Bertha Julieta Perez Lerma
Expediente 52/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 35 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Bertha Julieta Perez Lerma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa dentro del término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto de trece de julio de dos mil veintitrés, por el que se SOBRESEYÓ fuera de audiencia el presente juicio; por tal motivo, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO En consecuencia, archívese el presente como total y definitivamente concluido, el cual carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, así como, en el capítulo octavo, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte. De igual forma, respecto el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, toda vez que se concedió y negó la suspensión definitiva, el mismo es susceptible de conservación; lo anterior, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, así como en el capítulo séptimo, punto 7.1.1, sub punto 2, del Manual en comento. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvase a la autoridad Jueza Séptimo de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas que anexo a su informe diecisiete de febrero del año en curso, y que obraba en un legajo de pruebas por separado, por no ser necesaria su conservación en este juicio. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso concreto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable". Ello es así, pues del trámite correspondiente al presente juicio de amparo se advierte lo siguiente: La parte quejosa señalo como tercero interesado a: ******, el cual mediante auto de diecisiete de febrero del año en curso, se ordenó su emplazamiento. Sin embargo, no se logró su emplazamiento como se asentó en la razón actuarial de fecha veinte de febrero del presente año, realizada por la Actuaria de la adscripción. Luego mediante auto de veintidós de febrero del año en curso, se ordenó emplazar en diverso domicilio, sin que se haya podido llevar acabo según lo asentado en la razón actuarial de ocho de marzo de dos mil veintitrés. Por lo que mediante proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad, se requirió a la parte quejosa, para que señalara diverso domicilio en donde se pudiera llevar a cabo dicho emplazamiento, la cual si proporciono, sin embargo por razón actuarial de veintidós de marzo del año en curso, se tuvo a la Actuaria Judicial adscrita informando la imposibilidad para llevar a cabo el emplazamiento. En atención a lo anterior, mediante acuerdo del veintitrés de marzo de la presente anualidad, se ordenó la búsqueda oficiosa del domicilio de la referida tercera interesada resultando infructuosa. En consecuencia, el veintinueve de mayo pasado se ordenó el emplazamiento de ********** por medio de la publicación de edictos, requiriéndose a la parte quejosa que acudiera ante este órgano jurisdiccional a recogerlos para su debida publicación, lo cual fue hecho de su conocimiento mediante notificación personal del treinta de mayo de dos mil veintitrés. Como puede apreciarse de los antecedentes narrados con anterioridad, la parte quejosa no acudió a recoger los edictos que se pusieron a su disposición para emplazar a juicio al tercero interesado ************, lo que implica que incumplió con un presupuesto procesal que imposibilita a este órgano jurisdiccional para pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, pues con motivo de la no publicación de los edictos ordenados en proveído de veintinueve de mayo pasado, queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, cuestión que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que la falta de interés del solicitante del amparo entorpece la administración de justicia, por retardarse la resolución del conflicto. Por ende, el interés particular de la parte quejosa no puede estar por encima del interés público, ya que éste se encuentra tutelado por el precepto constitucional en cita en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de la parte promovente. De ahí que ya la que ya la Primera Sala del Máximo Tribunal en el país, al analizar la disposición análoga de la ley de amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, concluyó que la modulación del derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado -acorde la redacción ahí vigente- resultaba constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, al constituir un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al buscado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Además de que también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento. Por tal motivo, es claro que en el caso, la conducta omisiva de la parte quejosa, origina que en la especie se actualice la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10ª.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 22, Tomo I, Septiembre de 2015, página 27, del rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Asimismo, apoya esta determinación el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 64/2002, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XVI, Julio de 2002, Página: 211, que textualmente dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Por tanto, se concluye que se debe sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, de conformidad con el ordinal 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO PROXIMO. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Visto el oficio y anexo de cuenta recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, firmado digitalmente por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual acompaña copia autorizada del testimonio con firmas electrónicas de la resolución pronunciada el quince de junio de dos mil veintitrés por la aludida Superioridad en el amparo en revisión civil (incidente) número 52/2023 de su índice. Acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Ahora bien, tomando en consideración que dicha ejecutoria confirmó la interlocutoria pronunciada el siete de febrero del año en curso, en este incidente de suspensión, por la que se negó y concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de los autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el termino concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de mayo pasado; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO PROXIMO, para su celebración. Notifíquese.
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