Bertha Soledad Santiago Calderón

Expediente 635/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
635/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Bertha Soledad Santiago Calderón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, colóquese la etiqueta respectiva en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte -aplicado por analogía-, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 de dicho ordenamiento; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintidós. Del estado procesal del juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del referido expediente; por tanto, de igual modo, archívese este incidente de suspensión como concluido. En razón de lo anterior, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, así como al criterio emitido por la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal de rubro "CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL", al ser un expediente en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Se deberá conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse emitido el presente acuerdo y una vez concluido, dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente, conservando (en el caso de los incidentes de suspensión), las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que el Juez considere, lo cual deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Así, una vez transcurrido dicho lapso, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos del artículo 22, párrafo tercero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese en formato impreso. Visto el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; en atención a su contenido, agréguese únicamente para que obre como corresponda, en virtud que en proveído de diecisiete de agosto del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid- 19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, remitiendo diversas en apoyo a su informe justificado. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA HIPÓTESIS NORMATIVA Ahora bien, del análisis a las mismas, se desprende que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Es así, que de la interpretación en sentido contrario del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, se deduce que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se haga valer contra actos provenientes de una autoridad que no tenga tal carácter para efectos del amparo. En efecto, conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad; entendiéndose por tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Cabe señalar en relación con el concepto de autoridad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido de acuerdo con la doctrina, que existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que son las que surgen entre los órganos de autoridad por una parte, y el gobernado por la otra. En estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Así, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, que ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Lo anterior tiene sustento en la Tesis XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, página 307, con número de registro digital 194367, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3. Que emita actos unilaterales en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro digital: 161133, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". HECHOS Ahora bien, de las constancias que conforman el presente sumario, se advierte que la quejosa **** reclama de las autoridades adscritas a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz: -Los descuentos aplicados a su salario el treinta de mayo de este año y los posteriores descuentos por concepto "147 CONSUPAGO S.A. DE C.V." y "246 PUBLISEG SAPI DE C.V. SOFON ENR". Ahora bien, el Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado, en representación las autoridades responsables, señaló que los descuentos reclamados en esta instancia constitucional, se encuentran amparados por un mandato irrevocable de autorización de pago a favor de un tercero, a través del cual la parte quejosa solicitó le fueran realizados descuentos y retenciones a su salario, para hacer pagos a la persona moral denominada **** por lo que dichos descuentos y retenciones han sido autorizados en cumplimiento al contrato celebrado entre *** y las persona moral referida (foja 70). Asimismo, de las constancias que obran en autos a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se constata lo siguiente: 1. Recibo de pago de nómica a nombre de **** con fecha de pago de treinta de mayo de dos mil veintidós, en la que se realizaron como deducciones: ****, entre otras (foja 42). 2. Escrito que contiene mandado irrevocable de autorización para pago a tercero, signado por **** , en su carácter de mandante, solicitó que a través del departamento de recursos humanos la realización de descuentos y retenciones correspondientes a su salario, y se entregara a **** de manera quincenal, hasta un total de cuarenta y ocho quincenas, por la cantidad de *******moneda nacional) hasta cubrir el monto de $*** moneda nacional) (foja87). 3. Escrito que contiene mandato irrevocable de pago a favor de terceros, de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, signado por **** en su carácter de mandante, en el cual de conformidad con el artículo 98 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, y en atención a la relación de trabajo que tiene con el Gobierno del Estado de Veracruz, solicitó la realización de descuentos y retenciones correspondientes a su salario, así como los pagos detallados de la siguiente manera: ? Del salario percibido por los servicios prestados a la Secretaría de Seguridad Pública, un descuento de manera quincenal, en forma consecutiva e ininterrumpida por un total de cuarenta y ocho descuentos por la cantidad de $**** hasta que sea cubierto el saldo insoluto del crédito derivado de Crédito simple, que en su favor otorgó la empresa **** el cual asciende a la cantidad de $*****moneda nacional). En ese tenor, es claro que, en la especie, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Humanos