Bertha Ribera Ribera

Expediente 164/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
164/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2019

Partes del expediente

  • Bertha Ribera Ribera

Actuaciones

  1. Principal

    (...) se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinte de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Berta Rivera Rivera y Elizabeth Elías Rivera, por propio derecho, contra actos de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, con sede en esta ciudad; se provee: Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 164/2019, y fórmese expediente. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. Ahora, una vez analizada integralmente el escrito de demanda de que se trata, debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el 107, fracción V y 172, fracción V , todos ellos de la Ley de Amparo. De la trascripción de los artículos y fracciones que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juzgado de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, sólo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Pues bien, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, tutelan para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Pues bien, de la lectura íntegra del escrito de demanda se desprende que el acto reclamado se hace consistir en la resolución interlocutoria de doce de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio laboral 144/2017 del índice de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual dicha responsable, declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada, en contra de la notificación y emplazamiento que se realizó a dicha parte procesal. En este sentido, debe destacarse que del escrito inicial de demanda se infiere que el referido acto reclamado fue dictado dentro de un juicio laboral seguido ante una autoridad jurisdiccional, en el cual la parte quejosa es parte demandada, por lo que se puede concluir con claridad que se está en presencia de un acto emitido dentro del juicio, que por el momento no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene laudo favorable a sus intereses en el juicio laboral de origen y en caso contrario, aún puede remediarse mediante el juicio de amparo directo que en su caso se promueva en contra del fallo definitivo que ponga fin al juicio, alegándolo como una violación procesal. En efecto, si a través de la determinación tomada en la resolución interlocutoria de doce de septiembre de dos mil dieciocho, la responsable declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en contra de su emplazamiento, resulta incuestionable que éste no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, toda vez que únicamente pudiera implicar infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales. Se insiste, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene laudo favorable a sus intereses en el juicio laboral de origen y en caso contrario, aún puede remediarse mediante el juicio de amparo directo que en su caso se promueva en contra del fallo definitivo que ponga fin al juicio, alegándolo como una violación procesal, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que corrobora la causa de improcedencia invocada. Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada" . También son de citarse las jurisprudencias 189 y 175, emitidas por el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyos rubros dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." y "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". En consecuencia, al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción V y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el ordinal 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha la demanda promovida por Berta Rivera Rivera y Elizabeth Elías Rivera. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su demanda de amparo; asimismo, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Cony Maressa de Jesús Medina Ríos, José Luis Castro Carmen y Amalio Jiménez González, y sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Vicente Medina Gorrostieta, toda vez que no cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De las notificaciones de las partes. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida Edgar Herrera Borja, secretario que da fe.

  3. Principal

    AVISO. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE: Vista la demanda de amparo promovida por Berta Rivera Rivera y Elizabeth Elías Rivera, por propio derecho, contra actos de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, con sede en esta ciudad; se provee: Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 164/2019, y fórmese expediente. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. Ahora, una vez analizada integralmente el escrito de demanda de que se trata, debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el 107, fracción V y 172, fracción V , todos ellos de la Ley de Amparo. De la trascripción de los artículos y fracciones que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juzgado de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, sólo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Pues bien, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, tutelan para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Pues bien, de la lectura íntegra del escrito de demanda se desprende que el acto reclamado se hace consistir en la resolución interlocutoria de doce de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el juicio laboral 144/2017 del índice de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual dicha responsable, declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada, en contra de la notificación y emplazamiento que se realizó a dicha parte procesal. En este sentido, debe destacarse que del escrito inicial de demanda se infiere que el referido acto reclamado fue dictado dentro de un juicio laboral seguido ante una autoridad jurisdiccional, en el cual la parte quejosa es parte demandada, por lo que se puede concluir con claridad que se está en presencia de un acto emitido dentro del juicio, que por el momento no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene laudo favorable a sus intereses en el juicio laboral de origen y en caso contrario, aún puede remediarse mediante el juicio de amparo directo que en su caso se promueva en contra del fallo definitivo que ponga fin al juicio, alegándolo como una violación procesal. En efecto, si a través de la determinación tomada en la resolución interlocutoria de doce de septiembre de dos mil dieciocho, la responsable declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en contra de su emplazamiento, resulta incuestionable que éste no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, toda vez que únicamente pudiera implicar infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales. Se insiste, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene laudo favorable a sus intereses en el juicio laboral de origen y en caso contrario, aún puede remediarse mediante el juicio de amparo directo que en su caso se promueva en contra del fallo definitivo que ponga fin al juicio, alegándolo como una violación procesal, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que corrobora la causa de improcedencia invocada. Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada" . También son de citarse las jurisprudencias 189 y 175, emitidas por el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyos rubros dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." y "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". En consecuencia, al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción V y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el ordinal 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha la demanda promovida por Berta Rivera Rivera y Elizabeth Elías Rivera. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su demanda de amparo; asimismo, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Cony Maressa de Jesús Medina Ríos, José Luis Castro Carmen y Amalio Jiménez González, y sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Vicente Medina Gorrostieta, toda vez que no cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De las notificaciones de las partes. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. 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