con una persona más la cual llevaba sometida. Antecedentes de prueba que también sirvieron a la juzgadora natural para determinar la probable intervención de los imputados BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ y ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ, en el hecho delictivo, solo que esta alzada precisa que se ha encontrado acreditado el hecho que la ley señala como delito de SECUESTRO AGRAVADO, sin que opere en favor de los imputados causa excluyente de incriminación o prescripción." Por su parte, la quejosa aduce que no se le dio la oportunidad de conocer personalmente los hechos cuya comisión se le imputaban; empero, de la constancia de la audiencia llevada a cabo el nueve de marzo de dos mil dieciocho (foja 5, anexo), se asentó: ".EL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, y estando presentes en la sala de audiencia número 2 de este Tribunal, a fin de llevar audiencia de término legal respecto de la carpeta técnica que se identifica con las siglas JC/192/2018, la Agente del Ministerio Público Licenciada LAURA MACEDO CORREA y Licenciado ROMEL SALGADO GODINEZ, la defensa pública Licenciada MIRNA LÓPEZ SANDOVAL, así como los imputados BETSY DONAJI GODOY GONZÁLEZ Y ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ bajo las medidas de seguridad por parte de los elementos de seguridad y custodia del Centro Estatal de Reinserción Social, toda vez que se encuentran sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. En uso de la palabra el Agente del Ministerio Público vertió antecedentes con los que considera debe vincularse a proceso a los imputados de mérito. Por su parte la defensa pública realizó sus manifestaciones por las cuales considera no se debe vincular a proceso a sus representados. Una vez otorgado el uso de la palabra en igualdad de oportunidades, la suscrita procede a resolver." Como se advierte, en la audiencia correspondiente, en la que estuvieron presentes los imputados, entre ellos la quejosa, se dio a conocer el motivo y las circunstancias por las cuales se encontraban detenidos, lo que quedó asentado en la diligencia en comento, por lo que sus argumentos resultan infundados, en virtud de que la quejosa estuvo presente en dicha audiencia, por lo que pudo conocer la acusación y los datos de la representación social en su contra. En otro orden de ideas, la quejosa señala en su escrito de demanda, que la autoridad responsable omitió observar el principio de presunción de inocencia; que para el dictado de un auto de vinculación a proceso es necesario que existan datos que demuestren la existencia de un hecho considerado como ilícito, lo que en el caso no ocurre, ya que no se demuestra la existencia de un secuestro, pues no existen pruebas de lo que aconteció los días diecinueve al veinticuatro de febrero, ni evidencia de que se hayan llevado a cabo llamadas o mensajes para obtener algún rescate. Así, como lo establece la quejosa, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es necesario que se cumplan ciertos requisitos, tal como se indica en el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Como se observa, para que el auto de vinculación a proceso sea apegado a derecho, es necesario que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley considera como delito; sin embargo, en el presente caso, se advierte que los argumentos esgrimidos en relación a este tema, son infundados. En efecto, dentro de la resolución reclamada se determinó que de las pruebas reseñadas se observa la existencia del hecho ilícito de secuestro, ya que de la testimonial a cargo de Víctor Manuel Serrano Arroyo, se advierte que el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, éste observó cómo se llevaban sometida a la víctima, así mismo, de los demás medios de prueba se destacó que a partir de ese día no se tuvo conocimiento del paradero de la víctima. Igualmente, el Tribunal responsable destacó que en el informe del médico legista se informó que la víctima había fallecido alrededor de cinco días antes de que fuera encontrada, lo que supone que el día del deceso fue entre el veintitrés y veinticuatro de febrero, ya que la víctima fue localizada hasta el veintiocho siguiente, aunado a que ésta se encontraba maniatada con cinta industrial gris. Por lo anterior, el Tribunal responsable concluyó correctamente que entre el momento en que el testigo observó cuando se llevaron a la víctima, hasta el momento en que presuntamente falleció, se encontraba privado de la libertad, por lo que se actualizaba la hipótesis de la norma, señalando además que el motivo de su privación fue causarle daño, lo que se concretó en su muerte. Bajo esa línea de pensamiento, se evidencia que de los datos de prueba que estuvieron a la vista del Tribunal responsable, sí se advierte la existencia de un hecho ilícito; sin que sea óbice que no exista petición de un rescate, pues el artículo 9°, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, establece lo siguiente: "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera; c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten." Del contenido del precepto en cita, se desprende que el delito de privación ilegal de la libertad considera diversos supuestos para su actualización, siendo sólo uno de ellos, la obtención de un rescate o beneficio; motivo por el cual se concluye que, el hecho de que no existan pruebas que demuestren que los probables responsables llevaron a cabo llamadas para pedir una cantidad de dinero, es insuficiente para determinar que el delito de secuestro no se actualizó, ya que la autoridad estableció que la hipótesis aplicable al caso concreto, es la que se encuentra en el inciso c), en el que se advierte que el propósito de la privación ilegal de la libertad, es causar un daño o perjuicio a la víctima, lo que ocurrió en el presente asunto, al privarlo de la vida. Relacionado con lo anterior, la quejosa argumenta que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado ni motivado, lo que es violatorio de sus derechos y garantías. Lo anterior es infundado. Tal como se advierte de la transcripción hecha en