Bethzil Madeline Meza Acuña
Expediente 529/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/07/2022
Partes del expediente
- Bethzil Madeline Meza Acuña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que las partes, dentro del término legal concedido, no se inconformaron con la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma causa ejecutoria para todos sus efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso b) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se sobreseyó el presente juicio de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. De conformidad al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que ve al duplicado del cuaderno incidental derivado de este juicio, déjese por separado y en el momento procesal oportuno procédase a su destrucción; en tanto que el cuaderno original de dicho incidente, es susceptible de depuración. NOTIFÍQUESE.
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EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 D ELA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vitos el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el veintitrés de junio de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional en la cual se dictó la sentencia correspondiente; sin embargo, de la lista de cuerdos de este órgano jurisdiccional no se advierte que se hubiera publicado la misma en la lista de acuerdos. En consecuencia, se ordena notificar personalmente la referida sentencia tanto a la parte quejosa, como al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional para los efectos legales a que haya lugar, resolución la cual contiene lo siguiente:se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Bethzil Madeline Meza Acuña, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero y considerando segundo del presente fallo, por los razonamientos jurídicos expuestos en el último considerando de esta sentencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma IVAR LANGLE GÓMEZ, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el Secretario Óscar Ávalos Larios, quien autoriza y da fe. (Dos firmas ilegibles. Rubricas)
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TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vitos el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el veintitrés de junio de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional en la cual se dictó la sentencia correspondiente; sin embargo, de la lista de cuerdos de este órgano jurisdiccional no se advierte que se hubiera publicado la misma en la lista de acuerdos. En consecuencia, se ordena notificar personalmente la referida sentencia tanto a la parte quejosa, como al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional para los efectos legales a que haya lugar, resolución la cual contiene lo siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, a las diez horas con diecinueve minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, día y hora señalado para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo indirecto 529/2020. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a celebrarla ante la presencia de Ivar Langle Gómez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistido del Secretario Óscar Ávalos Larios quien autoriza y da fe, procedió a declarar abierta la audiencia constitucional, sin la comparecencia personal de las partes, ni de persona alguna que legalmente las represente.. Enseguida, el Secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente: escrito de demanda de amparo promovida por Bethzil Madeline Meza Acuña, por su propio derecho, e informes justificados rendidos por el Director Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno en representación del Gobernador del Estado de Nayarit, por el Director del Periódico Oficial de Gobierno, y el Jefe de la Unidad Jurídica del Congreso del Estado de Nayarit, todas con sede en Tepic, Nayarit. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el Secretario hace relación de las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa en su ocurso inicial de demanda y por las que acompañó el Congreso del Estado de Nayarit al rendir su informe justificado. 28/03/24 11:48:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1b.47 OSCAR ÁVALOS LARIOS A lo que el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas antes relacionadas, y sin existir pruebas pendientes de recibir y desahogar, se da por concluido el período probatorio. Abierto el de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo que al no haber alegatos que acordar, se cierra dicho período. El Juez acuerda: túrnense los autos a la vista para dictar la sentencia respectiva. DOY FE. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 529/2020; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, turnado a este Juzgado Segundo de Distrito en las materias indicadas en la misma data, Bethzil Madeline Meza Acuña, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES ? Congreso del Estado de Nayarit. ? Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. ? Director del Periódico Oficial del Estado de Nayarit. Todos con sede en Tepic. ACTO RECLAMADO [.] > DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT: (dentro de su ámbito de competencia) El procedimiento, trámite legislativo, discusión, aprobación y expedición del DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, publicado en el periódico oficial del Estado de Nayarit el 07 de enero de 2020. - - - > DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT Y DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT: (dentro de su ámbito de competencia) La iniciativa, aprobación, expedición y promulgación del DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT. Mismo que fue publicado en el periódico oficial del Estado de Nayarit el 07 de enero del 2020, en particular los artículos 13; 14 bis; 15, fracción IX; 15 bis, fracción II, inciso a); el inciso c) de la fracción I del artículo 21; el numeral 1. de la fracción I del artículo 21, referente a la creación y establecimiento de Centros Regionales de Vinculación Social con Sectores Productivos; el artículo 31 bis, así como los artículos PRIMERO a QUINTO transitorios, todos de la LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT y que forman parte del DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el 07 de enero de 2020, por resultar violatorios de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - > Del Director del Periódico Oficial del Estado de Nayarit: La publicación del DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, publicado en el periódico oficial del Estado de Nayarit el 07 de enero del 2020, a través del cual se reformaron los artículos 5; la fracción VIII del artículo 7; el artículo 8; los incisos a) y c) del numeral 2 del artículo 9; el artículo 11; el artículo 12; los incisos b) y c) de la fracción I, así como la fracción III del artículo 13; el numeral 1 y el 2 primer párrafo y sus incisos d) e) g) y h) del artículo 14; las fracciones II, XI y XII del artículo 15; el artículo 19; el numeral 3 del artículo 20; las fracciones I y III del artículo 21; el numeral 1 del artículo 24; el artículo 25; el artículo 32; Se Adiciona un segundo párrafo al artículo 1; la fracción IX del artículo 7; los incisos d) y e) de la fracción I, del artículo 13; el inciso i) del numeral 2 del artículo 14; el artículo 14 bis; el artículo 15 bis; los numerales 3 y 4 al artículo 31; el artículo 31 bis; el artículo 32 bis; el Capítulo XII denominado De las Reformas a la Legislación Universitaria, integrado con los artículos 43, 44, 45 y 46, así como los artículos PRMERO a QUINTO transitorios, todos estos de la LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT." SEGUNDO. Admisión. Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo, que quedó registrada en el libro de gobierno con el número 529/2020, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se verificó conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la fracción XXIV del Apartado Cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, la jurisdicción territorial y la especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, ya que los actos reclamados se atribuyen a autoridades circunscritas a su jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados son los siguientes: ? La promulgación, discusión, aprobación y publicación del Decreto a través del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, específicamente los numerales 1, segundo párrafo; 5, 7 fracciones VIII y IX; 8, 9 incisos a) y c) del numeral 2; 11, 12, 13, fracción I, incisos b), c), d) y e) y fracción III; 14 incisos d), e), g) y h) del numeral 1 y numeral 2, primer párrafo, inciso i); 14 bis, 15, fracciones II, XI y XII;15 bis, 19, 20 numeral 3, 21 fracciones I, inciso c) y numeral 1 y III; 24 numeral 1, 25, 31 numerales 3 y 4; 31 bis, 32 ,32 bis, capitulo XII denominado de las Reformas a la Legislación Universitaria, artículos 43, 44, 45 y 46, y primero, segundo, tercero, cuarto y quinto transitorios. Es aplicable al respecto la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de dos mil, materia común, página treinta y dos, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Director Jurídico de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos en representación del Gobernador, así como el Director del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno, ambos del Estado de Nayarit, y el Jefe de la Unidad Jurídica en representación del Congreso del Estado de Nayarit, al rendir sus respectivos informes justificados, manifestaron que son ciertos los actos que la parte quejosa les reclama, esto es, su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, en el proceso legislativo de creación de las normas tildadas de inconstitucionales. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice dos mil, quinta época, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Aunado a que la existencia del Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit publicado en el periódico oficial del Estado de Nayarit el siete de enero de dos mil veinte, no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles y en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 23/2000-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XII, agosto de dos mil, página 260 que establece: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Igualmente es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, sétima época, Tomo 65, Primera Parte, página 15, que dice: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. CUARTO. Causal de improcedencia. La procedencia del amparo es una cuestión de orden público que debe analizarse previo al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo1 , pues de actualizarse alguna causal de improcedencia haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. En tal virtud, quien aquí resuelve procede al análisis de la causa improcedencia invocada por las autoridades responsables prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y que básicamente hacen consistir en que la quejosa no acreditó tener interés legítimo para impugnar las normas que tacha de inconstitucionales. Es fundada la causal alegada. El precepto legal y fracción invocadas, disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.] El citado precepto prevé la improcedencia del juicio respecto de dos supuestos, a saber: 1 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. ? Tratándose de actos que no afectan el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, en los términos establecidos en el artículo 5 fracción I, de ese ordenamiento. ? Contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Con relación a lo expuesto, el artículo 107 fracción I, de la Constitución Federal, establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. - - - Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.] La citada porción constitucional contiene el principio de parte agraviada, el cual es uno de los principios rectores del juicio de amparo conforme al cual solo quien resienta un agravio en sus intereses, jurídicos o legítimos, individuales o colectivos, puede acudir a solicitar la protección constitucional. Así, en el primer párrafo se establece que tendrá el carácter de parte agraviada quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, cuando alegue que el acto reclamado viola sus derechos reconocidos en la Constitución, ya de forma directa, o en virtud de una situación especial frente al orden jurídico. Por otra parte, los diversos numerales 5 fracción I y 6, de la Ley de Amparo, respectivamente disponen: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.]. I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.]. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. - - - Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Conforme a los preceptos transcritos, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa ?interés jurídico? o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico ?interés legítimo?. Para demostrar que se actualiza la causa de improcedencia en análisis, es necesario señalar que, en el caso concreto, el estándar de afectación que resulta aplicable es el relativo al interés legítimo y no el de interés jurídico, toda vez que así lo señala el propio promovente del amparo en su libelo constitucional, aunado a que el perjuicio que alega lo hace depender de la especial situación que dice tener frente a las normas generales que reclama. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo. Consideró que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no solo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Es aplicable al respecto la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 111/2013, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, materia común, página 60, que es del tenor siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Ahora bien, cuando se impugnan normas de carácter general debe atenderse a la naturaleza de las mismas, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio ?autoaplicativas? o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida ?heteropalicativas?. Luego el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan normas cuyo contenido no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico, es decir, para analizar si los quejosos cuentan con interés legítimo para impugnar una norma autoaplicativa, debe verificarse si la puesta en operación de la norma impugnada les genera una afectación jurídicamente relevante. Cobra aplicación al respecto la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, julio de dos mil catorce, Tomo I, página 149 de rubro y texto siguientes: LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Conforme a esta definición de interés legítimo, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. Por tanto, la afectación indirecta que se requiere en el contexto de interés legítimo, puede darse en tres escenarios distintos, a saber: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante. b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa. c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En el caso, como se precisó con anterioridad, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, en su calidad de estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit reclama la promulgación, discusión, aprobación y publicación del Decreto a través del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, específicamente los numerales 1, segundo párrafo; 5, 7 fracciones VIII y IX; 8, 9 incisos a) y c) del numeral 2; 11, 12, 13, fracción I, incisos b), c), d) y e) y fracción III; 14 incisos d), e), g) y h) del numeral 1 y numeral 2, primer párrafo, inciso i); 14 bis, 15, fracciones II, XI y XII;15 bis, 19, 20 numeral 3, 21 fracciones I, inciso c) y numeral 1 y III; 24 