Bertha Leticia Muratalla Ochoa

Expediente 1037/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1037/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Bertha Leticia Muratalla Ochoa

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito presentado por la parte quejosa (1) *******************; y en atención a su contenido, acuérdese lo siguiente: Desahogo de prevención. Téngase a la mencionada parte quejosa dando cumplimiento a la prevención hecha por este juzgado federal en los presentes autos -manifestó no ser la representante común de (2) *************************. Incompetencia por territorio. Ahora, vista la totalidad de las constancias que integran este contradictorio federal, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, carece de competencia por razón de territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo; por las razones que enseguida se exponen: A fin de sustentar dicha determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior transcripción se advierte que el citado numeral contiene tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. De igual forma, del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del Juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del Juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo. Conforme a los anteriores razonamientos y numeral transcrito, y dadas las características y naturaleza del acto reclamado en la demanda de amparo que nos ocupa, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), pues la omisión de la junta laboral de dictar el laudo requiere ejecución material, al traducirse en que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. De ahí que la competencia para conocer del amparo que se interponga contra la omisión de la junta laboral de dictar el laudo, se surta a favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que deba emitir esa resolución. En el caso, el acto reclamado que fue fijado por la quejosa consiste en la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 802/2019 del índice de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California. Entonces, de lo antes dicho, es factible concluir que el acto reclamado tiene ejecución material en la ciudad de Tijuana, Baja California; y, en ese orden, al tenor del ordinal 36 de la Ley de Amparo, la competencia legal del Juez de Distrito que debe conocer de la demanda, es de aquel que resida en el lugar donde el acto reclamado tiene ejecución material. Así, de lo expuesto, resulta evidente que la ejecución del acto que por este vía se reclama, debe tener verificativo en dicha ciudad de Tijuana, Baja California, donde reside la Junta ante quien se tramita el proceso laboral -territorio que se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de quien ahora resuelve-; máxime que es en aquél lugar en donde se seguirá ejecutando el acto reclamado y donde se continua ese procedimiento génesis en caso del otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2026910 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 32/2023 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN. Hechos: En los asuntos de los que conocieron los órganos colegiados contendientes, se pronunciaron sobre la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de las Juntas laborales de dictar el laudo, a efecto de dilucidar si conlleva o no una ejecución material para determinar qué Juzgado de Distrito es competente por territorio (el órgano ante el que se presentó la demanda o el que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que debió emitir el laudo respectivo), para conocer de la demanda en la que se reclama ese tipo de acto, arribando a conclusiones opuestas. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo. Justificación: En concordancia con la línea argumentativa sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 327/2021, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.", es dable sostener que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio -de forma semejante al emplazamiento-, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. A partir de tal premisa y atendiendo a que la Segunda Sala ha considerado que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo 17 de la mencionada Norma Fundamental, ello permite concluir que el acto consistente en la omisión de emitir el laudo trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. Por tanto, se concluye que cuando en la demanda de amparo se reclame la omisión del dictado del laudo, el órgano competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir el laudo respectivo que resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." Bajo ese contexto, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito; este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente en razón de territorio para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida por (1)**************** por lo que se declina la misma en favor del Juez de Distrito en el Estado de Baja California en turno, con sede en Tijuana, para que decida si acepta o no avocarse al conocimiento de este asunto; solicitando de la manera más atenta, en su oportunidad, el correspondiente acuse de recibo y la manifestación de lo proveído sobre el particular. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Nancy Guadalupe Baltazar del Prado, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por (1) ************************ contra actos de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California; en consecuencia, fórmese el expediente respectivo y regístrese su ingreso en el libro de control electrónico con el número 1037/2023. Prevención. Ahora, para estar en condiciones de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I, y 114, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, aclare la demanda de amparo en los siguientes términos: a) Exhiba el documento idóneo con el que acredite la representación que ostenta -representante común- a favor de (2) ********************, así como copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes. Se estima conveniente precisar que el artículo 11 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. [.]" Entonces, del numeral antes transcrito se colige que, como requisito para admitir la demanda de amparo indirecto promovida en representación de los diversos quejosos, deberá acreditarse con las constancias respectivas en que la autoridad responsable reconoce el carácter con el que se ostenta. Ahora, la promovente omitió acompañar documento alguno donde se aprecie que (1) ************************ en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo; por lo anterior, resulta necesario prevenir a la parte promovente del amparo a fin de que exhiba el documento idóneo con el que acredite su personalidad, así como copias del mismo para el traslado a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto rezan: "Registro digital: 2012545 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: PC.IV.L. J/11 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, página 1862 Tipo: Jurisprudencia PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO. PARA TENER POR ACREDITADA LA DE QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA COMO APODERADO DEL QUEJOSO, BASTA QUE JUSTIFIQUE QUE LA AUTORIDAD LABORAL LE RECONOCIÓ EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTÓ, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR