Bertha Xolo Ventura

Expediente 114/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
114/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • Bertha Xolo Ventura

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Del estado que guardan los presentes autos se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el acuerdo dictado el ocho de febrero del presente año, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por Bertha Xolo Ventura, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17, 20, 22 y 133 Constitucionales; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 114/2019-VI. DESECHAMIENTO Ahora, previo a que este Órgano Jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda interpuesta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Precisado lo anterior, una vez analizado el escrito de demanda, el suscrito estima que la misma deviene improcedente, en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I, del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ciertamente, el interés jurídico a que alude el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En efecto, de acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I, del artículo 107 Constitucional, 6º y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, pues el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real y actual al solicitante del amparo. Es decir, cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estima violatorio de sus derechos humanos, y lo impugna a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deben observarse las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así, para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto de autoridad que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política, pero no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de constitucional, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecte en forma real y actual su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. En ese sentido, del análisis integral de la demanda, se advierte que la quejosa impugna a través de esta vía constitucional, la resolución emitida el quince de enero de dos mil diecinueve, por el Juez de Control del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, dentro del medio de impugnación 6/2018, mediante la cual revocó la determinación del no ejercicio de la acción penal, determinación que había sido realizada por la Fiscalía General del Estado a través del Fiscal Segundo adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, dentro de la carpeta de Investigación UIPJ/DXIX/F2/161/2017, la cual se inició con motivo de la denuncia presentada por Cándido Chacha Domínguez, por el supuesto delito de FRAUDE. Ahora, debe destacarse que la resolución que constituye el acto reclamado tiene como efecto la continuación de la investigación dentro de la carpeta respectiva. En ese sentido es evidente que la determinación de la autoridad responsable, que revoca la determinación del no ejercicio de la acción penal, no constituye un acto de imposible reparación o de ejecución irreparable, en virtud de que no se trata de un acto inminente que pudiera afectar en forma actual la esfera jurídica del quejoso recurrente, al tratarse sólo de la continuación de la investigación. Por lo que, si el efecto del acto reclamado es que el agente del Ministerio Público continúe con la investigación correspondiente, recabando las pruebas necesarias, sin que hasta este momento se advierta que haya ejercido acción penal en contra de la solicitante del amparo, es incuestionable que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la quejosa, ya que tiene como único efecto que la Representación Social continúe con su investigación de los posibles hechos delictuosos, sin que exista legislación o mandato constitucional que otorgue al imputado el derecho a oponerse a la continuación de una investigación, porque ello implicaría anteponer el interés particular y se afectaría una cuestión de orden público; máxime que no se le estaría privando del derecho a demostrar que esos hechos no constituyen delito alguno, ni sus efectos son de imposible reparación, por lo que una vez integrada la carpeta correspondiente, la Representación Social podría estimar que no existen datos de prueba suficientes para solicitar una posible orden de aprehensión en su contra, o bien, para formular la imputación respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XVII.2o.P.A. J/2 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la foja 886, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LA DEJA SIN EFECTOS Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL IMPUTADO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando el Ministerio Público determina, entre otros, el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido del delito podrá impugnarla ante el Juez de Control, quien en una audiencia decidirá en definitiva; por lo que, en caso de que dicho juzgador revoque esa determinación ministerial, dejándola sin efectos para que se siga con la investigación respectiva, esa resolución judicial no causa perjuicio al imputado por no afectar su interés jurídico, ya que tiene como único efecto que la Representación Social continúe con su investigación de los posibles hechos delictuosos, sin que exista legislación o mandato constitucional que otorgue al imputado el derecho a oponerse a la continuación de una investigación, porque ello implicaría anteponer el interés particular y se afectaría una cuestión de orden público; máxime que no se le estaría privando del derecho a demostrar que esos hechos no constituyen delito alguno, ni sus efectos son de imposible reparación, por lo que una vez integrada la carpeta correspondiente, la Representación Social podría estimar que no existen datos de prueba suficientes para solicitar una posible orden de aprehensión en su contra, o bien, para formular la imputación respectiva. De ahí que el juicio de amparo indirecto es improcedente por falta de interés jurídico, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, Materia penal, página 71, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica.". Luego, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

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