adscritos a dicha Secretaría, con sede en esta ciudad, no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo, y por ello, los descuentos reclamados no son combatibles a través del juicio constitucional, sino que se está en presencia de reclamos que tienen que ver con la relación que existe entre la aquí quejosa en su carácter de trabajadora al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública y las señaladas como responsables en su carácter de ente que se encarga del pago de su nómina. De modo que, las dependencias que fueron señaladas como responsables, sólo actúan en función del pago de nómina, y por ello se encuentran en un plano de igualdad con la parte quejosa, sin la posibilidad de actuar con imperio, al tratarse de una relación de coordinación y entrar en el ámbito del derecho laboral. Además, de las documentales que remitieron las autoridades se advierte que la ahora quejosa, realizó trato comercial con las entidades financieras denominadas *****acordando que las amortizaciones generadas con motivo de esos créditos, se harían a través de descuentos de manera quincenal en su nómina, como se observa del mandado irrevocable pago a favor de terceros. Por ello, debe decirse que las autoridades adscritas a la Secretaría de Finanzas y Planeación no actuaron en forma unilateral y por vía de consecuencia y no ejecutaron actos de imperio, pues no impusieron su decisión al margen de la voluntad de la parte quejosa, lo que excluye la unilateralidad del acto, característica primordial del acto de autoridad materia del juicio de amparo. Tampoco se advierte que el actuar de las autoridades señaladas como responsables sea coercitiva, en la medida que no se utiliza la infraestructura del Estado para someter la voluntad de la trabajadora quejosa a través de medios represivos o inhibitorios, para que se cumpla la decisión. Así, los descuentos realizados, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por más que repercutan en los salarios de la solicitante de la protección constitucional, pues carecen del atributo de unilateralidad y coercitividad; de ahí que, al no estar ante actos de autoridad para efectos del amparo, es que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. Sin que la causa de improcedencia analizada inmiscuya aspectos de fondo de la problemática constitucional planteada, pues no se aborda la legalidad de la instrucción dada por la parte quejosa para la realización de los descuentos cuestionados; aspecto que además no es controvertido por la peticionaria del amparo, en esta instancia constitucional. En efecto, al tratarse de actos realizados por sujetos situados en un plano de coordinación dado que deriva de un acuerdo de voluntades, es una circunstancia que no puede remediarse a través del juicio de amparo, pues aun cuando el descuento pueda calificarse de unilateral, arbitrario o ilegal, no constituye un acto de autoridad, al estar ausente el elemento fundamental que caracteriza a éstos y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. Sin que dicho razonamiento implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, porque tienen a su alcance los tribunales del orden común en la vía correspondiente, labora, civil o mercantil, dependiendo de la naturaleza del contrato de origen, a fin de poder solucionar la cuestión relativa al descuento en su pago de nómina. Es decir, está en condiciones de acudir a los tribunales del orden común para dirimir el conflicto relativo al descuento, en donde podrá solicitar a la empresa con quien contrajo los créditos o las deudas, reestructurar o renegociar los pagos, lo cual podrá hacerlo a través de un convenio o reclamar la nulidad del contrato de crédito que estipula un porcentaje o descuento al salario; y una vez resuelto por el Tribunal común del Estado, en su caso, atacarlo a través del juicio de amparo respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón la tesis aislada I.8o.C.74 C (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital: 2020618, Décima Época, publicada en el Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 1807, del Semanario Judicial de la Federación que establece: "ACTO DE AUTORIDAD. NO TIENE ESTE CARÁCTER LA NEGATIVA DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA A REESTRUCTURAR O RENEGOCIAR UN CRÉDITO. La negativa de uno de los contratantes (acreedor), en el caso una institución bancaria, a aceptar la propuesta del deudor de reestructurar o renegociar la deuda, por más que pueda dicha negativa calificarse de unilateral, arbitraria o ilegal, no constituye un acto de autoridad, al estar ausente el elemento fundamental que caracteriza a éstos y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. En efecto, la violación de derechos entre sujetos situados en un plano de coordinación, como sucede tratándose de las partes en un contrato, no puede ser remediada a través del juicio de amparo, que ha sido instituido para proteger a los particulares de los actos de las autoridades, y excepcionalmente para proteger contra los actos de los particulares que por mandato legal actúen como si fuesen autoridades; una violación de esa clase, ya sea al contrato o a las normas que lo regulen, debe, en su caso, ser enmendada por los tribunales del orden común, en la vía que las leyes contemplen para solucionar el conflicto; de ahí que el juicio constitucional resulte improcedente." De ahí que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con la fracción II, del diverso artículo 5º, de la Ley de Amparo, esta última fracción aplicada contrario sensu y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para las once horas con diez minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Copias certificadas Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de este proveído a la parte que lo solicite. En el entendido que para la obtención de la copia ordenada, las partes deben programar previamente una cita en el sistema "Agenda OJ" en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Firmas electrónicas En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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