Berzabe Saucedo Hernandez

Expediente 1874/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1874/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Berzabe Saucedo Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió la resolución que puso fin al juicio de amparo en que se actúa, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, pues se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo, al que se le deberá agregar copia del presente acuerdo. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Por otro lado, advirtiéndose que este expediente contiene documentos originales exhibidos por la parte quejosa con su escrito de demanda, se le previene para que acuda a este tribunal dentro del plazo de noventa días a recoger dichos documentos, apercibiéndosele que en caso de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente, como lo autoriza el último párrafo del artículo Vigésimo del Acuerdo General de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió la resolución que puso fin al juicio de amparo en que se actúa, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, pues se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo, al que se le deberá agregar copia del presente acuerdo. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Por otro lado, advirtiéndose que este expediente contiene documentos originales exhibidos por la parte quejosa con su escrito de demanda, se le previene para que acuda a este tribunal dentro del plazo de noventa días a recoger dichos documentos, apercibiéndosele que en caso de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente, como lo autoriza el último párrafo del artículo Vigésimo del Acuerdo General de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido por el licenciado José Alfonso García López, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1874/2019, promovido por Berzabe Saucedo Hernández, por su propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, y de otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. De inicio, el Secretario hace constar que obran agregados al presente sumario: 1.- Escrito inicial de demanda. 2.- Constancia de emplazamiento de la Agente del Ministerio Publico de la Federación. 3.- Informes justificados rendidos por las autoridades responsables Presidente Municipal Constitucional, Tesorero Municipal, Directora de Recursos Humanos, Contralor Interno Municipal y Secretario General, todos del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad. Enseguida, el Juez acuerda: Al respecto, se tiene por realizada la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Luego, no pasa inadvertido para este juzgador que entre la fecha de presentación de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y la de celebración de la audiencia constitucional, no medió un plazo de por lo menos ocho días. Sin embargo, toda vez que no existe una petición expresa [conforme lo dispone el artículo 117[1] de la Ley de Amparo] en el sentido de que se difiera o suspenda la audiencia constitucional; es por lo que se determina procedente continuar con su desahogo. Acto continuo se abre el período de pruebas, en donde se tienen por admitidas y desahogadas únicamente las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda; luego al no existir medio de convicción pendiente por desahogar, se concluye esta etapa. A continuación, se abre el periodo de alegatos; teniéndose que ninguna de las partes los formuló; ante ese escenario, se cierra el presente periodo. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia, el Juez procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1874/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el tres de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Berzabe Saucedo Hernández, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Previo requerimiento, por auto de veintidós de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el expediente 1874/2019, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 25/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de noviembre de dos mil diecisiete. Esto, al reclamarse actos de naturaleza administrativa de autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: Del Presidente Municipal Constitucional, Tesorero Municipal, Directora de Recursos Humanos, Contralor Interno Municipal y Secretario General, todos del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad: - La modificación que se pretende hacer al extracto de cabildo que se resolvió en sesión extraordinaria el H. Cabildo del H. Ayuntamiento de Tapachula de C. y O., Chiapas, en fecha 17 de septiembre del año 2018, dicha resolución aprueba la pensión y el pago de la prima de antigüedad por la cantidad de $44,241.60 pesos (cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y uno pesos 60/100 m.n), en mi calidad de pensionado (por invalidez por diagnóstico escoliosis entre 4 y 5 Lumbar), (anexo para mejor proveer copia certificada del extracto de cabildo antes mencionada, basada ante la fe del notario público número 141, el licenciado Edgar Valente de León Galleos), según computo de temporalidad este tiene 275 días naturales, aun cuando la autoridad ordenadora ha indicado a los nuevos integrantes del H, Cabildo del H. Ayuntamiento de Tapachula de C. y O., Chiapas, que en sesión extraordinaria que tendrá verificativo el tres de julio del año dos mil diecinueve, se emita una nueva resolución de cabildo que modifique un derecho que ya fue aprobado con legalidad, transparencia, honradez y respeto al derecho humano y natural, dicho acto reclamado, trae adhesivamente la negativa del pago de prima de antigüedad, suspensión de pago de prima de antigüedad, la revisión de mi prima de antigüedad y modificación de mi prima de antigüedad. EJECUTORA: al C. Tesorero Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Director de Recursos Humanos y Contralor Interno, todos ellos del H. Ayuntamiento Municipal de Tapachula de C. y O. Chiapas, con domicilio en Palacio Municipal, ubicado en la 5ª. Calle Poniente sin número entre 6ª y 8ª Avenida Norte de la ciudad de Tapachula de C. y O. Chiapas, le reclamó modificación que se pretende hacer al extracto de cabildo que se resolvió en sesión extraordinaria el H. Cabildo del H. Ayuntamiento de Tapachula de C. y O., Chiapas, en fecha 17 de septiembre del año 2018, dicha resolución aprueba la pensión y el pago de la prima de antigüedad por la cantidad de $44,241.60 pesos (cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y uno pesos 60/100 m.n), en mi calidad de pensionado (por invalidez por diagnóstico escoliosis entre 4 y 5 Lumbar), (anexo para mejor proveer copia certificada del extracto de cabildo antes mencionada, basada ante la fe del notario público número 141, el licenciado Edgar Valente de León Galleos), según computo de temporalidad este tiene 275 días naturales, aun cuando la autoridad ordenadora ha indicado a los nuevos integrantes del H, Cabildo del H. Ayuntamiento de Tapachula de C. y O., Chiapas, que en sesión extraordinaria que tendrá verificativo el tres de julio del año dos mil diecinueve, se emita una nueva resolución de cabildo que modifique un derecho que ya fue aprobado con legalidad, transparencia, honradez y respeto al derecho humano y natural, dicho acto reclamado, trae adhesivamente la negativa del pago de prima de antigüedad, suspensión de pago de prima de antigüedad, la revisión de mi prima de antigüedad y modificación de mi prima de antigüedad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Presidente Municipal Constitucional, Tesorero Municipal, Directora de Recursos Humanos, Contralor Interno Municipal y Secretario General, todos del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, en sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclama, sin que tales negativas fueran desvirtuadas por la parte quejosa con prueba alguna en contrario; motivo por el cual, se sobresee en el presente juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es de puntual aplicación, la jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, que señala: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Igualmente es aplicable, a lo antes citado, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Berzabe Saucedo Hernández, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguense a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, los informes justificados correspondientes al Presidente Municipal Constitucional, Tesorero Municipal y Contralor Interno Municipal, todos de esta ciudad. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con los mismos al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, se tiene a las responsables de trato autorizando como delegados de su intención a los profesionistas que cita en su ocurso de mérito, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Materia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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