numeral 1, 25, 31 numerales 3 y 4; 31 bis, 32 ,32 bis, capitulo XII denominado de las Reformas a la Legislación Universitaria, artículos 43, 44, 45 y 46, y primero, segundo, tercero, cuarto y quinto transitorios, con motivo de su sola entrada en vigor, es decir, en su carácter de autoaplicativa, aduciendo un interés legítimo. Los preceptos impugnados son del tenor siguiente: DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT. Artículo 1º. La Universidad Autónoma de Nayarit es una institución pública de educación media superior y superior, con domicilio legal en la capital del estado de Nayarit, dotada de autonomía para gobernarse, personalidad jurídica y patrimonio propio. Atenderá a los principios de libertad de cátedra, de investigación y de difusión de la cultura en beneficio de la comunidad. (.) Artículo 5°. El desarrollo y permanencia de la educación universitaria son de orden público e interés social. El Estado en correspondencia con la Federación, garantizará la existencia y funcionamiento de la Universidad; al efecto, establecerá en los presupuestos anuales los fondos o aportaciones que le correspondan para el cumplimiento de las funciones universitarias. (.) Artículo 7°. Para la realización de su objeto, la universidad tiene las siguientes atribuciones: (.) VIII. Promover, gestionar, implementar y ejecutar redes empresariales que, al mismo tiempo que capaciten a la planta estudiantil, generen vinculación social y permitan el desarrollo de la Universidad, y IX. Las demás que se establecen en la presente ley, el Estatuto de Gobierno y la reglamentación respectiva. Artículo 8°. Son funciones sustantivas y prioritarias de la Universidad: la docencia, investigación y extensión de la cultura, así como los servicios que se desarrollarán de manera integrada e interdependiente en los diversos tipos, niveles y modalidades educativas de la institución. Son funciones adjetivas, y complementarias, aquellas relacionadas con las labores manuales, administrativas y de apoyo a la academia. Artículo 9°. 1. a la 2. (.) a) El personal académico es aquel a quien, de manera prioritaria, le compete cumplir, a través de las funciones de docencia, investigación y extensión de la cultura y los servicios, lo dispuesto por el artículo 6 de la presente Ley. b) (.) c) El personal administrativo y manual se integra por trabajadores que realizan actividades laborales complementarias y de apoyo a las funciones académicas; d) a la e) ... (.) Artículo 11. La integración y el funcionamiento académico y administrativo de la Universidad se establecerá, a partir de los lineamientos y principios contenidos en la presente Ley, en el Estatuto de Gobierno y en los reglamentos respectivos. (.) Artículo 12. La Universidad, por conducto del Colegio de Elección Universitario así como del Consejo General Universitario y del Consejo de Educación Media Superior, en el ámbito de sus respectivas competencias, tiene la facultad de crear o modificar su estructura, atendiendo a las necesidades del interés público y de su propio desarrollo. Artículo 13.La universidad tiene, en el ámbito de su competencia los siguientes órganos: 1. (.) a). b) El Consejo de Educación Media Superior; c) El Colegio de Elección Universitario; d) El Consejo Coordinador Académico, y e) Los Consejos de unidades académicas. II. (.) III. Son órganos de gestión académica, aquellos que tienen por objeto desarrollar, delinear y operar las funciones sustantivas de la Universidad. Dichos órganos se establecerán y regularán en lo no previsto en la presente Ley, en el Estatuto de Gobierno, la reglamentación respectiva y en los acuerdos que apruebe el Consejo General Universitario." De las autoridades colegiadas. Artículo 14.1. El Consejo General Universitario es el órgano permanente superior de gobierno, y sus resoluciones son obligatorias; funcionará en sesiones plenarias o en comisiones para el estudio y resolución de los asuntos de su competencia, así como para el logro de los objetivos universitarios a que se refiere esta ley. 2. El Consejo General Universitario se integra por los siguientes consejeros con derecho a voz y voto: a) a la c) (.) d) Dos representantes del personal académico de cada una de las unidades académicas del nivel Superior, siendo uno de ellos el director de la unidad académica de referencia; e) Dos representantes de los alumnos de cada una de las unidades académicas del nivel Superior, en su caso, siendo uno de ellos el presidente del comité estudiantil de la unidad correspondiente; f) (...) g) Tres representantes del organismo estudiantil de la Universidad que agrupe a la mayoría de la población escolar de la institución; h) Tres representantes del organismo sindical de trabajadores administrativos y manuales que acredite la titularidad del contrato colectivo de trabajo, y i) Quince representantes integrantes del Consejo de Educación Media Superior, distribuidos de la siguiente forma: aa) Cinco docentes, bb) Cinco Directores de Unidad Académica, y cc) Cinco Estudiantes. Su designación se hará por insaculación, y ejercerán su función, durante el tiempo que dure su cargo de consejeros ante el Consejo General de Educación Media Superior. (.) Artículo 14 Bis. 1. El Consejo de Educación Media Superior es el órgano de gobierno que regula, conoce, analiza y decide las cuestiones administrativas concernientes a la Educación Media Superior de la Universidad, de conformidad con los lineamientos aprobados por el Consejo General Universitario. Sus resoluciones son vinculantes para todas las Instancias, órganos y Unidades Académicas del nivel Medio Superior; funcionará en sesiones plenarias o en comisiones para el estudio y resolución de los asuntos de su competencia, así como para el logro, en lo que a su área corresponde, de los objetivos universitarios a que se refiere esta ley. 2. El Consejo de Educación Media Superior, se integra por los siguientes consejeros con derecho a voz y voto: a) El Rector, quien fungirá como presidente y tendrá voto de calidad siempre que el empate persista después de una segunda ronda de votación; b) El Secretario General, quien fungirá como secretario del Consejo; c) Tres titulares del secretariado universitario que designe el Rector; d) Dos representantes del personal académico de cada una de las unidades académicas de Educación Media Superior, siendo uno de ellos el director de la unidad académica de referencia; e) Dos representantes de los alumnos de cada una de las unidades académicas de Educación Media Superior, siendo uno de ellos el presidente del comité estudiantil de la unidad correspondiente; f) Tres representantes de la organización sindical de personal académico que acredite la titularidad del contrato colectivo de trabajo; g) Tres representantes del organismo estudiantil de la Universidad que agrupe a la mayoría de la población escolar de la institución, y h) Tres representantes del organismo sindical de trabajadores administrativos y manuales que acredite la titularidad del contrato colectivo de trabajo. 3. Las personas que al efecto sean invitadas por el Presidente o por acuerdo del Consejo General de Educación Media Superior, podrán intervenir previa autorización de éste. 4. Los consejeros serán elegidos anualmente en la fecha y conforme a los procedimientos que señale el Estatuto de Gobierno. 5. El Consejo de Educación Media Superior, regulará sus sesiones con apego al reglamento sobre la materia. 6. Son atribuciones del Consejo de Educación Media Superior: I. Aprobar, aplicar e interpretar, en su caso, la normatividad para el nivel Medio Superior Universitario; II. Designar de entre sus miembros a sus representantes ante el Consejo General Universitario; III. Designar a los Directores de Unidades Académicas de nivel Medio Superior y conocer de sus licencias y renuncias o removerlos por causa grave en los términos de la legislación universitaria; IV. Dictar las normas correspondientes a su propio funcionamiento; V. Aprobar los planes y programas generales de desarrollo, conforme a los lineamientos emitidos por el Consejo General, y los principios que rigen la política educativa de la institución; VI. Proponer al Consejo General Universitario lo conducente en materia de creación o reestructuración de unidades académicas de nivel Medio Superior que estime necesario; y, proponer ante el Consejo General Universitario las medidas necesarias para la aprobación o modificación de los programas académicos de la Educación Media Superior de la Universidad. Para los efectos de esta fracción, el Rector deberá recabar, previamente, el dictamen respectivo del respectivo Consejo Coordinador Académico; VII. Expedir los nombramientos de nivel Medio Superior que le correspondan conforme a la legislación universitaria, y recibir la protesta de ley; VIII. Conocer, en revisión, las decisiones de los Consejos de las unidades académicas de nivel Medio Superior, sobre sanciones a miembros de la comunidad universitaria de dicho nivel; IX. En los casos que expresamente disponga la legislación, conocer o revisar los procesos de elección de las autoridades y órganos universitarios de nivel Medio Superior, vigilando su oportuna integración y funcionamiento, y X. Las demás que esta ley, el Estatuto de Gobierno y los reglamentos o acuerdos específicos le otorguen." Artículo 15. El Consejo General Universitarios tiene las siguientes atribuciones: I (.) II.- Conocer, y en su caso aceptar, de la solicitud de licencia o renuncia del Rector; y, removerlo por causa justificada, prevista en la legislación universitaria y, en su caso, designar rector sustituto en términos de la presente Ley. Asimismo, designar a los Directores de Unidades Académicas de nivel superior y conocer de sus licencias y renuncias o removerlos por causa grave en los términos de la legislación universitaria; III a la X (.) XI. Determinar, promover y aprovechar, conforme a las disposiciones aplicables, la creación de redes empresariales al interior y entre las Unidades Académicas, así como al exterior de la Universidad, que generen fuentes de ingreso propias que contribuyan al cumplimiento del objeto universitario, incluyendo rentas, utilidades, rendimientos, intereses, dividendos y aprovechamiento de sus bienes. Con excepción de las estrictamente académicas, éstas, deberán ser administradas exclusivamente por el Patronato administrador del impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, de conformidad con las disposiciones legales correspondientes; Conocer, evaluar y aprobar, en su caso, el informe anual de actividades presentado por el Rector; así como el que deberá rendir el Presidente del Patronato Administrador en lo concerniente a los ingresos a que se refiere la fracción precedente; XIII a la XVI (.) Artículo 15 Bis. 1. El Colegio de Elección Universitario es el órgano colegiado, no permanente, encargado de elegir al Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit. Para ello, estará facultado para tramitar, operar y encauzar hasta su conclusión, el correspondiente proceso de elección. Sus decisiones son definitivas e inatacables y, salvo que exista disposición expresa en contrario, se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes. Podrá funcionar en pleno o en comisiones, según lo determine el correspondiente reglamento. Sin embargo, éstas últimas solo podrán aprobar proyectos de acuerdo, cuya sanción definitiva estará a cargo del Pleno. 2.- El Colegio de Elección Universitario se integra con los siguientes electores con derecho a voto: a) El Presidente del Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, quien lo Presidirá. b) 4 Coordinadores de las áreas Académicas de la Universidad. c) 5 Integrantes de los Consejos de Área académica. d) 5 Directores de Unidades Académicas de Educación Superior; e) 5 Docentes Investigadores con reconocimiento vigente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y f) 5 Alumnos de Unidades Académicas de Educación Superior, designados de entre quienes sean Consejeros de su Unidad Académica, ante el Consejo General Universitario. g) Un Notario Público propuesto por el Colegio de Notarios, quien fungirá como Secretario, y solo tendrá derecho a voz. En lo que se refiere a los incisos b), c) y d) del presente apartado, solo podrán ser insaculados quienes hayan ocupado el cargo que corresponda, por lo menos con un año de anticipación a la fecha a que se refiere el punto 4 del presente artículo. Será responsabilidad del Rector en funciones, que tales Instancias académicas o sus equivalentes, se encuentren integradas y operando con la oportunidad debida, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 3. Son cargos incompatibles con el de integrante del Colegio de Elección Universitario: a) El de Rector b) Ser Secretario, del Secretariado Universitario c) Ser Integrante del Comité central de organización sindical o estudiantil, o d) Haber desempeñado alguna de estas funciones dentro del año inmediato anterior a la fecha a que se refiere el punto siguiente del presente artículo, o el de Rector en cualquier tiempo. 4. Cuatro meses antes de la fecha de terminación del periodo para el que fue electo el Rector en funciones, el Consejo General Universitario emitirá y publicará en la Gaceta Oficial de la Universidad, la convocatoria para que se inicie, por parte de las personas y los órganos Universitarios a que se refiere el Punto 2 del presente artículo, el proceso de nombramiento e integración de sus correspondientes Representantes al Colegio de Elección Universitario. Dicho proceso será coordinado al interior de estas instancias, por quien en términos del punto 2 inciso a) del presente artículo, fungirá como su Presidente con la intervención del Secretario y deberá quedar concluido dentro de los treinta días siguientes al de la fecha de publicación de la convocatoria. 5.- Dentro del plazo indicado en el párrafo anterior, deberán llevarse a cabo entre las personas que corresponden y al interior de los órganos respectivos, siempre con las formalidades del caso, las convocatorias a las sesiones pertinentes y el concerniente proceso de designación. En todos los casos, con excepción del Presidente y Secretario, la designación de los integrantes del Colegio de Elección será por rigurosa insaculación, de entre quienes, por reunir los requisitos previstos en la presente Ley y en el Estatuto de Gobierno, formen parte de sus respectivas instancias de representación. 6. Dentro de los cinco días naturales siguientes a la conclusión del proceso de Asambleas y sesiones de integración del Colegio de Elección, su Presidente y Secretario, convocarán a los integrantes designados, e invitará al Presidente del Consejo General Universitario, a una Sesión solemne, a celebrarse dentro de los ocho días naturales siguientes a la fecha de la convocatoria, y cuyos únicos puntos del orden del día serán: a) Declaratoria formal de integración del Colegio de Elección Universitario y toma de protesta de sus miembros. b) Propuesta y en su caso, aprobación y expedición de la Convocatoria dirigida a toda la comunidad Universitaria para la postulación al cargo y posterior Elección del Rector. Asimismo se podrá invitar a esta Sesión, como testigos de calidad, a quienes el Presidente del Colegio de Elección considere pertinente. La toma de protesta a que se refiere el presente apartado, será formulada, por el Presidente del Consejo General Universitario, o quien ese Consejo designe, en los siguientes términos: "Protestan y prometen solemnemente cumplir el cargo de integrantes del Colegio de Elección Universitario para el que fueron nominados, acatando en todo momento las disposiciones Constitucionales y legales aplicables, así como actuar siempre con sentido ético y compromiso universitario, enalteciendo así a la Universidad Autónoma de Nayarit y con ella a la Educación Pública de nuestro Estado? A la respuesta de "Sí protesto y prometo", se responderá: "Si así lo hicieren que la Comunidad Universitaria se los reconozca y si no que se los demande" La convocatoria que se emita, además de contemplar las disposiciones y prevenciones que otorguen claridad y certeza en el proceso, de conformidad con lo previsto en el reglamento correspondiente, precisará los requisitos que deberán satisfacer las personas aspirantes al cargo de Rector, de acuerdo con lo contemplado en la presente Ley, en el Estatuto de Gobierno, y en el reglamento respectivo. 