Bertha Maricela Magaña Solis
Expediente 861/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Bertha Maricela Magaña Solis
Actuaciones
- Principal
III. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de trece de agosto del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA III.Agréguese a los presentes autos escrito suscrito por BERTHA MARICELA MAGAÑA SOLÍS, con cuatro copias y sin anexo, mediante el cual da cumplimiento a lo acordado en proveído de uno de los corrientes; ahora bien, se da nueva cuenta con la demanda de amparo promovida por la citada MAGAÑA SOLÍS, con nueve copias y un anexo, contra actos que reclama del Juez Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal como se expondrá a continuación. Para ello, resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de amparo, pues constituyen un todo, tal como dispone la tesis de jurisprudencia con el siguiente rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Del apartado relativo al acto reclamado se advierte que la promovente señala como tal, el ilegal emplazamiento al juicio 490/2015, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Rosalinda del Socorro Magaña y Solís, en su contra, así como todo lo actuado, particularmente la entrega y desocupación del predio ubicado en el predio sesenta y tres letra "A", de la calle veintinueve, de la colonia México de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Ahora bien, toda vez que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye un hecho notorio para este Juzgador Federal, que el diverso juicio de amparo número II-433/2017, del índice de este Juzgado de Distrito, fue promovido por la citada quejosa Bertha Maricela Magaña Solís, contra actos que reclamó de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con motivo del recurso de apelación interpuesto en autos del juicio 490/2015; el cual, en su demanda, aduce desconocer por no haber sido llamada al mismo. Ahora bien, respecto a la falta de llamamiento a juicio y la violación al derecho de audiencia alegado, este Juzgador Constitucional se percata que de los autos del juicio de amparo II-433/2017, tanto de la demanda como del informe justificado rendido por el Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, se desprende que la citada quejosa Magaña Solís, interpuso dos recursos de apelación en contra de sendos autos dictados en el juicio 490/2015, particularmente en contra del auto de quince de agosto de dos mil dieciséis que no admitió un incidente de falsedad, y de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en el cual se declaró que había precluido el término para desahogar la prueba de inspección judicial ofrecida por la quejosa; de donde se constata que el conocimiento cierto que tenía la quejosa del juicio que ahora aduce desconocer, más aún, que compareció a dicho juicio en defensa de sus derechos, perdiendo así el carácter de tercera extraña al juicio por equiparación con el que ahora pretende instar la presente vía constitucional. En mérito de lo antes expuesto, se llega al conocimiento de que la demanda de amparo que se promueve, en términos del artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, resulta notoriamente improcedente, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Este último dispositivo legal prescribe: "Artículo. 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. En mérito de lo antes expuesto, si de la constancia que la propia quejosa anexó a su demanda de amparo, se advierte que al menos tuvo conocimiento del Juicio de origen en fechas quince de agosto de dos mil dieciséis y veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en tal virtud, es inconcuso que partir de esta fecha estuvo en aptitud de reclamar el contenido del acuerdo de que se trata, así como sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, según aparece del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, es evidente que resulta extemporánea, en atención a que se presentó fuera del plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del propio ordenamiento legal. Sin que en el presente caso se actualice ninguna de las hipótesis de excepción que establece el citado ordinal 17 de la Ley de Amparo en vigor. Encuentra aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis bajo el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO.." Así como la diversa tesis cuyo sumario reza: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- " Por lo anterior, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo de cuenta, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama también la entrega y desocupación del predio número sesenta y tres letra "A", de la calle veintinueve, de la colonia México de esta ciudad; sin embargo, respecto de tal acto se estima que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo aplicable, toda vez que dichos actos no son la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." (lo resaltado es propio) De lo anterior, se desprende que la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo, tratándose de remates sólo contra la resolución definitiva en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio constitucional se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución sin que múltiples amparos la obstaculizaran, esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad estaba interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 31, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la Ley citada evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Legislación invocada al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". También es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de laudos, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia o laudo, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado o laudo adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se aplica por similitud de razón, visible en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En el caso a estudio, como anteriormente se dijo, la parte quejosa pretende reclamar la entrega y desocupación del predio ubicado en el predio marcado con el número sesenta y tres letra "A", de la calle veintinueve, de la colonia México de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por tanto, es obvio que lo aquí reclamado al ser emitido en la etapa de ejecución de sentencia dictada en el juicio natural, no afecta de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa ajenos a la cosa juzgada. En esas condiciones, si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate a que se refiere la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, para instar el juicio de amparo, se debe esperar a que se emita la determinación en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas que lo hubiere dejado sin defensa. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y con apoyo en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo aplicable, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Bertha Maricela Magaña Solís, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo aplicable, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la misma legislación, interpretada en sentido contrario. Finalmente, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo, y por autorizados para tal fin a Efraín Antonio Encalada Burgos, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y todas las personas restantes, con las limitaciones que establece la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cuanto a la diversa solicitud de la parte quejosa en el sentido del uso de aparatos electrónicos para el seguimiento del presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para que pueda hacer uso de los medios electrónicos que alude en su escrito de cuenta al momento de la consulta del presente asunto. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto. Por otra parte, extráigase copias certificadas de la demanda de amparo 433/2017-II, junto con sus anexos, así como del informe justificado de la responsable y del auto de sobreseimiento, para que obre en el presente juicio de amparo. Regístrese y fórmese expediente.
