Betha Alejandra Moreno Cavazos

Expediente 1168/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 27 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1168/2023
Año
2023
Actuaciones
27
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Betha Alejandra Moreno Cavazos
  • Betha Alejandra Moreno Cavazos y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, turnado a este órgano de control constitucional, Bertha Alejandra Moreno Cavazos promovió juicio de amparo contra actos del Presidente los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refiere el artículo 1, 4, 5, 14, 16, 25, 35, 41 y 73, fracción XXXIX-U, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, se admitió la demanda con el número 1168/2023-III, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio a la representante social de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado debería tener ejecución material en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es el siguiente: La aprobación de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por parte del Congreso de la Unión, las cueles terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Senadores, en fecha veintidós de febrero de dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Además, la existencia del acto reclamado es un hecho notorio en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que el decreto reclamado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, de ahí su naturaleza y obligatoriedad. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." De igual manera, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de registro digital 233090, cuyo rubro y texto dicen: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." En consecuencia, se tienen por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previo a estudiar el fondo de la cuestión planteada, deben analizarse las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías en términos el artículo 62 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, debe decirse que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debido a que respecto las normas generales contenidas en el decreto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, resolvió las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, el de Acción Nacional, el Revolucionario Institucional, por la Cámara de Diputados y la de Senadores del Congreso de la Unión, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las que demandaron la invalidez del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés", registradas con los expedientes 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, declarando la invalidez del decreto impugnado en su totalidad, con nueve votos a favor del proyecto. Ello se advierte de la "VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL JUEVES 22 DE JUNIO DE 2023", lo cual constituye un hecho notorio, en términos de lo que dispone el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, ya que dicha versión taquigráfica se encuentra publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la siguiente dirección: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2023-06/A.I.%2071.pdf Asimismo, el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 43. Las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. La Suprema Corte no estará obligada a seguir sus propios precedentes. Sin embargo, para que pueda apartarse de ellos deberá proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. La Suprema Corte estará vinculada por sus precedentes en los términos antes descritos, incluso cuando éstos se hayan emitido con una integración de Ministras y Ministros distinta." De lo anterior, se advierte que el legislador estableció que los razonamientos encaminados a motivar el sentido de las resoluciones aprobadas al menos con ocho votos, serán de observancia obligatoria para todas las juezas y jueces del orden federal, así como los de las entidades federativas. Aunado a lo anterior, el Acuerdo General 1/2021 de ocho de abril de dos mil veintiuno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y se establecen sus bases, específicamente en el punto Noveno, establece: "NOVENO. (.) Lo anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocar un criterio jurisprudencial, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 221, parte final, de la Ley de Amparo o las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, conforme al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando no se haya difundido en el Semanario Judicial de la Federación la tesis respectiva o la ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad". Tal numeral revela que puede ser invocada la sentencia aprobada con al menos ocho votos, conforme al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando no se haya difundido en el Semanario Judicial de la Federación la tesis respectiva o la ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad. Precisado lo anterior, resulta oportuno establecer que el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;" De lo expuesto, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente contra normas generales respecto de las cuales el Alto Tribunal del país haya emitido una resolución, como sucede en el caso ya que como se precisó, en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, en la que declaró la invalidez del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Ello, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Acuerdo General 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, del Pleno de la Corte, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, en específico en su punto Noveno. Lo anterior, ya que en la sesión correspondiente al veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la indicada acción de inconstitucionalidad, cuyos puntos resolutivos establecieron: "PRIMERO. SON PROCEDENTES Y FUNDADAS LAS PRESENTES ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SEGUNDO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON LOS APARTADOS VI Y VII DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA SENTENCIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN". De lo narrado se concluye que al resolver tal acción de inconstitucionalidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS". Esto es, el máximo tribunal del país determinó remover del marco jurídico nacional las normas aquí impugnadas. Por tanto, si la normativa aquí impugnada fue removida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en la acción de inconstitucionalidad mencionada, así como sus acumuladas antes señaladas, se estima que se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Lo anterior es así, ya que para tal efecto únicamente se requieren los siguientes elementos: 1. Que se impugnen normas generales. 2. Que sobre esas normas generales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una resolución declarando su invalidez, como en el caso. Elementos que se encuentran satisfechos, en tanto a que en este juicio de amparo se reclaman las citadas normas declaradas inválidas en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin ser obstáculo para ello que aún no se tenga noticia respecto de la publicación de la resolución emitida en la aludida acción de inconstitucionalidad, toda vez que no es uno de los requisitos establecidos para ese efecto por la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que lo relevante es que con motivo de la referida declaratoria existe imposibilidad jurídica para que este órgano jurisdiccional aborde problemas de constitucionalidad sobre los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció. Máxime que, como se estableció, de conformidad con el punto noveno del Acuerdo General 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y se establecen sus bases, las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, conforme al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser invocadas aun cuando no se haya difundido en el Semanario Judicial de la Federación la tesis respectiva o la ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 2a./J. 116/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, página 213, Novena Época, (registro 174314), del rubro siguiente: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN ELLA SE DECLARA LA INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR ESE CRITERIO, AUN CUANDO NO SE HAYA PUBLICADO TESIS DE JURISPRUDENCIA. La circunstancia de que no se haya publicado tesis de jurisprudencia relativa a una acción de inconstitucionalidad en cuya resolución se declaró la invalidez de alguna norma general, no es óbice para que los Tribunales Colegiados de Circuito apliquen el criterio sostenido en ella, pues de conformidad con el artículo 43, en relación con el 73, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias pronunciadas en acciones de inconstitucionalidad, aprobadas por lo menos por ocho votos, son de observancia obligatoria y conforme al artículo 44 de la ley citada, la resolución se inserta de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación así como en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado. Además, las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas en esos términos, se entienden comprendidas en el supuesto a que se refiere el punto quinto, fracción I, inciso D), del Acuerdo General Plenario 5/2001, que establece: "QUINTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los puntos tercero y cuarto de este acuerdo, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando: ... D) Los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas o existan cinco precedentes emitidos por el Pleno o las Salas indistintamente, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieran alcanzado la votación idónea para ser jurisprudencia." Cabe precisar que las normas impugnadas se reclamaron con el carácter de autoaplicativas, sin que se advierta una afectación a la esfera jurídica de la promovente, ya que con independencia de que fueron removidas las normas impugnadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la referida acción de inconstitucionalidad, no se demostró la existencia de algún acto de aplicación que haya afectado la esfera jurídica de la parte quejosa. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con la fracción V, del numeral del 63 del mismo ordenamiento, debe sobreseerse este juicio de amparo. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta resolución son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 61 y 63 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1168/2023-III, promovido por Bertha Alejandra Moreno Cavazos, contra el actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones que se señalan en el considerando cuarto de esta determinación. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Nora Hilda Luna Lugo, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado

  2. Incidental

    Reynosa, Tamaulipas, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta; agréguese a los autos el oficio 6074/2023 enviado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que por proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, se admitió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, en contra de la interlocutoria de veinte de julio de dos mil veintitrés, dictada dentro del presente asunto, el cual quedó registrado como incidente en revisión 406/2023. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Nora Hilda Luna Lugo, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.****************************************Visto el estado que guardan los autos, se desprende que en proveído de siete de septiembre del año en curso, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la autoridad responsable, en contra de la interlocutoria de veinte de julio de dos mil veintitrés; en el entendido que en dicho proveído se reservó enviar el expediente en que se actúa a la superioridad para la substanciación de dicho recurso, hasta en tanto se encontrara debidamente integrado el presente asunto, esto es, cuando obraran constancias de notificación de la totalidad de las partes del auto que admitió el recurso de trato, así como de la resolución recurrida. Luego entonces, se advierte que el presente asunto se encuentra debidamente integrado, en cumplimiento al proveído de siete de septiembre del año en curso, fórmese cuaderno de antecedes y remítase al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Turno, el original del escrito de agravios, así como del incidente de suspensión en que se actúa, para la substanciación del medio de impugnación de trato. Notifíquese...

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México esta ciudad, rindiendo su informe justificado; con lo anterior, dese vista a las partes, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otra parte tomando, en cuenta que la audiencia constitucional se encuentra fijada para el nueve de octubre de dos mil veintitrés, es evidente que no van a transcurrir ocho días hábiles y continuos entre el día de hoy y tal día, por lo que es evidente que no es posible jurídicamente celebrar la audiencia constitucional fijada para esa fecha. Por tanto, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para esa fecha y en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan para su celebración las once horas del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés.

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