Bertha Rodríguez Torres
Expediente 724/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 32 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 11/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Bertha Rodríguez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el nueve de junio del año en curso, en el que se sobreseyó el presente asunto, promovido por Bertha Rodríguez Torres, por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículos 12 y 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 724/2022 promovido por Bertha Rodríguez Torres contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tienen el carácter de terceros interesado Rafael Guerrero Hernández y Ricardo Ramón Vázquez Vargas. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificadas del Juicio Ordinario Civil 176/2018 del índice de su adscripción. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 724/2022-VIII, promovido por Bertha Rodríguez Torres contra el acto del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el treinta de junio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, Bertha Rodríguez Torres compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; en los términos siguientes: "ACTOS RECLAMADOS: De ambas autoridades (sic) responsable reclamo: El auto de fecha 9 nueve de junio del año 2022 dos mil veintidós, dictado de dentro en ejecución de sentencia dentro de los autos del Juicio ordinario civil sobre responsabilidad civil número 176/2018.". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló vulnerados en su perjuicio, los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento. Mediante proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional de amparo radicó la demanda bajo el progresivo número 724/2022, y la desechó de plano, al estimar que el acto reclamado deriva de uno consentido, actualizándose de manera notoria y manifiesta la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo. TERCERO. Queja. Inconforme con dicha determinación la promovente interpuso recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, en el expediente R.Q.C. 130/2022, resuelto en sesión correspondiente al veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el sentido de ser fundado y, por ende, revocar el auto impugnado. El Tribunal Colegiado justificó esa decisión en el hecho de que esta instancia soslayó que los datos obtenidos de la demanda y el auto reclamado transcrito, no resultan suficientes para establecer de manera unívoca e inequívoca que este sea consecuencia directa e inmediata de diversa actuación. Máxime que, dijo, la solicitud que motivó el auto reclamado versa sobre el embargo de cuentas bancarias, a través del procedimiento que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ese efecto; lo cual es notoriamente distinto a la solicitud de embargo de bienes de la parte ejecutada en el domicilio de una institución bancaria. A más de que, señaló, la impugnación hecha valer en el juicio constitucional se hace valer por vicios propios, pues, a consideración de la quejosa, es posible embargar cuentas bancarias mediante el procedimiento establecido por el Máximo Tribunal de País. Así las cosas, el Tribunal Colegiado concluyó que no se encuentra actualizada de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia invocada para desechar la demanda. De ahí que revocara el auto impugnado y ordenara proveer lo conducente en relación con la admisión de la demanda. CUARTO. Admisión y trámite del juicio. En acatamiento a lo anterior, mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito admitió a trámite el libelo, requirió al juez responsable su informe con justificación y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público adscrito. Asimismo, en proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, reconoció como terceros interesados a Rafael Guerrero Hernández y Ricardo Ramón Vázquez Vargas, en términos de lo que dispone el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Luego, atento al requerimiento efectuado a la quejosa sobre el domicilio de dichas personas, en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, también ordenó el emplazamiento de Seguros el Potosí, sociedad anónima, bajo el carácter procesal antes indicado. El tercero interesado Ricardo Ramón Vázquez Vargas no pudo ser notificado en los domicilios que señaló la quejosa y los obtenidos del procedimiento de investigación realizado por este Juzgado de Distrito; por lo que en auto de diez de abril de dos mil veintitrés, se ordenó su emplazamiento mediante edictos a costa de la quejosa, los que le fueron entregados para su publicación el veintiuno siguiente. Finalmente, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se impugna un acto declarativo emitido por una autoridad jurisdiccional del orden civil, que reside dentro de la circunscripción en la que este órgano federal, con competencia mixta, tiene jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado en este juicio constitucional, es el siguiente: Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán: El auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil 176/2028, sobre reparación del daño por responsabilidad civil objetiva, promovido por Bertha Rodríguez Torres, en cuanto albacea definitiva, heredera y cesionaria de la sucesión legítima a bienes de José Maldonado Torres, frente a Rafael Guerrero Hernández, Ricardo Ramón Vázquez Vargas y Seguros el Potosí, sociedad anónima, a través del cual se negó acordar favorablemente a lo solicitado por el apoderado de la accionante -sobre el requerimiento de pago y embargo en bienes propiedad de la parte ejecutada- y se le dijo que se estuviera a lo previamente determinado en el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. En este último proveído, el juzgado negó el embargo en los términos peticionados, toda vez que este debía realizarse en el domicilio de la parte demandada y no en la institución bancaria en la que se llevan sus cuentas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado pues en su informe el juez responsable así lo aceptó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 176/2028 del índice del juzgado responsable, en las que obra el auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, que se reclama en este juicio constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticadas por un funcionario judicial que goza de fe pública. CUARTO. Antecedentes. Se desprenden los siguientes de las constancias allegadas al sumario: 1. Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, se substanció el juicio ordinario civil 176/2028, sobre reparación del daño por responsabilidad civil objetiva, promovido por Bertha Rodríguez Torres, en cuanto albacea definitiva, heredera y cesionaria de la sucesión legítima a bienes de José Maldonado Torres, frente a Rafael Guerrero Hernández, Ricardo Ramón Vázquez Vargas y Seguros el Potosí, sociedad anónima. 2. El quince de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia que, por una parte, estimó improcedente la indemnización por daño moral y, por otra, consideró fundada la indemnización por muerte, por lo que condenó a los demandados a pagar a la accionante la cantidad de $1,813,200.00 (un millón ochocientos trece mil doscientos pesos 00/100 M.N.) por ese concepto, más los intereses moratorios que dicha cantidad genere al tipo legal, desde el doce de agosto de dos mil trece hasta que se liquide el adeudo. 3. Inconforme, Rafael Guerrero Hernández interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca civil número I-455/2019, resuelto el veintinueve de enero de dos mil veinte, en el sentido de confirmar la sentencia impugnada. 4. En contra de lo anterior, el mencionado codemandado promovió demanda de amparo directo, la que quedó radicada ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, en el expediente A.D.C. 274/2020, resuelto en sesión correspondiente al tres de diciembre de dos mil veinte, en el sentido de negar la protección constitucional solicitada. 5. Toda vez que la parte demanda no dio cumplimiento voluntario a la sentencia firme, atento a lo solicitado por el apoderado de la accionante, el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, el Juez Civil ordenó al Actuario de su adscripción se constituyera en el domicilio de la demandada, la requiriera de pago de lo condenado y para el caso de no efectuarlo, proceder al embargo de bienes de su propiedad. 6. También de acuerdo a lo solicitado por el citado apoderado, en auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se ordenó girar oficios a diversas instituciones bancarias sobre las cuentas a nombre de Rafael Guerrero Hernández y Seguros el Potosí, S.A. 7. El diecisiete de mayo de dos mil veintidós, el apoderado de la actora compareció en etapa de ejecución a solicitar que se autorizara al Actuario adscrito para que se constituyera en el domicilio del Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, en el que la moral Seguros el Potosí, S.A., tiene tres cuentas a su nombre, a efecto de que se embargara la cantidad de $1,813,200.00 (un millón ochocientos trece mil doscientos pesos 00/100 M.N.), que fue condenada en sentencia, así como la suma de $1,251,108.00 (un millón doscientos cincuenta y un mil ciento ocho pesos 00/100 M.N.), que fue condenada interlocutorialmente. Así se observa de la literalidad siguiente: "PRIMERO.- Toda vez que la Institución bancaria BANCO DEL BAJÍO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; mediante escrito presentado ante esta autoridad jurisdiccional con fecha 5 cinco de mayo del año 2022 dos mil veintidós, en respuesta y atención al oficio 578/2022 que usted le envió, informó que existían 3 tres cuentas bancaria a nombre de la demandada SEGUROS EL POTOSÍ S.A., con saldo suficiente para garantizar la condena a la que resultó condenada en as sentencia de fechas 15 quince de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve y 1 primero de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno; vengo mediante el presente escrito y estando en ejecución de dichos veredictos, a solicitar se autorice al actuario adscrito a este H. Tribunal se constituya en el domicilio de aquella institución bancaria, cito, el ubicado en la calle Morelos sur número 96 noventa y seis de la colonia centro Zamora, Michoacán; a efecto de que embargue la cantidad de $1,813,200.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por lo que respecta a la primera resolución mencionada y la cantidad de $1,251,108.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.), por lo que respecta a la segunda resolución; cantidades que sumadas nos arrojan un total de $3,064,308.00 (TRES MILLONES SESENTA Y CUYATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.); esto, del numerario que se deposita en las siguientes cuentas bancarias: Número de cuenta 6882807.