- Principal
MESA III.Agréguese a los presentes autos escrito suscrito por BERTHA MARICELA MAGAÑA SOLÍS, con cuatro copias y sin anexo, mediante el cual da cumplimiento a lo acordado en proveído de uno de los corrientes; ahora bien, se da nueva cuenta con la demanda de amparo promovida por la citada MAGAÑA SOLÍS, con nueve copias y un anexo, contra actos que reclama del Juez Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal como se expondrá a continuación. Para ello, resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de amparo, pues constituyen un todo, tal como dispone la tesis de jurisprudencia con el siguiente rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Del apartado relativo al acto reclamado se advierte que la promovente señala como tal, el ilegal emplazamiento al juicio 490/2015, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Rosalinda del Socorro Magaña y Solís, en su contra, así como todo lo actuado, particularmente la entrega y desocupación del predio ubicado en el predio sesenta y tres letra "A", de la calle veintinueve, de la colonia México de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Ahora bien, toda vez que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye un hecho notorio para este Juzgador Federal, que el diverso juicio de amparo número II-433/2017, del índice de este Juzgado de Distrito, fue promovido por la citada quejosa Bertha Maricela Magaña Solís, contra actos que reclamó de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con motivo del recurso de apelación interpuesto en autos del juicio 490/2015; el cual, en su demanda, aduce desconocer por no haber sido llamada al mismo. Ahora bien, respecto a la falta de llamamiento a juicio y la violación al derecho de audiencia alegado, este Juzgador Constitucional se percata que de los autos del juicio de amparo II-433/2017, tanto de la demanda como del informe justificado rendido por el Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, se desprende que la citada quejosa Magaña Solís, interpuso dos recursos de apelación en contra de sendos autos dictados en el juicio 490/2015, particularmente en contra del auto de quince de agosto de dos mil dieciséis que no admitió un incidente de falsedad, y de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en el cual se declaró que había precluido el término para desahogar la prueba de inspección judicial ofrecida por la quejosa; de donde se constata que el conocimiento cierto que tenía la quejosa del juicio que ahora aduce desconocer, más aún, que compareció a dicho juicio en defensa de sus derechos, perdiendo así el carácter de tercera extraña al juicio por equiparación con el que ahora pretende instar la presente vía constitucional. En mérito de lo antes expuesto, se llega al conocimiento de que la demanda de amparo que se promueve, en términos del artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, resulta notoriamente improcedente, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Este último dispositivo legal prescribe: Artículo. 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. En mérito de lo antes expuesto, si de la constancia que la propia quejosa anexó a su demanda de amparo, se advierte que al menos tuvo conocimiento del Juicio de origen en fechas quince de agosto de dos mil dieciséis y veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en tal virtud, es inconcuso que partir de esta fecha estuvo en aptitud de reclamar el contenido del acuerdo de que se trata, así como sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, según aparece del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, es evidente que resulta extemporánea, en atención a que se presentó fuera del plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del propio ordenamiento legal. Sin que en el presente caso se actualice ninguna de las hipótesis de excepción que establece el citado ordinal 17 de la Ley de Amparo en vigor. Encuentra aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis bajo el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO.." Así como la diversa tesis cuyo sumario reza: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- " Por lo anterior, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo de cuenta, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama también la entrega y desocupación del predio número sesenta y tres letra "A", de la calle veintinueve, de la colonia México de esta ciudad; sin embargo, respecto de tal acto se estima que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo aplicable, toda vez que dichos actos no son la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." (lo resaltado es propio) De lo anterior, se desprende que la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo, tratándose de remates sólo contra la resolución definitiva en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio constitucional se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución sin que múltiples amparos la obstaculizaran, esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad estaba interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 31, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la Ley citada evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Legislación invocada al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". También es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de laudos, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia o laudo, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado o laudo adquirió la naturaleza de cosa juzgada sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se aplica por similitud de razón, visible en la página 6 del Tomo XXXIII Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En el caso a estudio, como anteriormente se dijo, la parte quejosa pretende reclamar la entrega y desocupación del predio ubicado en el predio marcado con el número sesenta y tres letra A, de la calle veintinueve, de la colonia México de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por tanto, es obvio que lo aquí reclamado al ser emitido en la etapa de ejecución de sentencia dictada en el juicio natural, no afecta de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa ajenos a la cosa juzgada. En esas condiciones, si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate a que se refiere la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, para instar el juicio de amparo, se debe esperar a que se emita la determinación en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas que lo hubiere dejado sin defensa. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y con apoyo en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo aplicable, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Bertha Maricela Magaña Solís, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo aplicable, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la misma legislación, interpretada en sentido contrario. Finalmente, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo, y por autorizados para tal fin a Efraín Antonio Encalada Burgos, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y todas las personas restantes, con las limitaciones que establece la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cuanto a la diversa solicitud de la parte quejosa en el sentido del uso de aparatos electrónicos para el seguimiento del presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para que pueda hacer uso de los medios electrónicos que alude en su escrito de cuenta al momento de la consulta del presente asunto. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto. Por otra parte, extráigase copias certificadas de la demanda de amparo 433/2017-II, junto con sus anexos, así como del informe justificado de la responsable y del auto de sobreseimiento, para que obre en el presente juicio de amparo. Regístrese y fórmese expediente.
- Principal
MESA III.Vista la demanda de amparo con que da cuenta la Secretaria promovida por Bertha Maricela Magaña Solís, contra actos que reclama del Juez Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, de la que se advierte que la parte quejosa en su acto reclamado señala como tal " todo lo actuado en el expediente bajo el número 490/2015, relativo al juicio ordinario civil promovido por Rosalinda del Socorro Magaña Y Solís, en contra de la suscrita, consistente en la entrega y desocupación del predio número sesenta y tres letra "A", de la calle veintinueve, de la colonia México de esta ciudad"; en consecuencia, para estar en aptitud de admitir o no la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, prevéngase a la citada promovente de amparo para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: a) Manifieste en qué estado procesal se encuentra el juicio de origen, toda vez que es parte en el presente juicio ordinario civil 490/2015. b) Haga un relación suscinta, cronológica y detallada, de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, toda vez que no lo hace detalladamente. c) Precise debidamente el acto reclamado Asimismo, con apoyo en el numeral 110 de la citada ley de la materia, dígasele a la promovente que deberá también acompañar cinco copias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes, pues éste formará parte integral de la demanda de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con alguno de los requerimientos hechos dentro del término señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el antepenúltimo párrafo del numeral 114 en comento. Por identidad de razón, tiene aplicación al caso la tesis con el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE." El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Regístrese y fórmese expediente. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo, y por autorizados para tal fin a Efraín Antonio Encalada Burgos, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y todas las personas restantes, con las limitaciones que establece la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cuanto a la diversa solicitud de la parte quejosa en el sentido del uso de aparatos electrónicos para el seguimiento del presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para que pueda hacer uso de los medios electrónicos que alude en su escrito de cuenta al momento de la consulta del presente asunto. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto.
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