párrafos anteriores, el Tribunal responsable indicó que la figura aplicable era la de los artículos 9°, y II, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; así mismo, señaló los motivos por los cuales consideró que el hecho ilícito actualizaba dicha hipótesis y no la privación ilegal de la libertad, como lo había decretado la juez de primera instancia; sobre el tema precisó, que sí existía un daño causado a la víctima, que era la privación de la vida, y que al no hacer distinción el inciso c) del artículo 9° del ordenamiento referido, no debía hacerlo el juzgador, pues dicha porción normativa establece que se actualiza la hipótesis si se causa daño a la víctima, lo que en efecto aconteció en el caso concreto, al matarlo. De igual forma, destacó la declaración del testigo Víctor Manuel Serrano Arroyo, quien observó cómo se llevaban sometido a la víctima, en la camioneta de su propiedad, y que la iba manejando la quejosa; lo que representa un señalamiento directo en el sentido de que la quejosa se encontraba en el lugar de los hechos, participando en la privación de libertad de Alberto Hernández Jaimes; lo que hasta este momento procesal, resulta suficiente para dictar un auto de vinculación a proceso, pues será en etapas posteriores, que la inculpada tendrá la oportunidad de presentar elementos de prueba y rebatir los de la fiscalía. Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, y al no encontrar deficiencia de la queja, según lo establece el inciso a), fracción III, del artículo 79, de la Ley de Amparo, debe negarse el amparo a la quejosa. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 76, y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE el presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ, por los actos y autoridades precisados en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la quejosa. Así lo resolvió y firma el licenciado Alfredo Rivera Anaya, Juez segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, hoy catorce de junio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el licenciado Rodrigo Rodríguez Tepezano, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte tercero interesada ALBERTO HERNÁNDEZ JAIMES, POR CONDUCTO DE SU ASESOR JURÍDICO OFICIAL ANA PATRICIA ESTRADA GÜEMES, la sentencia y el auto de catorce y diecinueve de junio del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca, Morelos, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, a través del cual remite el diverso signado por el Juez Segundo de Distrito del aludido Centro Auxiliar, mediante el cual remite el juicio de amparo 150/2019-II, promovido por BETSI DONAJI GODOY GONZALEZ, constante de 275 fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada de catorce de junio de dos mil diecinueve, en la que determinó sobreseer en el juicio y negar el amparo y protección de la justicia federal; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida y un anexo. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:...V I S T O S los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio de amparo indirecto 150/2019, auxiliar 284/2019, promovido por BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ, por su propio derecho; y R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado de Morelos, BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ, demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA, me permito señalar a las siguientes: 1).- LA SALA AUXILIAR DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; con domicilio bien conocido en esta Ciudad. B).- EN SU CARÁCTER DE EJECUTORA, me permito señalar a las siguientes: 1).- EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, con domicilio bien conocido en esta ciudad. 2).- EL CIUDADANO DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, con domicilio bien conocido en el Poblado de Atlacholoaya, Morelos. IV.- ACTOS RECLAMADOS. A). DE LA ORDENADORA. LA SALA AUXILIAR DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL de fecha veintitrés de enero del año dos mil diecinueve, dictada en el toca penal número 163/18-16-OP, MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DICTADA CON FECHA MARZO 09 DEL AÑO 2018, dictada en la causa penal número JC/192/2018. B).- DE LA EJECUTORA. LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL RESOLUTIVO JUDICIAL de fecha veintitrés de enero del año dos mil diecinueve, MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DICTADA CON FECHA MARZO 09 DEL AÑO 2018." En la propia demanda de amparo la quejosa señaló violadas en su perjuicio las garantías que preservan los artículos 1°, 14, 16, 20, apartado B, fracción III y 23, de la Constitución federal, y expresó conceptos de violación. SEGUNDO.- Por razón de turno, la demanda se recibió el siete de febrero de dos mil diecinueve, en el Juzgado segundo de distrito en el Estado de Morelos, y se admitió a trámite por auto del día siguiente, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención al agente del Ministerio público de la federación adscrito, se ordenó el emplazamiento al tercero interesado, y se fijaron día y hora para la audiencia constitucional, celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo general 55/2009, del pleno del Consejo de la judicatura federal, relativo al inicio de funciones de los juzgados primero y segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con jurisdicción en toda la república, publicado en el Diario oficial de la federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve. SEGUNDO.- En principio, y con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado:  La resolución de recurso de apelación, contra auto de vinculación a proceso que reclasifica el hecho delictivo de secuestro agravado al diverso de privación ilegal de la libertad; dentro del toca penal número 163/18-16-OP, dictada el veintitrés de enero de dos mil diecinueve (fojas 660 a 702, anexo). TERCERO.- No son ciertos los actos que se reclaman del Fiscal general del Estado de Morelos (foja 41), y del Director del centro estatal de readaptación social (fojas 112 y 113), pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, y esa negativa no fue desvirtuada por el quejoso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto de dichas autoridades y actos. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, del Apéndice 1917-2000, al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO.- Es cierto el acto reclamado de la Sala auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pues así lo manifestó en su informe justificado (foja 103), y se corrobora con las constancias que se anexaron al mismo; documentos públicos de valor probatorio pleno, según los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. QUINTO.- Son infundados los conceptos de violación, en razón de las siguientes consideraciones. Previo al estudio del presente asunto, conviene destacar que el acto reclamado consiste en la resolución del recurso de apelación de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, interpuesto por la representación social, en contra del auto de vinculación a proceso de nueve de marzo de dos mil dieciocho, por el delito de privación ilegal de la libertad, presuntamente cometido por Betsi Donaji Godoy González y Erick Esquivel González. Tal determinación fue emitida igualmente, en cumplimiento a las ejecutorias de los juicios de amparo 1458/2018, y 1692/2018, del Juzgado segundo de distrito en el Estado de Morelos; en dichas resoluciones, se concedió el amparo a los quejosos, que tienen el carácter de inculpados en el juicio de origen, para que la autoridad responsable dejara sin efectos la diversa determinación de quince de agosto de dos mil dieciocho, y emitiera otra, con libertad de jurisdicción, en audiencia y de forma oral, pues a criterio del juez de distrito, la formalidad en comento fue omitida por el tribunal responsable. En consecuencia, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dictó la resolución al recurso de apelación, en el que en esencia, se consideró lo siguiente: ".En ese marco, este Tribunal de Alzada procede a pronunciarse sobre los agravios de la fiscalía: Se precisa que el artículo 19 Constitucional, es requisito constitucional que la resolución del plazo constitucional exige que para justificar la detención de una persona por más de setenta y dos horas, requiere de una resolución denominada VINCULACIÓN A PROCESO, en la que establezca el delito que se impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En la especie, el juzgador acreditó los hechos delictivos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD apartándose de la calificación jurídica hecha por el fiscal en la imputación consistente en SECUESTRO AGRAVADO, bajo la distinción que hace la juzgadora en el sentido que, una cosa es causarle un daño y otra, privarlo de la vida. Se justifica además diciendo que, si el objetivo del activo al privar de la libertad al pasivo es causar un daño, es posiblemente causarle un daño o perjuicio que no tenga que ver con la vida. (.) La formulación de imputación hecha por la fiscalía es con fundamento en el artículo 9 fracción I inciso c) en relación con el 11 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro. Esta alzada establece como elementos de la descripción típica, los siguientes: a) La privación ilegal de una persona. b) Que tenga como propósito causarle un daño. La causa agravante prevista por el artículo 11, consiste en: La privación de la vida de la persona privada ilegalmente de la libertad. Ahora bien, previo a dar respuesta a los agravios, es prudente destacar de manera sintetizada la audiencia de vinculación a proceso en que se emitió la resolución materia del recurso, en efecto: La defensa posterior a exponer los antecedentes de prueba, concluye que, de la testimonial por parte de Víctor Manuel Serrano Arroyo, tiene conocimiento que el ingeniero ALBERTO HERNÁNDEZ JAIMES, mantenía una relación sentimental con BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ, que la última vez que tuvo contacto con la víctima fue el 18 de febrero y que precisamente se vería con esta persona que le refirió que al otro día (diecinueve de febrero) lo fuera a buscar al hotel Los Rosales para que él se llevara su camioneta, por lo tanto, desde el 19 de febrero fue privado de su libertad, tan es así que el testigo ve salir del hotel la camioneta del ingeniero y que en ella iba a bordo la persona que conoce con el nombre de Betsy y que ella manejaba dicha camioneta y en la parte de atrás viajaba el otro imputado sometiendo a una persona. Con lo que se acredita la privación ilegal de la libertad de la víctima, bajo el elemento del primer elemento del delito del hecho delictivo de secuestro. Lo que se concatena con el protocolo de necropsia de ley, donde se establece que el 28 de febrero se encontró sin vida a la víctima, corroborándose que se trata de la persona que desaparece aquí en el estado de Morelos, estableciéndose como cronotanato diagnóstico conforme al perito de cinco días al momento de la intervención, estando en cautiverio la víctima del 19 diecinueve de febrero hasta el día 23 veintitrés de febrero de 2018 dos mil dieciocho, estableciendo como causa de muerte el sofocamiento. Del mismo modo con los informes de investigación criminal y testigos de la víctima, del cual se establece que tenían conocimiento de esta relación, que ellos sabían que se había quedado de ver con la imputada, acreditándose la privación ilegal de la libertad y el propósito del daño, el cual está acreditado con la privación de la vida de la víctima. Por cuanto hace a la probable responsabilidad la fiscalía sostiene que es con todas y cada una de las testimoniales que ya fueron vertidas se establece hasta este momento de manera indiciaria que es ella (la imputada) la última persona que tuvo contacto con la víctima, además de encontrarse en poder del imputado la camioneta que era propiedad de la víctima, corroborándose con el dicho del testigo Víctor Manuel Serrano Arroyo, quien refiere que lo vio ese día diecinueve de febrero aproximadamente a las dieciocho horas salir al imputado junto con Betsy en el vehículo de la víctima. Por su parte, la defensa solicita se emita un auto de no vinculación a proceso