SER ABOGADO O LICENCIADO EN DERECHO. De la interpretación sistemática de los artículos 6o., 10 y 11 de la Ley de Amparo, se colige que toda cuestión relativa a la personalidad en el juicio constitucional debe acreditarse conforme a la legislación indicada; de ahí que únicamente ante supuestos no contemplados en aquélla podrá acudirse a los distintos ordenamientos legales, según sea la naturaleza del acto reclamado y, sólo en aquellos casos en que ni siquiera la ley de la materia respectiva los prevea, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, de dichos numerales se advierte que la personalidad del promovente del juicio de amparo puede acreditarse con el reconocimiento que de ella se haya hecho en el juicio del cual deriva el acto reclamado. Por otra parte, del artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, deriva que las partes pueden comparecer al juicio laboral en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado, y que tratándose de personas morales, el compareciente (que actúa como apoderado) debe acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. Además, en su fracción II, se establece que, por regla general, los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no sus apoderados, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Figuras de representación y asesoría jurídica que no deben ser confundidas, ya que la representación contractual o legal (prevista en la fracción III), a través de un mandato, se basa en la confianza que el mandante deposita en el mandatario, al contar éste con una serie de características que permiten confiarle la celebración de actos jurídicos en nombre del representado, razón por la cual no debe recaer necesariamente en profesionales del derecho; mientras que el asesor legal comparece al juicio, a fin de orientar y asesorar a los contendientes, así como a realizar los actos jurídico-procesales necesarios para la defensa del interés de las partes, lo que justifica la necesidad de que sea un profesional de la materia y, por ende, el requisito impuesto en el precepto legal citado. De ello se deduce que para tener por acreditada la personalidad de quien promueve una demanda de amparo en materia de trabajo como apoderado del quejoso, afirmando que su personalidad fue reconocida por la autoridad laboral, basta con que justifique que ésta le reconoció el carácter con el que se ostentó, sin que le sea exigible demostrar adicionalmente, que cuenta con cédula profesional o carta de pasante vigente." (Lo resaltado no es de origen) Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "Registro digital: 200084 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 43/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996, página 48 Tipo: Jurisprudencia PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." Asimismo, son aplicables las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros a continuación se transcriben: "Registro digital: 189979 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 35/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 79 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA." "Registro digital: 189977 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 36/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 79 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Apercibimiento. Con el apercibimiento, que de no dar cumplimiento en manera íntegra a lo que se le requiere, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de la Materia, se presentada la demanda de amparo de mérito, únicamente por la de nombre ****************** Autorizados. Ténganse como autorizados en los términos que indica a las personas que menciona, por así solicitarlo la parte promovente. Consulta electrónica. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio a la parte quejosa por conducto de (I) *************** Notificaciones personales por vía electrónica. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, y como lo solicita expresamente la parte quejosa, proceda el Actuario de la adscripción a este Juzgado a realizar las notificaciones personales a la parte quejosa, vía electrónica, con los nombres de usuarios indicados en párrafo que precede. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes datos de localización y contenido: "Registro digital: 2026122 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 8/2023 (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que los nombres de usuarios con los que se registraron dichos autorizados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, estén plasmados en forma clara y precisa, esto es, tal y como deben escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Domicilio físico. En virtud de las notificaciones electrónicas ordenadas en autos, a virtud de elección de la parte quejosa, no ha lugar a tener como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el lugar físico que indica en su escrito inicial de demanda. No obstante, con fundamento en el artículo 30, fracción II, segundo párrafo, y fracción III, de la Ley de Amparo, téngase señalado dicho domicilio, únicamente en el evento de surgir un caso fortuito, fuerza mayor o falla técnica del sistema que impida hacerlo vía electrónica, o bien, en algún otro caso que este juzgador estime conveniente por la naturaleza del acto o diligencia que corresponda. En la inteligencia, que la regla general para las notificaciones personales, es por la vía electrónica autorizada, y para sólo en la eventualidad de que sea necesario por alguna razón conforme los expuesto en el párrafo que precede -notificación en domicilio físico por conducto del Actuario-, previamente, este juzgador determinará lo conducente, los términos y/o la temporalidad concretos en que deberá procederse al respecto. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Consulta al expediente. En estricto acatamiento y con sustento en el artículo 261 y Considerando Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, quienes acudan presencialmente al recinto oficial de este órgano jurisdiccional, podrán consultar el presente juicio únicamente desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de contar con un expediente físico en sus manos. Juicio en línea. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en el presente asunto, constituye el eje rector de la actividad del presente juicio el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con sustento en las bases establecidas en el invocado dispositivo; por lo que, en caso de que el asunto se promueva como "juicio en línea", las partes deberán continuar la tramitación mediante el referido esquema. Libros de control electrónicos. Con sustento en lo previsto en el Título Tercero, Capítulo Primero, inherente a las disposiciones generales de "Libros de Control Electrónico" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordena a la Oficial encargada el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, mantenga totalmente actualizados los rubros requeridos en los libros electrónicos de registro, especificados en el módulo "Libros de Control", del invocado Acuerdo General. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3, 6, 8, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Nancy Guadalupe Baltazar del Prado, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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