Bertha Gabriela Arreguín Gallardo
Expediente 917/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Bertha Gabriela Arreguín Gallardo
- Bertha Gabriela Arreguín Gallardo y Otros.
- A. L. B. A.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término para que se interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Este expediente es susceptible de depuración, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Dese vista a la parte quejosa para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca por sí o por conducto de sus autorizados a recoger las documentales que aportó el juicio en que se actúa, apercibida que de no hacerlo, seguirá la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción conforme a lo establecido en el precitado acuerdo. Por otro lado, glósese el oficio del Secretario del Consejo de Salubridad General en suplencia por ausencia del Presidente de dicho consejo; en atención a su contenido, se provee: No ha lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto del informe justificado que rinde ni tampoco respecto de la causa de improcedencia que alega, pues el veintisiete de enero pasado se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa y en esta fecha se archiva como totalmente concluido. Ténganse como domicilio de la autoridad oficiante para oír y recibir notificaciones, el que señala en su informe, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la ley de la materia, y como sus delegados en términos del artículo 9 del citado ordenamiento jurídico a las personas que menciona. Asimismo, se autoriza a la responsable el uso de medios electrónicos, para que reproduzcan las constancias que requieran al consultar el presente juicio. Finalmente, ténganse proporcionados por el oficiante la cuenta electrónica y el número telefónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se considere necesario.
- Principal
agréguese para que obre como corresponda el oficio del Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato, en su carácter de Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que las menores quejosas completaron el esquema de vacunación contra el virus SARS-COV-2, pues ya recibieron la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, y para acreditarlo aporta las constancias relativas a los comprobantes de vacunación correspondientes. Ahora, con base en la manifestación de la autoridad responsable y la documental anexa al oficio que se provee, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que a las menores quejosas les fueron suministradas la primera y segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2; por tanto, se concluye que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional. El artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Los efectos del acto reclamado cesan cuando éstos se suspenden o acaban. En otras palabras, cuando la autoridad lo revoca o deroga. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En el caso, la parte quejosa reclamó la omisión de las autoridades responsables de vacunar a las menores de iniciales A.L.B.A., S.G.P. y R.G.P., contra el virus SARS-CoV-2 y solicitó el amparo y protección de la justicia federal para que les fuera aplicado el biológico preventivo correspondiente. No obstante, en los comprobantes de vacunación, se aprecia que el nueve y treinta de noviembre de dos mil veintiuno, las menores antes citadas fueron inoculadas con la primera y segunda dosis del biológico del laboratorio Pfizer-BioNTech, completándose el esquema de vacunación a que alude la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-Cov-2, para la Prevención de la Covid-19 en México. Por tanto, la conducta omisiva de las autoridades responsables desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo. Conviene precisar que la desaparición de la conducta omisiva antes de la presentación de la demanda de amparo, implica la inexistencia del acto de autoridad y actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando la omisión desaparece con posterioridad a la presentación de la demanda, cesan los efectos del acto negativo y con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El caso que nos ocupa, se ubica en la segunda hipótesis, pues se observa que la omisión dejó de existir con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda y, en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia conocida como cesación de efectos. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." [Énfasis añadido]. De acuerdo con lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". [Énfasis añadido]. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para el verificativo de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con treinta minutos de siete de marzo de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se aprecia que no obran en autos las constancias solicitadas al Director Interino del Hospital Militar Regional del Irapuato, en su carácter de Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato y a la parte quejosa, de las que se desprenda si se aplicó la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-Cov-2 a los menores A.L.B.A., S.G.P. y R.G.P.; por tanto, no es posible la celebración de la audiencia constitucional, por lo cual se difiere y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos de siete de marzo de dos mil veintidós, para su verificativo.-
- Principal
Visto el estado de autos, a efecto de verificar el cumplimiento de la suspensión decretada en autos, requiérase de nueva cuenta al Director Interino del Hospital Militar Regional del Irapuato, en su carácter de Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita las constancias que acrediten la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-Cov-2 a los menores de edad de iniciales citadas. Se apercibe a la autoridad requerida de que en caso de incumplir nuevamente con lo aquí ordenado, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización en términos de lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público por el delito en que pudieran incurrir por desacato a una orden dictada en materia de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo.- Asimismo, requiérase a las promoventes para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, informen si los menores quejosos recibieron la segunda dosis del biológico indicado.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,043 expedientes
- Bernardo Ibarra Gutiérrez360/2023
- Bernardo Ortiz Cortés1104/2022
- Bernardo Torres Barbosa1410/2022
- Bernardo Torres Barbosa582/2022
- Bertha Adriana Reyes Zúñiga y Otros.1108/2021
- Bertha del Carmen Georgina Rocha Bedia y Otros.999/2021
- Bertha Georgina Gallardo Hernández857/2023
- Bertha Guadalupe Uriostegui Castañeda349/2023
- Bertha Josefina Calderón Solís1107/2015
- Bertha Lidia Cárdenas De la Fuente256/2022
- Bertha Nuñez Cisneros791/2020
- Bertha Pérez Martínez454/2017