Bertha Irma Mendoza Martínez
Expediente 831/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 19 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 831/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 04/05/2021
Partes del expediente
- Bertha Irma Mendoza Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ensenada, Baja California, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto; agréguense a los autos los oficios signados por el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Guanajuato, mediante los cuales acusa de recibo del auto que causo ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de derechos fundamentales en el que se actúa y en cumplimiento a ella, remite la resolución de dos de marzo del actual año; sin que haya lugar hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que el nueve de abril año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, como se advierte de la certificación de cuenta. Notifíquese
- Principal
Notifíquese personalmente
- Principal
Con fundamento en el artículo 29, de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa Bertha Irma Mendoza Martínez, el auto de nueve de abril actual, que dice:"Ensenada, Baja California, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles otorgado a las partes mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre las constancias remitidas por la autoridad responsable, relacionadas con el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente asunto, sin que hubieran realizado manifestación al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, este órgano de control constitucional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Bertha Irma Mendoza Martínez, contra el acto que reclamó, para los siguientes efectos: "Deje insubsistente la resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve que declara infundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento dado a la sentencia de veintidós de enero de dos mil dieciséis, del índice de la autoridad responsable Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, y emita una nueva tomando en consideración que la parte quejosa, para efectos del cálculo de los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores en activo, exhibió desde la presentación de su demanda la documental en medio electrónico consistente en los Tabuladores Regionales aplicados a los sueldos básicos de los trabajadores que laboran para las Dependencias de la Administración Pública Federal, proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en respuesta a la solicitud de información número 0000600226814" Luego, en virtud de lo anterior, se requirió a la autoridad responsable Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, el cumplimiento al fallo protector. En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable, remitió el oficio 10-1-3-16610/21, de su índice, recibido el veinticuatro de marzo pasado en Oficialía de Partes de éste órgano jurisdiccional (registrado con folio 3839), al que anexó copia certificada de la resolución de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 808/15-10-01-9 OT, mediante el cual la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, dejó insubsistente la resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el que declaró infundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento dado a la sentencia de veintidós de enero de dos mil dieciséis, dentro del expediente 808/15-10-01-9 OT, de su índice y emitió una nueva determinación, en considerando que la parte quejosa, para efectos del cálculo de los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores en activo, exhibió desde la presentación de su demanda la documental en medio electrónico consistente en los Tabuladores Regionales aplicados a los sueldos básicos de los trabajadores que laboran para las Dependencias de la Administración Pública Federal, proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en respuesta a la solicitud de información número **, y determinó que no establa cumplida por parte de la aquí tercera interesada, la sentencia dictada en el mencionado procedimiento administrativo. Por tanto, la autoridad responsable acreditó mediante oficio registrado con el folio 3839 presentado el veinticuatro de marzo pasado, en Oficialía de Partes de éste órgano jurisdiccional, lo siguiente: 1. Haber dejado insubsistente la resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el que declaró infundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento dado a la sentencia de veintidós de**, de su índice. 2. Emitió una nueva resolución, en la que consideró que la parte quejosa, para efectos del cálculo de los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores en activo, exhibió desde la presentación de su demanda la documental en medio electrónico consistente en los Tabuladores Regionales aplicados a los sueldos básicos de los trabajadores que laboran para las Dependencias de la Administración Pública Federal, proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en respuesta a la solicitud de información número **. Probanzas a las que se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. Por ende, mediante auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento dado la autoridad responsable Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato; a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que lo hayan realizado, como se advierte de la certificación de cuenta. En relatadas condiciones éste juzgador determina que la autoridad responsable acreditó mediante copia certificada de la resolución de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente **, del índice de la responsable Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, lo siguiente: 1. Haber dejado insubsistente la resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el que declaró infundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento dado a la sentencia de veintidós de enero de dos mil dieciséis, dentro del expediente **, de su índice. 2. Emitió una nueva resolución, en la que consideró que la parte quejosa, para efectos del cálculo de los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores en activo, exhibió desde la presentación de su demanda la documental en medio electrónico consistente en los Tabuladores Regionales aplicados a los sueldos básicos de los trabajadores que laboran para las Dependencias de la Administración Pública Federal, proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en respuesta a la solicitud de información número **. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. En términos del artículos Décimo Octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo propio artículo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se depurara el presente asunto, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino.
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Notifíquese personalmente;
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