BETHY ALEXANDRA PEREZ ARIAS y Otros.
Expediente 96/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- BETHY ALEXANDRA PEREZ ARIAS y Otros.
- Bethy Alexandra Perez Arias
Actuaciones
- Principal
MSA V "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que en la especie, en proveído de veintiséis de enero de dos mil dieciséis (fojas 53 a 58), se desechó la demanda de garantías promovida por Bethy Alejandra Pérez Arias, el cual se le notificó el once de febrero de dos mil dieciséis (foja 60); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Bethy Alejandra Pérez Arias, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, residente en esta ciudad; presentada el veintidós de este propio mes de enero, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y ayer en este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, con el juicio de amparo indirecto 96/2016. Ahora bien, de la certificación secretarial se advierte que el juicio de amparo 1495/2015, promovido por la misma parte quejosa, contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial del Centro, residente en esta ciudad, tiene relación con el presente juicio, en tal virtud, dedúzcase copia certificada del expediente que servirá de base para el dictado de la resolución relativa a esta demanda. En la inteligencia de que se acude a las constancias precisadas, en virtud de que obran en un expediente que se instruye en este Órgano Jurisdiccional; y, precisamente, están relacionadas con este juicio de garantías; de tal manera que, las mismas, constituyen para la suscrita, UN HECHO NOTORIO. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." (Jurisprudencia XXII. J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, página 295). Ahora, vista la demanda de amparo promovida por Bethy Alejandra Pérez Arias, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, residente en esta ciudad y otra autoridad, se provee: En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.). En relación con el principio de definitividad existen los criterios siguientes, que no contravienen a la nueva Ley de Amparo: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procésales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". (Tesis XIX.2º.13K, publicada a página 340, Tomo III, Enero 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Del precepto y tesis transcritos se advierte que el principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia civil encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Al respecto el artículo 1334 del Código de Comercio, establece: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." El artículo y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones, DENTRO DE JUICIO, de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. El principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia mercantil encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En el caso, tanto de la demanda de amparo como de las constancias que exhibe, la parte quejosa reclama del Juez Cuarto de lo Civil en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, lo siguiente: "(.) a) La Orden de Localización y Detención de mi unidad de motor Outlader SE, Limited, modelo 2009, color rojo, con número de serie JE4LS21W39Z006640, número de motor CN4529, con placas de circulación 776HW del Distrito Federal. Actuación que denota conforme al numeral 1334 del Código de Comercio, que contra dicha orden procede el recurso de revocación, en virtud de que no es recurrible en términos del artículo 1339 del citado código, en atención al monto de la suerte principal, para ese efecto, que es de quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 moneda nacional, pues de conformidad con la constancia que obra en la demanda de amparo, consistente en la factura número 1768 M, se advierte un monto de doscientos sesenta y dos mil novecientos pesos. Se precisa que se toma en consideración el Código de Comercio publicado en dicha fecha, que se encuentra vigente en la fecha de emisión de donde proviene el acto reclamado, esto es, el quince de diciembre de dos mil quince, dictado por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con sede en esta ciudad, en el expediente 177/2015 (lo que se advierte de las constancias que exhibió la quejosa en su demanda de amparo). En consecuencia, si dicha orden que reclama proviene del auto de quince diciembre de dos mil quince, en un juicio que no admite recurso de apelación, puede controvertirse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del citado código, que procede contra los autos que no son apelables y los decretos, porque la declaratoria de embargo sobre el bien mueble, bien puede ser revocada. Se invoca en apoyo, por su contenido y por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." (59/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 51/2010, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.) Por otra parte, no pasa desapercibido para este juzgador, que la solicitante de garantías se ostenta como tercera