Bertha Solís Ortiz
Expediente 601/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 601/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Bertha Solís Ortiz
- Integrantes del Pleno de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la determinación dictada el dieciséis de agosto del año en curso; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; toda vez que, se sobreseyó el juicio de amparo fuera de audiencia, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Sin que sea el caso hacer pronunciamiento sobre los cuadernos relativos al incidente de suspensión, en razón de que no se solicitó la medida cautelar. Documentos. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Autoridad remite constancias solicitadas. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; a través del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído seis de agosto del presente año; y, remite copias autógrafas con la totalidad de las firmas por parte de los integrantes de esa Junta Local, del laudo emitido el tres de agosto del presente año, dictado dentro del juicio laboral 3B-1546/2020. Prueba documental. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas y desahogadas, en razón a su propia y especial naturaleza, la documental que la autoridad responsable adjunta a su escrito de cuenta. Sobreseimiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso la quejosa Bertha Solís Ortiz en su demanda de amparo presentada el veinticuatro de junio del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, reclamó de la autoridad responsable la omisión de emitir el laudo correspondiente, dentro del juicio laboral 3B-1546/2020. Empero, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que con posterioridad a la interposición de la demanda de garantías, el tres de agosto del año en curso, la autoridad responsable emitió el laudo correspondiente Entonces, como ya se mencionó, el acto de autoridad que le causaba agravio a la parte quejosa, lo era precisamente la omisión de emitir el laudo en el referido juicio laboral; y, como se advierte de las copias certificadas que acompaña al informe de cuenta, el tres de agosto del año en curso, se pronunció el mismo, lo que hace indudable que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. En ese contexto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto aquí impugnado, en virtud de que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y además, porque no se dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Autoridad remite constancias solicitadas. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; a través del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído seis de agosto del presente año; y, remite copias autógrafas con la totalidad de las firmas por parte de los integrantes de esa Junta Local, del laudo emitido el tres de agosto del presente año, dictado dentro del juicio laboral 3B-1546/2020. Prueba documental. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas y desahogadas, en razón a su propia y especial naturaleza, la documental que la autoridad responsable adjunta a su escrito de cuenta. Sobreseimiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso la quejosa Bertha Solís Ortiz en su demanda de amparo presentada el veinticuatro de junio del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, reclamó de la autoridad responsable la omisión de emitir el laudo correspondiente, dentro del juicio laboral 3B-1546/2020. Empero, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que con posterioridad a la interposición de la demanda de garantías, el tres de agosto del año en curso, la autoridad responsable emitió el laudo correspondiente Entonces, como ya se mencionó, el acto de autoridad que le causaba agravio a la parte quejosa, lo era precisamente la omisión de emitir el laudo en el referido juicio laboral; y, como se advierte de las copias certificadas que acompaña al informe de cuenta, el tres de agosto del año en curso, se pronunció el mismo, lo que hace indudable que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. En ese contexto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto aquí impugnado, en virtud de que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y además, porque no se dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Refiere ofrecer pruebas. La autoridad responsable refiere remitir copia autorizada de las constancias que integran el juicio laboral 3B-1546/2020; sin embargo, éstas no fueron allegadas; ya que únicamente remite copia del laudo del tres de agosto del año en curso, sin embargo, dicha resolución carece de las firmas autógrafas de los integrantes de la junta, por lo que no puede otorgarse valor a la misma. Requerimiento autoridad. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable de que se trata, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quede debidamente notificado el presente proveído, remita copia certificada de la resolución de que se trata, debidamente firmada por las partes. Lo anterior, a fin de que este Órgano Jurisdiccional esté en condiciones de proveer como corresponda. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
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