Bertha Gonzalez Estrada
Expediente 449/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Bertha Gonzalez Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 449/2016-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de junio de dos mil dieciséis. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual la Actuaria de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, a la parte tercera interesada MIGUEL ÁNGEL BRACAMONTES BAZ, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación del acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. ...sentencia que en lo conducente dice: primero.- se sobresee...segundo.- como esta ordenado... NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario MANUEL ALEXANDER VÁZQUEZ FALCÓN, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal a la parte tercera interesada EDITORIALES DE MORELOS, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL JUAN CARLOS GARCÍA LORCA, el auto y/o resolución del veintiocho de junio del dos mil dieciséis, que en lo conducente dice: [. . . ] Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 449/2016-IV-B, promovido por Bertha González Estrada, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Bertha González Estrada, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de diecisiete siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y los terceros interesados. Luego, por acuerdo de veinte de abril se fijaron las once horas con treinta y cuatro minutos del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, para celebrar la audiencia constitucional CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad responsable. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado consiste en: La determinación dictada en la audiencia de catorce de marzo de dos mil dieciséis, celebrada en el conflicto laboral 01/874/15, por la que el presidente de la Junta fijó las once horas del seis de junio de dos mil dieciséis, para el desahogo de la audiencia incidental de sustitución procesal. TERCERO. Certeza del(los) acto(s). Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el presidente de la Junta al rendir el informe justificado (fojas 19 y 20). CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El juicio es improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 77, fracciones I y II, del mismo ordenamiento. Tales artículos dicen en lo conducente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)" Conforme a la fracción XXIII del artículo 61, la improcedencia del juicio de amparo puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Ley de Amparo. Esta porción legal no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Resulta aplicable esta tesis: Tesis: 2a. XCI/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009938 1 de 1 Segunda Sala Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Pag. 690 Tesis Aislada(Constitucional, Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. De la interpretación conjunta de las fracciones I y II del artículo 77 de la Ley de Amparo, resulta que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo e implique una dilación en el procedimiento, la sentencia tendrá por efecto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, obligando para ello a la autoridad, a cumplir lo que la norma exige. En el particular, el acto reclamado es de carácter positivo, pues consiste en la imposición de una fecha para el desahogo de la audiencia incidental de sustitución procesal en el expediente 01/874/15, la cual, a decir de la quejosa, no se ajusta al plazo legal y, por consiguiente, contraviene su derecho a recibir una pronta impartición de justicia, tutelado por el artículo 17 de la Carta Magna. El presidente de la Junta aportó copia certificada de diversas constancias del expediente 01/874/15 (fojas 22 a 42 y 51 a 117); la que amerita pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Del examen de la documental resulta que efectivamente, en la audiencia de catorce de marzo de dos mil dieciséis, celebrada en el conflicto laboral 01/874/15, el presidente de la Junta fijó las once horas del seis de junio de dos mil dieciséis, para el desahogo de la audiencia incidental de sustitución procesal en dicho asunto. Ahora bien, el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; de modo que su otorgamiento debe tener un efecto que realmente trascienda a lo fáctico, esto es, que produzca la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, de manera que, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación y cuando sea de carácter negativo o constituya una abstención, tenga sentido obligar a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija, sin perjuicio que concurran ambos efectos. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 90/97: Tesis: P./J. 90/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197245 1 de 1 Pleno Tomo VI, Diciembre de 1997 Pag. 9 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Bajo el principio que la sentencia de amparo debe tener un efecto restitutorio del derecho violado, en el hipotético caso que se examinara el acto reclamado y se hallara inconstitucional, el otorgamiento del amparo tendría por efecto que la responsable dejara insubsistente la fecha impugnada y en su lugar, fijara otra más cercana para la continuación de la audiencia, con la subsecuente obligación de notificar a las partes; sin embargo, tales efectos podrían retardar aún más la impartición de justicia, pues está latente la posibilidad de que la audiencia se desahogue en la fecha señalada, en virtud que las partes quedaron notificadas de la data fijada por la responsable para tal fin, porque concurrieron a la audiencia de catorce de marzo actual, de ahí que el efecto práctico que debe revestir la sentencia, resulte cuestionable. En efecto, basta considerar que la sentencia se emite hoy y mañana [veintinueve de junio] se notifica a las partes, para estimar que el fallo causará ejecutoria aproximadamente el quince de julio de dos mil dieciséis, esto una vez fenecido el término de diez días para la interposición del recurso de revisión. Así, para cuando la sentencia cause estado y sea exigible su cumplimiento, la fecha impugnada por la quejosa para la celebración de la audiencia incidental de sustitución procesal en el conflicto 01/874/15, ya habrá sido rebasada, de modo que a causa del transcurso del tiempo, la sentencia no tendría un efecto restitutorio, máxime que, se insiste, las partes quedaron notificadas de la fecha en que se desahogará la audiencia, de tal suerte que está en condiciones de desahogarse; sin que pueda abordarse del estudio de lo que atañe a la investigación prevista por el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, que en la referida audiencia de catorce de marzo, el presidente de la Junta ordenó practicar, ya que no es materia de la litis. Por lo expuesto, debe considerarse