- Número de cuenta 29450814.- Número de cuenta 21817093.- SEGUNDO.- Solicitando además que, al momento de constituirse el actuario en la citada institución bancaria, muestre el oficio al que me referido en el párrafo que antecede y para los efectos legales a que haya lugar. TERCERO.- Asimismo, en caso de que en cualquier cuenta bancaria se depositen dólares, se autorice a la institución bancaria hacer la conversión a pesos mexicanos al tipo de cambio del día en que se lleve a cabo dicho embargo.". 8. A lo anterior recayó el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el que el juzgado negó el embargo en los términos peticionados, toda vez que este debía realizarse en el domicilio de la parte demandada y no en la institución bancaria en la que se llevan sus cuentas. 9. El seis de junio de dos mil veintitrés, el apoderado en mención volvió a solicitar se trabara embargo sobre las cuentas bancarias anotadas, mediante atento oficio que se gire a la institución relativa, según las directrices marcadas por el Máximo Tribunal. Así se desprende de la transcripción siguiente: "PRIMERO.- Toda vez que la institución bancaria BANCO DEL BAJÍO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE; mediante escrito presentado ante esta autoridad jurisdiccional con fecha 5 cinco de mayo del año 2022 dos mil veintidós, en respuesta y atención al oficio 578/2022 que usted le envió, informó que existían 3 tres cuentas bancarias a nombre de la codemandada SEGUROS EL POTOSÍ S.A., con saldo suficiente para garantizar la condena a l que resultó condenada en las sentencia de fechas 15 quince de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve y 1 primero de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno; vengo mediante el presente escrito y estando en ejecución de dichos veredictos, a solicitar que este H. Tribunal trabe el embargo en dichas cuentas bancarias números: 6882807; 29450814; y 21817093. SEGUNDO.- Una vez hecho lo anterior, informe a aquella institución bancaria, mediante el oficio respectivo, cito en el ubicado en la calle Morelos sur número 96 noventa y seis de la colonia centro Zamora, Michoacán; con qué cantidades de dinero están dichas cuentas bancarias para que una vez informado lo solicitado, se perfeccione por el numerario a las que resultó condenada la demanda en ejecución de la referidas sentencias. Sirve de apoyo a lo anterior; por analogía y HECHO NOTORIO, la resolución emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del amparo y revisión número 556/2013, en las que por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ponente) y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Presidente); se determina que, la manera de realizar el embargo de una cuenta bancaria propiedad del demandado, es de la manera que por este medio se solicita.". 10. Mediante auto de nueve de junio de dos mil veintidós, se negó lo antes solicitado y se le dijo que se estuviera a lo acordado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, toda vez que el requerimiento de pago y en su caso embargo de bienes propiedad de la ejecutada, se debe realizar en el domicilio de esta y no en la institución bancaria que precisa de acuerdo con lo establecido por el código instrumental de la materia. Dicha determinación constituye el acto reclamado destacado en este juicio constitucional. QUINTO. Sobreseimiento. No obstante la certeza del acto reclamado a la responsable, no se entrará al estudio de fondo del asunto que nos ocupa en virtud de las siguientes consideraciones. Del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo que nos ocupa, aparece que por auto de trece de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional de amparo reconoció el carácter de tercero interesado a Ricardo Ramón Vázquez Vargas; para lo cual se requirió a la quejosa para que proporcionara su domicilio. Sin embargo, virtud a las razones expuestas en autos del presente juicio de amparo, no fue posible llevar a cabo el emplazamiento respecto de dicha persona, motivo por el cual, previo requerimiento formulado a la parte quejosa para que proporcionara otro domicilio para llamar al citado a esta instancia, se iniciaron los procedimientos de investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Para lo cual se giraron diversos oficios al Vocal del Instituto Mexicano Nacional Electoral, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, Titular de la Subdelegación Metropolitana del Instituto Mexicano del Seguro Social, Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad, Gerencia Comercial Centro Occidente, Teléfonos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, todos con residencia en esta ciudad. En la inteligencia que no pudo ser localizado el tercero interesado en los domicilios que proporcionaron las anotadas instituciones y autoridades. En consecuencia, en auto de diez de abril de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a Ricardo Ramón Vázquez Vargas a través de edictos que se publicarían a costa de la parte quejosa, por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y en el periódico de mayor circulación en el Estado, requiriéndose en dicho proveído a la