Berzabeth María del Consuelo Serrano Uriostegui

Expediente 294/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
294/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Berzabeth María del Consuelo Serrano Uriostegui

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que no se encuentra debidamente integrado el presente juicio de amparo, toda vez que no se emplazó a juicio a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad (Lic. Miriam Cortes Cisneros). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento a fin de subsanar lo anterior, se ordena llamar a juicio a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad (Lic. Miriam Cortes Cisneros), debido a que fue señalada como autoridad responsable en el escrito de demanda. Por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la ley de la materia, con copia de la de demanda solicítese a la autoridad responsable antes referida su informe justificado, el cual deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Con el apercibimiento que 1) de no rendir su informe, de no acompañar las constancias relativas, o 2) no comunicar la existencia de alguna causa de sobreseimiento; se le impondrá una multa por cantidades comprendidas, en su orden, en el primer caso, entre cien y mil Unidades de Medida y Actualización vigente, y en el segundo, de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 251 y 260 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y Adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero de este año. Hágase saber lo anterior al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, para los efectos legales a que haya lugar. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional de mérito se difiere para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Por último, se ordena la notificación del presente proveído por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que constituye una determinación de mero trámite.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, al no encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa, toda vez que a la fecha la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no ha remitido las constancias que le fueron solicitadas en proveído de veintiuno de julio del año en curso, no obstante estar debidamente notificada para tal efecto como consta de la constancia de notificación que obra agregada en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, requiérase por última ocasión a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que en el término de TRES DÍAS siguientes a aquél en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copias certificadas de la totalidad de constancias que tomó en consideración para emitir el acto reclamado en esta vía constitucional, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente asunto, aunado que en su informe justificado refiere el auto de siete de febrero del año en curso, sin que se hubiera anexado; apercibido que de no hacerlo dentro del lapso indicado se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, con arreglo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso en lo conducente la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional de mérito se difiere para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Por último, se ordena la notificación del presente proveído por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye una determinación de mero trámite.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, en razón que no se cuenta con la totalidad de las constancias necesarias para resolver en definitiva el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, para que en el término de tres días, siguiente a aquél en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0d.65 GABRIELA ANGELA SANTIAGO GOMEZ 2 remita copia certificada legible de la totalidad de constancias que tomó en consideración para emitir el acto reclamado en esta vía constitucional, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente asunto, aunado que en su informe justificado refiere el auto de siete de febrero del año en curso, sin que se hubiera anexado; apercibido que de no hacerlo dentro del lapso indicado se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, con arreglo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso en lo conducente la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.0d.65 GABRIELA ANGELA SANTIAGO GOMEZ Juicio de Amparo 294/2023 3 ??????A???????? allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En esa virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Por otra parte, visto los escritos de cuenta firmados por José Manuel Molina Gatica, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés conviniera respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. En mérito de lo anterior, y a fin de dar margen a la debida integración del presente sumario y que la partes tengan conocimiento del contenido del informe justificado aludido en el párrafo anterior, con la anticipación de ocho días a que se refiere el numeral 117, párrafo segundo de la Ley de amparo, la celebración de la audiencia señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable y tercera interesada, por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.

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