Bertha Leticia Rendón Montealegre
Expediente 1319/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1319/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Bertha Leticia Rendón Montealegre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a uno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que ejercieran ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó: "ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ******************** contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero; por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de la presente resolución" Concesión de amparo en la que se establecieron los siguientes efectos: ".Por tanto, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno por sí y en su carácter de Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, en el respectivo ámbito de sus competencias, una vez cause que ejecutoria la presente sentencia: Dejen sin efectos el decreto cuatrocientos veintisiete (427), publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" el diez de septiembre de dos mil diecinueve, solo por cuanto hace a la aquí quejosa ******************** pronunciándose en el sentido de que el mismo no modificó la temporalidad por la que fue previamente designada en el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por lo que deberán respetar el nombramiento de la quejosa por el período comprendido del uno de enero de dos mil trece hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil treinta y dos, lo que trasciende en garantizar la independencia judicial y constituye al mismo tiempo una garantía de la sociedad a contar con acceso a la justicia efectiva. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman a la Presidente e integrantes Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como al Director General Administración, todos del Poder Judicial del Estado de Morelos, en virtud de que no se reclaman por vicios propios, sino su inconstitucionalidad se hizo depender del decreto reclamado cuatrocientos veintisiete, publicado el diez de septiembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos, el cual resultó inconstitucional por no ceñirse al procedimiento de reforma constitucional local.". Inconforme con dicha determinación la autoridad responsable Congreso del estado de Morelos, mediante oficio ******************** del siete de julio de dos mil veinte, interpuso recurso de revisión; y, mediante ejecutoria pronunciada en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 5/2022, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, determinó en su único punto resolutivo lo siguiente: "ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión". Por lo anterior, mediante proveído del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, a través de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cincuenta y Cinco Legislatura, mediante oficio ******************** del catorce de marzo de dos mil veintitrés, por cuanto a los efectos de la concesión de amparo hace saber la imposibilidad que tiene para cumplir la ejecutoria de mérito, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 20/2017 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, declaró la invalidez de la disposición transitoria tercera del decreto número mil seiscientos trece, por considerar que la extensión del periodo de veinte años, establecido en dicho decreto es inconstitucional. Por lo anterior, se considera imposible el cumplimiento de la sentencia de amparo emitida en el presente juicio, toda vez que la disposición transitoria tercera del decreto número mil seiscientos trece que contenía el derecho reclamado por el quejoso, mediante sentencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de julio del dos mil veinte, fue invalidada, asimismo en los efectos de dicha ejecutoria se precisó que ******************** supuesto en el que se encuentra la quejosa. Siendo así ya no se puede requerir a la responsable acate la ejecutoria de amparo, si el decreto base -el cual ya era reclamado en controversia- dejó de subsistir en el mundo jurídico, como quedó señalado en el párrafo que antecede, situación que conlleva a declarar sin materia la ejecución de la ejecutoria de amparo, sesión emitida por nuestro máximo Tribunal del País, el trece de julio del dos mil veinte, donde invalidada el decreto que constituyó el acto reclamado en el presente asunto, todo ello constituye como prueba superviniente que no puede pasar por alto dado los efectos de dicha ejecutoria se precisó que ******************** supuesto en el que se encuentra la quejosa. Sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que si de las constancias de autos aparece probado que la sentencia concesoria aún no ha sido cumplida, pero atendiendo a la naturaleza del acto reclamado existe imposibilidad jurídica para acatarla, el incidente respectivo debe declararse sin materia,- en el presente caso, declarar sin materia el cumplimiento de ejecutoria-, lo cual puede presentarse por cambio en la situación jurídica que imperaba al momento de concederse la protección constitucional, porque han quedado insubsistentes las actuaciones de donde dimana ese acto reclamado, o bien, aun en la hipótesis de que subsista no pueda surtir efecto legal o material alguno en perjuicio de la quejosa, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió, que tornaría jurídicamente imposible restituirla en el goce de la garantía que se estimó vulnerada en la sentencia, por lo que ninguna trascendencia jurídica tendría insistir en el cumplimiento del fallo protector, dado que no existe materia alguna susceptible de reparación constitucional. Tales consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia número 2a./J. 2/2008, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 431, que a la letra dice lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia.". En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la ley en comento, se declara que no hay materia para la ejecución del fallo protector dictado en éste juicio de amparo por lo que hace a los efectos en que fue concedido. Por lo anterior, resulta irrelevante analizar en el presente asunto lo relativo a prejuzgar necesariamente sobre posible exceso o defecto en el cumplimiento al haber una imposibilidad material y jurídica en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo respecto de los efectos protectores. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Del incidente de suspensión (destruye y depura) Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Notifíquese; y personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Francisco Érik Sánchez Zavala, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual informa la imposibilidad material y jurídica para dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de Jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8., de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado Santiago Núñez Flores, Director de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador Constitucional y del Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", ambos del Estado de Morelos, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto a la ejecutoria de amparo; al respecto, se tiene por hecha la comunicación aludida, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de Jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8., de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que la responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno por sí y en su carácter de Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, en el respectivo ámbito de sus competencias, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: ".Dejen sin efectos el decreto cuatrocientos veintisiete (427), publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" el diez de septiembre de dos mil diecinueve, solo por cuanto hace a la aquí quejosa Bertha Leticia Rendón Montealegre, pronunciándose en el sentido de que el mismo no modificó la temporalidad por la que fue previamente designada en el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por lo que deberán respetar el nombramiento de la quejosa por el período comprendido del uno de enero de dos mil trece hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil treinta y dos, lo que trasciende en garantizar la independencia judicial y constituye al mismo tiempo una garantía de la sociedad a contar con acceso a la justicia efectiva. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman a la Presidente e integrantes Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como al Director General Administración, todos del Poder Judicial del Estado de Morelos, en virtud de que no se reclaman por vicios propios, sino su inconstitucionalidad se hizo depender del decreto reclamado cuatrocientos veintisiete, publicado el diez de septiembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos, el cual resultó inconstitucional por no ceñirse al procedimiento de reforma constitucional local." Se apercibe a las autoridades responsables que en el caso de ser omisas y de actualizarse dicho supuesto, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de Jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8., de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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