Bertha López Castillejos

Expediente 794/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
794/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Bertha López Castillejos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    "... Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo promovida por *****, el cual se le notificó de manera electrónica el catorce de febrero del año en curso, como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    "... Agréguese el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede Oaxaca de Juárez, Oaxaca y anexos, consistentes en 1) testimonio de la ejecutoria de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictada en el conflicto competencial 19/2022; y, 2) el original del juicio de amparo 794/2022, de este índice. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal de Alzada declaró legalmente competente por razón de territorio a este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo. Por otra parte, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Tribunal de aludido, se sigue el conocimiento del presente asunto, y se provee: Cuestión previa e Improcedencia En principio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, vista la demanda de derechos humanos, se aprecia que la quejosa ********, reclama destacadamente la omisión de vigilar y obligar a la autoridad demandada al cumplimiento de la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veinte, así como, la interlocutoria de queja por omisión con fecha de notificación por boletín jurisdiccional de nueve de febrero de dos mil veintidós, dictadas en el juicio contencioso administrativo federal ******, del índice de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo Auxiliar Metropolitana y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En relación con el principio de definitividad, al resolver la contradicción de tesis 306/2021 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, INCLUSO, LA DE RESOLVER QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. Concluyó, que en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, previo acudir al juicio de amparo, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) que dice: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA... El artículo y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. En efecto, el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, previstas en una ley formal y material, que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le ocasiona afectación. Lo que cobra sentido con la interpretación realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el contenido del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se sostuvo que el poder Legislativo doto de independencia y autonomía del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para resolver los litigios sometidos a su jurisdicción y dictar sus fallos con base en su ley orgánica, brindando a los Magistrados que lo integran las condiciones necesarias para que administren justicia de forma independiente, imparcial y eficaz, lo que implica la ejecución y cumplimiento de sus propias determinaciones. En efecto, la Ley de la materia, reconoce la existencia de un procedimiento de ejecución de sentencias previsto en los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual fue diseñado precisamente para realizar todas las gestiones administrativas necesarias a fin de lograr el cumplimiento del fallo que, en su caso, hubiere dictado, a través del procedimiento de ejecución, privilegiando en todo momento el eficaz cumplimiento de la sentencia de nulidad. Así, la intervención de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe ser activa, pues se encuentra obligada constitucionalmente a velar por el cumplimiento de sus resoluciones, aplicando, de ser necesario, supletoriamente las disposiciones establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, según lo establece el artículo 1, de la ley que rige su actuar. Estimar lo contrario, implicaría sustituir a la autoridad responsable en sus obligaciones establecidas en la Ley para hacer cumplir sus determinaciones o sentencias; de ahí que, la Sala es la responsable de seguir requiriendo el cumplimiento de la sentencia al funcionario público que sustituya al sancionado, hasta lograr su debido cumplimiento. Para mayor claridad se transcribe el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, e inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.) II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. (.). De dicho precepto legal se infiere la posibilidad que tiene la parte actora de ocurrir al recurso de queja ante la Sala Regional por la omisión de la autoridad demandada en acatar la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Asimismo, establece que dicho medio de impugnación -queja-, tratándose de los casos señalados en el subinciso 3, del artículo 58 invocado, se puede promover en múltiples ocasiones hasta lograr el cumplimiento del fallo de nulidad, o bien, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) cuando se declare que EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. Ahora bien, como quedó precisado con antelación, la solicitante de amparo, reclama en esta instancia constitucional, la omisión de realizar y ejecutar las acciones para asegurar y hacer cumplir la sentencia la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veinte, así como, la interlocutoria de queja por omisión con fecha de notificación por boletín jurisdiccional de nueve de febrero de dos mil veintidós, dictadas en el juicio contencioso administrativo federal *****, del índice de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo Auxiliar Metropolitana y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, contra el incumplimiento de la sentencia dictada en el referido juicio de nulidad, la aquí quejosa debe promover el recurso de queja, en términos artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, e inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual resulta ser el idóneo y eficaz para que la autoridad demandada cumpla con la obligación a que le constriñe la citada resolución, hasta lograr el cumplimiento del fallo, o bien, se declare EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. Recurso de queja que puede hacerse valer más de una vez contra las resoluciones dictadas en cumplimiento a sentencias dictadas en esa instancia, al encontrarse dentro de la excepción prevista en el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, último párrafo, hasta lograr el cumplimiento del fallo, o bien, se declare EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. A mayor abundamiento, cabe precisar, que dicho medio de impugnación puede hacerse valer en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito el derecho del quejoso para su interposición. De ahí que, para promover el juicio de amparo los actos reclamados deben ser definitivos, es decir, que en su contra no exista ningún medio de defensa legal por el cual se puedan modificar o reformar; por tanto, al existir el referido medio de defensa, es claro que el justiciable no cumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Por las consideraciones que la informan resulta aplicable la tesis (IV Región)1o.9 A (11a.), que dice: "SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO OBLIGA A LAS SALAS DE DICHO ÓRGANO A VERIFICAR OFICIOSAMENTE SI EN LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO LA AUTORIDAD DEMANDADA ATENDIÓ SUS EFECTOS, PUES EL PARTICULAR CUENTA CON EL RECURSO DE QUEJA SI CONSIDERA QUE NO FUE ASÍ... Por ello, si la parte quejosa tiene a su alcance el mencionado medio ordinario para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad, entonces debe agotar la instancia jurisdiccional administrativa referida, a saber, el recurso de queja, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual, como quedó precisado con anterioridad, puede hacerlo valer más de una vez y en cualquier momento, hasta lograr el cumplimiento del fallo, o bien, se declare EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL FALLO Y QUE, POR ENDE, PROCEDE EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO; empero al no ocurrir así, se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de amparo..."

