Betsabeth Ana Cordero Vera
Expediente 415/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Betsabeth Ana Cordero Vera
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente 11/2022, de la que se desprende que se calificó de legal el impedimento planteado por la suscrita para conocer de la demanda que dio origen al presente asunto, ordenando remitirlo al Juez de Distrito en turno en el Estado, con excepción de este órgano jurisdiccional; por tanto, acúsese recibo a la Superioridad de dicha ejecutoria. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el cuaderno de antecedentes en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se declaró legal el impedimento de la suscrita para conocer del presente asunto, el expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, por el que acusa recibo de las constancias remitidas e informa que fue admitido el impedimento planteado en el presente juicio de amparo, bajo el número de expediente 11/2022; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de abril de dos mil veintidós. Glósense a estos autos las piezas postales devueltas por el Administrador Postal de esta ciudad, relativas a los oficios 1743/2022 y 1747/2022, dirigidos a las diversas autoridades responsables, las cuales contienen las leyendas "REHUSADO"; en consecuencia, reenvíense nuevamente dichas comunicaciones, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a las trece horas con cincuenta minutos del doce de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la Licenciada Laura Coria Martínez, Juez Octavo de Distrito en el Estado, asistida del Secretario Diego Galeana Jiménez, que autoriza y da fe, la declara abierta sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, y en este acto da cuenta con el oficio signado por el Director de Prevención y Reinserción Social, promoción registrada con el progresivo de correspondencia interna 5313 . A lo anterior, la juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, y glósese al expediente el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, ténganse por admitidos y desahogados los documentos que las partes ofrecieron como medios de prueba y que obran agregados al expediente en que se actúa; al no haber diverso medio de prueba que desahogar se declara cerrado este periodo y se abre el de alegatos, en el que se hace constar que la parte quejosa no los formuló, por lo que se le tiene perdido el derecho para hacerlo con posterioridad; en cambio, se tienen por reproducidos los alegatos que hizo valer el representante social de la Federación adscrito, con lo que se concluye esta etapa procesal. En consecuencia, al no haber diligencias pendientes por desahogar, ni escrito que acordar, se declaran vistos los autos y se procede a dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1129/2021-I, promovido por Carmen Patricia Ramírez Robles, contra un acto del Director General de Prevención y Reinserción Social, que estima violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 5, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, el cual por razón de turno correspondió a este juzgado, Carmen Patricia Ramírez Robles demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Director General de Prevención y Reinserción Social, que hizo consistir en la omisión dar contestación al escrito promovido por la parte quejosa el día cinco de octubre del año dos mil veintiuno. SEGUNDO. Mediante auto de fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno, esta juzgadora tuvo como improcedente la demanda de mérito, y se decretó el desechamiento de la misma. Posteriormente, la quejosa interpuso recurso de queja contra el aludido proveído, y con fecha veinticinco de febrero este órgano recibió la ejecutoria correspondiente al recurso pertinente, y se ordenó la admisión del presente asunto. TERCERO. Por proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, este juzgado admitió la demanda, pidió informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1º, 103, fracción I y 107 fracción III, de la Constitución General de la República, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como los puntos primero fracción IX, segundo fracción IX, tercero fracción IX y cuarto, fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto omisivo y la demanda se presentó en la demarcación territorial en la que esta juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional, toda vez que así lo reconoció expresamente la responsable al rendir su informe justificado. TERCERO. No obstante la certeza del acto reclamado en estudio, previamente al estudio del fondo del asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la improcedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 814, que emite el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del Tomo VI relativo a Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones que enseguida se establecen: El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, estipula: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En este orden de ideas, en el caso que nos ocupa, de las constancias remitidas por la responsable, mismas a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable, con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, dió contestación al escrito que la quejosa presentó ante ella el día cinco de octubre de dos mil veintiuno; ello es así, pues está acreditado con dichas constancias que el seis de abril del año en curso, se dio la contestación y el día ocho de abril de la presente anualidad, se notificó de forma personal el mismo, por lo cual se estima que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto omisivo reclamado en estudio, han desaparecido de modo absoluto, pues ya fueron subsanados por la autoridad responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia visible a fojas 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., emitida por la Segunda Sala, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es como sigue: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, debe sobreseerse de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Licenciada Laura Coria Martínez, Juez Octavo de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretario Diego Galeana Jiménez, que autoriza y da fe.
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