Betsaira Carolina Díaz Pérez

Expediente 1693/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1693/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Betsaira Carolina Díaz Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista con cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y córrasele traslado con las constancias remitidas por la autoridad responsable, en cumplimiento al fallo protector, así como con el oficio de cuenta, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable. En el entendido de que, con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. De considerarse que la ejecutoria no fue cumplida en su totalidad, de ser lo conducente, en términos del artículo 193 de la ley de la materia, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, QUE EN SINTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Apertura del incidente de suspensión. En atención a la certificación de cuenta y en cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 1024/2022, promovido por ****, contra los actos que reclama de la autoridad que denominó: 1 Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, Servicios Públicos Municipales del Gobierno Municipal de Guadalajara. Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, pídase a la(s) responsable(s) el correspondiente informe previo, mismo que deberá(n) rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; asimismo, deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan establecer, de ser el caso, el monto de las garantías correspondientes; y, para tal efecto, remítase fotocopia sin certificar de la demanda de amparo. Se apercibe a las responsables de que en caso de no rendir el informe solicitado, se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, al rendir el informe solicitado deberá(n) hacer referencia al juicio de amparo y citar el número de oficio con el cual se les notifica el presente proveído. Fecha de audiencia incidental. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Pruebas ofrecidas en el incidente de suspensión. Se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales exhibidas con la demanda de amparo, lo que se tienen a la vista para resolver sobre la suspensión provisional. Tercero Interesado. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se reconoce el carácter de tercera interesada a: * ***, quien tiene domicilio en la ***. Por lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado de Distrito, para que, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifique a la tercera interesada en el domicilio mencionado en líneas que anteceden, a quien deberá entregarle copia del presente acuerdo. Se concede al mencionado funcionario la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio de dicha tercera. Suspensión provisional. Fundamento constitucional de las medidas cautelares de la Ley de Amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos,1 ha considerado que la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional depende, en gran medida, de la posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del proceso. En ese orden, ha considerado que especialmente en los juicios de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tienen por objetivo evitar, en gran medida, que aquellos actos posiblemente transgresores de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso y afecten la esfera jurídica del particular de manera irreversible o difícilmente reparable, ocasionando que el propio proceso instituido para su defensa terminara por resultar inútil a esos efectos. En tal virtud, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, el derecho a la vida, a la igualdad (no discriminación), a la salud, a las libertades (trabajo, expresión, personales), los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso (artículo 14 constitucional), un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos involucrados, tomando en cuenta que la demora del procedimiento para obtener la salvaguarda de aquéllos no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave.2 En suma, el Más Alto Tribunal del País ha considerado que de la prohibición prevista en el artículo 17 constitucional en el sentido de que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y de la exigencia constitucional a la administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un sistema de medidas cautelares apto para la adecuada y oportuna protección de los intereses jurídicos controvertidos, tomando en cuenta que sólo a través de ellas se evita que la demora en la substanciación del juicio de amparo hasta el dictado de la sentencia consume las violaciones alegadas de manera irreparable, y se impida, consecuentemente, que resulte inútil el proceso principal instituido para la defensa y eficacia de los derechos defendidos. Sobre esa relevancia constitucional será interpretado el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo a efecto de proveer sobre la suspensión solicitada. Presupuestos procesales para la válida paralización de los actos reclamados. Análisis del caso concreto. La interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 constitucional, fracción X,3 permite arribar a la conclusión de que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo,4 la válida paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la configuración de cinco presupuestos jurídicos: i) Solicitud de parte (salvo suspensión de oficio); ii) Interés suspensional; iii) Certeza de los actos reclamados; iv) Existencia de materia para la suspensión (análisis de la naturaleza de los actos reclamados); v) Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia del buen derecho, orden público e interés social. Es preciso mencionar que la ausencia de cualquiera de tales condiciones amerita negar el otorgamiento de la medida cautelar. i) Solicitud de la suspensión (artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo), salvo los supuestos de los artículos 126 (violaciones graves) y 127 (extradición y violaciones irreparables).5 La parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados consistentes en: - El bloqueo del permiso * otorgado a favor de la quejosa, así como sus pretendidas consecuencias. - El oficio **** de veinticinco de abril de dos mil veintidós, signado por el Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, Servicios Públicos Municipales del Gobierno Municipal de Guadalajara. Para los efectos siguientes: "para que la quejosa ***" no se ha (sic) afectada en su forma de vida y de manutención, debido a que es la única fuente de ingresos" Por tanto, se tiene por cumplido el primer presupuesto jurídico para el otorgamiento de la medida cautelar. ii) Interés suspensional (artículos 131 y 139 Ley de Amparo).6 De conformidad con la Ley de Amparo, sólo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación en la esfera jurídica de la quejosa. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas bajo protesta de decir verdad, así como a las documentales que se aportaron al juicio de amparo 1024/2022, del que deriva esta incidencia, mismo que se tiene a la vista para resolver sobre la suspensión provisional solicitada, pues en este momento son los únicos elementos con los que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. Todo lo cual crea indicio para que este juzgador, en este momento procesal, considere que la parte quejosa acredita el interés suspensional, como segundo presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar, pues demostró que contaba con permiso para realizar la actividad comercial en el puesto de tostadas y refrescos que defiende y que dicho permiso, además, fue suspendido por la autoridad responsable, según se aprecia del oficio reclamado *** de veinticinco de abril de dos mil veintidós y del diverso ***, de ocho de abril de ese mismo año. iii) Certeza de los actos reclamados. Desde una perspectiva lógica, el suscrito interpreta que la inexistencia de los actos reclamados produce que las medidas cautelares deban, en consecuencia, negarse ante la ausencia de materia para que produzcan efectos. Para resolver sobre la suspensión provisional se debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones que la parte quejosa formuló en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, así como a las documentales que obran en los autos del juicio de amparo *** del que deriva esta incidencia, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. Sirve de fundamento a lo anterior, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 5/93, del siguiente rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.".7 Por tanto, se tiene por acreditado el tercer presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar, en los términos expuestos en este apartado, pues demostró la emisión del oficio * de veinticinco de abril de dos mil veintidós por parte del Director de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, Servicios Públicos Municipales del Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco, que reclama. iv) Valoración de la existencia de materia para la concesión de la medida cautelar. Análisis de la naturaleza de los actos reclamados (artículos 131 y 147 Ley de Amparo).8 Los actos reclamados, sus efectos o consecuencias, deberán ser paralizables y no haberse consumado irreparablemente en lo jurídico y material; o bien, aquéllos deberán, en el momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. Al respecto, este Juzgado de Distrito advierte que si bien el artículo 131 de la Ley de Amparo señala que tales medidas no tendrán por efecto constituir derechos que no haya tenido la parte promovente antes de la presentación de la demanda, sin embargo el propio legislador también estableció en el artículo 147 de la Ley de Amparo facultades para que el juzgador: "(.) Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo (.)"; siendo que estas últimas facultades son acordes a la finalidad constitucional ya expuesta de las medidas cautelares y las que, en todo caso, deben atenderse por resultar más favorables para la protección de la persona, a la luz del artículo 1 constitucional, en caso de posibles conflictos interpretativos. En la especie, la quejosa hizo consistir los siguientes actos reclamados: - El bloqueo del permiso *** otorgado a favor de la quejosa, así como sus pretendidas consecuencias. - El oficio *** de veinticinco de abril de dos mil veintidós, signado por el Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, Servicios Públicos Municipales del Gobierno Municipal de Guadalajara. Por lo tanto, se analizará la procedencia de la suspensión provisional únicamente sobre las consecuencias delos actos reclamados, sin que esa determinación contravenga lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto de mérito establece como requisito que el agraviado la solicite expresamente, aunado a que no se evidencia que se deje sin materia el amparo. Apoya lo expresado la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo epígrafe y contenido dicen9 : "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS.- De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos". Por lo tanto, existe materia para proveer sobre la medida cautelar solicitada. Así, se tiene por acreditado el cuarto presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar, en los términos expuestos en este apartado. v) Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia de buen derecho, orden público e interés social. El Máximo Tribunal del País ha considerado10 que pese a que la mayor parte de la actuación pública y de las leyes emitidas por el Congreso persiguen fines de carácter público y social, la eficacia de los derechos fundamentales defendidos frente a ese tipo de actos impone al juez de amparo realizar un juicio de ponderación y de equilibrio de los intereses fundamentales involucrados, al resolver los asuntos sobre medidas cautelares en dicho proceso. De ahí la importancia de realizar una ponderación de todos los intereses en conflicto al resolver los asuntos sobre medidas cautelares, destacado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 115/2003-SS,11 de la siguiente manera: "(.) Es decir, aun cuando se reclame un acto cuyo fundamento es una ley de orden público, para decidir sobre la suspensión el juzgador debe examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, debido a que no basta la sola circunstancia de que se pida la paralización de los efectos del acto fundamentado en un ordenamiento de orden público para negar la suspensión bajo el argumento del carácter de éste y de que responde al interés general, ya que todas las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas características, sino que resulta imprescindible, incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación (.)". En esos términos, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País apuntó que son los Jueces de Distrito y Tribunales de Circuito a los que les corresponde realizar la ponderación de los intereses en conflicto en los casos relativos a medidas cautelares, debido a que tienen acceso directo e inmediato al material probatorio del asunto concreto. En ese orden, los siguientes elementos: i) peligro en la demora, ii) apariencia del buen derecho; iii) orden público; y iv) interés social, serán analizados simultáneamente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida."12 Ahora bien, en el caso, la quejosa combate el bloqueo del permiso **** otorgado a favor de la quejosa, y el oficio ****, de veinticinco de abril de dos mil veintidós, signado por el Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, Servicios Públicos Municipales del Gobierno Municipal de Guadalajara, mediante el cual se le informa de dicho bloqueo. Dicho bloqueo tiene su origen en una queja vecinal en la que se solicitó a la responsable se revocara el permiso otorgado a *** (promovente del amparo) sin el consentimiento de ****, quien adujo es propietaria de los locales cuyo ingreso y salidas son obstruidos por el puesto de tostadas y refrescos que defiende la quejosa, además, que se obstruye visualmente a sus locatarios y se impide el paso de los peatones por la banqueta. Sin embargo, se advierte de autos que la autoridad destacó que no se encontró ninguna falta al reglamento, empero, en aras de apoyar a la inconforme se procedió bloquear el permiso de referencia. Circunstancia que se desprende del reporte de verificación de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en el que el inspector **** de Atención Ciudadana de la Dirección del Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos del Gobierno de Guadalajara, Jalisco hizo constar que al momento de la visita no se observó ninguna falta al reglamento. Al respecto, menciona la quejosa en su demanda de amparo, que se le dejó en estado de indefensión, pues no se le dio a conocer el nombre del vecino que presentó la queja, ni la razón de la misma. Así, al encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo13, esto es, la solicita la quejosa, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y si en cambio de no otorgarse se podría causar daño inminente e irreparable, además de que la quejosa acredita el interés suspensional, lo procedente es conceder la suspensión provisional por lo que ve a las consecuencias de dicho bloqueo. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que la parte quejosa no cuenta con el permiso vigente correspondiente; sin embargo, al constituir la falta de dicho refrendo una consecuencia de los actos reclamados, dicha circunstancia no podría ser motivo para negarle la suspensión que pidió, pues ello constituye una petición de principio, en tanto que se estaría condicionando el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado a que realizara una renovación provisional de permiso, a decir de la quejosa, y según se advierte de las documentales del expediente del que deriva esta incidencia, las autoridades responsables se han negado a recibirle; de ahí, que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, proceda restablecer provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta la suspensión definitiva. Conclusión y efectos de la suspensión (artículos 