Bertha Gloria Flores Naranjo
Expediente 909/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/01/2019
Partes del expediente
- Bertha Gloria Flores Naranjo
- Manuel Flores Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el contenido del oficio de cuenta, que suscribe la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, mediante el cual, remiten diversas constancias referentes al cumplimiento del fallo protector. Por tanto, con fundamento en los numerales 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta para que surta los efectos correspondientes, toda vez que en proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se archivó el presente asunto por estar concluido.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos, en razón de que la parte quejosa no desahogó la vista otorgada. Cabe señalar que la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el once de mayo de dos mil diecisiete, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, misma que fue recurrida por la autoridad responsable, y que por resolución de la superioridad, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante copia certificada del testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del recurso de revisión 523/2017, resolvió lo siguiente: "ÚNICO.- En la materia del recurso, se confirma la sentencia recurrida, de once de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto número 909/2017, que concedió el amparo solicitado.". Por tanto el efecto concesorio de amparo, fue el siguiente: [.] se restituya a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados. En lo relativo a los efectos del amparo debe precisarse que, acorde a lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo y dado que la concesión deriva de la inequidad de los preceptos combatidos, la protección otorgada deberá limitarse a ordenar que se desincorpore de la esfera jurídica de la inconforme, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada que prevea una tasa bimestral al millar mayor que la mínima, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se le haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.23 (cero punto veintitrés), por concepto del impuesto predial, pues no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado; y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. Así es, los efectos del amparo contra leyes, cuando la protección constitucional se otorga únicamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por objeto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación. Esto es así, puesto que la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual derivó de la contradicción de tesis 439/2011, cuyo contenido y epígrafe son del tenor siguiente: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TASA SUPERIOR PARA LOS PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS (LEGISLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO). El artículo 21 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, establece, entre otros supuestos, que el impuesto predial se causará y pagará acorde con lo que resulte de aplicar la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados, y del 0.81 sobre el valor real de los no edificados. Ahora, aun cuando a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no le ha correspondido examinar la constitucionalidad de tales ordenamientos, la sola existencia de ejecutorias de Tribunales Colegiados de Circuito que han declarado violatorio del principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el establecimiento de una tasa superior para los predios no edificados respecto a los que sí lo estén, señalando distintas formas de cumplir con dichas sentencias, obliga a fijar sus alcances, a fin de proporcionar seguridad jurídica. Para este propósito se determina que, por regla general, la concesión del amparo contra una ley fiscal tiene por efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional y que se le restituyan las cantidades enteradas con apoyo en él, tomándose en cuenta que el Tribunal en Pleno en la jurisprudencia P./J. 18/2003, de rubro: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.", sostuvo que cuando la protección se otorga exclusivamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. De manera que, en los casos en que se haya estimado que la tasa del 0.81 sobre el valor real de los predios urbanos no edificados es contraria al principio de equidad tributaria, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada consistirá, por un lado, en hacerle extensiva en un futuro la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados y, por otro, en devolverle, en su caso, las cantidades que hubiere pagado correspondientes al diferencial entre ambas cantidades, el cual es del orden de 0.58 puntos, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar el impuesto predial, siempre y cuando lo haga conforme a la tasa aplicable a quienes, según la ejecutoria a cumplimentar, se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria". La protección constitucional debe hacerse extensiva a los actos concretos de aplicación consistentes en la recepción del pago de la cantidad de $43,991.34 (cuarenta y tres mil novecientos noventa y un pesos 34/100 moneda nacional) y $27,708.00 (veintisiete mil setecientos ocho pesos 00/100 moneda nacional), contenidas en los recibos oficiales números 338699 y 2259142AA, que realizó la parte impetrante del amparo por concepto del impuesto predial sobre unos bienes inmuebles (del bimestre uno al bimestre seis del ejercicio fiscal de dos mil diecisiete); a fin de que le sea devuelta la cantidad que se enteró, en el entendido de que dicha devolución deberá versar sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos edificados. Asociado a lo precedente, debe señalarse que una vez realizado el cálculo con la tasa bimestral al millar menor (0.23), también con base en lo preceptuado el numeral 77 de la ley que rige en estas actuaciones, la devolución deberá entregarse a la contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados; para que, de esa manera, se restituya a la parte impetrante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron transgredidos en su perjuicio. Es decir, se deberán realizar las operaciones aritméticas conducentes, a fin de calcular el impuesto predial, conforme a la tasa establecida en artículos 32, fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 46, fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, ambos para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, para los predios urbanos edificados. Lo anterior se enfatiza, porque el amparo concedido no releva a la parte quejosa de la obligación de pagar en su totalidad el impuesto correspondiente, porque la declaratoria de inequidad no tiene por efecto exentarle del pago en su totalidad, dado que ello atentaría contra la obligación constitucional de contribuir al gasto público que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino en desincorporar de su esfera jurídica, la obligación tributaria exclusivamente en la parte inconstitucional. Y, una vez obtenido el monto de tal impuesto, deberá realizar la sustracción de la cantidad respectiva a la suma cubierta por concepto del aludido impuesto predial de predios urbanos no edificados, para así fijar la diferencia de numerario que debe entregarse a la parte quejosa. Luego, esas diferencias pagadas indebidamente deberá devolverse actualizada, conforme a lo previsto en el citado artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Tienen aplicación, las jurisprudencias 2a./J. 13/2008 y 2a./J. 221/2007, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cuales señalan: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada". (Criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, página quinientos noventa y dos). "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo". (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página dos cientos cuatro). En concordancia con lo antes expuesto, cabe indicar que la devolución de la cantidad que se ordena reintegrar a la parte quejosa en esta sentencia, no comprende el pago de intereses que se hayan generado. Ello es así, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. [.] Ahora bien mediante oficio registrado con número 33962, se advierte que la autoridad responsable, Ayuntamiento Municipal de Zapopan, Jalisco, remite copia certificada del cheque resultante a favor de la parte quejosa con motivo de la concesión de amparo, de la misma forma, mediante oficio registrado con número 36742, informo su imposibilidad para entregar el título de crédito en cuestión, y para tal efecto remitió las constancias de notificación practicadas a la impetrante; constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. No obsta a lo anterior, que la responsable del cumplimiento, no haya remitido constancia con la que acreditará que fueron devueltas las cantidades a las que se hace alusión, a la parte agraviada, en virtud de que no puede desvincularse a la accionante constitucional -en este caso tan particular- del cumplimiento de la sentencia de amparo, pues su intervención en el mismo, consiste en que éste acuda ante la autoridad exactora a efecto de recibir el numerario que se encuentra a su disposición, toda vez que, como se dijo, le fue notificada dicha determinación por parte de la autoridad responsable, así como por este Juzgado Federal. Cabe señalar que la anterior determinación no exime a la responsable de entregar a la parte quejosa la cantidad que enteró con motivo del concepto declarado inconstitucional. Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. ...se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Que en el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos, en razón de que la parte quejosa no desahogó la vista otorgada. Cabe señalar que la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el once de mayo de dos mil diecisiete, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, misma que fue recurrida por la autoridad responsable, y que por resolución de la superioridad, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante copia certificada del testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del recurso de revisión 523/2017, resolvió lo siguiente: "ÚNICO.- En la materia del recurso, se confirma la sentencia recurrida, de once de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto número 909/2017, que concedió el amparo solicitado.". Por tanto el efecto concesorio de amparo, fue el siguiente: [.] se restituya a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados. En lo relativo a los efectos del amparo debe precisarse que, acorde a lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo y dado que la concesión deriva de la inequidad de los preceptos combatidos, la protección otorgada deberá limitarse a ordenar que se desincorpore de la esfera jurídica de la inconforme, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada que prevea una tasa bimestral al millar mayor que la mínima, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se le haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.23 (cero punto veintitrés), por concepto del impuesto predial, pues no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado; y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. Así es, los efectos del amparo contra leyes, cuando la protección constitucional se otorga únicamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por objeto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación. Esto es así, puesto que la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual derivó de la contradicción de tesis 439/2011, cuyo contenido y epígrafe son del tenor siguiente: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TASA SUPERIOR PARA LOS PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS (LEGISLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO). El artículo 21 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, establece, entre otros supuestos, que el impuesto predial se causará y pagará acorde con lo que resulte de aplicar la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados, y del 0.81 sobre el valor real de los no edificados. Ahora, aun cuando a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no le ha correspondido examinar la constitucionalidad de tales ordenamientos, la sola existencia de ejecutorias de Tribunales Colegiados de Circuito que han declarado violatorio del principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el establecimiento de una tasa superior para los predios no edificados respecto a los que sí lo estén, señalando distintas formas de cumplir con dichas sentencias, obliga a fijar sus alcances, a