extraña al juicio ejecutivo mercantil número 177/2015; sin embargo, está plenamente desvirtuado dicho carácter conforme al análisis de la factura 1768 M, expedida por Automotores de Antequera, S.A. de C.V., pues se advierte que fue endosada por Bertha Nieves Pérez Arias, a favor de la quejosa BETHY ALEXANDRA PÉREZ ARIAS según el uno de abril de dos mil quince. Sin embargo, el endoso de la factura descrita adquirió fecha cierta, hasta que se presentó ante notario público, lo que se verificó el día seis de octubre de dos mil quince. En este orden, debido a que la fecha cierta de la transmisión de la propiedad del vehículo fue el seis de octubre de dos mil quince; es inconcuso que la aquí quejosa es causahabiente de la demandada en el juicio ejecutivo mercantil 177/2015, verificándose la sustitución procesal y por ello la hoy solicitante de garantías está siendo oída en juicio a través de su causante BERTHA NIEVES PÉREZ ARIAS; en consecuencia la causa de improcedencia para el causante afecta en forma idéntica al causahabiente. Es aplicable al caso el criterio siguiente. "CAUSAHABIENCIA. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PARA EL CAUSANTE AFECTA EN FORMA IDÉNTICA AL CAUSAHABIENTE. Es verdad que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO.", señala que la causahabiencia no se encuentra prevista como una causa de improcedencia en el artículo 73 de la ley de la materia, por lo que no se puede sobreseer en el juicio por ese motivo en sí mismo considerado, sin embargo, tal criterio no impide estimar que cuando el promovente del amparo que se ostenta como tercero extraño y está probado que es causahabiente de la parte a la que afecta el acto reclamado, su situación es idéntica a la de esa parte porque no es más que subrogatario de ella, por lo que las causas de improcedencia que afectarían al causante también perjudican al causahabiente en tanto que ambos están sujetos a la misma situación jurídica. No se opone a lo anterior que en la referida jurisprudencia también se sostiene que si el causante o el causahabiente promueven amparo ostentándose terceros extraños a juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia, no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, salvo la excepción que se prevé para el causahabiente subarrendatario, sin embargo, esa conclusión no debe desvincularse del resto del contexto, conforme al cual actualizada una causa de improcedencia respecto del causante, también afecta en forma idéntica al causahabiente, y sólo en el caso de que no se dé alguna hipótesis de improcedencia del juicio de garantías (en la inteligencia de que la causahabiencia no es una de ellas en sí misma considerada) entonces debe existir un pronunciamiento en cuanto al fondo del amparo". (Tesis I.3o.C.463 C. Materia Civil, Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). Por lo cual, la quejosa carece del carácter de tercero extraño al juicio civil, toda vez que la demandada y causante de la aquí quejosa fue emplazada legalmente a juicio, por tanto la peticionaria está siendo oída y vencida en juicio a través de su causante. Así pues, la quejosa no puede equipararse a un tercero extraño en juicio natural en el que está siendo oída a través de su causante, pues al darse solamente una sustitución procesal con relación al derecho que defiende, su situación en la instancia constitucional es idéntica a la parte que sí compareció al juicio, hizo valer sus derechos y está ejerciendo su derecho de defensa. En tales consideraciones, la quejosa BETHY ALEXANDRA PÉREZ ARIAS quedó sujeta a la situación jurídica de su causante BERTHA NIEVES PÉREZ ARIAS, demandada en el juicio natural puesto que procesalmente no es requisito indispensable haber sido emplazada, y por ello desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que resulta improcedente el presente juicio, al ostentarse con tal carácter y haber soslayado agotar el principio de definitividad previamente al juicio de amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. Época: Novena Época; Registro: 189916; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 39/2001; Página: 93 Por tanto, en el caso, la quejosa carece del carácter de tercera extraña al juicio, máxime que quedó determinado como cosa juzgada, al así ya haberse establecido en el juicio de garantías 1945/2015 del índice de este juzgado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en los artículos citados y además en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA la demanda de garantías. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Andrés Quevedo Martínez, y únicamente para recibirlas a las restantes personas, sin las amplias facultades que prevé el normativo citado, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual están obligadas en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia administrativa, aunado a que no se encontró registro alguno a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE." MESA V-B
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