  3. Principal

    "... Agréguese el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa, residente en la Ciudad de México, el cual registró con el número 19/2022, de su índice..."

  4. Principal

    "... Agréguese el oficio del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, y anexo, consistente en el juicio de amparo 794/2022 del índice de este juzgado, promovido por Bertha López Castillejos, contra actos de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Acúsese recibo. Ahora, del contenido del oficio de cuenta, en el que se transcribe el proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, se advierte que el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, no aceptó la competencia que le fue declinada. Lo anterior, debido a que consideró lo siguiente: "Sin embargo, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio que sostiene el juez declinante, pues en el caso de una revisión hermenéutica del escrito de demanda, se advierte que la quejosa reclama por una parte la negativa de la autoridad responsable a dar cumplimiento a la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veinte, así como, la interlocutoria de queja por omisión, dictadas en el juicio contencioso administrativo federal 2707/19-PC4-1 y por otra, la omisión de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles con sede en la Ciudad de México, de hacer cumplir sus propias determinaciones. En ese sentido, cabe precisar que la naturaleza del acto se determina conforme a éste, es decir, si introduce o no un cambio a la realidad (positivo); si no afecta la realidad existente (negativo); si implica un no hacer de la autoridad o la inacción de la autoridad (omisivo); en tal contexto, en criterio de la suscrita el acto reclamado se trata de un acto negativo que carece de ejecución material, porque no modifica ni altera el estado de cosas existentes, es decir, no introduce ningún cambio a la realidad, si no que las cosas permanecen en el mismo estado, dada la negativa de la autoridad. No obstante lo anterior, respetuosamente se sostiene el criterio emitido en citado auto de treinta de junio de dos mil veintidós, en el sentido de que el competente para resolver este asunto es el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, a quien por razón de turno le correspondió conocer del presente juicio de amparo. En efecto, los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios siguientes: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO... La intelección de los normativos y criterios apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa; constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito; establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo, no requiera de ejecución material; resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de amparo. Ahora, conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 478/2018, detalló que los actos omisivos o abstenciones son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. Señaló que en el supuesto sometido a examen, la no emisión de sentencia en un proceso tenía naturaleza jurídica de omisión, pues no se cumplía con una obligación determinada, la cual se constituye, a su vez, como una garantía procesal en la medida que con ello se tutelan los derechos de acceso efectivo a la justicia, de manera pronta y expedita, previsto en el numeral 17 constitucional, siendo que al tenor del derecho de acceso a la justicia, se busca que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, pues una demora prolongada puede llevar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales. Con base en lo anterior, definió que el no actuar trae aparejada una ejecución material, en la medida que, con la omisión del juez de dictar sentencia en breve plazo, se vulnera el derecho de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Sostuvo que la regla general para determinar la competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la legislación de amparo -por razón de territorio- está definida por el lugar dónde se desarrolla el proceso y no así por dónde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Esto último al ser una cuestión accidental, por lo que el conocimiento de la demanda en este tipo de asuntos corresponde al juez que ejerza su jurisdicción donde esté radicado el asunto, esto es, respecto aquel órgano jurisdiccional que ha omitido dictar la determinación correspondiente. Consideraciones que dieron origen, a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL)... Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." (Registro digital: 2023548, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Penal, Tesis: 1a./J. 24/2021 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, Tipo: Jurisprudencia). En el presente caso, la parte quejosa en vulneración a su derecho fundamental de administración pronta y expedita de justicia tutelado por el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, combate la omisión de realizar y ejecutar las acciones necesarias para lograr el cumplimiento íntegro de la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo federal 2707/19-PC4-1, del índice de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles con sede en la Ciudad de México. De ahí que, se estime que al combatirse una afectación al derecho de tutela judicial, la cual se desenvuelve en varios sectores, que constituyen sus principios, entre ellos, el derecho a la plena ejecución de las resoluciones que dicten los órganos que impartan justicia, que consiste en que el sujeto a quien se obligue cumplir una sentencia no puede eximirse de tal situación. Es claro que la omisión impugnada se trata de un acto omisivo con efectos positivos con impacto en el lugar de la autoridad ordenadora que ha omitido vigilar el cumplimiento de la sentencia de conocimiento. Ello, pues no se han efectuado las acciones necesarias para lograr el acatamiento de la sentencia definitiva emitida en el juicio contencioso administrativo federal 2707/19-PC4-1, del índice de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles con sede en la Ciudad de México, lugar donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa con motivo de la omisión impugnada, y que deriva de un deber constitucional al que se encuentra obligada. Por tal motivo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, es que se actualiza la primera de las hipótesis que prevé el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, en el lugar donde deba tener ejecución la afectación del acto combatido. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 764, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, dela Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dispone: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO... De ahí, que debe atenderse al lugar en que tendrá ejecución la aplicación del rubro impugnado, a saber, el que la autoridad ha sido omisa en dar cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el juicio administrativo con el número de expediente *****, del índice de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles con sede en la Ciudad de México, y como dicha autoridad responsable en el presente expediente se ubica en la circunscripción territorial de la ciudad de México; por lo que, en el presente caso, la competencia para conocer de la demanda se surte a favor del juez de Distrito del lugar donde pueda materializarse el acto reclamado, dado que resulta incuestionable que conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control de regularidad constitucional carece de competencia por razón de territorio para continuar conociendo de la demanda de amparo en cuestión. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; corresponde al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, conocer de los juicios de amparo que tendrán ejecución en dicho territorio, donde se ejecutará el acto reclamado. Por tanto, remítase este asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, a fin de que sea éste, quien resuelva el conflicto competencial. Hágase del conocimiento la presente determinación, al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México..."

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,074 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano