Bethsabé Bocanegra Oropeza
Expediente 1304/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1304/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Bethsabé Bocanegra Oropeza
- Bethsabé Bocanegra Oropeza y Otros.
- S.A. B. O.
- Presidente Constitucional de las Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Consejería Jurídica
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días para interponer recurso de revisión contra el auto de diecisiete de febrero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Bethsabe Bocanegra Oropeza, en representación de su menor hijo de iniciales S.A.B.O. Consecuentemente, se declara que dicho auto ha causado estado; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. toda vez que se concedió la suspensión de plano en el presente asunto, este expediente es susceptible de ser DEPURADO, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Tomando en consideración que en el presente expediente obran documentos aportados por la parte quejosa, désele vista para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger dichas constancias, apercibida de que de no hacerlo, seguirán la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción conforme a lo establecido en el precitado acuerdo. deberá generar el código QR correspondiente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a fin de comparecer a fin de recoger dichos documentos.-
- Principal
agréguese para que obre como corresponda el oficio del apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG), mediante el cual informa que el menor quejoso de iniciales S.A.B.O. completó el esquema de vacunación contra el virus SARS-COV-2, pues ya recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, y para acreditarlo aporta las constancias relativas a los comprobantes de vacunación correspondientes. Ahora, con base en la manifestación vertida por la autoridad responsable y la documental anexa al oficio que se provee, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que al referido menor quejoso, ya le fue suministrada la primera y segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2; por tanto, se concluye que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional. El artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ahora bien, para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En el caso, la parte quejosa reclamó la omisión de las autoridades responsables de vacunar al menor quejoso de iniciales S.A.B.O., contra el virus SARS-CoV-2, y solicitó el amparo y protección de la justicia federal para que les fuera aplicado el biológico preventivo correspondiente. No obstante, en los comprobantes de vacunación exhibidos por la responsable, se aprecia que dicho menor fue inoculado con la primera y segunda dosis del biológico del laboratorio Pfizer-BioNTech, completándose el esquema de vacunación a que alude la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-Cov-2, para la Prevención de la Covid-19 en México. Por tanto, la conducta omisiva de las autoridades responsables desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo. Conviene precisar que la desaparición de la conducta omisiva antes de la presentación de la demanda de amparo, implica la inexistencia del acto de autoridad y actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando la omisión desaparece con posterioridad a la presentación de la demanda, cesan sus efectos y con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El caso que nos ocupa, se ubica en la segunda hipótesis, pues se observa que la omisión dejó de existir con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda y, en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia conocida como cesación de efectos. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario, conllevaría el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes.
- Principal
agréguese a los autos el oficio signado por el apoderado legal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México; en atención a su contenido, téngase rendido el informe justificado que le corresponde, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con su contenido dese vista a la partes, para los efectos legales a que haya lugar. n relación con la causa de improcedencia aducida, será analizada en la sentencia que, en su caso, se dicte en este juicio.
- Principal
Visto el estado procesal de autos se observa que no obra en autos los informes justificados solicitados a las autoridades señaladas como responsables con residencia en la Ciudad de México, ni los acuses de recibo de los que se advierta que hayan sido legalmente notificadas para ello. Por tanto, para no dejarlas inauditas, la audiencia constitucional programada para hoy se difiere y, en su lugar, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Cabe destacar que la fecha y hora señaladas obedece a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional.
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