Bertha Elodia Nuñez Bañuelos

Expediente 836/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
836/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Bertha Elodia Nuñez Bañuelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que feneció el plazo de cinco días indicado en proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve, para que la parte quejosa precisara las autoridades que intervinieron en la aplicación del decreto de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, que inició su vigencia el uno de octubre de dos mil diecinueve, y exhibiera copias de la demanda de amparo, para cada una de ellas. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y se ordena tramitar el juicio de amparo únicamente con las autoridades que señaló en su escrito de demanda. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve ********, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad México. 2. Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad México. 3. Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad México. 4. Secretaria de Gobernación, con residencia en la Ciudad México. 5. Director General Ajunto del Diario Oficial de la Federación, con residencia en la Ciudad México. Ahora, en atención a que en el "Acuerdo General a que se sujetará la Representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del año en curso, no se encuentra previsto quien representara al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a la norma impugnada Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, gírese oficio a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, designe a qué autoridad corresponde la representación del Presidente, a fin de que éste rinda sus respectivos informes; asimismo, deberá informarlo a este juzgado en el mismo plazo. Con el apercibimiento que de no de no hacerlo se hará acreedora, a una multa por el equivalente a la suma de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se forma y tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado el quejoso. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien deberá notificarse el presente auto y correrse traslado con copia de la demanda, en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), del mencionado ordenamiento legal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las once horas con diez minutos del seis de febrero de dos mil veinte. SOLICITUD DE INFORMES JUSTIFICADOS Se solicita a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo; apercibidas que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá, en lo individual, una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , en términos de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien, que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. PRUEBAS De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las documentales que anexó la parte quejosa en su escrito de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora fijada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En cuanto a la solicitud de la parte quejosa, en el sentido de que se le devuelvan las documentales que exhibió como pruebas documentales, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad, pues de acuerdo a lo establecido por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley la materia y el diverso 122 de la ley de Amparo, dichas constancias pueden ser objetadas en cuanto a su autenticidad por alguna de las partes en el presente juicio hasta la celebración de la audiencia constitucional, de ahí que no resulte procedente su petición. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108, fracción III, y 63, ambos de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables, tendrá como efecto declarar su inexistencia, y previa vista que se otorgue, se continuará con el trámite del juicio o, se sobreseerá respecto a la declarada inexistente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Por otra parte, infórmese a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectrónico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica (FIREL) del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, cuya liga es http:// www.firel.pjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 26, 27 y 29, de la Ley de Amparo, hago efectivo el apercibimiento contenido en el aviso de doce de diciembre de dos mil diecinueve, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de once de diciembre de dos mil diecinueve, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA BERTHA ELODIA NÚÑEZ BAÑUELOS, publicada el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, que dice: Agréguese a los autos el escrito signado por ****, mediante el cual pretende desahogar la prevención realizada en proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve. Previo acordar lo que en derecho corresponda, resulta pertinente aclarar que del libelo de cuenta se advierte el nombre de ****, aquí quejosa, sin embargo, se observa también que dicha promoción se encuentra signada por la autorizada de la parte quejosa, de ahí que el escrito se tendrá presentado únicamente por la autorizada ****. Así, tenemos que la interposición o desahogo de la prevención de la demanda constituye un acto de carácter personal, que sólo puede realizarlo directamente el quejoso o quejosos (o sus representantes legales), por ser los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué manera es que lesionan sus derechos fundamentales, conforme con el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo y acorde con el contenido de los artículos 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo, que enseguida se transcriben: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Luego, de la lectura de los numerales invocados se advierte que las facultades del abogado de la parte quejosa no llegan al extremo de que pueda interponer o desahogar la prevención de la demanda de amparo, pues dicha potestad sólo pueden ejercerla los quejosos, de conformidad con el artículo 5 fracción I de la Ley de Amparo, al constituir parte integrante de la propia demanda, por lo cual, debe concurrir en aquélla, la manifestación de voluntad de quien o quienes solicitan el amparo. De donde tenemos que si los abogados (entre ellos quien acude a solventar la prevención) que se autorizaron en la demanda no cuentan con poder que les confiera representación legal, no puede tenerse por expresada la voluntad de parte interesada de desahogar la prevención de la demanda de amparo, por no estar legitimado para ello el ocursante. Al efecto es oportuno citar el texto del artículo 12 de la Ley de Amparo: Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. Del precepto transcrito se colige que entre las facultades que comprende el artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente se encuentra la de interponer los recursos, ofrecer y rendir pruebas, formular alegatos, solicitar la suspensión o diferimiento de las audiencias y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero entre ellas no se encuentra la de desahogar la prevención formulada en proveído de tres de diciembre del año en curso, respecto a la intervención de las autoridades que señaló como responsables, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal y la manifestación de los antecedentes "bajo protesta de decir verdad" sólo puede realizarla la parte promovente del juicio de derechos fundamentales, dado que este es quien alega sufrir el agravio personal y directo, sin que en el presente asunto se actualice alguna de las excepciones previstas en los artículos 8, 15 y 16 de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que los autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, estén facultados para realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de la parte quejosa, pues dicha autorización se traduciría en que el autorizado hiciera suya la afectación personal a la parte quejosa. En consecuencia, al no tener el promovente la facultad de poder desahogar la prevención de la demanda en representación de la quejosa, hágasele saber que no ha lugar de acordar de conformidad su aclaración, y por ende, ha tener por solventada dicha prevención, por las razones expuestas en el presente proveído.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa los actos que ha realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    con fundamento en los artículos 26., 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice... Agréguese a los autos el dictamen rendido por el perito oficial Héctor Chávez Gómez; atento a ello, y a efecto de que el citado profesionista comparezca ante la presencia judicial a ratificarlo, se señalan las once horas del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve; por tanto, se le requiere vía telegráfica, por conducto del Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con residencia en Tijuana, Baja California, para que comparezca en la fecha y hora fijadas. Bajo el apercibimiento, que de no hacerlo sin causa justificada, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con residencia en Tijuana, Baja California, deberá remitir las constancias de la notificación del citado perito. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, a efecto de que en la hora y fecha señaladas manifiesten lo que a su interés convenga en relación al dictamen pericial antes mencionado.

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