7. De conformidad con las disposiciones reglamentarias, una vez reconocido el carácter de aspirante a Rector, la o las personas registradas podrán llevar a cabo la difusión de su programa y plataforma de trabajo, dentro de los espacios Universitarios, sin más limitación que el respeto a las normas y disposiciones Constitucionales y aquellas que rijan el proceso. A solicitud de los aspirantes, serán escuchados por el propio Colegio de Elección Universitario en sesiones públicas, pudiendo ser indistintamente, bajo la modalidad de debate o de exposición individual. El proceso de difusión y promoción a que se refiere el presente apartado, deberá concluir a más tardar quince días hábiles, previos a la fecha de conclusión del periodo del Rector en funciones. 8. El Colegio de Elección Universitario deberá reunirse dentro de los ocho días hábiles posteriores a la conclusión del periodo de promoción y difusión a que se refiere el párrafo que antecede, con la finalidad de llevar a cabo la votación para elegir al Rector de la Universidad. Para este efecto se considerará quórum legal la asistencia de por lo menos las tres cuartas partes de sus miembros. Si no se reuniera el quórum requerido, en la primera, se emitirá una segunda convocatoria para sesionar dentro de las 72 setenta y dos horas siguientes, en el entendido que la sesión de referencia, será válida con el número de miembros que concurran. 10. La elección del Rector se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes del Colegio de Elección. 11. Si después de la tercera ronda de votación, en su caso, no se pudiera obtener la mayoría calificada, se procederá a una cuarta ronda en la cual se elegirá a quien obtenga el mayor número de votos de entre los aspirantes. 12. Una vez hecha la declaratoria de elección del Rector en términos del punto precedente, el Colegio de Elección Universitario y el Consejo General Universitario, emitirán una convocatoria conjunta a sesión solemne a celebrarse en la fecha en que fenezca el periodo rectoral que concluye. En ella, se tomará protesta al Rector electo y en seguida se le dará formal posesión del cargo. 13. La toma de protesta será formulada por el Rector saliente o por quien en su caso, designe el Consejo General Universitario. Con la adecuación pertinente, el sentido de la protesta, será el mismo al que se refiere el punto 6 del presente artículo. 14. En la misma sesión, el Presidente del Colegio de Elección presentará al Consejo General Universitario el informe general de actividades. Con ello, se declararán concluidos los trabajos de dicho órgano y se decretará su disolución. 15. El cargo de integrante del Colegio de Elección Universitario es de carácter honorario y por tanto, no remunerado. Quienes integren este órgano, responderán ante las instancias que correspondan de la legalidad de sus actos, debiendo sujetar su conducta a los principios y prevenciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones legales aplicables. 16. Si dentro de la primera mitad del periodo de ejercicio quedara vacante el cargo de Rector, el Consejo General Universitario, procederá, dentro de los 8 ocho días naturales siguientes a dicha vacancia, a convocar la integración del Colegio de Elección Universitario en los términos y para los efectos a que se refiere el presente artículo. La Elección será con el carácter de rector sustituto y hasta por el término del periodo correspondiente. 17. Si la vacancia se presentara a partir de la segunda mitad del periodo, ocupará el cargo de Rector interino aquella persona que, previo el cumplimiento de los requisitos de ley, designe el Consejo General Universitario. 18. El Reglamento, establecerá y regulará en lo no previsto por la presente Ley, los actos y procedimientos necesarios a que deberá sujetarse el Colegio de Elección Universitario, tanto para su conformación, como en lo concerniente al proceso de Elección Rectoral, ordinaria o extraordinaria." Artículo 19. 1. El Rector es la autoridad ejecutiva y el representante legal de la Universidad, con las facultades que le otorgue el Estatuto de Gobierno. 2. En términos de la presente Ley y sus normas reglamentarias, constituye el ente integrador y coordinador, de las funciones sustantivas de la Universidad, así como el órgano de autoridad y control, en torno de sus funciones adjetivas. Artículo 20. 1. a la 2 (.) 3. La elección del Rector, su sustitución, temporal o absoluta, así como su remoción, serán aprobadas por el Colegio de Elección Universitario y por el Consejo General Universitario en los términos establecidos en la presente Ley, el Estatuto de Gobierno y las disposiciones reglamentarias aplicables." Artículo 21. (.) I. En lo administrativo: a) Las relativas a nombramientos y remociones de los titulares de las dependencias y demás funcionarios universitarios cuya competencia no esté reservada al Consejo General Universitario; b) Las de dirigir y supervisar el funcionamiento de la administración general de la Universidad para que ésta cumpla con su objeto y principios, y c) En coordinación con el Presidente del Patronato Administrador del Impuesto especial destinado a la Universidad, promover y articular redes empresariales, tanto al interior como al exterior de la Universidad, esto último, en vía de intervención y vinculación social. Se entenderá por redes empresariales al interior de los espacios Universitarios, la creación y establecimiento de: 1. Locales comerciales tales como restaurantes, puestos, estanquillos, o cualquier otro, fijo, semifijo o ambulante que tenga por objeto el expendio o venta de alimentos y/o bebidas; 2. Locales comerciales que tengan por objeto la venta de cualquier tipo de material didáctico o académico, o la prestación de servicios, tales como fotocopiado, escaneo e impresión de documentos; 3. Locales o puntos de oferta y prestación de cualquier otro tipo de servicios diversos a los anteriores, y 4. Todos aquellos contemplados en los reglamentos correspondientes. Se entenderá por redes empresariales al exterior de los espacios Universitarios: 1. La creación y establecimiento de Centros Regionales de Vinculación social con Sectores productivos. Para tal efecto, el Consejo General Universitario, en coordinación con el Patronato Administrador del Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, determinarán, en función de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras o de servicios propios de su experticia profesional, la ubicación más adecuada de estos Centros Regionales a fin de que, quienes se dediquen a tales actividades puedan recibir y aprovechar de la mejor manera, la asesoría y apoyo que requieran en el ejercicio de su actividad. 2. La realización por conducto de personal universitario y mediante cualquier mecanismo de contratación legal, de actividades generales o específicas solicitadas a la Universidad por personas físicas o morales privadas, en función de su competencia y experticia en áreas específicas del conocimiento y susceptibles de generar una contraprestación económica. 3. En general, toda aquella actividad externa susceptible de generar ingresos en beneficio del desarrollo de la Universidad. II (.) Artículo 24. (.) 