Bertha Patricia Villa Flota
Expediente 888/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 888/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Bertha Patricia Villa Flota
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de diez de diciembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo presentada ante este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a la parte quejosa, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de garantías, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental.
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte quejosa por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de diez de diciembre de dos mil quince, dictado dentro del juicio de amparo 888/2015 por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito. (AUTO DE DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE: I. Presentación de la demanda y asignación de expediente. Vista la demanda de amparo promovida por la quejosa ***, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 888/2015, por ser el numeral progresivo que le correspondió. II. Desechamiento. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en la orden de desalojo que pretenden realizar las autoridades responsables en su contra, respecto del inmueble ubicado en calle Talamantes, número 409, interior, norte, en la colonia Mundo Nuevo, en esta ciudad, con motivo de un juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por José Luis Torres Cruz. Por lo anterior, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: (. . .) Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. (. . .) En ese orden de ideas, se advierte de forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo fuera del término de los quince días que tenía para ello; causal de improcedencia que se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 17 y 18, de la misma legislación, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La transcripción que antecede, permite sostener que el juicio biinstancial es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda de amparo dentro del término de quince días. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 transcrito, prevén las excepciones a la regla general, respecto de la oportunidad para presentar la demanda de amparo. Esto es: a). Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c). Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. d). Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese contexto, de la interpretación armónica de los numerales citados, puede concluirse que el plazo para promover el juicio de amparo en contra del acto que ahora se tilda de inconstitucional, es de quince días, ya que ese acto no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17. Ahora, conforme al artículo 18 de la legislación en comento, el plazo aludido se contabilizará: I. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; II. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto que reclama o de su ejecución; ó, III. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destacan estas formas para computar el plazo de quince días, dentro del cual ha de promoverse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada; todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera, se deriva la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, se hace saber al agraviado el acto reclamado, esto es, mediante una notificación practicada de manera legal y por ende, válida para efectos del aludido cómputo, mientras no se demuestre su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento, en determinada fecha de los actos reclamados; empero, ese conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral. La tercer forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al que "se ostente sabedor del acto reclamado o, de su ejecución", lo que implica una aceptación del quejoso a través de la cual manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa que evidencia la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. Así, cuando el quejoso se manifiesta sabedor en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa, toda vez que ello se evidencia de ese reconocimiento, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente enterado del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho, para que el juzgador de amparo contabilice el término para la presentación de la demanda a partir de esa manifestación. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verifica cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa aduce, sin especificar fecha exacta, que ha tenido conocimiento de que las autoridades responsables han ordenado el desalojo respecto del inmueble ubicado en calle ***, con motivo de un juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por ***. Sin embargo, en este acto, se traen a la vista los autos del juicio de amparo 703/2015, promovido también por ***, de los que se advierte lo siguiente: ? El diez de septiembre del presente año, según se desprende del sello de la Oficialía de Partes que obra en la primera foja del citado juicio, promovió juicio de amparo contra las autoridades y actos siguientes: "I. AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Redamo del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito de Rio Grande Piedras Negras, Coahuila, ubicado en calle Boulevard Republica número 1906 en la Colonia Tecnológico, de esta ciudad. Del haber llevado a cabo un proceso sin conocimiento alguno de la suscrita y haber señalado falsos testimonios que en su momento señalare más adelante en los antecedentes en mención. 2.- Redamo de la Notaria Pública Número Siete, con domicilio en el despacho marcado con el número 104 de la calle Morelos al norte de esta ciudad. Del haber elaborado Escrituras Públicas en base de falsos testimonios en relación al promovente y testigos dentro del mismo procedimiento. 3.- Reclamo del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, con domicilio en calle Periodistas y esquina con Ave. López Mateas, de esta ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Por haber registrado escrituras falsas, sin haber investigado de fondo tal acción, solicito se anulen tales escrituras al tener conocimiento el porqué". ? En el auto de radicación, se previno a la quejosa para efecto de que precisara si no existía tercero interesado, y en caso de desconocerlo que así lo manifestara. ? Posteriormente, mediante proveído de veinticinco de septiembre del presente año, al no desahogar la prevención que le fue realizada, se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió. Determinación que causó estado el siete de octubre del año en curso, al no haber sido recurrida por la impetrante de amparo. En esa tesitura, si la impetrante de amparo ***, se manifestó sabedora de los actos que ahora reclama en este demanda, en el diverso juicio de amparo 703/2015, desde el diez de septiembre de dos mil quince, fecha en que presentó su escrito de demanda, el término de los quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo, inició a partir del once del citado mes y año, y le feneció el dos de octubre del presente año, dado que los días doce, trece, dieciséis, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de septiembre, no se computan por haber sido inhábiles. Por ende, si el escrito de demanda del presente juicio de amparo fue presentado el nueve de diciembre del presente año, es evidente que su presentación resulta extemporánea, actualizándose de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia en estudio. Aunado a lo anterior, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa, en el apartado de antecedentes, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el veintitrés de abril de dos mil trece, fue emplazada el juicio de donde emanan los actos que ahora reclaman; circunstancia que, además de que evidencia que carece del carácter de tercero extraño al procedimiento, fortalece la extemporaneidad de la demanda de amparo que promueve. Con lo anterior, se arriba a la conclusión que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causal de improcedencia en estudio, pues si la impetrante presente su demanda de amparo de manera extemporánea, resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del acto reclamado. (. . .) El juicio de amparo 703/2015, se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, toda vez que forman parte de un expediente tramitado ante este órgano jurisdiccional, y por ende, se tiene a la vista al momento de resolver. (. . .) Sin que sea necesario adjuntar copia certificada de las constancias invocadas que obran en el juicio de amparo que se cita como hecho notorio, solo en el caso de ser recurrida la presente determinación, adjúntese las copias certificadas, a fin de que el Tribunal de Alzada las tenga a la vista al momento de resolver. Por las consideraciones expuestas, es que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por ***, con apoyo en el precepto 113 de la citada legislación. III.Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito, y como su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Mario González Garay. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. V. Protección de datos personales. Hágase de conocimiento del quejoso, que las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, constituyen información pública; sin embargo, independientemente de que exprese o no su oposición a dicha publicación, se ordena suprimir en este asunto los datos personales de éste, así como la información reservada. Lo anterior, en términos del artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 5, 6, 7 y 8, del reglamento del reglamento de la Suprema Corle de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley; y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a le información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.)
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