138 y 146 Ley de Amparo). En ese contexto, atendiendo la naturaleza de los actos reclamados y los efectos para los cuales se pide la medida cautelar, con fundamento en los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL para los efectos siguientes: La autoridad responsable no impida a la quejosa ejercer la actividad comercial correspondiente ni le imponga alguna multa o la retire del lugar en el que se encuentra ubicado el puesto semi-fijo de venta de alimentos, con giro de tostadas y refrescos, dejando a salvo las facultades de la autoridad competente para la verificación y el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias para la explotación del giro comercial respectivo. Asimismo, de conformidad con el párrafo primero del artículo 147 de la ley de la materia, se precisa que la presente medida suspensional no autoriza a la parte quejosa a inobservar las normas que rigen la actividad comercial que realiza, por lo que en todo momento deberá ajustarse al marco legal, pues de no ser así, y en caso de sobrevenir alguna circunstancia que actualice alguna sanción administrativa, sanitaria o de cualquier especie que, incluso, implique la suspensión de su actividad comercial, las autoridades correspondientes estarán en plenitud de facultades para imponerlas. La presente medida cautelar surte sus efectos desde luego hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, y sólo es procedente respecto de los antecedentes actos y autoridades precisadas en la demanda de amparo. Requisito de efectividad (artículo 132 de la Ley de Amparo). La presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no presenta dentro del término de cinco días de conformidad con los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ser ocasionados a quien reviste o revista el carácter de tercero interesado, con motivo de la concesión de la suspensión, para el caso de que no se obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo. Máxime que dicho monto representa una cantidad asequible para la gobernada y el ejercicio de la facultad decisoria de este juzgador no puede llevarlo al extremo de fijar un importe que resulte excesivo o que materialmente haga imposible su cumplimiento. Además, este órgano jurisdiccional fija la garantía en comento, observando el contenido de los artículos 132 y 146, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, analizadas las circunstancias particulares del presente asunto, atendiendo la naturaleza del acto reclamado, así como los pretendidos derechos que pudieran afectar a quien se reconociera como tercero interesado con motivo de la suspensión concedida a la parte quejosa, se insiste, en el caso se actualiza el supuesto contenido en el segundo párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por las razones en ella contenida, la jurisprudencia 1a./J.55/200814, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "GARANTÍA. SU MONTO DEBE FIJARSE DISCRECIONALMENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN CONTRA ACTOS INTRAPROCESALES RELACIONADOS CON LA PERSONALIDAD Y ELLO RETARDA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN EN EL JUICIO NATURAL. Si el efecto de la suspensión consiste en la abstención del dictado de la sentencia definitiva, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo correspondiente, se actualiza el supuesto contenido en el segundo párrafo del artículo 125 de la Ley de Amparo, pues el daño que dicha medida cautelar pudiera causar al tercero perjudicado no es patrimonial, en tanto que el retardo en el dictado de la sentencia afecta su derecho de celeridad procesal, el cual no es estimable en dinero. En ese sentido, se concluye que cuando se concede la suspensión contra actos intraprocesales relacionados con la personalidad y ello retarda la emisión de la sentencia definitiva en el juicio natural, la autoridad que conozca del amparo debe fijar discrecionalmente el monto de la garantía en términos del mencionado artículo." Así como la jurisprudencia III.1.C. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de epígrafe siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA GARANTÍA DEBE CONSIDERARSE EL TÉRMINO DE SEIS MESES COMO EL TIEMPO PROBABLE PARA LA RESOLUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 299, visible en la página 858, de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, consideró el término de un año como el tiempo probable para la resolución de un amparo directo; sin embargo, para razonar en tal sentido, tomó en cuenta las circunstancias que eran inherentes a tal cuerpo colegiado en el tiempo en que formó ese criterio, las cuales estaban constituidas, básicamente, por el número de juicios de amparo y recursos en trámite ante ella, así como por la posibilidad que había de resolverlos. Ahora bien, en la actualidad esas circunstancias variaron, porque en Jalisco hay un número determinado de Tribunales Colegiados en Materia Civil y Juzgados de Distrito en esa materia, que manejan, cada uno, un número menor de asuntos al que conocía el más Alto Tribunal del país. Por ende, resulta lógico inferir que el plazo que se debe estimar como probable para que se resuelva un juicio de amparo, es el de seis meses, con lo cual no se contraviene la jurisprudencia en cita, sino que se procede a su cabal observancia, pues su espíritu es el de imponer una garantía acorde a las circunstancias que, como ya se