Bertha Maya Hernández
Expediente 1191/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Bertha Maya Hernández
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de agosto de dos mil veintitrés. Acepta competencia. Visto el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual informa que en auto de siete de los cursantes aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, radicándolo la demanda de derechos bajo el número 2493/2023 de su índice; de lo que se toma conocimiento para todos los efectos legales conducentes. Archivo. Finalmente, previas las anotaciones respectivas, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente se valora como destruible, por lo tanto, deberá ser destruido una vez cumplido el plazo de conservación de seis meses.8
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Juez devuelve despacho diligenciado. Agréguese el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 909/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, enviado para emplazar a la parte tercero interesada. En consecuencia, dese de baja en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase por emplazada al presente juicio a la parte tercero interesada Eduardo Pérez Martínez. Se apersona tercero interesada. Visto el escrito signado por la tercero interesada Eduardo Pérez Martínez, mediante el cual se apersona al presente juicio de amparo, designa domicilio para oír y recibir notificaciones, y autoriza a diversas personas para esos efectos. Por tanto, se le tiene por apersonada en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Domicilio. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en boulevard Nuevo Hidalgo, número 326, tercer piso, interior C, fraccionamiento Puerta de Hierro, en esta ciudad. Autorizados. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados en términos amplios a Marco Antonio Bautista Zamora, Ivann Villaverde García y Antolín Torres Villegas, toda vez que se encontró registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Se tiene por emplazada a la tercera interesada. Vista la razón actuarial de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en la que se tuvo al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional manifestando que, al llamar por teléfono al número 551 044 6171, fue atendido por el tercero interesado Eduardo Pérez Martínez, quien le indicó que la diversa interesada Cristina Martínez Valdez, es su madre, y que él es su apoderado; en consecuencia, téngase por emplazada a la tercera interesada mencionada..M-III
- Principal
...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Bertha Maya Hernández contra actos del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y otra autoridad; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 1191/2023-8-A. Incompetencia. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto. Así, con el fin de demostrar esta determinación, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)." En ese sentido, en términos generales, la competencia en materia de amparo puede determinarse por tres circunstancias, a saber, por razón de la vía, por territorio y por materia. En ese contexto, la competencia en atención a la vía se subdivide en aquella para conocer del amparo indirecto o bien del amparo directo; la primera se encuentra establecida en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución, así como por el numeral 107 de la Ley de Amparo; mientras que la segunda se contempla en el precepto 107, fracción V, de la Carta Magna, y en el ordinal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. La competencia por materia se encuentra subdividida en las siguientes clases: penal, administrativa, civil y laboral, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 56, 57, 60 y 61 respectivamente, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por último, la competencia por territorio, se prevé en el numeral 37 de la ley en la materia y, para establecerse, se debe tomar en cuenta si el acto reclamado tiene ejecución o carece de ella, el cual de su contenido, se advierte: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En esa línea, los derechos legalidad y de seguridad jurídica derivan del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. En congruencia con ese numeral, el legislador ordinario al crear el numeral 37 de la Ley de Amparo trazó tres reglas diferentes para establecer la competencia, las cuales son: La primera determina que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda indica que cuando el acto tiene ejecución en más de un Distrito, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, La tercera establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, se concluye que tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados o que ya se ejecutaron, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Así, mediante la interpretación del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en armonía con el artículo 107, fracción VII, constitucional, en el cual dispone que la demanda de amparo indirecto deberá presentarse "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o se haya ejecutado", se concluye que cuando el acto reclamado pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biistancial el juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención. Así, debe precisarse que los actos omisivos o abstenciones, son aquéllos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado; y para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La omisión y el retraso del emplazamiento a juicio de los demandados en el juicio laboral 840/2022, pues desde el treinta de noviembre de dos mil veintidós se ordenó girar exhorto al Tribunal Laboral en la Ciudad de México a fin de llevarlo a cabo, sin que ello se haya realizado. De acuerdo a lo antes señalado, se puede precisar que la omisión de emplazar al juicio laboral a la parte demandada, constituye un acto que posee una consecuencia positiva en un plano fáctico, es decir tiene ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer (insuspendible) del Estado, cuyo incumplimiento, se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo de la persona quejosa. Por lo que, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En este sentido, se puede apreciar que la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Por lo expuesto, a consideración de este Juzgador el acto contiene consecuencias positivas; es decir, tiene ejecución material, pues necesariamente la ejecución del acto deberá realizarse en el lugar donde se efectuara el emplazamiento de la parte demandada al juicio laboral de origen. De tal manera, que la omisión reclamada conlleva una ejecución y su materialización se realizará en el lugar donde se llevará a cabo el emplazamiento de la parte demandada. Ello es así, toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que en proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable giró el exhorto 304/2022 al Tribunal Laboral del Poder Judicial de la Ciudad de México, a efecto de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, Asociación Civil y Cooperativa La Cruz Azul, Sociedad de Capital Limitado, cuyo domicilio se ubica en la Ciudad de México; de ahí que en esa demarcación territorial es donde se lleva a cabo la ejecución del acto combatido, ya que en ese lugar es donde se debe de realizar el emplazamiento correspondiente. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, página 3668, registro digital 2024553, con rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. De igual forma, apoyo a lo razonado, la tesis 217-228, Tercera Parte, página 73, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen, registro digital 237105, con rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado". Así, se reitera que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza el primer párrafo de la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y por ende carece de competencia legal para conocer de la demanda de derechos, toda vez que los actos reclamados tendrán ejecución de forma material en la circunscripción territorial en que ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México; por lo que evidentemente este órgano jurisdiccional no tiene competencia por razón de territorio. Sin que pueda considerarse que el Juez competente es aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, ya que en el caso en concreto el acto reclamado resiente de una ejecución material como se refirió anteriormente. En este sentido, si el acto reclamado en la demanda de amparo es la omisión y el retraso del emplazamiento a juicio de los demandados en el juicio laboral 840/2022, pues desde el treinta de noviembre de dos mil veintidós se ordenó girar exhorto al Tribunal Laboral en la Ciudad de México a fin de llevarlo a cabo, sin que ello se haya realizado, es evidente que la Ciudad de México, es en donde se materializará la ejecución y los órganos que ejercen jurisdicción territorial en ese municipio son los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por lo que este Juzgado de Distrito no tiene competencia para conocer de la demanda de amparo, por razón de territorio. Por ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se declina la competencia para conocer del presente asunto a favor del Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno. En consecuencia, remítanse los presentes autos al homólogo en turno, a través de su Oficina de Correspondencia Común, para que le dé el trámite de registro respectivo y la turne administrativamente como corresponda, en atención a lo expuesto determinación. Se solicita al homólogo que de no tener inconveniente legal alguno, manifieste si acepta el conocimiento del asunto, acusando el recibo de estilo correspondiente. Cuaderno de antecedentes. En consecuencia, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en departamento ********************, Edificio ******************** colonia ******************** lo anterior, con fundamento en el numeral 26, fracción I, de la Ley de la Materia. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** ya que se encontró registro de su cédula profesional en el Módulo de Consulta Jurídica Federal. En cambio, como no están registradas las cédulas profesionales de las personas restantes en el referido sistema, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones, así como para que se imponga de los autos; y una vez que acrediten ese registro, se les tendrá por autorizados en términos amplios. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes en días y horas inhábiles. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número telefónico. De conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, requiérase a la parte quejosa a efecto de que proporcione una dirección de correo electrónico, así como un número de teléfono móvil, para que se entablen comunicaciones no procesales. VIII
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