actualizada la causal de improcedencia del juicio prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracciones I y II y, en términos del artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y manifestaciones planteados en torno al acto reclamado, porque aquél no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior se apoya en esta jurisprudencia: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Bertha González Estrada, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 449/2016-IV-B, promovido por Bertha González Estrada, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Bertha González Estrada, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de diecisiete siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y los terceros interesados. Luego, por acuerdo de veinte de abril se fijaron las once horas con treinta y cuatro minutos del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, para celebrar la audiencia constitucional CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad responsable. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado consiste en: La determinación dictada en la audiencia de catorce de marzo de dos mil dieciséis, celebrada en el conflicto laboral 01/874/15, por la que el presidente de la Junta fijó las once horas del seis de junio de dos mil dieciséis, para el desahogo de la audiencia incidental de sustitución procesal. TERCERO. Certeza del(los) acto(s). Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el presidente de la Junta al rendir el informe justificado (fojas 19 y 20). CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. El juicio es improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 77, fracciones I y II, del mismo ordenamiento. Tales artículos dicen en lo conducente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)" Conforme a la fracción XXIII del artículo 61, la improcedencia del juicio de amparo puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Ley de Amparo. Esta porción legal no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Resulta aplicable esta tesis: Tesis: 2a. XCI/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009938 1 de 1 Segunda Sala Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Pag. 690 Tesis Aislada(Constitucional, Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. De la interpretación conjunta de las fracciones I y II del artículo 77 de la Ley de Amparo, resulta que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo e implique una dilación en el procedimiento, la sentencia tendrá por efecto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, obligando para ello a la autoridad, a cumplir lo que la norma exige. En el particular, el acto reclamado es de carácter positivo, pues consiste en la imposición de una fecha para el desahogo de la audiencia incidental de sustitución procesal en el expediente 01/874/15, la cual, a decir de la quejosa, no se ajusta al plazo legal y, por consiguiente, contraviene su derecho a recibir una pronta impartición de justicia, tutelado por el artículo 17 de la Carta Magna. El presidente de la Junta aportó copia certificada de diversas constancias del expediente 01/874/15 (fojas 22 a 42 y 51 a 117); la que amerita pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Del examen de la documental resulta que efectivamente, en la audiencia de catorce de marzo de dos mil dieciséis, celebrada en el conflicto laboral 01/874/15, el presidente de la Junta fijó las once horas del seis de junio de dos mil dieciséis, para el desahogo de la audiencia incidental de sustitución procesal en dicho asunto. Ahora bien, el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; de modo que su otorgamiento debe tener un efecto que realmente trascienda a lo fáctico, esto es, que produzca la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, de manera que, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación y cuando sea de carácter negativo o constituya una abstención, tenga sentido obligar a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija, sin perjuicio que concurran ambos efectos. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 90/97: Tesis: P./J. 90/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197245 1 de 1 Pleno Tomo VI, Diciembre de 1997 Pag. 9 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Bajo el principio que la sentencia de amparo debe tener un efecto restitutorio del derecho violado, en el hipotético caso que se examinara el acto reclamado y se hallara inconstitucional, el otorgamiento del amparo tendría por efecto que la responsable dejara insubsistente la fecha impugnada y en su lugar, fijara otra más cercana para la continuación de la audiencia, con la subsecuente obligación de notificar a las partes; sin embargo, tales efectos podrían retardar aún más la impartición de justicia, pues está latente la posibilidad de que la audiencia se desahogue en la fecha señalada, en virtud que las partes quedaron notificadas de la data fijada por la responsable para tal fin, porque concurrieron a la audiencia de catorce de marzo actual, de ahí que el efecto práctico que debe revestir la sentencia, resulte cuestionable. En efecto, basta considerar que la sentencia se emite hoy y mañana [veintinueve de junio] se notifica a las partes, para estimar que el fallo causará ejecutoria aproximadamente el quince de julio de dos mil dieciséis, esto una vez fenecido el término de diez días para la interposición del recurso de revisión. Así, para cuando la sentencia cause estado y sea exigible su cumplimiento, la fecha impugnada por la quejosa para la celebración de la audiencia incidental de sustitución procesal en el conflicto 01/874/15, ya habrá sido rebasada, de modo que a causa del transcurso del tiempo, la sentencia no tendría un efecto restitutorio, máxime que, se insiste, las partes quedaron notificadas de la fecha en que se desahogará la audiencia, de tal suerte que está en condiciones de desahogarse; sin que pueda abordarse del estudio de lo que atañe a la investigación prevista por el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, que en la referida audiencia de catorce de marzo, el presidente de la Junta ordenó practicar, ya que no es materia de la litis. Por lo expuesto, debe considerarse actualizada la causal de improcedencia del juicio prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracciones I y II y, en términos del artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y manifestaciones planteados en torno al acto reclamado, porque aquél no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior se apoya en esta jurisprudencia: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Bertha González Estrada, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hoy veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
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