Bertha Pérez Vega
Expediente 88/2013 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2013.
Datos del expediente
- Expediente
- 88/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2013
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Bertha Pérez Vega
Actuaciones
- Queja
VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS Y TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE SE INCONFORMARA CON LA RESOLUCION POR LA CUAL SE DECLARÓ SIN MATERIA EL RECURSO EN QUE SE ACTÚA; POR TANTO, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCION.- EN MERITO DE LO ANTERIOR, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL;
- Queja
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE RECURRENTE PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE. Visto el oficio 214/2013, del Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, registrado en la oficialía de partes con el número 5990/2013, con el que rinde su informe justificado, y remite el original, con ocho copias, del escrito signado por Bertha Pérez Vega, por propio derecho; así como anexo certificado en dos fojas y copia certificada del cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo indirecto 9/2013; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente. Acúsese recibo. Ahora bien, en el presente caso, el suscrito estima que el presente recurso de queja, interpuesto en términos de la fracción I, inciso a) del artículo 97, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, debe declarase sin materia. Lo anterior viene a colación, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad al inicio nombrada, consistentes en copia certificada de la resolución de veintitrés de septiembre del año en curso y del cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo indirecto 9/2013, se advierte que la entonces Magistrada del Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, declaró su legal incompetencia para conocer del referido expediente, y ordenó remitir la demanda de garantías, así como sus anexos, al juzgado de distrito en turno en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Luego, en contra de dicho proveído, la ahora recurrente interpuso recurso de queja, con fundamento en el normativo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "El recurso de queja procede:__ I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:__ a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación;.". Lo que en el caso concreto no ocurrió, sino que el acto recurrido fue la resolución con la cual la entonces Magistrada del Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías, enviando en su oportunidad los autos al juzgado de distrito en turno en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México; es decir, para la procedencia del recurso de queja en amparo indirecto, debe interponerse en contra de resoluciones que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo, o su ampliación; contra las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional, rehúsen admitir fianzas o contrafianzas, o que admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes, además de las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado; que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, el cual no sería reparable en sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional, o las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios; o bien, resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido la suspensión provisional o definitiva, y las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo; por lo que el proveído aquí recurrido no corresponde a ninguna de las hipótesis precisadas. En tal virtud, el recurso de queja interpuesto por Bertha Pérez Vega debe declararse SIN MATERIA, resultando innecesario el análisis tanto de la resolución reclamada como de los agravios planteados. Sostiene lo antes dicho, el criterio que este tribunal comparte, sustentado en la tesis de jurisprudencia IV.1o.14 K, del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que aparece publicada en la página cuatrocientos tres, Tomo XIII, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "QUEJA, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, contempla, para la procedencia del recurso de queja, dos situaciones: una, que se contrae a resoluciones que se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión, y, la otra, que se constriñe a resoluciones que se dicten después de fallado definitivamente el juicio en primera instancia. En esas condiciones, el auto por el cual el juez de Distrito se declara incompetente no corresponde a ninguna de las hipótesis señaladas, toda vez que dicho auto, por su propia naturaleza, no puede conceptuarse como acto en el juicio o después de concluido éste, lo que se explica si se tiene en cuenta que el artículo 54, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito que se estime incompetente, a que se limite a proveer sobre la suspensión provisional o de oficio, si se tratara de actos de los mencionados en el artículo 17, a remitir la demanda, sin proveer sobre su admisión, al juez de Distrito que considere competente, lo que es indicativo de que la resolución impugnada no es de aquellas que corresponden al trámite del juicio de garantías, descartándose también la posibilidad de que se trate de un acto posterior al juicio.". Para el solo efecto de notificar el presente acuerdo, téngase como domicilio y autorizados los indicados por la recurrente ante el entonces Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito. Con fundamento en lo estipulado en el diverso numeral 26, fracciones II, inciso a); y III, en relación con el 29 de la ley de la materia en vigor, notifíquese por medio de lista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad recurrida. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia, con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se indica a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
- Queja
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