Betsabeth Ana Cordero Viera
Expediente 585/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Betsabeth Ana Cordero Viera
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veinticuatro al treinta de mayo del año en curso, transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya hecho uso del recurso de queja a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con el 98 de la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
... Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veinticuatro de febrero al nueve de marzo de dos mil veintidós, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes recurrieran la sentencia dictada el once de febrero del presente año, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. Tratamiento del cuaderno original del incidente de suspensión. En cuanto al original del incidente de suspensión se establece que es susceptible de depuración. Lo anterior es así, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y la definitiva. De ahí que se concluye el anotado incidente de suspensión posee relevancia jurídica para su conservación. Tratamiento del duplicado del cuaderno incidental. Por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del término de seis meses. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que el cuaderno principal es susceptible de destrucción y el cuaderno incidental de depuración, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Centro archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años dese el tratamiento correspondiente de conformidad a lo dispuesto por el anotado Acuerdo. Devolución de constancias Finalmente, devuélvanse a las autoridades responsables Juez Primero de lo Familiar en esta Ciudad, y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación de Atención Temprana de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, las constancias que remitierón en el presente juicio de amparo. Notifíquese. ....
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, la determinación de trece de mayo de dos mil veintidós, que en síntesis dice: ... Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, al que adjunta la determinación de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada en el impedimento 11/2022, así como el juicio de amparo 415/2022 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado; lo anterior en atención a que dicho Tribunal declaró fundada la excusa planteada por la Juez Octavo de Distrito en el Estado, para conocer de la demanda de amparo promovida por *, contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, por lo que ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, para ser enviado al Juzgado de Distrito en turno, la cual por razón de turno correspondió a este Juzgado Primero de Distrito; en consecuencia, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de mérito, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Demanda Vista la demanda de amparo en materia administrativa promovida por Betsabeth Ana Cordero Viera, contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 585/2022-1. Facultad de desechar la demanda ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Previo a cualquier determinación respecto a la admisibilidad de la demanda de amparo, se impone analizarla en su integridad, en virtud de ser un todo, por lo que así debe interpretarse para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la integridad de la demanda y anexos que la conforman, se revelan diversos motivos que de suyos resultan manifiestos e indudables para estimar su improcedencia, con lo que se impone desecharla de plano, acorde con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. ... [Precisión de acto reclamado]. Ante todo, conviene destacar que la parte quejosa señala como actos reclamados en la presente instancia constitucional: Del Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía Especializada para la atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales del Estado: La omisión de acordar procedente su escrito de fecha siete de abril del dos mil veintidós. La omisión de proceder a realizar actos de investigación de los hechos denunciados en su escrito. La negativa de decretar las medidas de protección a su favor. Ahora, la omisión que se reclama del Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía Especializada para la atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales del Estado, consistente en la falta de pronunciamiento en la carpeta de investigación número CDI/SLP/FGJ/I/D01/23181/2020, iniciada a instancia de la aquí quejosa, con motivo de la denuncia que formuló por los hechos consistentes en agresión, malos tratos, amenazas, acoso y otros contra Luis Gerardo Galván Cortés, a efecto de que la misma sea judicializada. Se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos que a continuación se expondrán: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El precepto legal reproducido establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." La disposición legal reproducida, tiene estrecha relación con el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]". Numerales cuyo contenido revela la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; esto es, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. De ahí que, tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecen que las omisiones del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito, deben impugnarse ante el Juez de Control. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos que en su favor contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, se puede concluir que las omisiones en que incurra el Ministerio Público, tratándose del sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse en sede jurisdiccional, que en el caso resulta ser el Juez de Control; como se explica a continuación. Los artículos 3, fracción VII, 211 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: [.] VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal;. [.]" "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [.]". "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Por tanto, acorde con lo establecido por las disposiciones legales invocadas, resulta patente que el Juez de Control es la autoridad jurisdiccional que interviene desde el inicio del procedimiento penal hasta el auto de apertura a juicio, así como que el procedimiento penal comienza desde la etapa de la investigación (que a su vez inicia con la presentación de la denuncia) y culmina con la etapa de juicio. Además, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento. En ese orden de ideas, si en la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, como acto reclamado la quejosa precisa la falta de pronunciamiento que resuelva en definitiva la carpeta de investigación número CDI/SLP/FGJ/I/D01/23181/2020, iniciada a instancia de la aquí quejosa, con motivo de la denuncia que formuló. Resulta incuestionable que en términos de lo dispuesto por el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la impetrante del amparo debe acudir ante el Juez de Control competente e impugnar las omisiones que a su criterio ha cometido la Representante Social responsable, para que así el órgano jurisdiccional, de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir al Ministerio Público la debida diligencia en la investigación de los posibles ilícitos, y agotado lo anterior, en caso de obtener una respuesta negativa o desfavorable a sus intereses, entonces estará en condiciones de acudir a instar el medio de control constitucional. Se considera así, atendiendo a que acorde a la naturaleza de la nueva figura del Juez de Control, como se vio, en el sistema procesal penal acusatorio que impera actualmente en el Estado Mexicano, se introdujo ese órgano jurisdiccional con la finalidad de salvaguardar desde la etapa de investigación, las garantías y derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa investigativa. Sostener lo contrario implicaría que cada vez que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el ofendido o víctima deba acudir al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad; y, por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control. Al respecto se invocan las jurisprudencias 27/2018 (10a.) y 28/2018 (10a.) sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitidas al resolver la contradicción de tesis 233/2017, pendientes de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación, que establecen: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. ... "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. .... En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, por lo que hace de igual forma al diverso acto reclamado que se atribuyó al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía Especializada para la atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales del Estado, en conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Suspensión de plano Por otra parte, ante el desechamiento de la demanda de amparo de cuenta, no es factible emitir pronunciamiento respecto de la suspensión de plano solicitada, al no haberse dado inicio al juicio de amparo, es de observancia para lo anterior la tesis II.4o.C.7 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con registro 2015987, materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2321, del rubro y contenido siguiente: ".SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PRONUNCIAMIENTO ESTÁ CONDICIONADO A LA VIDA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. .... Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su ocurso de cuenta, el ubicado en calle **** número ****, Barrio de San Miguelito de esta ciudad, y como autorizados para recibirlas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, **** y ****, toda vez que no tienen su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Consulta física de expedientes. De igual forma, hágase del conocimiento de las partes, que en el evento de que requieran consultar físicamente el presente expediente y/o sus constancias, deberán agotar el procedimiento de activación de atención al público, que a partir del tres de agosto del dos mil veinte estará disponible en el Portal de Servicios en línea micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el cual además de encontrar los teléfonos de los órganos jurisdiccionales, encontrara el sistema de "Agenda OJ" en la cual aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional para la generación de citar para consultar expedientes, en la cual se generara un Código QR, que permitirá su acceso al órgano, en los términos previstos por los artículos 3 a 8, Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación para continuar el trámite del presente juicio, en la modalidad en línea. Por otra parte, conforme con lo previsto en los artículos 28 a 31 del multicitado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, una vez realizados los trámites necesarios, se continué el presente sumario constitucional en la modalidad de juicio en línea, con el fin de salvaguardar la salud de las partes, ante la contingencia provocada por el virus COVID-19. Uso de aparatos electrónicos. Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Notificaciones. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios Judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la presente determinación, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese personalmente. ....
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