por considerar que no debe tomarse en cuenta el dicho del testigo Víctor Manuel Serrano Arroyo, por no ser verosímil y no estar concatenada con otro medio de prueba. Cabe destacar que los imputados se abstienen de declarar. En ese sentido, la juez de control, sostiene entre otras cosas que, se toman en consideración los antecedentes siguientes: La comparecencia de Jorge Hernández Jaimes, de fecha veinte de febrero, el acta entrevista de veintiuno, veinticuatro, veinticinco de febrero, la comparecencia de veintiséis de febrero. La comparecencia del oficial Valois Ramírez García de veintiséis de febrero, veintisiete de febrero, de primero de marzo. El acta entrevista de fecha tres de marzo efectuada a Víctor Manuel Serrano Arroyo. Copias certificadas de la carpeta de investigación por la fiscalía del estado de México respecto del levantamiento del cuerpo de la víctima. Las entrevistas recabadas por María Guadalupe Rodríguez González al señor Jorge Hernández Jaimes y también a Michel Hernández Gutiérrez. La ampliación de entrevista a Marcos Manuel Ríos Velázquez. La pericial de necropsia de ley. El acta médica. Informe de criminalística de campo. La comparecencia de Héctor Agustín Orellán. Respecto a los antecedentes consistentes en: Diligencia de Confrontación por fotografía de fecha tres de marzo de dos mil dieciocho, sostiene la juzgado que no se toma en consideración por no reunir los requisitos mínimos indispensables para realizar dicha diligencia (la legislación aplicable establece las reglas de identificación por fotografía conforme al 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales), si bien es legal la obtención de las fotografías, pero no se siguieron las reglas del artículo en mención porque no se incorporó la razón por la cual se utilizaron esas fotografías, es decir, en que consistían las características semejantes. De la entrevista de Iván de Jesús Gómez Pichardo, no le queda claro quien entrevistó a quien, quien fue el encargado de recabar los datos, no se supo quién realizó la entrevista, de ahí que no pueda tomarse en cuenta por no cumplirse esta formalidad. De las copias certificadas de la carpeta FRV/FRV/107/043916/18/02, son actuaciones DE UN REPORTE DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, es un hecho ajeno al que nos ocupa, porque todo se refiere a la posesión o robo de vehículo y será aquella autoridad la que deberá encargarse de la investigación, no obstante que se haya detenido al ahora imputado quien su presencia en esta audiencia es por la orden de aprehensión. De ahí que no pueda tomarse en cuenta. El dictamen de identificación tampoco se toma en cuenta, porque va en el mismo sentido que el anterior. La víctima se le restringe en su libertad de tránsito, pero exige que sea causarle un daño. El daño fue matarlo, esto no es así, por eso el artículo 11 prevé una cuestión exógena o calificativa. En el tiempo de reproducción 17:33 a 17:34, del expediente digital DVD, la juez determina que una cosa es causarle daño y otra cosa es matarlo. Justificando su dicho en que, el objetivo de privar a la víctima de la privación de la libertad sea causarle un daño, pero que este no tiene que ver con la vida. Concluye en el tiempo de reproducción 17:35, que esta es la incongruencia que no puede ser pasada por alto. Sostiene en el minuto 17:36 a 17:37, que pasó entre los días 19 diecinueve y 23 veintitrés y 24 veinticuatro de febrero del presente año -se pregunta-, "hubo llamadas pidiendo rescate, hubo llamadas o mensajes hacia la víctima o sus familiares, hubo alguna advertencia que implicara un daño o un perjuicio a la víctima por cuanto a su persona a su trabajo a sus bienes, a sus familiares, no se aportó absolutamente nada al respecto, de ahí que no opere este delito. Por lo anterior, es que procede a emitir el auto de vinculación a proceso, apartándose de la calificación jurídica hecha por la fiscalía por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, para actualizar el hecho que la ley señala como delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. Con la información vertida, esta alzada considera que, los agravios formulados por la fiscalía particularmente el segundo, dirigido a la consideración técnica de la actualización del hecho delictivo, mientras que el primero a los datos de prueba o antecedentes que dejó de tomar en consideración la juzgadora. Resulta el segundo esencialmente y suficiente FUNDADO para MODIFICAR la resolución materia de la alzada, por las siguientes consideraciones: En efecto, el agravio consiste en que la juzgadora vierte argumentos de los cuales es evidente que atenta en todo momento contra los derechos fundamentales de las personas, incluso violenta el derecho más preciado que tiene todo individuo como es la vida, al desestimar que al ser privado de la vida NO ES CAUSAR UN DAÑO, cuando de los antecedentes se tiene que a la víctima se le privó de la vida, encontrándosele maniatado con cinta industrial de color gris, la causa de la muerte fue por asfixia generada por sofocación, todo esto atendiendo a las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, es evidente que fue derivado de esa privación de la libertad, de ahí que la juzgadora no sólo no tomo a en cuenta ciertos datos de prueba que proporciona la fiscalía, sino que además desacredita lo establecido por el numeral 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos materia del Secuestro, resultando incomprensible que la juzgadora refiere que no tendría caso establece este artículo, porque no tendría caso un doble enjuiciamiento, si la víctima es privado de su vida, de lo cual nada tiene que ver su argumento, en virtud de que la propia legislación se advierte primeramente dicha hipótesis como agravante, por lo cual, no implica un doble enjuiciamiento, como erróneamente lo estableció la juzgadora. En ese sentido, esta alzada determina que se trata de una apreciación y determinación técnica por parte de la juzgadora en torno a la descripción típica del delito de secuestro y su causa agravante, es decir, la juzgadora asume un criterio mediante el cual sostiene que la