fin de proporcionar seguridad jurídica. Para este propósito se determina que, por regla general, la concesión del amparo contra una ley fiscal tiene por efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional y que se le restituyan las cantidades enteradas con apoyo en él, tomándose en cuenta que el Tribunal en Pleno en la jurisprudencia P./J. 18/2003, de rubro: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.", sostuvo que cuando la protección se otorga exclusivamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. De manera que, en los casos en que se haya estimado que la tasa del 0.81 sobre el valor real de los predios urbanos no edificados es contraria al principio de equidad tributaria, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada consistirá, por un lado, en hacerle extensiva en un futuro la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados y, por otro, en devolverle, en su caso, las cantidades que hubiere pagado correspondientes al diferencial entre ambas cantidades, el cual es del orden de 0.58 puntos, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar el impuesto predial, siempre y cuando lo haga conforme a la tasa aplicable a quienes, según la ejecutoria a cumplimentar, se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria". La protección constitucional debe hacerse extensiva a los actos concretos de aplicación consistentes en la recepción del pago de la cantidad de $43,991.34 (cuarenta y tres mil novecientos noventa y un pesos 34/100 moneda nacional) y $27,708.00 (veintisiete mil setecientos ocho pesos 00/100 moneda nacional), contenidas en los recibos oficiales números 338699 y 2259142AA, que realizó la parte impetrante del amparo por concepto del impuesto predial sobre unos bienes inmuebles (del bimestre uno al bimestre seis del ejercicio fiscal de dos mil diecisiete); a fin de que le sea devuelta la cantidad que se enteró, en el entendido de que dicha devolución deberá versar sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos edificados. Asociado a lo precedente, debe señalarse que una vez realizado el cálculo con la tasa bimestral al millar menor (0.23), también con base en lo preceptuado el numeral 77 de la ley que rige en estas actuaciones, la devolución deberá entregarse a la contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados; para que, de esa manera, se restituya a la parte impetrante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron transgredidos en su perjuicio. Es decir, se deberán realizar las operaciones aritméticas conducentes, a fin de calcular el impuesto predial, conforme a la tasa establecida en artículos 32, fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y 46, fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, ambos para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, para los predios urbanos edificados. Lo anterior se enfatiza, porque el amparo concedido no releva a la parte quejosa de la obligación de pagar en su totalidad el impuesto correspondiente, porque la declaratoria de inequidad no tiene por efecto exentarle del pago en su totalidad, dado que ello atentaría contra la obligación constitucional de contribuir al gasto público que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino en desincorporar de su esfera jurídica, la obligación tributaria exclusivamente en la parte inconstitucional. Y, una vez obtenido el monto de tal impuesto, deberá realizar la sustracción de la cantidad respectiva a la suma cubierta por concepto del aludido impuesto predial de predios urbanos no edificados, para así fijar la diferencia de numerario que debe entregarse a la parte quejosa. Luego, esas diferencias pagadas indebidamente deberá devolverse actualizada, conforme a lo previsto en el citado artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Tienen aplicación, las jurisprudencias 2a./J. 13/2008 y 2a./J. 221/2007, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cuales señalan: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada". (Criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, página quinientos noventa y dos). "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo". (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página dos cientos cuatro). En concordancia con lo antes expuesto, cabe indicar que la devolución de la cantidad que se ordena reintegrar a la parte quejosa en esta sentencia, no comprende el pago de intereses que se hayan generado. Ello es así, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. [.] Ahora bien mediante oficio registrado con número 33962, se advierte que la autoridad responsable, Ayuntamiento Municipal de Zapopan, Jalisco, remite copia certificada del cheque resultante a favor de la parte quejosa con motivo de la concesión de amparo, de la misma forma, mediante oficio registrado con número 36742, informo su imposibilidad para entregar el título de crédito en cuestión, y para tal efecto remitió las constancias de notificación practicadas a la impetrante; constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. No obsta a lo anterior, que la responsable del cumplimiento, no haya remitido constancia con la que acreditará que fueron devueltas las cantidades a las que se hace alusión, a la parte agraviada, en virtud de que no puede desvincularse a la accionante constitucional -en este caso tan particular- del cumplimiento de la sentencia de amparo, pues su intervención en el mismo, consiste en que éste acuda ante la autoridad exactora a efecto de recibir el numerario que se encuentra a su disposición, toda vez que, como se dijo, le fue notificada dicha determinación por parte de la autoridad responsable, así como por este Juzgado Federal. Cabe señalar que la anterior determinación no exime a la responsable de entregar a la parte quejosa la cantidad que enteró con motivo del concepto declarado inconstitucional. Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. ...se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Que en el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.
- Principal
Visto el oficio suscrito por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, mediante el cual, remite el original del oficio 1400/2018/T-0546-B y del acta de citatorio y de notificación realizadas a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.
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