Bertha Moctezuma Crespo

Expediente 224/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
224/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Bertha Moctezuma Crespo

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de julio de dos mil veintidós. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo del expediente. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ............, por su propio derecho, contra actos de: a) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro; b) Secretaria General de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro; y, c) Unidad de Servicios Administrativos de la Secretaria de Trabajo del Estado de Querétaro. II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 224/2022. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en virtud de que, en la especie, se actualiza causa manifiesta e indudable de improcedencia, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. De ello se sigue que, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En el caso, según se advierte del análisis de la demanda de amparo y sus anexos, se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, los que, a la letra, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]."Preceptos normativos de los cuales se obtiene que, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en esa fase del procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el trámite de aquél, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en la inteligencia que, respecto de los procedimientos de remate, tal determinación la constituye aquélla que, de manera indistinta, ordena en definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega material de los bienes rematados. Sirve de apoyo a lo anterior, por su exacta aplicación, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), cuyo rubro y texto se transcriben: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." 1 Ahora, de la demanda de amparo se advierte que, los quejosos señalan como autoridades responsables al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, la Secretaria General de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro y a la Unidad de Servicios Administrativos de la Secretaria de Trabajo del Estado de Querétaro; autoridades a las que se reclama: "OMISIÓN RECLAMADA: EL DERECHO AL EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA, DEBIDO PROCESO, LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, dentro de la secuela natural número ..........., POR NO DESIGNAR PERITO VALUADOR DE INMUEBLES A LOS QUEJOSOS, ASÍ DILATAR INDEBIDAMENTE LAS ACTUACIONES FUTURAS, CIERTAS E INMINENTE HASTA SU ARCHIVO [.]."De igual modo, en el capítulo de antecedentes, los impetrantes narraron los siguientes: "1.- El 15 de Noviembre del año 2016, los impetrantes de amparo ante la Responsable interpusimos Demanda Laboral en contra de ........... [sic], a quienes demandados la Rescisión de la Relación Laboral con la ahora tercera interesada y demás prestaciones accesorias. 2.- En fecha 30 de octubre del año 2019, la responsable emitió laudo condenatorio. 3.- En fecha 6 de agosto del año 2021, se ejecutó el Laudo condenatorio embargando un bien inmueble propiedad de los ahora tercero interesados, mismo que fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro con sede en esta ciudad en favor de .............., respectivamente en fechas 1 y 28 de septiembre del año 2021. 4.- En fecha 19 de octubre del año 2021, los quejosos solicitamos a la responsable, tuviera a bien designar y/o nombrar perito valuador a fin de realizar de forma gratuita el avalúo del inmueble embargado, para posteriormente proceder a su remate. 5.- En fecha 21 de enero del año 2022, el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, acuerda la recepción de la inscripción de embargo del inmueble y la solicitud de perito valuador para lo cual ordena girar oficio a la Secretaría General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, quien para dicho fin gira oficio a la Unidad de Servicios Administrativos de la Secretaría de Trabajo del Estado de Querétaro; en ese tenor, las dos últimas autoridades referidas le informan a la primera que el Sistema Financiero no está aperturado (oficios: SGJLCA/0035/202 [sic] y ST/USA/19/2022), sin brindar mayores elementos que brinden certidumbre para hacer efectivo el derecho a la justicia de los quejosos, de forma especial la ejecución pronta y expedita del laudo dictado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, que pretender ser ejecutada por su Presidente respectivo, lo anterior en término de los artículos 1, 2, 18, 824, 837, 838, 940 y 968 de la Ley Federal del Trabajo, así como los diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que más adelante se mencionarán." (Énfasis añadido). Así mismo, en el capítulo de conceptos de violación, especificadamente de la parte final del motivo de inconformidad señalado como "SEGUNDO", los quejosos manifestaron: "En conclusión, esta autoridad de nueva ocasión revictimiza a los actores al no designarle perito valuador so pretexto de que un informe recibido por autoridades carentes de facultades legales para intervenir en la presente secuela procesal, solicitando tenga a bien acordar de conformidad la promoción recibida por esta autoridad en fecha 19 de octubre del año 2021, que por obvio de repeticiones, se tiene aquí inserta como si a la dijera." De lo antes reproducido se obtiene que, aun cuando los impetrantes aducen que el acto reclamado consiste en una omisión, específicamente, la desatención de su solicitud de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, relativa a la designación de perito valuador de manera gratuita, sin embargo, como lo refieren en el punto 5 de antecedentes, tal solicitud fue acordado en auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el que, afirman, se ordenó girar oficio a la Secretaría General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, a fin de dar trámite a lo peticionado. Luego, como se desprende de los anexos exhibidos junto con la demanda, en auto de uno de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio SGJLCA/0035/2022, suscrito por la Secretaria General de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, en que se dio respuesta a la solicitud formulada, con lo que se dio vista a los quejosos para que en el término de tres días, manifestaran lo que a su derecho legal conviniera. De ahí que, en el caso, es claro que el objeto de reclamo no lo constituye una omisión, sino los actos realizados por las responsables como parte del trámite de la solicitud formulada por los quejosos, relativa a la designación de perito un valuador de manera gratuita, los que, dada su naturaleza, están estrechamente vinculados con la ejecución del laudo dictado en el procedimiento laboral de origen. De modo que, el reclamo de dichos actos en la vía constitucional, debe estarse a lo establecido en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, esto es, debe verificarse de manera conjunta en la demanda de amparo que, en su caso, se promueva contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de remate del juicio laboral ............., la cual, como ya se dijo, es aquélla que, de manera indistinta, ordene en definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega material de los bienes rematados. En ese sentido, ya que los actos reclamados no se subsumen en la hipótesis normativa indicada, en tanto no constituyen la última resolución del procedimiento de remate del juicio natural, resulta patente la actualización de la causa de improcedencia en estudio, lo cual conduce a DESECHAR la demanda en términos del artículo 113 de la ley de la materia. V. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. V. Atención presencial. En caso que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. VI. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento que la mecánica de habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas. Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas 14:01 a 20:00 horas. para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas. Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Así mismo, se informa que, de conformidad con la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, 2 las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. En ese sentido, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. VII. Autorizados. Se tiene como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ............, por contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y, se tiene como autorizados en términos restringidos a las demás personas que designa, por así solicitarlo expresamente. VIII. Consulta y notificaciones electrónicas. Vista la certificación que antecede se advierte que al realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el "reporte de autorizados para consultar expediente electrónico", se encontraron registrados los nombres de "usuario" que proporciona. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 9, 35 y 55 del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica única y exclusivamente a los siguientes usuarios: "............". Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta y notificaciones electrónicas, ello para los efectos legales conducentes. Ahora, en relación a la petición formulada por el solicitante del amparo, consistente en que se le notifique en el correo electrónico que cita, no ha lugar a acordar de conformidad, tomando en consideración que dicho medio no se encuentra en los previstos por el artículo 27 de la Ley de Amparo, el cual establece que las notificaciones podrán realizarse en forma personal, por oficio, por lista o vía electrónica, en ésta última, obteniendo previamente la Firma Electrónica, siendo que como se advierte ya se autorizaron las notificaciones vía electrónica. IX. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. X. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XI. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. XII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XIII. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. XIV. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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