privación ilegal de la libertad con propósito de causar un daño o perjuicio a la víctima que se traduce en el delito de SECUESTRO, solamente será actualizado si y sólo si ese daño no es la privación de la vida, de otro modo no se actualiza, razón por la cual determinó la reclasificación al hecho que la ley señala como el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. A juicio de esta alzada, el criterio es erróneo, esto es así porque el mayor daño que se puede causar a una persona es la privación de su vida, luego, es inaudito que se distinga en un tópico que la norma no distingue, es decir, el inciso c) del artículo 9 de la referida Ley, es enunciativo en el sentido de la modalidad y cualidad del daño o perjuicio que se ocasione a la persona privada de la libertad, por ello, es que de una correcta apreciación e interpretación de la norma, se obtiene que, aquellos daños que se infrinjan a la víctima que no representen supresión de su vida, serán subsumidos a la figura delictiva principal por contener una mayor amplitud valorativa, es decir secuestro, subsistiendo ésta a través del principio de consunción o absorción sobre aquel delito que emerja del daño ocasionado a la víctima. Entonces, cuando el daño recaiga en un bien jurídico supremo como lo es la vida; es decir, que la víctima sea privada de la vida por los autores o partícipes del delito, se impondrá a éstos una pena de cuarenta a setenta años de prisión y de seis mil a doce mil días multa; lo que bajo ninguna óptica implica una recalificación de la conducta o doble enjuiciamiento, en virtud que la privación de la vida de la víctima es consecuencia de la privación ilegal de la libertad realizada con dicho propósito, estableciéndose en el nexo causal entre la causa y la consecuencia permitiendo establecer que la privación de la libertad no fue con un propósito diverso al de causar un daño, es decir, no se solicitó un rescate, no se impuso la obligación a sus familiares o a un particular a que realizaran o dejaran de realizar un acto cualquiera, reduciéndonos entonces por la naturaleza de los acontecimientos a que la finalidad de dicha privación fue la privar de la vida a la víctima, ocasionando así el mayor daño posible. (.) Ahora bien, es válido resaltar que en el caso concreto es evidente que la privación ilegal de la libertad fue con el propósito de causar un daño (privar de la vida), en razón que transcurrió un lapso de tiempo suficiente para considerar que estuvo privado de la libertad (de 4 a 5 días) para posteriormente suprimir la vida de la víctima, lo que permite hacer la absoluta distinción con la figura de homicidio de manera autónoma porque en esta, simplemente se priva de la vida a una persona sin mediar privación ilegal de la libertad. En consecuencia, esta alzada no comparte el criterio asumido por la natural en el sentido de distinguir entre la especie de daño que deba infringirse a la víctima en el delito de secuestro conforme al inciso c) y con ello establecer como un enunciado legal autónomo la hipótesis del artículo 11 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro, permitiendo así calificar de FUNDADO el agravio hecho valer por la fiscalía. Por lo anterior, es incorrecta la reclasificación jurídica de la figura delictiva hecha por la juzgadora conforme al hecho vertido en la formulación de imputación, puesto que de manera correcta los hechos materia de la imputación justifican la calificación jurídica de SECUESTRO AGRAVADO, de ahí que el estudio que debió hacer la juzgadora en el auto de vinculación a proceso debió obedecer a esta calificación jurídica y no a la de privación ilegal de la libertad. Siguiendo con el estudio del agravio en mención, en la porción que versa sobre la incongruencia entre la formulación de imputación y los antecedentes, haciéndolas consistir en el deposado del testigo principal en el sentido que: ".refiere en su entrevista que venía caminando de la parada del Conalep hacia el hotel y que a dos metros de la entrada de los vehículos es ahí donde visualizó el vehículo de su conocido; esto, sostiene la fiscalía, queda salvado porque la fiscalía hizo la aclaración; pero lo que ya no coincide es la segunda precisión, porque la representación social dijo que la víctima le pidió que fuera para recoger su vehículo y aquí quedó evidenciado que no fue eso lo que al víctima le pidió, lo que le pidió es que le fuera a apoyar para al hotel los rosales y que le apoyara con esa situación porque iba a consumir alcohol y lo fuera a recoger, esto viene a romper el motivo de porqué el testigo fue al lugar, argumentando la juzgadora que es importante resaltar esas circunstancias para dar credibilidad y hacer verosímil la información proporcionada por el testigo." Resulta ser FUNDADO pero INOPERANTE, esto es así en virtud que efectivamente la juzgadora establece que resulta incongruente la formulación de imputación con los hechos base de esta; sin embargo, esta determinación es insostenible, toda vez que lo que realmente califica es la apreciación y valoración del dato de prueba consistente en el testimonio de Víctor Manuel Serrano Arroyo, lo que bajo ninguna óptica nos lleva a la consideración de incongruencia entre el hecho y la formulación de imputación, sino que la labor de apreciación y valoración de la prueba como función exclusiva del juzgador podrá conceder o no valor probatorio a tal o cual elemento o antecedente de prueba, que es lo que efectivamente realizó la juzgadora, tan es así que concluye diciendo que eso lo destaca con la finalidad de dar credibilidad y verosimilitud al testigo, mismo que finalmente valora de manera favorable para acreditar el hecho de la privación ilegal de la libertad, de ahí que ningún perjuicio le irroga a la fiscalía la mención de incongruencia, porque de cualquier modo la juzgadora apreció y valoró el dato de prueba a cargo del ateste Víctor Manuel Serrano Arroyo. Respecto del agravio primero en que la fiscalía se duele que la juzgadora no toma en cuenta diversos antecedentes de prueba como son: 1.