1. El director de cada unidad académica es el responsable de la misma y será nombrado por el Consejo General Universitario o por el Consejo de Educación Media Superior según corresponda a propuesta del Rector, de entre una terna presentada por los Consejos de Unidad Académica, en los términos establecidos en la presente ley y en el Estatuto de Gobierno. Durará en el cargo seis años y no podrá ser reelecto; podrá ser removido de acuerdo con las disposiciones orgánicas y reglamentarias aplicables. (.)" Artículo 25. Para la elección y designación de autoridades universitarias, se estará a lo dispuesto por la presente Ley, el Estatuto de Gobierno y las disposiciones reglamentarias; además, a lo siguiente: I a la II (.) III. La integración y renovación de los miembros del Consejo General Universitario con derecho a voto y de los Consejos de las unidades académicas que correspondan, deberá realizarse cada año, durante los primeros tres meses de iniciado el periodo escolar correspondiente; por cada consejero propietario se elegirá un suplente; IV a la V (.) VI. Los directores de unidades académicas serán propuestos por el Rector al Consejo de Educación Media Superior, y al Consejo General Universitario, según corresponda, de entre un máximo de tres candidatos que propongan los Consejos de las respectivas unidades, con base en el procedimiento de elección establecido en el Estatuto de Gobierno y la reglamentación respectiva. El Consejo General Universitario y en su caso el Consejo de Educación Media Superior, con el voto de por lo menos las tres cuartas partes de sus integrantes, podrán rechazar la propuesta hecha por el Rector, en cuyo caso, éste deberá proponer a otra persona de entre la terna presentada por el Consejo de la Unidad Académica, quien no podrá ser rechazada. (.) Artículo 31. 1. a la 2 (.) 3. De igual manera, previa solicitud expresa de las referidas Autoridades, la Universidad podrá proponer y dotarles de asesores y profesionistas voluntarios de reciente titulación, que sean requeridos en las diversas áreas de su responsabilidad pública. Asimismo, promoverá la incorporación de dichos profesionistas a los Centros Regionales de Vinculación Social con Sectores Productivos, a que se refiere el artículo 21 de la presente Ley. Para tal efecto, y de conformidad con la Ley correspondiente, se establecerá un sistema de apoyos económicos a dichos Profesionistas, que, con la asesoría y respaldo docente y por periodos que no excedan de un año, participen en los programas Institucionales de "primer empleo", ejecutando y llevando a cabo las labores de su conocimiento y clínica profesional a que se refiere el presente apartado. 4. Asimismo y, en su caso, la Universidad deberá auxiliar a las autoridades Estatal o Municipales que lo requieran, elaborando dictámenes, opiniones o mediante la realización de actividades técnicas específicas que correspondan a sus diversas áreas de conocimiento y experticia. Artículo 31 Bis. La Universidad no podrá destinar menos del 40% cuarenta por ciento de su presupuesto, al ejercicio, crecimiento, desarrollo, e impulso de actividades, proyectos y programas académicos. Artículo 32. 1. Ninguna persona podrá percibir, en la Universidad, retribución que no se derive de partida expresa del presupuesto de gastos y que no se origine en la prestación de un servicio a la propia institución y siempre que la función que realice sea congruente con la naturaleza de su percepción. 2. Tampoco podrá percibir de la Universidad, simultáneamente, ingresos que correspondan a dos o más funciones de distinta naturaleza, salvo que la autoridad financiera, escuchando a la académica, determine mediante el correspondiente dictamen que ambas son compatibles y que efectivamente se realizan y, en horarios diferentes. En todo caso, el trabajador universitario podrá elegir la actividad remunerada que a su interés convenga. 3. No obstante lo dispuesto en el párrafo que antecede, si la persona fuera designada o propuesta para ocupar al interior de la Universidad un cargo directivo temporal, una vez que transcurra el término de su encargo, podrá reintegrarse a su actividad de origen, sin que el tiempo transcurrido en el desempeño de aquél, afecte su antigüedad y derechos laborales adquiridos. 4. Los trabajadores académicos deberán cumplir de manera íntegra con las responsabilidades inherentes a su respectiva carga horaria, por lo que, las actividades personales o profesionales que en su caso realicen al exterior de la Universidad, no deberán interferir ni afectar su correcto y debido desempeño. Tampoco deberá utilizar recurso alguno (equipo, materiales o personal) de la Universidad, ni emplear el nombre de la institución en esas actividades, salvo en casos de convenio concertado específicamente por la Universidad. 5. La Universidad garantizará a la comunidad estudiantil, la generación y transmisión de aprendizajes teórico-prácticos propios de las particulares áreas del conocimiento. Cuando las actividades externas a que se refiere el punto precedente, se deban al ejercicio de un servicio público temporal o transitorio que por su naturaleza contribuya a complementar con experiencia práctica, los contenidos teóricos del proceso de enseñanza aprendizaje, y no fuera posible por incompatibilidad horaria, el debido cumplimiento de su responsabilidad docente, el trabajador académico interesado deberá solicitar al Director de la Unidad Académica o a la autoridad universitaria competente, el ajuste correspondiente a su carga horaria. Para ello, deberán hacerse también, los ajustes salariales que correspondan y que estarán vigentes mientras subsistan las condiciones que los generaron sin que ello afecte por sí mismo, su antigüedad y demás derechos laborales respectivos. 6. No obstante, si la actividad temporal a que se refiere el párrafo que antecede fuera de tal naturaleza incompatible con el debido cumplimiento de su carga horaria, el docente universitario deberá ser precisado por la Autoridad Universitaria competente, a elegir entre alguna de las dos actividades, o en su caso, a solicitar una licencia temporal sin goce de sueldo en términos de las respectivas disposiciones reglamentarias. 7. En los supuestos a que se refiere el presente artículo, deberá actuar en el ámbito de sus atribuciones, el correspondiente órgano de control interno de la Universidad." "Artículo 32 Bis. El ingreso, promoción y permanencia del personal académico y administrativo de la Universidad Autónoma de Nayarit, se regulará por el reglamento y las normas escalafonarias correspondientes." (.) Artículo 43. La Legislación Universitaria se integra por las normas aprobadas por el Consejo General Universitario." "Artículo 44. 1. Las normas Universitarias podrán ser reformadas a iniciativa de cualquiera de los miembros del Consejo Universitario. 2. Para su discusión las iniciativas deberán contar con el apoyo de por lo menos el diez por ciento de quienes tienen derecho de voto." Artículo 45. Las iniciativas de reforma que sean sometidas a consideración del Consejo General Universitario y no sean aprobadas, no deberán analizarse de nueva cuenta sino hasta después de transcurrido por lo menos un año de su desechamiento. Artículo 46. Para que las reformas se consideren parte de la Legislación Universitaria se requiere: I. Aprobación expresa de las dos terceras partes del total de los integrantes con derecho a voto del Consejo Universitario, y II. Opinión favorable de la mayoría de los Consejos de las Unidades Académicas. Capítulo XII De las Reformas a la Legislación Universitaria TRANSITORIOS Primero. El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Segundo. El marco jurídico que emane del presente Decreto deberá ser creado, reformado o actualizado, según sea el caso, dentro de un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento. En tanto se revisa, estudia y aprueba la nueva legislación interna, continuarán aplicándose las disposiciones vigentes que no se opongan a la presente reforma. Tercero. La integración y funcionamiento del Colegio de Elección Universitario establecido en esta reforma, deberá llevarse a cabo para la elección