vio, pueden cambiar."15 Ahora bien, la parte quejosa podrá exhibir el monto de la garantía en cualquiera de las formas previstas por la ley; pero si opta por exhibir póliza de fianza, en este caso, la compañía afianzadora en forma clara y precisa deberá indicar en el texto del documento que expida, que se somete a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, y que renuncia expresamente al procedimiento establecido en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el caso de hacer efectiva esa garantía, y se somete al procedimiento incidental previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo. En cambio, si es billete de depósito, deberá ser expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; y la institución crediticia depositaria deberá incluir en el texto de que el depositante autoriza de manera expresa al Secretario Técnico del Fondo del Apoyo a la Administración de Justicia Federal, para que solicite y reciba información que le permita el control de ese depósito; así como el texto de que el depósito no genera interés, redimiendo o contraprestación alguna a favor del depositante, todo lo anterior de conformidad con lo ordenado en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, y que abrogó el Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Cualquiera que sea la forma por la que opte la parte quejosa a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero interesado, el documento que exhiba para tal fin deberá señalar expresamente que se hace para garantizar además de lo anterior, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1024/2022. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que en el supuesto de que la póliza de fianza o billete de depósito que allegare, no cumpla con los requerimientos que le fueron indicados, no se tendrá como exhibida la garantía de que se trata. Habilitación de días y horas. Ahora, para el adecuado despacho de los asuntos, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto; ello, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Devolución de documentos. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resuelto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante nueva promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL".16 Consulta vía internet del expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, para otorgar la autorización y/o el acceso al sistema de consulta electrónico, las partes y/o su representante legal deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal. Integración del expediente electrónico. Hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, o bien, si se procede a su digitalización, no serán visibles para la parte respectiva; tampoco formarán parte las constancias que por imposibilidad material no se puedan digitalizar; asimismo, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, no serán digitalizados los documentos, públicos o privados, ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstas en el expediente impreso, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada, con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, así como los acuses de los oficios que se giren, debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad, con las salvedades señaladas en el párrafo que antecede. Aplicaciones del sistema electrónico. Con fundamento en el artículo 263, fracción II, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia, por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", este Juzgado de Distrito adopta, como eje rector de su actividad, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que se exhorta a las partes para que, en la medida de lo posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Expedición de copia simple o certificada. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, verbigracia, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Información reservada o confidencial. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que en términos de los numerales 1, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. En el entendido de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011 emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. Notifíquese por lista a la agente del Ministerio Público de la adscripción, así como por oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s) y notifíquese personalmente a la parte quejosa y la tercera interesada.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado electrónicamente por el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el catorce de julio de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, glósese a este expediente una copia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse las necesarias entre las partes; en el entendido que deberán PLASMAR EN EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE "QUE SE ANEXA COPIA DEL ESCRITO DE AGRAVIOS". Asimismo, una vez que se encuentren notificadas las partes y este Juzgado Federal tenga conocimiento a cuál Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, le toca conocer del medio de impugnación en cita, se habilitará para aquél, la consulta del expediente electrónico, para la substanciación del citado recurso. Notifíquese, por oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s) y al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.

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