- Las diligencias de identificación, confrontación por fotografía, de fecha tres de marzo de dos mil dieciocho, en la cual el testigo presencial VICTOR MANUEL SERRANO ARROYO realiza el señalamiento de los ciudadanos BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ Y ERICK ESQUIVEL GONZALEZ, como los probables en la comisión o participación del hecho delictivo que se les atribuye, argumentando la juzgadora que no se toman en consideración en virtud de que no reúnen los requisitos del numeral 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que no se aportaron las características fisonómicas de las personas proporcionadas en las fotografías que les fueron puestas al testigo para efecto de que el mismo hiciera el señalamiento correspondiente de las personas investigadas. 2.- La entrevista realizada a IVAN DE JESÚS GOMEZ PICHARDO, Policía de Investigación adscrito a la fiscalía especializada para la investigación de personas extraviadas y no localizadas del Estado de México, toda vez que la juzgadora refiere que como no se mencionó ante quien o quienes le realizó la entrevista a esta testigo, no se toma en cuenta. 3.- Las copias certificadas de la carpeta FRV/FRV/107/043916/18/02 de las cuales se desprende que son actuaciones respecto de un reporte de vehículo automotor, generado con motivo de la desaparición de ALBERTO HERNÁNDEZ JAIMES, ya que es de su propiedad y lo traía al momento de los hechos. 4.- El DICTAMEN PERICIAL DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FORD TIPO RANGER, MODELO 2005, COLOR BLANCO. vehículo propiedad de la víctima, bajo los mismos argumentos que el dato de prueba anterior; lo que irroga agravio porque con dicho dictamen se logra acreditar principalmente la existencia del vehículo. El agravio resulta parcialmente FUNDADO, en virtud que contrario a los argumentos vertidos por la juzgadora para desestimar dichos antecedentes de prueba, estos colman los requisitos legales para su emisión, además de la íntima relación con los hechos materia de la presente investigación, debiendo considerarlos de manera integral con los hechos y no aislada o ajenos a los mismos, ya que derivan del mismo origen delictivo, por tal razón, dichos antecedentes de prueba se consideran idóneos y viables para corroborar los hechos de la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, como es que, con las copias certificadas de FRV/FRV/107/043916/18/02 que se refieren a actuaciones de un reporte de vehículo automotor generado con motivo de la desaparición de ALBERTO HERNÁNDEZ JAIMES, con las que se acredita la existencia y titularidad de dicho bien automotor, que dicho sea de paso, no habría de estar fuera del rango de acción de su propietario, es decir la víctima, de no haberlo privado de la libertad y de la vida. Lo que se corrobora con el dictamen en materia de identificación del VEHÍCULO MARCA FORD. Lo mismo acontece con la prueba de identificación por fotografía sobre el que la juzgadora considera no tomar en cuenta porque no se siguieron las reglas del artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no se incorporó la razón por la cual se utilizaron esas fotografías, es decir, en que consistían las características semejantes. Este argumento es insostenible e infundado, porque conforme al artículo en mención establece: (.) Partiendo del enunciado legal, esta alzada determina que la práctica de la identificación fue legal puesto que efectivamente se cumplieron los requisitos que establece el artículo al mostrar al testigo la fotografía de la persona o personas a reconocer junto con otras de características semejantes, esto quedó establecido en la diligencia de reconocimiento y es suficiente en esta etapa procedimental para conceder valor probatorio, pues en todo caso será en diversa etapa e incluso en el contradictorio de la prueba en que se dispondrá del registro de las fotografías exhibidas, por tanto, el hecho que no se haya incorporado la razón por la cual se utilizaron tales o cuales fotografías que hiciera las veces de saber en qué consistían las características semejantes, no es motivo suficiente para dejar de apreciar el antecedente o dato de prueba de la diligencia de confrontación cuya finalidad probatoria es relevante por tratarse de la identidad de los imputados. (.) En consecuencia, este Tribunal de Alzada califica de esencialmente FUNDADOS los agravios de la fiscalía y suficientes para MODIFICAR la resolución de fecha 9 nueve de marzo de 2018, concretamente en lo que respecta a la calificación jurídica del hecho que la ley señala como delito, puesto que, como se ha dejado claro, es incorrecto el criterio de interpretación asumido por la juzgadora en el sentido de reclasificar al delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, para tener acreditado el hecho que la ley señala como el delito de SECUESTRO AGRAVADO, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I inciso c) de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, con relación al artículo 11 de la misma ley, que establecen: (.) Esta alzada establece como elementos de la descripción típica, lo siguientes: a) La privación ilegal de una persona. b) Que tenga como propósito causarle un daño. La causa agravante prevista por el artículo 11, consiste en: La privación de la vida de la persona privada ilegalmente de la libertad. Lo anterior con los mismos datos o antecedentes de prueba que sirvieron para emitir el citado auto de vinculación a proceso, y que fueron tomados en cuenta por la juzgadora natural como son: El testimonio de los ciudadanos Marcos Manuel Ríos Velázquez, Alejandro Díaz Cruceño y Armando Salgado Salgado. Con los que se acredita la relación o trato de familiaridad entre la víctima y la imputada BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ. La testimonial a cargo de Víctor Manuel Serrano Arroyo, del que se extrae información congruente y consistente para acreditar que existía esa relación o trato entre víctima y la hora imputada, ateste que la describe en sus características físicas, que se tuvo noticias de la víctima hasta el día dieciocho de febrero de dos mil dieciocho, a partir del día diecinueve ya no se supo nada de la víctima, salvo que el ateste refiere