Bertha Robles Martinez

Expediente 226/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
226/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Bertha Robles Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón suscrita por la actuaria judicial adscrita a este juzgado federal, en la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el proveído de ocho de junio del año en curso, a la parte quejosa por las razones que expone; en consecuencia, realícese la notificación del citado auto, y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fijará en los estrados de este órgano jurisdiccional, con apoyo en el numeral 29 de la ley de materia; situación que prevalecerá hasta en tanto señale nuevo domicilio para tales efectos en esta ciudad. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por lista a la parte quejosa el proveído de ocho de junio del año en curso.

  2. Principal

    Ciudad de México, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto, en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y, que en atención a la diversa circular SECNO/10/2021, emitida en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, y de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se permite reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha alguna de las partes haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del proveído en el que se determinó que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En consecuencia, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME. En esas condiciones, y visto el estado procesal que guardan los autos, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y debido a que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un sumario constitucional en el que se concedió el amparo y protección constitucional y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo citado del referido Acuerdo. Finalmente, conforme lo ordenado en el artículo 35, párrafos primero y segundo, del mencionado Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN EL JUICIO Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio del Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, quien manifiesta la gestión que está llevando a cabo, para dar cumplimiento a la sentencia de seis de noviembre de dos mil diecinueve, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Aunado a lo anterior, visto el estado procesal que guardan autos, y del análisis del último considerando de la sentencia dictada en el presente juicio se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: Se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Bertha Robles Martínez para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Sur, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realice lo siguiente: Desincorpore de la esfera jurídica de la solicitante de amparo, en lo presente y en lo futuro, el artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Deje insubsistente el oficio denominado "Liquidación de Pago Previa Incorporación a Nomina" con folio: 34000152295101; Dicte otra resolución en la que sin aplicar el artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resuelva que la quejosa Bertha Robles Martínez, tiene derecho a percibir íntegramente la pensión por viudez, así como la diversa pensión por jubilación y los pagos respectivos de las mismas; Hecho lo anterior, notifique esa determinación a la quejosa y, en consecuencia; Le otorgue íntegramente las pensiones a que tenga derecho, ordenando que los pagos correspondientes a las mismas se realicen de manera íntegra, debiendo reintegrar las cantidades que haya dejado de percibir indebidamente desde la fecha en que se generó ese derecho, esto es, reintegrar las cantidad que le hayan sido descontadas con motivo de la aplicación del artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cantidades que deberán cuantificarse en base al salario mínimo que corresponda según el periodo de pago. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Sur, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, autoridad responsable y al Director General de dicho Instituto, en su carácter de superior jerárquico, para que en el plazo de diez días, contados a partir del momento en que queden notificados de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumplan con dichos efectos de la sentencia y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. En el entendido de que: La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite el juicio de amparo 226/2019, así como copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión R.A. 331/2019 de su índice. Acúsese recibo y tómese conocimiento que el tribunal en comento resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a **********, en los términos y para los efectos precisados en la sentencia recurrida. NOTIFÍQUESE." Glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, debido a que el citado cuaderno es copia fiel de las constancias que obran agregadas en el juicio en que se actúa. Del análisis del último considerando de la sentencia dictada en el presente juicio se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: ". se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********** para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Sur, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realice lo siguiente: Desincorpore de la esfera jurídica de la solicitante de amparo, en lo presente y en lo futuro, el artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Deje insubsistente el oficio denominado "Liquidación de Pago Previa Incorporación a Nomina" con folio: 34000152295101; Dicte otra resolución en la que sin aplicar el artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resuelva que la quejosa **********, tiene derecho a percibir íntegramente la pensión por viudez, así como la diversa pensión por jubilación y los pagos respectivos de las mismas; Hecho lo anterior, notifique esa determinación a la quejosa y, en consecuencia; Le otorgue íntegramente las pensiones a que tenga derecho, ordenando que los pagos correspondientes a las mismas se realicen de manera íntegra, debiendo reintegrar las cantidades que haya dejado de percibir indebidamente desde la fecha en que se generó ese derecho, esto es, reintegrar las cantidad que le hayan sido descontadas con motivo de la aplicación del artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cantidades que deberán cuantificarse en base al salario mínimo que corresponda según el periodo de pago. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Sur, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, autoridad responsable y al Director General de dicho Instituto, en su carácter de superior jerárquico, para que en el plazo de diez días, contados a partir del momento en que queden notificados de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumplan con dichos efectos de la sentencia y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. En el entendido de que: La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese.

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