Bertha Narváez Solórzano
Expediente 659/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Bertha Narváez Solórzano
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, suscrito por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual comunica la resolución de cinco de marzo del año en curso, dictada en el recurso de queja Q.C. 207/2020, interpuesto por la quejosa Bertha Narváez Solórzano, en contra del proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en la que se resolvió: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja. Notifíquese.". Acúsese recibo vía interconexión a la autoridad oficiante. De conformidad con el artículo 21, incisos b) y d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, en tanto que se desechó la demanda de amparo y se declaró infundado el recurso de queja. Además, se hace constar que este expediente no es de relevancia documental. Finalmente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual, acusa recibo del oficio por el que se rindió el informe, se remitió el original y copia del escrito donde se dice interponer el recurso de queja por la parte quejosa, así como copia certificada del juicio en que se actúa. Además, hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que admitió a trámite el referido recurso de queja, en contra del acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
." agréguese el escrito de cuenta, signado por la quejosa Bertha Narváez Solórzano, mediante el cual interpone recurso de queja contra el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene a la quejosa interponiendo recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte; en tal virtud, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja, en el sentido de que este órgano jurisdiccional sí dictó el acuerdo mencionado y remítase el mismo, así como el escrito de agravios Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, además hágase disponible el presente expediente para su consulta. En tales condiciones, de acuerdo con la circular DGGJ/0012/2020 emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese el turno correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, vía correo electrónico institucional, mediante oficio con trascripción del presente auto que cuenta con los datos necesarios para su registro y turno, a efecto de que remita la boleta correspondiente al correo electrónico de este órgano jurisdiccional identificado como 2jdo1ctoc@cjf.gob.mx o 2jdo1ctoc@correo.cjf.gob.mx; y, hecho lo anterior, remítase el escrito de agravios mencionado, así como las constancias necesarias al órgano colegiado al cual le tocará conocer de dicho asunto. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
."Vista la demanda de amparo ."el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. La parte quejosa reclama la resolución de veinte de octubre de dos mil veinte, dictada en el recurso de revocación derivado del juicio ordinario civil 1422/2019, seguido por Dora María Domínguez Garduño y Arturo Narváez Solórzano, su sucesión, en contra de Bertha Narváez Solórzano, mediante el cual confirmó el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinte, en el cual se negó la solicitud de la aquí quejosa, en el sentido de que la parte actora exhibiera el avalúo del inmueble controvertido (prescripción), para el efecto de establecer si el juez del conocimiento era competente por razón de cuantía. En función de la naturaleza de eso acto, la presente demanda de amparo resulta notoriamente improcedente por actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en concordancia con la fracción V, del numeral 107 interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes: En primer lugar, debe tenerse presente que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes. .III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio". Por su parte, el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente. .XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede. .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De conformidad con la disposición constitucional transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación". Ahora bien, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado. Tratándose de actos dictados dentro del procedimiento, el juicio de amparo indirecto, procede cuando causen una afectación a derechos sustantivos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, que son catalogados como actos de imposible reparación, tal y como lo establece la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el caso concreto, el acto reclamado consiste en la resolución de veinte de octubre de dos mil veinte, dictada en el recurso de revocación derivado del juicio ordinario civil 1422/2019, seguido por Dora María Domínguez Garduño y Arturo Narváez Solórzano, su sucesión, en contra de Bertha Narváez Solórzano, mediante el cual confirmó el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinte, en el cual se negó la solicitud de la aquí quejosa, en el sentido de que la parte actora exhibiera el avalúo del inmueble controvertido (prescripción), para el efecto de establecer si el juez del conocimiento era competente por razón de cuantía. De lo anterior, se colige que se trata de un acto intraprocesal que no produce afectación directa a derechos sustantivos, toda vez que el acto de mérito, no tiene consecuencias de perjuicio irreparable para la quejosa, en virtud de que no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del gobernado, asegurados en la Constitución, tales como la libertad, la integridad personal, la propiedad, la salud, los alimentos, etcétera, en la medida de que la afectación que producen los actos de que se trata o sus efectos, no puede destruirse tácitamente, aun cuando quien los sufra se vea favorecido con el sentido de la sentencia definitiva que se llegare a dictar en el procedimiento correspondiente. Por consiguiente, dicho acto o su efecto se extingue en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, con el dictado precisamente de tal fallo favorable a sus pretensiones; aunado a que no se ubica dentro de la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que dicho acto no tiene por objeto inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Por los anteriores motivos, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción V del numeral 107 interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; motivo por el cual y con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada Ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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