que le solicitó que acudiera al Hotel Rosales a apoyarlo, quien estando a dos metros de la salida de los vehículos de dicho hotel, se percató de la camioneta de la víctima que era conducida por la imputada BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ y que en la parte de atrás venía un masculino describiéndolo meridianamente y que al parecer iba sometiendo a una persona, sino que se percatara que fuera la víctima. Sin embargo, esto pone de manifiesto las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de la privación ilegal de la libertad que transcurrió de los días 19 al 23 o 24 de febrero, temporalidad en que la víctima estuvo con vida. Lo que se concatena con el dictamen de necropsia de ley, del que se conoce la causa de la muerte, así como el cronotanato diagnóstico, que va de cuatro a cinco días a partir de la intervención del médico legista. Probanzas a las que se concede valor probatorio conforme a los artículos 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suficientes para acreditar que se privó de la libertad de manera ilegal a la víctima y que posteriormente fue privada de la vida, lo que pone de manifiesto que el propósito de dicha privación de la libertad fue el causarle un daño, pues como se ha dejado claro y contrario a lo argumentado por la juzgadora en su resolución, es inaudito considerar de manera aislada la privación de la vida respecto la privación de la libertad, dado que debe de apreciarse el hecho de manera integral y conforme a la consecución lógica y natural del desarrollo del evento, apreciándose conforme a las reglas de la lógica, sana crítica y máximas de la experiencia, lo que nos lleva a determinar que la consecuencia de suprimirle la vida al pasivo, indica que esto aconteció como fin inmediato o propósito de los activos al privarlo de la libertad, puesto que no demostraron otro propósito como lo es el pedir un rescate o imponer una obligación a los familiares de la víctima, sino que simplemente afectaron el bien jurídico supremo, la vida; y por tanto, se actualiza el delito de SECUESTRO AGRAVADO previsto por el artículo 10 fracción I inciso c) y la causa agravante del artículo 11 ambos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de Secuestro. POSIBLE PARTICIPACIÓN Ahora bien, con respecto a la posible participación de los imputados BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ y ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ en la comisión del hecho delictivo de SECUESTRO AGRAVADO, esta se tiene acreditada con los medios de prueba que sirvieron a la juzgadora para acreditar la probable intervención de dichos imputados. El testigo Víctor Manuel Serrano Arroyo, quien estando a dos metros de la salida de los vehículos del hotel rosales, vio la camioneta que era conducida por BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ y en la parte trasera al imputado ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ. Lo que se corrobora con las actuaciones que en copia certificada obran agregadas a la investigación por parte de la fiscalía del estado de México de las que se desprende que ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ dispuso del vehículo automotor propiedad de la víctima al encontrarlo y detenerlo en posesión de este. A lo que debe sumarse la prueba de confrontación por fotografía que conforme al artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue llevada a cabo y de la que se desprende el señalamiento directo en contra de los imputados BETSI DONAJI GODOY y ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ, como las personas que el día diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, privaron de la libertad de manera ilegal a la víctima al sacarlo del hotel Los Rosales a bordo de su propia camioneta Ford Ranger que era tripulada por la imputada BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ y en la parte trasera el imputado ERICK ESQUIVEL CONZÁLEZ con una persona más la cual llevaba sometida. Antecedentes de prueba que también sirvieron a la juzgadora natural para determinar la probable intervención de los imputados BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ y ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ, en el hecho delictivo, solo que esta alzada precisa que se ha encontrado acreditado el hecho que la ley señala como delito de SECUESTRO AGRAVADO, sin que opere en favor de los imputados causa excluyente de incriminación o prescripción." Por su parte, la quejosa aduce que no se le dio la oportunidad de conocer personalmente los hechos cuya comisión se le imputaban; empero, de la constancia de la audiencia llevada a cabo el nueve de marzo de dos mil dieciocho (foja 5, anexo), se asentó: ".EL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, y estando presentes en la sala de audiencia número 2 de este Tribunal, a fin de llevar audiencia de término legal respecto de la carpeta técnica que se identifica con las siglas JC/192/2018, la Agente del Ministerio Público Licenciada LAURA MACEDO CORREA y Licenciado ROMEL SALGADO GODINEZ, la defensa pública Licenciada MIRNA LÓPEZ SANDOVAL, así como los imputados BETSY DONAJI GODOY GONZÁLEZ Y ERICK ESQUIVEL GONZÁLEZ bajo las medidas de seguridad por parte de los elementos de seguridad y custodia del Centro Estatal de Reinserción Social, toda vez que se encuentran sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. En uso de la palabra el Agente del Ministerio Público vertió antecedentes con los que considera debe vincularse a proceso a los imputados de mérito. Por su parte la defensa pública realizó sus manifestaciones por las cuales considera no se debe vincular a proceso a sus representados. Una vez otorgado el uso de la palabra en igualdad de oportunidades, la suscrita procede a resolver." Como se advierte, en la audiencia correspondiente, en la que estuvieron presentes los imputados, entre ellos la quejosa, se dio a conocer el motivo y las circunstancias por las cuales se encontraban detenidos, lo que quedó asentado en la diligencia en comento, por lo que sus argumentos resultan infundados, en virtud de que la quejosa estuvo