del próximo Rector de la Universidad, en los términos del presente Decreto. Cuarto. Para los efectos a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, y a fin de hacer efectivo el contenido de dicho numeral, el Rector, en coordinación con la Autoridad Financiera de la Universidad, deberá presentar un diagnóstico y proponer al Consejo General Universitario un Programa de regularización laboral, cuya ejecución no exceda de un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Quinto. El Patronato Administrador del Impuesto Especial destinado a la Universidad, deberá recibir la administración de las fuentes de ingreso propias de la Universidad a que se refieren los Artículos 15 fracción XI y 21 fracción 1, inciso e) de la Presente Ley, en un término que no exceda de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto." De la lectura de las disposiciones transcritas, se advierten las diversas reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, en la que se estableció, entre otras cosas, lo siguiente: El desarrollo y permanencia de la educación universitaria son de orden público e interés social. El Estado en correspondencia con la Federación, garantizará la existencia y funcionamiento de la universidad y por tanto, establecerán en los presupuestos anuales los fondos o aportaciones que le correspondan para el cumplimiento de las funciones universitarias. Son funciones sustantivas y prioritarias de la universidad: la docencia, investigación y extensión de la cultura, así como los servicios que se desarrollarán de manera integrada. El personal académico es aquel a quien, de manera prioritaria le compete cumplir a través de las funciones de docencia, investigación y extensión de la cultura y los servicios, lo dispuesto por el artículo 6 de la presente ley y el personal administrativo y manual se integra por trabajadores que realizan actividades laborales complementarias y de apoyo a las funciones académicas. La integración y el funcionamiento académico y administrativo de la universidad se establecerá, a partir de los lineamientos y principios contenidos en la presente Ley, en el estatuto de gobierno y en los reglamentos respectivos. Que la universidad por conducto del colegio de elección universitario, así como del consejo general universitario y del consejo de educación media superior, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la facultad de crear o modificar su estructura, atendiendo a las necesidades del interés público y de su propio desarrollo; de igual forma se precisó la forma de su integración y lo siguiente: ? El consejo general universitario es el órgano permanente superior de gobierno, y sus resoluciones son obligatorias; funcionará en sesiones plenarias o en comisiones para el estudio y resolución de los asuntos de su competencia. ? El consejo de educación media superior es el órgano de gobierno que regula, conoce, analiza y decide las cuestiones administrativas concernientes a la educación media superior de la universidad, que sus resoluciones son vinculantes para todas las Instancias, órganos y unidades académicas del nivel medio superior. ? El colegio de elección universitario es el órgano colegiado, no permanente, encargado de elegir al Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, que para ello estará facultado para tramitar, operar y encausar hasta su conclusión, el correspondiente proceso de elección y que sus decisiones son definitivas e inatacables. ? El rector es la autoridad ejecutiva y el representante legal de la universidad, con las facultades que le otorgue el estatuto de gobierno. ? La elección del rector, su sustitución, temporal o absoluta, así como su remoción, serán aprobadas por el colegio de elección universitario y por el consejo general universitario. ? Que en lo administrativo, en coordinación con el presidente del patronato administrador del impuesto especial destinado a la universidad, deben promover y articular redes empresariales, tanto al interior como al exterior de la universidad, esto último, en vía de intervención y vinculación social. ? El director de cada unidad académica es el responsable de la misma y será nombrado por el consejo general universitario o por el consejo de educación media superior según corresponda a propuesta del rector, de entre una terna presentada por los consejos de Unidad académica, en los términos establecidos en la presente ley y en el estatuto de gobierno, él durará en el cargo seis años y no podrá ser reelecto. ? La universidad no podrá destinar menos del 40% cuarenta por ciento de su presupuesto, al ejercicio, crecimiento, desarrollo, e impulso de actividades, proyectos y programas académicos. ? Ninguna persona podrá percibir en la universidad, retribución que no se derive de partida expresa del presupuesto de gastos y que no se origine en la prestación de un servicio a la propia institución, que tampoco podrá percibir de la universidad, simultáneamente, ingresos que correspondan a dos o más funciones de distinta naturaleza, salvo que la autoridad financiera, escuchando a la académica, determine mediante el correspondiente dictamen que ambas son compatibles y que efectivamente se realizan y en horarios diferentes. ? El ingreso, promoción y permanencia del personal académico y administrativo de la Universidad Autónoma de Nayarit, se regulará por el reglamento y las normas escalafonarias correspondientes. ? La Legislación universitaria se integra por las normas aprobadas por el consejo general universitario, las cuales podrán ser reformadas a iniciativa de cualquiera de los miembros del consejo universitario y para su discusión las iniciativas deberán contar con el apoyo de por lo menos el diez por ciento de quienes tienen derecho de voto. ? Las iniciativas de reforma que sean sometidas a consideración del consejo general universitario y no sean aprobadas, no deberán analizarse de nueva cuenta sino hasta después de transcurrido por lo menos un año de su desechamiento. ? Para que las reformas se consideren parte de la legislación universitaria se requiere la aprobación expresa de las dos terceras partes del total de los integrantes con derecho a voto del consejo universitario y la opinión favorable de la mayoría de los consejos de las unidades académicas. ? Que el marco jurídico que emane del citado Decreto deberá ser creado, reformado o actualizado, dentro de un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del citado ordenamiento, y que mientras se revisa, estudia y aprueba la nueva legislación interna de la citada universidad, continuarán aplicándose las disposiciones vigente. ? La integración y funcionamiento del colegio de elección universitario establecido en esa reforma, deberá llevarse a cabo para la elección del próximo rector de la universidad. ? El rector, en coordinación con la autoridad financiera de la universidad, deberá presentar un diagnóstico y proponer al consejo general universitario un programa de regularización laboral, cuya ejecución no exceda de un año, a partir de la entrada en vigor del citado decreto. ? El patronato administrador del impuesto especial destinado a la universidad, deberá recibir la administración de las fuentes de ingreso propias de la universidad a que se refieren los Artículos 15 fracción XI y 21 fracción 1, inciso e) de la Ley Orgánica, en un término que no exceda de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Luego, debe determinarse si la parte solicitante del amparo tiene interés legítimo para impugnar las normas reclamadas sobre la base de una afectación incondicionada. Al efecto, la parte inconforme sustenta su pretensión constitucional -interés legítimo- en que el artículo 3° constitucional prevé el derecho a la educación y el principio de autonomía universitaria cuyos destinatarios finales son los miembros de la comunidad estudiantil; que las normas generales impugnadas son violatorias de derechos fundamentales en perjuicio