parte solicitante del amparo, para que dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quedara debidamente notificada de ese auto, compareciera a recoger los edictos respectivos, a fin de que procediera a su publicación, o bien, dentro del mismo término manifestara y acreditara el impedimento legal o material que tuviere para ello, apercibiéndole que de no hacerlo, se celebraría la audiencia constitucional en su perjuicio, lo cual no hizo, tal y como se desprende de la certificación relativa asentada en la audiencia que antecede. Incluso, en el acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se determinó que no ha lugar a proveer de conformidad lo manifestó por la quejosa sobre la imposibilidad de presentar los edictos, virtud de no acreditar tal obstáculo. Proveído que, dicho sea de paso, no fue impugnado por la peticionaria de amparo y, por ende, a la fecha se encuentra firme. De lo anterior, se pone de relieve, que en la especie se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Es así porque la parte quejosa incumplió con el presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento, derecho protegido y elevado a rango constitucional en términos del segundo párrafo del artículo 14 de la Carta Magna. Lo que hace que el que suscribe no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio de garantías en que se actúa, dado que, pese a que en su momento acudió a recoger los edictos y luego manifestó la imposibilidad para publicarlos, por no contar con recursos económicos, no cumplió con la carga procesal impuesta. Es decir, si la quejosa compareció, a través de su autorizado, el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, a recoger los edictos y no acreditó haberlos publicado dentro de los veinte días hábiles siguientes, es patente que debe resentir las consecuencias de su omisión. En el entendido de que su manifestación efectuada dentro de ese término, sobre su imposibilidad económica para publicarlos, no se encuentra acreditada y, por ende, el cuatro de mayo de la presente anualidad se le dijo que se estuviera a lo previamente acordado, sin que al efecto planteara alguna controversia o insistiera en la anotada imposibilidad económica o la impugnara. Consecuentemente, se actualiza la causal de sobreseimiento en cita, pues con la omisión de publicación de los edictos ordenados, genera la paralización del juicio de amparo, con lo cual se entorpece la administración de justicia, al retardarse la solución del conflicto, lo que contraviene lo establecido por el artículo 17 constitucional, ya que tal circunstancia no es atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes. Sirve de apoyo a la presente determinación, la jurisprudencia que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad.". En tales condiciones y con apoyo además en el artículo 63, fracción II, de la ley de la materia, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Bertha Rodríguez Torres, en contra del acto y autoridad que quedaron precisados por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo al Juicio de Amparo número VIII-724/2022, promovido por Bertha Rodríguez Torres, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, con residencia en esta ciudad. Asimismo, el suscrita Secretaria hace constar que con motivo de la resolución que antecede se generó el oficio número 9970. Lo que asiento en vía de certificación para los efectos legales a que haya lugar en Morelia, Michoacán, a los nueve días del mes de junio de dos mil veintitrés. Conste.
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Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de veinte días hábiles otorgado a la parte quejosa en proveído de diez de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado, por medio de edictos. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y se señalan de nueva cuenta las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón Secretaria que autoriza y da fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. DEVUELVE EDICTOS Y SOLICITA LA PUBLICACIÓN A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Visto el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa mediante el cual devuelve los edictos que le fueron entregados en diligencia de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, pues manifiesta que su mandante no cuenta con los recursos económicos para la publicación de los mismos, por lo que en consideración a que su representada es un adulto mayor y viuda, la publicación de aquellos puede correr a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Atento a lo anterior, dígase al ocursante que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud en virtud de que no acredita fechacientemente la afirmación que realiza en el sentido de que la quejosa no cuenta con recursos económicos para la publicación de los edictos a que se hace referencia. Por lo tanto, dígase al promovente que deberá estarse a lo ordenado en auto de diez de abril de dos mil veintitrés y al apercibimiento que en ese auto se hizo para el caso de no cumplir con lo ahí señalado; por ello, quedan a su disposición en la Secretaría de este órgano jurisdiccional, los edictos que devuelve para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón Secretaria que autoriza y da fe.Mrc*
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