presente en dicha audiencia, por lo que pudo conocer la acusación y los datos de la representación social en su contra. En otro orden de ideas, la quejosa señala en su escrito de demanda, que la autoridad responsable omitió observar el principio de presunción de inocencia; que para el dictado de un auto de vinculación a proceso es necesario que existan datos que demuestren la existencia de un hecho considerado como ilícito, lo que en el caso no ocurre, ya que no se demuestra la existencia de un secuestro, pues no existen pruebas de lo que aconteció los días diecinueve al veinticuatro de febrero, ni evidencia de que se hayan llevado a cabo llamadas o mensajes para obtener algún rescate. Así, como lo establece la quejosa, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es necesario que se cumplan ciertos requisitos, tal como se indica en el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Como se observa, para que el auto de vinculación a proceso sea apegado a derecho, es necesario que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley considera como delito; sin embargo, en el presente caso, se advierte que los argumentos esgrimidos en relación a este tema, son infundados. En efecto, dentro de la resolución reclamada se determinó que de las pruebas reseñadas se observa la existencia del hecho ilícito de secuestro, ya que de la testimonial a cargo de Víctor Manuel Serrano Arroyo, se advierte que el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, éste observó cómo se llevaban sometida a la víctima, así mismo, de los demás medios de prueba se destacó que a partir de ese día no se tuvo conocimiento del paradero de la víctima. Igualmente, el Tribunal responsable destacó que en el informe del médico legista se informó que la víctima había fallecido alrededor de cinco días antes de que fuera encontrada, lo que supone que el día del deceso fue entre el veintitrés y veinticuatro de febrero, ya que la víctima fue localizada hasta el veintiocho siguiente, aunado a que ésta se encontraba maniatada con cinta industrial gris. Por lo anterior, el Tribunal responsable concluyó correctamente que entre el momento en que el testigo observó cuando se llevaron a la víctima, hasta el momento en que presuntamente falleció, se encontraba privado de la libertad, por lo que se actualizaba la hipótesis de la norma, señalando además que el motivo de su privación fue causarle daño, lo que se concretó en su muerte. Bajo esa línea de pensamiento, se evidencia que de los datos de prueba que estuvieron a la vista del Tribunal responsable, sí se advierte la existencia de un hecho ilícito; sin que sea óbice que no exista petición de un rescate, pues el artículo 9°, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, establece lo siguiente: "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera; c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten." Del contenido del precepto en cita, se desprende que el delito de privación ilegal de la libertad considera diversos supuestos para su actualización, siendo sólo uno de ellos, la obtención de un rescate o beneficio; motivo por el cual se concluye que, el hecho de que no existan pruebas que demuestren que los probables responsables llevaron a cabo llamadas para pedir una cantidad de dinero, es insuficiente para determinar que el delito de secuestro no se actualizó, ya que la autoridad estableció que la hipótesis aplicable al caso concreto, es la que se encuentra en el inciso c), en el que se advierte que el propósito de la privación ilegal de la libertad, es causar un daño o perjuicio a la víctima, lo que ocurrió en el presente asunto, al privarlo de la vida. Relacionado con lo anterior, la quejosa argumenta que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado ni motivado, lo que es violatorio de sus derechos y garantías. Lo anterior es infundado. Tal como se advierte de la transcripción hecha en párrafos anteriores, el Tribunal responsable indicó que la figura aplicable era la de los artículos 9°, y II, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; así mismo, señaló los motivos por los cuales consideró que el hecho ilícito actualizaba dicha hipótesis y no la privación ilegal de la libertad, como lo había decretado la juez de primera instancia; sobre el tema precisó, que sí existía un daño causado a la víctima, que era la privación de la vida, y que al no hacer distinción el inciso c) del artículo 9° del ordenamiento referido, no debía hacerlo el juzgador, pues dicha porción normativa establece que se actualiza la hipótesis si se causa daño a la víctima, lo que en efecto aconteció en el caso concreto, al matarlo. De igual forma, destacó la declaración del testigo Víctor Manuel Serrano Arroyo, quien observó cómo se llevaban sometido a la víctima, en la camioneta de su propiedad, y que la iba manejando la quejosa; lo que representa un señalamiento directo en el sentido de que la quejosa se encontraba en el lugar de los hechos, participando en la privación de libertad de Alberto Hernández Jaimes; lo que hasta este momento procesal, resulta suficiente para dictar un auto de vinculación a proceso, pues será en etapas posteriores, que la inculpada tendrá la oportunidad de presentar elementos de prueba y rebatir los de la fiscalía. Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, y al no encontrar deficiencia de la queja, según lo establece el inciso a), fracción III, del artículo 79, de la Ley de Amparo, debe negarse el amparo a la quejosa. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 76, y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE el presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a BETSI DONAJI GODOY GONZÁLEZ, por los actos y autoridades precisados en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la quejosa. Así lo resolvió y firma el licenciado Alfredo Rivera Anaya, Juez segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, hoy catorce de junio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el licenciado Rodrigo Rodríguez Tepezano, Secretario que autoriza y da fe.

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