de la comunidad universitaria y, en lo particular, dada su calidad de estudiante perteneciente a la comunidad estudiantil. Para acreditar su interés legítimo la quejosa ofreció como pruebas de su parte: Copia fotostática simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de Bethzil Madeline Meza Acuña. Una constancia expedida por la Directora de Administración Escolar de Nivel Superior de la Universidad Autónoma de Nayarit, en relación a que la aquí peticionaria de amparo Bethzil Madeline Meza Acuña se encuentra inscrita como alumna de la referida institución en el ciclo escolar dos mil diecinueve dos mil veinte (2019-2020). Copia certificada de la credencial expedida por el área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Nayarit a nombre de Bethzil Madeline Meza Acuña. Por lo que hace a la copia fotostática simple de la credencial para votar, valorada en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, carece de valor probatorio toda vez que se trata de una copia simple que por sí misma no establece certeza de su contenido, pues solo tiene un valor indiciario. Por lo que hace a las restantes documentales si bien tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 133 y 203 del ordenamiento legal supletorio en cita, resultan ineficaces para acreditar la existencia de un interés cualificado de la impetrante respecto de las normas combatidas. Es así, ya que con dichas constancias únicamente se acredita que la quejosa es alumna de la Universidad Nacional Autónoma de Nayarit, es decir, miembro de la comunidad universitaria, pero no así la existencia de un agravio actual, real, jurídicamente relevante y diferenciado del resto de la sociedad, a fin de considerar que: es destinataria de las disposiciones legales que reclama como inconstitucionales; o, que sin serlo, está en una posición jurídica, donde los efectos de la norma la impacten colateralmente en un grado suficiente para afirmar que le genera una afectación jurídicamente relevante. Cierto, como se precisó en el contexto del interés legítimo, para la procedencia del juicio de amparo, se requiere que los preceptos que impugna impacten a la parte impetrante a grado tal que le haya establecido obligaciones de hacer o no hacer a través de exigencias impuestas a un tercero, lo que no es el caso, toda vez que del análisis de los numerales reclamados, solo establecen la estructura, organización interna, obtención y manejo de recursos de la Universidad Nacional Autónoma de Nayarit, así como las obligaciones que deberá cumplir, lo cual no supone la existencia de un interés cualificado de la parte quejosa respecto de la legalidad de las normas que impugna, además de que no se advierte la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Tampoco, se advierte que las normas reclamadas establezcan hipótesis normativas a terceros que por la posición que guardan frente a los ordenamientos jurídicos, algunas de las consecuencias asociadas vayan a afectar a la parte peticionaria de amparo como miembro de la comunidad estudiantil, o bien que de obtener el amparo y la protección de la justicia de la Unión pudiera adquirir algún beneficio. En efecto, para acreditar que las normas que reclama, efectivamente irrumpen en su esfera de derechos, es necesario que establezcan alguna obligación a un tercero que impacte a la parte quejosa colateralmente, como por ejemplo que se estableciera una restricción a la libertad de cátedra, programas de investigación, selección de programas académicos, diseños de planes de estudio, métodos de examen, discusión de ideas o cualquier otra condición necesaria para satisfacer el derecho a la educación superior, lo que en la especie no acontece. Pues, las normas legales que se cuestionan tienen como destinataria a la Universidad Autónoma de Nayarit, no así a los alumnos, los que únicamente tienen con la institución una relación de naturaleza académica. Además, aun cuando la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit pudiera incidir en su naturaleza autónoma, tal circunstancia no dota de interés legítimo a la parte quejosa, en la medida en que no se traduce en una afectación a su derecho fundamental a la educación, ni la autonomía constituye un derecho humano de la persona jurídico-colectiva que deba ponderarse con los derechos humanos de sus miembros. Lo anterior, porque la autonomía universitaria únicamente tiene como finalidad maximizar los servicios educativos, esto es, la autonomía tiene un carácter exclusivamente instrumental para lograr un fin: la educación superior, por lo que no debe confundirse con los derechos fundamentales de las personas físicas que la integran, como lo es el derecho a la educación superior. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, noviembre de 2017, Tomo I, materia constitucional, página 132 de rubro y texto siguientes: AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA INSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, POR LO QUE NO PUEDE SER UTILIZADA PARA RESTRINGIRLO. La autonomía universitaria es una garantía institucional del derecho a la educación superior, es decir, tiene un carácter exclusivamente instrumental y no conforma, per se, un fin en sí misma, por lo que es valiosa si y sólo si -y en la medida en que- maximiza el derecho humano a la educación superior. En este sentido, no debe confundirse la autonomía universitaria, en cuanto garantía institucional que se predica de una persona jurídica de derecho público -la universidad autónoma-, con los derechos fundamentales de las personas físicas que la integran: el derecho a la educación superior y sus distintos haces normativos, como el derecho a la libre investigación y discusión de las ideas, el derecho a la libertad de cátedra, entre otros. Esto es, el hecho de que la autonomía universitaria tenga una relación instrumental con la maximización de derechos individuales, no implica que ésta sea a su vez un derecho humano de una persona jurídico-colectiva que deba ponderarse con los derechos humanos de sus miembros. La autonomía universitaria, en definitiva, está subordinada a la maximización del derecho a la educación, por lo que, por regla general, el ejercicio legítimo de aquélla no puede incluir la restricción de aspecto alguno del derecho a la educación. De ahí que si el atributo de autonomía universitaria no puede entenderse propiamente como un derecho fundamental amplio o generalizado, que genere algún beneficio al alumnado, aunado a que las normas legales impugnadas no tienen como efecto privarles de algún derecho individual o colectivo, debe concluirse que la aquí parte quejosa carece de interés legítimo para impugnarlas; precisamente porque, como se indicó, la autonomía universitaria es solo un instrumento que optimiza un derecho fundamental, como lo es la educación, lo que hace evidente que no está al servicio de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Nayarit. En mérito de lo expuesto, resulta innegable que se actualiza la causa de improcedencia contemplada por la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Atento a lo anteriormente vertido en este considerando, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la peticionaria de amparo. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 22-24, octubre-diciembre de 1989, materia común, página 252, que dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Bethzil Madeline Meza Acuña, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero y considerando segundo del presente fallo, por los razonamientos jurídicos expuestos en el último considerando de esta sentencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma IVAR LANGLE GÓMEZ, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el Secretario Óscar Ávalos Larios, quien autoriza y da fe. (Dos firmas ilegibles. Rubricas) NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS. NOTIF.
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